Los crímenes de odio contra lesbianas, gais, bisexuales y personas trans en Argentina aumentaron un 70 % en el primer semestre de 2025 con respecto al mismo período del año anterior, según un informe difundido este lunes.
El último reporte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ señala que en los primeros seis meses del año se reportaron 102 ataques violentos motivados por odio hacia la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las víctimas. En el mismo período de 2024 se habían registrado 60 casos.
El incremento registrado plantea interrogantes sobre las condiciones sociales, políticas y culturales que configuran el escenario actual para las personas LGBTIQ+. La violencia no solo responde a hechos aislados, sino que se produce en un contexto de discursos políticos que, en algunos casos, la facilitan o la legitiman.
Según expertos, si bien los crímenes de odio pueden adoptar distintas formas, lo común entre ellos es la intención de castigar una identidad o expresión de género considerada “fuera de la norma”. En contextos en los que se debilitan los discursos institucionales de protección, estos actos tienden a aumentar.
En cuanto al perfil de las víctimas, el informe indica que el mayor porcentaje corresponde, una vez más, a mujeres trans, que representan el 70.6 % de los casos registrados en el primer semestre del año. Les siguen los hombres gais (16.7 %), lesbianas (6.9 %), hombres trans (4.9 %) y, en menor proporción, personas no binarias (1 %).
El hecho de que el mayor porcentaje de crímenes de odio sean en contra de mujeres trans refleja un patrón en la región: este grupo suele estar más expuesto a múltiples formas de violencia, desde la exclusión social hasta agresiones físicas. Diversos estudios advierten que esta población enfrenta también mayores barreras en el acceso a la salud, la vivienda y el empleo formal, lo que profundiza su situación de vulnerabilidad.
Del total de casos registrados, el 16,7 % corresponde a violaciones del derecho a la vida, que incluyen asesinatos, muertes vinculadas a la violencia estructural y suicidios. El 83,3 % restante está relacionado con vulneraciones al derecho a la integridad física, es decir, episodios de violencia que no resultaron letales, incluídos los intentos de suicidio.
La inclusión de los intentos de suicidio y de los suicidios consumados no responde únicamente a una forma de violencia directa, sino que está vinculada, sobre todo, a la violencia estructural. La discriminación y la ausencia de redes de apoyo de las personas LGBTIQ+ pueden afectar su salud mental.
El informe señala que “estos datos no pueden analizarse por fuera del contexto político y discursivo en el que se producen”, y destaca que “durante 2024 y 2025, la figura presidencial impulsó una construcción sistemática del colectivo LGBT+ como un enemigo social”.
El documento advierte que los discursos que estigmatizan a determinados grupos sociales, especialmente cuando provienen de autoridades, pueden favorecer un clima de intolerancia. En ese contexto, las agresiones no siempre son percibidas como condenables, lo que a su vez contribuye a la normalización de la violencia.
“En foros internacionales y redes sociales, el presidente de la Nación caracterizó a los feminismos y a la denominada ‘ideología de género’ como ‘virus mentales’ y amenazas para la civilización occidental”, se lee en el informe.
De hecho, el uso del término “ideología de género” ha sido promovido globalmente por sectores conservadores para cuestionar las políticas de inclusión y los avances legislativos en derechos sexuales y reproductivos. En Argentina, su adopción desde discursos oficiales representa un cambio en el enfoque institucional hacia la diversidad de género y orientación sexual.
En enero, al hablar en el Foro Económico de Davos, el presidente argentino Javier Milei lanzó una ofensiva contra lo que llamó el “cáncer” de la supuesta “ideología progresista”. Criticó el “feminismo radical” como una forma de obtener “privilegios”, así como la “ideología de género”, término utilizado por sectores conservadores para deslegitimar los avances en derechos vinculados a la identidad y diversidad de género.
Ese discurso desencadenó movilizaciones masivas de rechazo, que convocaron a miles de personas en distintos puntos del país. La respuesta ciudadana, expresada en manifestaciones públicas, refleja una preocupación extendida por el impacto de estos discursos en la convivencia democrática. La tensión entre libertad de expresión, responsabilidad institucional y protección de derechos continúa siendo uno de los principales desafíos en la agenda de derechos humanos.
*Con información de AFP.
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Por Redacción Género y Diversidad y AFP
