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Aunque hubo votos minoritarios en contra, el Concejo de Bogotá aprobó, la semana pasada, un proyecto que llamó “Ruta por la Vida” de autoría de la concejal Clara Lucía Sandoval ¿Por qué ese proyecto ha despertado las alarmas de varios colectivos de derechos humanos incluyendo el que usted dirige, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres?
Porque es una iniciativa que, en lugar de ayudar a las mujeres, les impone barreras para acceder al derecho al aborto. Desde mediados de 2025 venimos advirtiendo el carácter inconstitucional de esa iniciativa y llamando la atención sobre los obstáculos que introduce en el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Ese proyecto es contrario a la amplia jurisprudencia que reconoce la autonomía reproductiva de las mujeres y que señala que el Estado no debe interponerles obstáculos, que representen cargas desproporcionadas, a quienes tienen derecho a acudir a los servicios de salud reproductiva. Es importante aclarar que el acuerdo aún no está vigente y que solo entraría en vigencia si el alcalde (de Bogotá) lo sanciona. De todos modos, estamos alerta porque si Carlos Fernando Galán lo firma, entraría en vigencia con la afectación inmediata en contra de un derecho esencial. En La Mesa sabemos, por experiencia, que las barreras de acceso al aborto conducen a la búsqueda de servicios inseguros y a la violación de los derechos de las mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias.
¿Cuáles son las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo que ustedes advierten en el texto del proyecto de Acuerdo?
Son varias barreras: el proyecto desconoce el marco normativo existente; ignora la jurisprudencia de la Corte Constitucional; y hace caso omiso de la normatividad sanitaria contenida en las resoluciones del ministerio de Salud. En resumen, pasa por alto las normas vigentes, muy probablemente de manera intencional. El desconocimiento de la regulación sanitaria es tal, que ese proyecto hace énfasis en “brindar alternativas a la IVE” siendo que la Ruta Materno Perinatal (del ministerio de Salud) se ocupa, explícitamente, de que la mujer conozca las tres opciones frente al embarazo no deseado: interrupción, continuación o dar en adopción.
Pero el proyecto de Acuerdo (340) del Concejo capitalino se presenta como “una estrategia orientada a fortalecer la atención integral en salud física y mental de mujeres gestantes y lactantes…” ¿No habrá exceso de suspicacia por parte de ustedes puesto que lo que propone, al menos en su texto, es “articular los servicios de salud del Distrito para garantizar información clara, completa y oportuna sobre cada etapa de la gestación…”?
No se trata de exceso de suspicacia. Este proyecto no les trae beneficios a las mujeres; es todo lo contrario. Quienes lo defienden, parten de la premisa errónea de que la normativa nacional no contempla la atención integral a las mujeres gestantes cuando la garantiza plenamente: desde hace años, la Ruta Materno Perinatal del Ministerio de Salud plantea la opción de atención psicosocial en todas las etapas de la gestación si la mujer así lo requiere. El proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá parte de otro supuesto falso y misógino: que las mujeres que contemplan el aborto como una opción, tienen problemas de salud mental, carecen de información y, por tanto, no serían capaces de tomar la decisión por sí mismas. Pero lo cierto es que las mujeres que abortan tienen trayectorias de vida y características personales que no se pueden generalizar. Por eso, las organizaciones civiles de mujeres como La Mesa, las administraciones locales de Bogotá e, incluso, la Corte, hemos hecho esfuerzos por desterrar, de los servicios de salud, la mala práctica de imponerles, a las mujeres, valoraciones por psiquiatría, trabajo social o psicología que terminan siendo coercitivas.
La autora de ese proyecto, la concejal Clara Lucía Sandoval, ejerce, simultáneamente con su tarea en el cabildo, la de pastora de una iglesia cristiana: Misión Carismática Internacional. En la trayectoria política y legislativa de la concejal-pastora, ¿existen antecedentes de activismo religioso en contra del aborto?
Le contesto en términos generales: las creencias y posturas religiosas no deben interferir en la aplicación de la norma ni en las decisiones íntimas y personales de las otras personas. El debate público debería concentrarse en cómo el Estado colombiano, siendo laico, garantiza y protege los derechos fundamentales, y en cómo los servidores oficiales, por encima de sus convicciones, acaten el ordenamiento jurídico y su desarrollo normativo. En materia de aborto, ha habido varios intentos de retroceso respecto de la sentencia Causa Justa (C-055/22) que amplía el derecho al aborto hasta la semana 24 de gestación), especialmente, con el impulso que se les dio a dos iniciativas de referendo antiaborto promovidas por grupos conservadores y religiosos para impulsar campañas políticas en las elecciones de 2022 y para desinformar.
Pero no han tenido éxito…
Cierto: pese a todo, esos esfuerzos, que incluyen la utilización de estrategias de manipulación y violación de principios de la democracia y la transparencia electoral, fueron archivados por falta de apoyo ciudadano; además, uno de ellos fue sancionado y multado por el Consejo Nacional Electoral. El hecho de no contar con soporte ciudadano, desvirtúa la idea de que existen mayorías organizadas que estarían en contra de los derechos de las mujeres.
¿Cuántas nulidades se han presentado contra la sentencia de la Corte que permite acceder al aborto hasta la semana 24 de gestación, y cuántos proyectos de ley antiaborto se han concretado en el Capitolio?
Ha habido más de 40 intentos de nulidad y, al menos, catorce proyectos antiaborto, entre estos, dos actos legislativos con que se buscaba modificar la Constitución para poder cambiar el texto del artículo 11 en que se regula el derecho a la vida. Con ello han pretendido eliminar el derecho de aborto, vía la protección absoluta de la vida (del nasciturus o ser concebido pero no nacido) desde el momento de la fecundación.
Desde cuando la Corte Constitucional falló a favor del derecho al aborto, en 2006 (hace ya 20 años), ha habido múltiples intentos de revertir esa decisión ¿Recuerda cuántos intentos legislativos se han hecho desde entonces y con el respaldo político de cuáles movimientos o partidos?
Desde 2006 le hemos hecho seguimiento a más de 60 proyectos legislativos que han buscado revertir o torpedear el acceso a la IVE, y provienen, especialmente, de sectores con ideologías conservadoras y religiosas. Muchas de esas iniciativas parten del desconocimiento, la desinformación y el estigma y son un gran ejemplo de acciones sin fundamento científico. Otras responden a la imposición de ideologías personales de corte religioso. Y, en varios casos, hemos evidenciado que los derechos sexuales y reproductivos se instrumentalizan para movilizar votantes o hacer transacciones entre sectores políticos. Por ende, no sorprende que este acuerdo sea impulsado en víspera de elecciones y que nuevos liderazgos de derecha intenten posicionarse, en la escena pública, mediante la defensa del mismo. A su vez, es importante llamar la atención frente al riesgo de que este tipo de iniciativas operen para hiperregular el aborto, recreando un escenario similar al de la prestación de este servicio en Estados Unidos en donde se demostró, ampliamente, que esta clase de medidas disfrazadas de ayuda o apoyo a las mujeres, produjeron – en la práctica - consecuencias negativas en sus vidas y salud. No olvide que los movimientos antigénero comparten estrategias en todo el mundo para erosionar derechos y ganar espacio político.
Según las sentencias de la Corte sobre la materia, ¿cuáles son las condiciones en que se permite, en Colombia, suspender voluntariamente el embarazo y en qué consiste la despenalización del aborto?
La Corte tiene una sólida jurisprudencia de más de 25 sentencias sobre esta materia que se ancla en el derecho fundamental a la salud. En el año 2006, el alto tribunal reconoció el aborto bajo tres circunstancias: riesgo para la salud y vida de la mujer, malformación grave, incompatible con la vida por fuera del útero y embarazo producto de violencia sexual. Entre 2006 y 2022, se fijaron estándares para la prestación del servicio y se reiteró, en múltiples ocasiones, la prohibición de interponer barreras de acceso. En 2022, mediante la Sentencia Causa Justa, se estableció el aborto libre hasta la semana 24 de gestación y, después de ese tiempo, el acceso al derecho acudiendo a las tres causales establecidas en 2006. El modelo colombiano es tan garantista que es referente en la región y el mundo.
El proyecto actual de Sandoval también fue respaldado, entre otros, por el concejal Samir Bedoya Piraquive, sobrino de la polémica pastora María Luisa Piraquive, fundadora de otra congregación: Iglesia de Dios Ministerial, además del partido del mismo origen, Mira ¿Puede concluirse, entonces, que ese acuerdo refleja netamente posiciones religiosas?
Como le comento, desde cuando se despenalizó el aborto, en 2006, se han presentado muchos intentos por obstaculizar y revertir la garantía del derecho, así como han pretendido hacer lo mismo con el matrimonio y adopción igualitarios. No obstante, y pese a las estrategias coordinadas en ese sentido, el aborto sigue siendo un derecho al cual pueden acceder, de manera libre, mujeres, hombres trans y personas no binarias hasta la semana 24 de gestación. A partir de este plazo, el derecho no termina: se puede acudir al modelo de causales que existe desde 2006. Los movimientos de mujeres seguimos pendientes de la protección de la Sentencia Causa Justa y de avanzar en la despenalización social del aborto de manera que no se estigmatice, criminalice o se culpe a las mujeres que adoptan esa decisión.
Marco Fidel Acosta fue el tercer concejal que impulsó el proyecto de Sandoval. Acosta es miembro de Colombia Justa Libres, partido que agrupa a iglesias evangélicas del país, entre otras, Asambleas de Dios, Iglesia Cuadrangular, Manantial de Vida, etc. Entonces, ¿Ese acuerdo y su texto provienen solo de influencia de esas congregaciones o hubo otras fuerzas políticas de apoyo a los mismos?
Si bien estas iniciativas son principalmente impulsadas por grupos conservadores que ven en la instrumentalización de las decisiones reproductivas de las mujeres una oportunidad para impulsar campañas políticas, es claro que cuentan con la venia y la omisión de otros sectores. De lo contrario, no podrían avanzar. Mediante el trabajo constante que desarrollamos en el Congreso de la República, hemos podido observar cómo actores cercanos a esos movimientos, no dudan en utilizar nuestros derechos y libertades como monedas de cambio en las negociaciones políticas que allí se realizan. En tiempos de elecciones, como los que vivimos hoy, es importante revisar las opciones: ¿Queremos votar por un futuro político que concibe a las mujeres solo como gestantes y que después las abandona sin alternativas de cuidado, protección o educación para sus hijos e hijas? Estamos a buen tiempo de pensar colectivamente, porque la responsabilidad sobre iniciativas contrarias a los derechos de las mujeres no es exclusiva de quienes la impulsan sino, también, de quienes permiten su avance.
En su experiencia, ¿es posible debatir con opositores religiosos sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, particularmente, sobre el derecho al aborto, o este tema no admite discusión?
En el año 2020, cuando el movimiento Causa Justa interpuso la demanda que dio origen a la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, abrimos un debate público con argumentos desde distintos campos del saber (políticos, médicos, científicos, sociales, económicos) sobre la eliminación del delito relacionado con el ejercicio de este derecho. Estamos convencidas de que la autonomía reproductiva es un asunto estrechamente relacionado con la democracia y por eso creemos que sin un diálogo con argumentos, no hay posibilidad de cambiar las injusticias y avanzar en términos de igualdad. La aprobación de este acuerdo es un debate en sí mismo: por nuestra parte, sostenemos que el proyecto es inconstitucional, excede las competencias de esa corporación, desconoce las normativas nacionales de salud y vulnera derechos fundamentales de las mujeres.
Del otro lado del debate, concejales del sector minoritario del cabildo bogotano rechazaron ese proyecto porque “podría limitar derechos reconocidos por la Corte Constitucional…” Si eso es cierto, tal acuerdo sería inexequible ¿Cuál es su opinión sobre este punto?
La IVE está garantizada en el sistema de salud porque es un servicio vital y su prestación es regulada en resoluciones ministeriales y en documentos técnicos complementarios expedidos por el ministerio del sector. El Concejo de Bogotá no puede modificar la ruta de prestación de este servicio, en la capital, sin exceder sus funciones, en tanto es una competencia del ministerio, no de la entidad distrital. A pesar de que quienes lo promueven, afirman que su proyecto no cambia sustancialmente la norma superior ni el sistema de salud, sí lo hace porque ordena que: a.- modifique la prestación del servicio; b.- capacite al personal distrital del sistema en “alternativas a la IVE”; c.- cree mecanismos y estrategias intersectoriales para el acompañamiento psicosocial, y d.- trace una “ruta por la vida”. A partir del contenido de este proyecto, podrían validarse, incluso, iniciativas antiéticas y violentas.
¿Cuáles organizaciones creadas para oponerse a los derechos de las mujeres funcionan así, en Colombia y, específicamente, en Bogotá?
Cuando hablo de iniciativas antiéticas y violentas, me refiero a organizaciones o grupos que acechan a quienes buscan los servicios de aborto en entidades como Oriéntame y Profamilia, para llevarlas a supuestas casas de ayuda en donde las hacen desistir de la interrupción del embarazo con mensajes de temor y de desinformación, o de información no científica para coartar su libertad de decisión.
Los concejales de Bogotá opuestos al proyecto, aseguran que, tal como fue estructurado, puede promover estigmatizaciones contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Usted, que ha leído ese texto ¿está de acuerdo y por qué, si el alcalde lo sanciona, ¿provocaría actos de discriminación?
Estoy de acuerdo. Con la aprobación de ese acuerdo, el Concejo de Bogotá promueve la estigmatización de mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias que se enfrentan a embarazos no deseados. Además, como dije, incentiva un falso imaginario sobre las condiciones de salud mental de las mujeres que toman la decisión de acudir al aborto. También puede calificarse como una iniciativa que discrimina a quienes dependen de su aseguramiento en salud para obtener una IVE, si se considera que algunas mujeres podrían verse forzadas a pagar el servicio de manera particular o a acudir a instituciones en donde no enfrenten tratos coercitivos o discriminatorios. Esta iniciativa profundiza, entonces, las desigualdades sociales e, incluso, pondría a quienes viven en Bogotá y quieren acceder a la IVE, en situación de desventaja frente a las que residen en otras ciudades.
¿Existen todavía tratos discriminatorios hacia las mujeres que quieren acceder al derecho al aborto dentro del sistema de salud? ¿Por parte de quiénes? ¿Médicos, enfermeros o las propias EPS?
Todavía hay discriminación y se materializa en diferentes tipos de prácticas; por ejemplo, con violencia obstétrica que se ejerce durante la prestación del servicio.
¿Cómo es eso? No comprendo…
Puede ocurrir – y, de hecho, sucede – que no se le aplica suficiente analgésico a la mujer que está acudiendo al aborto porque se parte de la creencia de que ella merece ese dolor como castigo.
¡Increíble! ¿Ustedes tienen idea de cuál será la decisión del alcalde Galán? ¿Firmará el acuerdo que parece regresivo de los derechos de las mujeres o lo objetará?
Sabemos, por los comunicados que se han publicado, que la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer rechazan el texto de ese proyecto. Se trata de las voces técnicas del gabinete distrital por lo que parece deducirse que el alcalde Galán objetaría el proyecto y no lo sancionará. Lo sabremos pronto.
En general, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que encuentran las colombianas que desean interrumpir el embarazo y cómo se resuelven?
Como decía antes, desde nuestra organización, La Mesa, acompañamos a mujeres y niñas que tienen dificultades para acceder al aborto. Esto nos ha permitido tener una comprensión profunda y documentada de esos casos. Nosotras solemos clasificarlas en grandes grupos: desconocimiento del marco normativo tanto de parte de las mujeres como de funcionarios y funcionarias públicas; barreras derivadas de la operación de sistema de salud; barreras de acceso a la información, y barreras sociales y estructurales que dificultan la garantía de la realización efectiva del derecho, entre las cuales se encuentran las derivadas de las diferencias geográficas y de la desigualdad social. Ahora bien, reitero que el acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá conduciría a mayor desigualdad entre las mujeres que abortan y aquellas que no.
¿Por qué?
Como lo han demostrado varios estudios, entre estos, el de las economistas colombianas Juliana Londoño Vélez y Estefanía Saravia (UCLA) llamado “¿Qué ocurre en la vida de las mujeres y sus familias cuando se niega el derecho al aborto?, es claro que la negación de servicios de aborto tiene consecuencias graves en la vida de las mujeres y sus hijos e hijas. Por ejemplo, entre los hijos nacidos de las mujeres a las que se les niega un aborto, se quintuplica el riesgo de trabajo infantil. Por tanto, nuestra preocupación no reside solo en las barreras, sino también en los impactos a mediano y largo plazo en las vidas de las mujeres que terminan ejerciendo maternidades impuestas y más aún, en la vida de sus hijos.
“Trabajamos en la erradicación de la estigmatización social del aborto”
¿Cuáles son los objetivos de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, con cuáles otros colectivos trabajan y por qué es necesario que ustedes permanezcan activas en la defensa de derechos que se supone que la Constitución garantiza?
En La Mesa creemos que la construcción de libertad, democracia y paz, pasa por el goce pleno de la autonomía reproductiva y el respeto por las decisiones de las mujeres y niñas en toda su diversidad, y de los hombres trans y personas no binarias. Por eso, trabajamos, de manera continua, en la protección e implementación del marco normativo de los derechos sexuales, y en la erradicación de la estigmatización social del aborto. El trabajo colectivo es parte de nuestro método por lo cual nos articulamos con otras organizaciones de la sociedad civil, tanto en la agenda de la autonomía reproductiva como en otros propósitos. Entendemos que la sexualidad y la reproducción son facetas inherentes a la vida humana, y que todos y todas las ciudadanas debemos tener la posibilidad de ejercer esos derechos sin imposiciones por parte del Estado o de la sociedad que nos impidan disfrutarlos, acorde con nuestra conciencia, voluntad, y deseo.
