Cuando la Corte Constitucional está a punto de tomar una decisión importante, las organizaciones sociales suelen congregarse afuera de las instalaciones para esperar el anuncio. El 28 de abril de 2016, y los meses previos, no fueron la excepción. Por esas fechas se podían presenciar banderas de arcoíris, serenatas, boleros y toda clase de música de amor que recordara que ese cariño también tenía que traducirse en derechos. Garantías que para una pareja heterosexual llegaban automáticamente, pero para las personas del mismo sexo no.
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Pero eso cambió con el reconocimiento del matrimonio igualitario que, hace una década, le permitió a las parejas del mismo sexo convertirse en cónyuges y acceder a todos los derechos que se derivan de esa figura. Para entender cómo se logró, hay que remontarse a una historia de conquistas de derechos que se fueron ganando uno a uno hasta armar una base lo suficientemente sólida para tocar lo que el Estado colombiano se resistía a discutir: la conformación de familia.
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En 2007 la Corte Constitucional les abrió las puertas a las personas del mismo sexo para acceder a la unión marital de hecho. Antes de esa fecha, aunque una pareja llevara años conviviendo, el Estado no reconocía nada distinto a una amistad que compartía un techo. Fue un avance importante, pero incompleto. A diferencia de las personas heterosexuales, que podían elegir entre esta opción o casarse, las parejas del mismo sexo solo tenían este camino. Un camino que les dejaba en la categoría de compañeros o compañeras permanentes, no de cónyuges, sin el peso simbólico del matrimonio, sin reconocimiento internacional y con mayores tiempos de espera, por ejemplo, en caso de fallecimiento para liquidar la sociedad patrimonial.
De manera que las organizaciones sociales y activistas no se quedaron de brazos cruzados. “Durante 2007, 2008 y 2009, nosotros litigamos que la salud, que la pensión, que la residencia en San Andrés y Providencia. Hicimos una demanda grandísima que llevó a la C-029 del año 2009. Como la Corte estableció una metodología que decía como usted tiene que ir derecho por derecho, entonces nosotros acumulamos todos los derechos y dijimos bueno, aquí hay 42 leyes, revise todos estos derechos. Pero la Corte seguía manteniendo cerrado el tema de familia”, cuenta Mauricio Albarracín, abogado y activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, en entrevista con El Espectador.
Paradójicamente, en 2010 el tema volvió a la mesa, pero no fueron grandes organizaciones sociales ni abogados de larga trayectoria quienes lo pusieron ahí. Fue la ciudadanía de a pie, específicamente estudiantes, quienes decidieron que era hora de abrir el debate sobre el matrimonio para parejas del mismo sexo.
“Hubo un estudiante de Pereira y otro estudiante por acá de Bogotá que demandaron y la Corte devolvió las demandas”, narra Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, en conversación con este diario.
Viendo ese interés de dos jóvenes intrépidos, pensaron que ya era hora. Por eso, Colombia Diversa, Dejusticia y varios investigadores independientes iniciaron un proceso de litigio que presentaron ese mismo año. “Una demanda que tenía más de 70 páginas con unos anexos, de todo. Fue un estudio inmenso el que hicimos”, cuenta Sánchez. Pero reconocer el matrimonio igualitario no era un camino sencillo, porque la Constitución definía esa unión como la celebrada entre un hombre y una mujer, una redacción literal que, según las fuentes consultadas, dificultaba la interpretación para incluir nuevos derechos.
Aún así, quienes presentaron este litigio tenían la esperanza de contar con el apoyo de una Corte considerada progresista, pues en ese entonces estaba construyendo una jurisprudencia sólida en torno a la dignidad humana. Y eso fue lo que pasó en 2011, el alto tribunal reconoció que las parejas del mismo sexo eran familia. Pero, como se trataba también de un asunto relacionado con el estado civil y las relaciones jurídicas, la Corte consideró que debía ser el Congreso de la República quien lo regulara. Determinó que, si en dos años no expedía ninguna norma al respecto, estas parejas podrían acudir ante jueces y notarios para solemnizar y formalizar su vínculo.
“La Corte usó todos los ingredientes del matrimonio sin ponerle esa palabra, para dejar que el Congreso tuviera esa discusión”, recuerda Albarracín.
En ese momento empezó una carrera contrarreloj en el legislativo. Más de cinco proyectos de ley buscaron reconocer a las parejas del mismo sexo, algunos usando la palabra matrimonio, otros apostando por las uniones civiles. En medio de esos debates afloraron también los prejuicios que se usaban para negar este derecho. Como el del ya fallecido senador Roberto Gerlein, quien dijo: “a mi nunca me ha preocupado mucho el catre compartido por dos mujeres, porque ese homosexualismo no es nada, esa es una cosa inane, sin trascendencia, sin importancia, pero compartido por dos varones, ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental”, declaró en noviembre de 2012 en uno de los debates, mientras parejas del mismo que asistían para contar sus experiencias escuchaban.
A esto se sumaban prejuicios como la idea de que el matrimonio igualitario “acabaría” con la familia o traería una supuesta “catástrofe social”. También estaba el argumento de la procreación, usado como si fuera el fin último del matrimonio legal, y que este tipo de uniones debían quedar reservadas a parejas heterosexuales.
“En algún momento estuvieron dispuestos a decir que tuvieran los mismos derechos del matrimonio, pero que se llamara distinto”, dice Sánchez. Por eso resume que, al final, todo quedó reducido a una pelea por una palabra y, tiempo después, a “preocupaciones” por los formularios que solo ofrecían las opciones de cónyuge hombre o cónyuge mujer. “Se pensaba que iba a producir muchos efectos negativos y cuando uno lo empieza a ver, un derecho no genera ningún efecto negativo para nadie, pero sí muchos efectos positivos para eliminación de unas injusticias”, concluye Albarracín.
Luego de grandes discusiones en el Congreso, llegó el 20 de junio de 2013, día en el que se agotó el tiempo sin que ningún proyecto de ley hubiera sido aprobado. Fue entonces cuando los grupos litigantes se pusieron en la tarea de interpretar lo dicho por la Corte y concluyeron que, ante ese vacío legislativo, las notarías estaban obligadas a formalizar y solemnizar el vínculo. Sin esperar mucho más, empezaron a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo en distintas notarías del país.
“Esto no era por activismo, activismo hacíamos las organizaciones, pero la gente se quería casar por amor”, cuenta Sánchez.
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El mismo día que se venció el plazo, hicieron solicitudes de matrimonio visibles en Bogotá, con flores en los juzgados, banderas LGBTIQ+ y parejas rodeadas de cámaras y periodistas que querían registrar los primeros “matrimonios gays” en el país. Pero la jornada terminó siendo un enredo. Algunos jueces rechazaron las solicitudes argumentando falta de competencia, otros las reasignaron aleatoriamente y una notaria optó por un contrato innominado que dejaba a la pareja civilmente unida sin mencionar la palabra “matrimonio”. Ese día, cinco parejas lograron casarse.
La demanda de matrimonios continuó, algunos promovidos por organizaciones sociales y otros protagonizados por personas que se enteraban por las noticias y llegaban por sus propios medios. Ante ese flujo, las notarías inventaron su propia solución: un “contrato sin nombre”, como lo describen las fuentes consultadas, con el que buscaban cumplir el pronunciamiento sin tener que llamarle “matrimonio” a esas uniones.
“Unos contratos innominados que eran súper riesgosos porque en realidad no tenían la facultad para crear un estado civil. No decían cómo se disolvían esos contratos, no decía qué derechos adquirían las personas, ni la Corte les había dado la facultad para que hiciera eso. A nuestro juicio, eso era un engaño”, relata la directora de Colombia Diversa. Añade que no sabían qué nombre jurídico adquirían las personas contrayentes ni qué pasaba con los derechos de una de ellas si la otra fallecía. Incluso, no tenía una tarifa de cobro establecida.
Sánchez narra que las parejas que se rehusaban a aceptar ese contrato empezaron a casarse, pero a escondidas. Algunas se cambiaban de ropa en los archivos del juzgado para no llegar demasiado arregladas, porque si alguien les veía podía avisarle a la Procuraduría. Les pedían que llegaran sin muchos acompañantes para no llamar la atención. Otras personas buscaban el matrimonio de forma urgente porque una de las dos estaba a punto de morir y la única garantía para dejar todo en orden era ese papel.
O como el caso de Jaqueline y Elkin, una pareja de personas trans que logró casarse, pero cuando el juzgado revisó los documentos y se dio cuenta de sus identidades de género diversas, anuló el matrimonio y remitió copias a la Fiscalía para que las investigaran por el delito de falsedad.
Fue así como litigantes y colectivos empezaron a acompañar tanto a las parejas que querían casarse como a los jueces que se encontraban en aprietos por permitirlo. Fue un trabajo notaría por notaría, que además atrajo el ojo público.
“El procurador Alejandro Ordóñez se volvió el inquisidor. Hicieron una estrategia de pedir los datos de todas las parejas del mismo sexo a todos los juzgados, a todas las notarías. El objetivo de la procuraduría era detectar un matrimonio e ir a oponerse, porque el matrimonio de un juzgado es como un proceso civil y uno lo puede reclamar. Entonces ellos se metieron a los matrimonios a litigar e impedir la unión. Y luego, cuando no lograban impedirlos, amenazaban a los jueces, y cuando los jueces no les hacían caso y los casaban, les ponían tutelas. O sea, no era un matrimonio, era como una lucha”, cuenta Albarracín.
La vigilancia de la Procuraduría era tanta que las parejas empezaron a desplazarse a municipios apartados para poder casarse. Fue así como un pequeño pueblo de Bolívar llamado San Estanislao de Kostka terminó convirtiéndose en destino para parejas LGBTIQ+ de todo el país. Allá, el juez Carlos García decidió desafiar la presión y celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. En ese municipio se celebraron más de 31 uniones durante más de dos años.
Y casi como si se tratara de algo clandestino, cuando en realidad la Corte ya había dejado un precedente, empezó lo que Albarracín describe como una operación. “El juez dijo: mándenme acá a toda la gente que quiera casar, y nosotros mandamos decenas de parejas a San Estanislao. Les decíamos ‘esta es la ruta, va hasta Cartagena, en Cartagena coge una flota, la flota lo lleva hasta San Estanislao’”, y así seguían las instrucciones hasta llegar al juzgado. “Era un municipio pequeño, un juzgado donde solo estaban el juez y la secretaria, donde el juez mismo hacía la torta. Un acto privado, reservado, lejos de la discriminación, donde por fin encontramos refugio”, recuerda.
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Todo lo anterior sucedía mientras los litigios seguían su curso. “Empezamos a tener una alta litigiosidad, porque el procurador le ponía tutelas a los matrimonios, luego el registrador no los registraba, entonces tutela contra el registrador, luego nosotros pusimos una tutela para que el procurador dejara de perseguir a la gente, o sea, nos pusimos en modo abogados a litigar y a tratar de abrirle varias vías al reconocimiento del matrimonio”, añade Albarracín.
Fue ese cúmulo de tutelas el que la Corte Constitucional recogió en 2015 para estudiar el caos jurídico y decidir de manera definitiva. El 28 de abril de 2016, el matrimonio igualitario fue declarado constitucional. Desde entonces, las parejas del mismo sexo tienen las mismas opciones que las personas heterosexuales para formar una familia.
Justo en abril de 2026, a diez años del reconocimiento y después de todo el tiempo previo en que las parejas del mismo sexo enfrentaron una sociedad que no quería darles los mismos derechos por amar diferente, sus impulsores celebran. Aunque saben que lo conquistado es frágil, porque suelen ser los primeros en las listas cuando hay cambios políticos importantes.
“Yo creo que, 10 años después, también al tener el reconocimiento del matrimonio, junto a la unión marital, junto a la protección de los hijos, hoy tenemos un derecho de familia mucho más integral y completo que protege a las personas. Eso nos ha hecho un país mucho más abierto en términos de reconocimiento de la diversidad”, concluye Albarracín.
Por su parte, Sánchez señala que aunque la barrera ya no es legal, persisten obstáculos. Muchas parejas todavía preguntan en qué notarías pueden casarse, cuando en realidad todas tienen la competencia para hacerlo. Lo que temen es encontrarse con una objeción de conciencia velada.
“Lo que no quieren es ir a una donde les hagan el feo, que les digan ‘mira, yo no te caso pero mi colega de la 40 sí te casa’, o ‘no tenemos cupo’, les ponen requisitos adicionales que no existen, los miran raro cuando llegan a la ventanilla, les preguntan ‘¿y dónde está la esposa o la novia?’ Cualquier gesto de esos desestimula, y eso no le pasa a una pareja heterosexual. Y eso en Bogotá, imagínate en cualquier municipio de Colombia donde solo hay un juzgado”, dice Sánchez.
Por último, la directora advierte que lo preocupante en este momento es cómo el tema se ha convertido en estrategia electoral. Cuando se les pregunta a las candidaturas presidenciales sobre el matrimonio igualitario, la sola pregunta genera la sensación de que no es un derecho consolidado sino algo todavía en disputa. “Uno ya no debería preguntar eso, porque ya es un derecho. Porque preguntar refuerza la duda: ¿será que entonces no lo han reconocido?”, expone. Una pregunta que borra de un tajo todo lo que costó que ese amor fuera reconocido.
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Por Luisa Lara
