Así es como el activismo comunitario está construyendo la “Ley Integral Trans Ya”

La ley integral trans busca garantizar mejores condiciones y oportunidades para la población trans, no binaria y de identidades de género diversas en el país.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En las últimas semanas se ha hecho visible la campaña que busca una Ley Integral Trans en Colombia. La expectativa ha crecido al punto que fue el lema de las principales marchas del orgullo LGBTIQ+ que se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país. Este proyecto de ley no nace del Congreso de la República, es resultado de años de activismo y trabajo comunitario del movimiento trans.

La plataforma ¡Ley Integral Trans Ya! está conformada por más de 100 organizaciones y activistas trans, “LGB” y de Derechos Humanos del territorio nacional que han aportado a la construcción del articulado del proyecto. Además, buscan mantener el legado de quienes dedicaron su vida al reconocimiento de los derechos de las personas con identidades de género diversas, como Laura Weinstein, activista que logró la norma que facilita el cambio del componente “sexo” en el registro civil; y Diana Navarro Sanjuán, la primera mujer trans en graduarse como abogada en el país.

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Como dice Joséphine Fernández, quien es parte del equipo de comunicaciones de la plataforma y se identifica como una persona no binaria transfemenina, es fundamental reconocer que hablar hoy de una ley integral trans es fruto de una lucha que ha ocurrido por generaciones. “Somos un movimiento diverso en edades y en experiencias de vida,tenemos mucha fuerza independientemente del panorama político en Colombia y hoy es clave demostrar que nuestra postura va más allá de ser activistas trans, también somos activistas de Derechos Humanos y creemos en la igualdad”, afirma Fernández.

La razón principal para buscar una ley surge del hecho de que Colombia, aunque es uno de los países de la región con grandes avances en materia de diversidad sexual y de género, estos se recogen casi en su mayoría en sentencias judiciales. Por lo que aún persisten muchos vacíos jurídicos que no permiten que las personas trans y no binarias tengan pleno goce de sus derechos.

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Esta iniciativa buscará establecer medidas, mecanismos y herramientas para garantizar los derechos de las personas trans y con identidades de género diversas, por ejemplo, la autodeterminación de la identidad de género, el acceso a la salud, educación y trabajo, y la protección a la infancia, adolescencia y la tercera edad.

La organización Amnistía Internacional asegura que la falta de mecanismos legales supone una vulneración de los derechos humanos de las personas trans y “las expone a más discriminación y violencia de la que ya sufren diariamente”. Solo en 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad mental en su catálogo de patologías.

“En este ejercicio de construir un proyecto de ley, la legitimidad del reclamo es muy importante porque históricamente hemos sido un grupo social vulnerado. Indiscutiblemente ha existido un ejercicio de deshumanización en torno a lo trans”, cuenta Cristina Rodríguez Romero, comunicadora social y activista. En Colombia, según cifras de Caribe Afirmativo, de las 145 víctimas LGBTIQ+ de homicidios y feminicidios el año pasado, 49 fueron personas con experiencia de vida trans.

Lograr un articulado desde un enfoque diferencial, interseccional y territorial ha sido la columna vertebral del proyecto. Para esto, aplicaron una consulta popular a más de 1.355 personas trans y no binaries. Como explica Miyu Alarcón, persona no binarie y parte del equipo de facilitación de talleristas por la justicia, es importante que la opinión, dinámicas y experiencias de vida de todas, todes y todos, sean tenidas en cuenta lejos de miradas centralistas. “Comprendiendo también que venimos de un conflicto armado, de un estallido social y también todo lo que generó la pandemia, podemos lograr esa mirada integral”, añade Alarcón.

Bajo los principios de la justicia social, el proyecto de ley está inspirado en las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado en sus informes sobre el panorama de los derechos de las personas LGBTIQ+ de la región. Asimismo, la experiencia de otros países que ya cuentan o están debatiendo estos proyectos similares les ha permitido establecer unos “mínimos no negociables”, como por ejemplo la protección a las víctimas trans y no binarias del conflicto armado interno, en garantía de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

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No obstante, aunque en el último año el panorama político del país ha apuntado a una mayor disposición y apertura hacia temas de diversidad sexo-genérica, el camino que le espera a la ley integral trans en el Congreso no va a ser fácil. “Creo que los vientos juegan a nuestro favor, pero obviamente este es un tema que se puede instrumentalizar muchísimo, además porque mucha gente cree erróneamente que, para que le reconozcan el derecho a alguien, se lo tienen que quitar a otra”, afirma Rodriguez.

Las redes sociales han vuelto a circular publicaciones y comentarios que dicen que la ley trans quiere “imponer una ideología de género”, un argumento que sectores conservadores y fundamentalistas han utilizado para hundir iniciativas que hablan de diversidad. El caso más reciente fue la discusión del proyecto de ley que pretendía una educación sexual integral en el país desde los derechos humanos y sin prejuicios, es decir, hablar de las relaciones sexuales y reproducción, pero también sobre las etapas del desarrollo, la identidad y expresión de género, orientación sexual, la autonomía corporal, el consentimiento y el derecho al goce.

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Para Laurent, diseñadore con experiencia de vida no binaria, la juntanza que ha surgido del trabajo de consolidación para la ley integral trans es en sí un triunfo político. “En este momento no sabemos si lograremos este año la ley, nos encantaría claramente, pero el solo llegar a radicar el proyecto sería histórico pues es una construcción de base comunitaria”, dice.  Es la primera vez que también prestadores de servicios de salud, academia y centros de investigación de universidades se han involucrado en acompañar al movimiento social trans para lograr que tenga una ley comprensiva.

Quienes integran la plataforma aspiran que las personas que consideran que esta ley no es necesaria entiendan que es un asunto de garantía de derechos humanos. Además, buscan dejar claro que las personas trans y no binarias siempre han existido. Lo que viene para las próximas semanas es la consolidación de la versión final del articulado y la ruta de trabajo para dar trámite efectivo en el legislativo.