Crece la violencia contra personas LGBT en Colombia: 52 casos en lo que va de 2025

Tras lo sucedido con Fernanda Domicó, entre organizaciones sociales surgen preguntas importantes sobre si las personas con identidades de género diversas tienen realmente las condiciones necesarias para ejercer liderazgos

Foto: (EPA) EFE - Francisco Guasco

Aunque la población LGBTIQ+ ha logrado avances en el reconocimiento de sus derechos y hay más presencia en diferentes espacios, esto no se ha traducido en mayor inclusión social y mucho menos en medidas efectivas para prevenir y castigar la violencia en su contra. El caso de Fernanda Domicó, cuyo nombre ha resonado en los últimos días, volvió a poner este problema sobre la mesa.

El pasado 25 de julio fue hallado el cuerpo sin vida de Fernanda Domicó, reconocida lideresa social, mujer trans e indígena, y jefa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Dabeiba, en el occidente antioqueño. Fernanda tenía varios roles de liderazgo y era una voz muy importante en su comunidad. Las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas, pero su fallecimiento ha generado mucha preocupación en la región, donde era muy querida por su trabajo en defensa de los derechos humanos y de las comunidades.

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Su caso se suma a una preocupante cifra de violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en lo que va de 2025 se han registrado 52 casos de homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ+ en el país.

En conversacióncon El Espectador, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, advirtió que los niveles de violencia han aumentado con respecto al año anterior. Para esta misma fecha en 2024, el observatorio registraba 32 casos; en lo que va de 2025 ya suman 52. El aumento es del 42% y, de mantenerse, este podría ser uno de los años más violentos para las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

En ese contexto, Antioquia se ha posicionado como uno de los departamentos más críticos. De los 52 casos registrados, 23 ocurrieron en este territorio, esto equivale a casi el 50% del conteo total. Dentro de esa cifra, 14 casos corresponden a personas trans, siendo las mujeres trans las principales víctimas.

“Lo que estamos encontrando es que los asesinatos siguen presentando un altísimo nivel de sevicia y crueldad. Se usan armas blancas, objetos contundentes, hay golpes en varias partes del cuerpo y, en muchos casos, afectaciones al cadáver después de la muerte. Esto refleja que el victimario no solo busca quitarle la vida a la persona, sino también enviar un mensaje de rechazo hacia la vida de las personas LGBTIQ+, en especial de las personas trans”, señaló el experto.

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La violencia contra las personas trans no empieza ni termina cuando les quitan la vida. Como dice Castañeda, “en Colombia parece que asumirse como una persona trans significa renunciar a vivir con derechos”. Él explica que, desde que una persona se reconoce socialmente con una identidad de género diversa, comienza a enfrentar muchos riesgos que la ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. Por eso, la esperanza de vida de las personas trans en Colombia es de apenas 35 años. Castañeda también señala que el país no cuenta con mecanismos sociales e institucionales que protejan sus derechos y su vida.

Además, muchas personas LGBTIQ+ viven en zonas afectadas por el conflicto armado, donde grupos armados controlan el territorio. En esos lugares, a veces las usan para sus propios fines o las castigan con supuestos “castigos morales” basados en prejuicios. A esto se suma que un alto porcentaje de ellas viven en condiciones de alta precariedad, ya que el acceso a la educación o a empleos formales es limitado debido a la exclusión social, esto las mantiene atrapadas en círculos de pobreza.

Aunque la violencia contra personas LGBTIQ+ ha aumentado, la respuesta institucional no avanza al mismo ritmo. Si bien la Fiscalía cuenta con un grupo especializado para investigar agresiones motivadas por orientación sexual o identidad de género, las cifras de impunidad siguen siendo altas. “No estamos viendo resultados en tiempo real. Las investigaciones se demoran, la mayoría de los casos no se cierran y esa lentitud solo mantiene la impunidad, como si estas vidas no importaran”, advierte Castañeda. Aunque reconocen la voluntad institucional, insisten en que no basta con buenas intenciones.

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“Es realmente importante dar con los responsables para mandar un mensaje al país de que estas violencias importan y que el Estado, en su conjunto, genere propuestas de política pública para prevenir la violencia, porque seguimos teniendo un Estado que aparece a lamentar la violencia, pero que no la está previniendo, que es lo que más urgente”, observa el experto consultado.

Visibilidad sin garantías: la otra cara de las personas trans que alcanzan puestos de liderazgo

El caso de Fernanda Domicó, perteneciente a la comunidad indígena Embera Katío y ejemplo de liderazgo, sigue siendo investigado por la Policía y la Fiscalía. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los hechos y dispuso de una recompensa de 20 millones de pesos a quien brinde información para dar con los responsables.

En la comunicación oficial de la administración señalaron que “la comandante Fernanda fue una mujer que, con firmeza y resiliencia, rompió barreras y abrió caminos hacia la inclusión y el respeto. Su compromiso con el bienestar de los dabeibanos, su liderazgo en momentos de emergencia y su incansable trabajo, deja en todos un vacío”.

Sin embargo, Castañeda advierte que estos hechos deben entenderse en un contexto más amplio. Aunque el país ha avanzado en relación a la implementación de enfoques diferenciales y hoy hay personas LGBTIQ+ trabajando en espacios como el ICBF, el Ministerio de la Igualdad o la misma Fiscalía, eso no es suficiente. En el caso de Fernanda Domicó, por ejemplo, su presencia como lideresa no bastó. “No se trata solo de darles espacio a las personas trans en niveles de liderazgo, también es responsabilidad del Estado garantizar acompañamiento y condiciones reales para que esa visibilidad no se convierta en un riesgo”, Resalta Castañeda.

Tras lo sucedido con la lideresa trans, entre organizaciones sociales surgen preguntas importantes sobre si las personas con identidades de género diversas tienen realmente las condiciones necesarias para ejercer liderazgos. Que una mujer trans e indígena estuviera al frente del cuerpo de bomberos en Dabeiba, un municipio importante por su ubicación cerca de Urabá, es algo muy relevante. Pero, más allá de lo simbólico, señala Castañeda, hay que preguntarse qué garantías tenía para poder hacer su trabajo sin que su vida o sus proyectos personales estuvieran en peligro.

Frente a la lenta respuesta institucional se suma un cambio cultural aún inexistente, que sigue repitiendo creencias y prejuicios que justifican la discriminación contra las personas trans. Precisamente, de esas creencias se nutren todas las demás violencias de las que es víctima esta población. La fuente consultada detalla que, mientras el cambio social y cultural siga siendo una deuda pendiente, no habrá instituciones que basten.

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