Denuncian amenazas y homicidios a personas LGBTIQ+ en Chaparral, Tolima

Aldinebin Ramos, una persona no binaria que pertenecía al colectivo Chaparral Diversa, fue asesinada en la noche del pasado martes 6 de febrero.

Foto: Colombia Diversa

Aldinebin Ramos Buitrago, una persona no binaria de Chaparral, Tolima, solía decir que quería ser una reina. “A la reina del bambuco, la reina que escogen en Cartagena, todo el mundo las quiere. Como aquí nadie nos quiere. Por eso, yo quería ser reina”. Ese fue el mensaje que escribió en el libro “Un carnaval de resistencia: memorias del reinado trans del río Tuluní”. En sus páginas, se recogieron experiencias del reinado con el que Chaparral Diversa buscaba reivindicar los derechos de personas con expresiones e identidades de género diversas en su territorio.

En vida, Ramos fundó la Asociación Chaparral Diversa, lideró procesos de paz en su territorio y defendió los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Su homicidio se produjo en la noche del pasado martes 6 de febrero en el corregimiento Olaya Herrera, en el departamento del Tolima, cuando hombres armados se acercaron a su vivienda y le dispararon en presencia de un menor de edad. En el hecho otra persona fue asesinada y una tercera resultó herida.

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La Asociación Chaparral Diversa y la organización Colombia Diversa llevaron a cabo una velatón en el Parque de los Presidentes del municipio, a la que llegaron más de 40 personas para honrar la vida de Ramos. “Lo que se pierde cuando asesinan a una persona que es defensora de derechos humanos LGBT no es simplemente, y como si fuera poco, una vida humana. También se pierde la posibilidad de que las personas LGBTIQ+ de su comunidad puedan existir en paz”, dice la organización Colombia Diversa.

También, asegura que es necesaria una gran conversación sobre la participación de las personas LGBTIQ+ en la sociedad colombiana, así como comprender que “la defensa de los derechos humanos que hacemos las personas LGBTIQ+, es un llamado por la felicidad de las personas de esta población”.

Sin embargo, después de la muerte violenta de Ramos, empezó a circular en el municipio un panfleto con amenazas que, según el documento, había sido enviado por un grupo armado ilegal. Allí, se le notificó a la comunidad sobre una lista de personas que fueron amenazadas con ser dadas de baja y luego declaradas como objetivo militar. Algunas de ellas pertenecen a la población LGBTIQ+ o son familiares cercanos.

Una fuente consultada por El Espectador, que tuvo que salir del territorio por amenazas de grupos armados relacionadas con su identidad de género y cuyo nombre se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad, asegura que: “Es doloroso vivir entre la zozobra de que te van a matar. Aunque allí hay presencia del Ejército, no nos están cuidando a nosotros”, dijo sobre el panfleto en el que se encuentran varios miembros de su familia.

Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo y miembro del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, explica que lo ocurrido con las personas de Chaparral Diversa es problemático, pues este grupo es uno de los cuatro procesos organizativos LGBT que fueron declarados como “sujetos de reparación colectiva”. Esta figura nace con la Ley de Víctimas en 2011, en la que el Estado colombiano asume que los actores del conflicto no solo han afectado a personas individuales, sino que también han obstruido procesos colectivos, entre ellos de personas LGBTIQ+.

“La gravedad del asunto está en que la víctima es, según la Corte Constitucional, un sujeto de especial protección. Se supone que el Estado está en el deber de protegerlas y garantizarles que puedan continuar ejerciendo liderazgo dentro de sus colectivos. El asesinato que ocurrió hace un par de días, sumado a este panfleto amenazante, están poniendo nuevamente en riesgo un proceso organizativo que ya había sido violentado por el conflicto armado”, indica Castañeda.

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, las personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto fueron perseguidas por todos los actores armados, legales e ilegales, pues las consideraban “indeseables” por su orientación sexual o identidad de género. Estas experiencias, que aún suceden, constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

Luego de que se diera a conocer el panfleto en Chaparral, el supuesto grupo armado ilegal que firmaba documento envió un mensaje a la comunidad en el que negaba su autoría. Sin embargo, Castañeda advierte que, incluso si los actores al margen de la ley se desvinculan de las amenazas, estas siguen allí. “La amenaza ya está sobre la mesa y que el frente desmienta haberla escrito, aclara, pero no tranquiliza. El temor de las víctimas no desaparece. Este problema no se resuelve desmintiendo un panfleto, ni capturando al asesino, detrás de los hechos hay una motivación de prejuicio hacia las personas LGBT”.

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Un miembro de Chaparral Diversa dice que su colectivo no solo busca visibilizar las violencias de las que son víctimas en el territorio, sino exigir garantías de derechos, procesos de memoria y reconocimiento político. También cuenta que el objetivo del reinado trans del río Tuluní era hacer un desfile con cuerpos que habían sido sexualizados para celebrar, resistir y reivindicar su vida en medio del conflicto. “Se trata de reconocer que las personas LGBT no somos peligrosas, sino que estamos en peligro”, le dijo a El Espectador.

En el Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Historia, el Centro Nacional de Memoria Histórica indicó que el trabajo de este colectivo se ha visto limitado por los homicidios, las amenazas y los desplazamientos, producto de la presencia de actores armados en el territorio.

“No tenemos un Estado que nos cuide. En términos de salud, educación, movilidad, seguridad y acceso a la justicia, muchas veces ni siquiera se nos reconoce. Somos nosotras, las lideresas, las que venimos diciendo que existimos y que necesitamos que la institucionalidad active todas sus rutas de atención para protegernos”, asegura el miembro de Chaparral Diversa consultado por este diario. Además, dice que en el territorio viven con miedo “porque los prejuicios, el odio y la discriminación hacen que liderar procesos y exigir garantías de derechos sea peligroso”.

“Es necesario mitigar el riesgo para que el activismo no siga siendo sinónimo de violencia”, afirma Castañeda, quien también indica que es importante que el Estado reconozca el riesgo que supone ser activista en los territorios con presencia de grupos armados, se esfuerce por entender sus contextos particulares, que a la hora de generar garantías y protección no estandarice normas y medidas que no funcionan en todos ellos y que asuma un compromiso real para poner fin a las causas estructurales de la violencia.

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