En promedio, cada dos días una persona LGBTIQ+ es asesinada en Colombia por su orientación sexual o identidad de género diversa, y al menos cada 1,8 días alguien fue objeto de amenazas por estas mismas razones. Así lo denunciaron colectivos ciudadanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la primera audiencia temática sobre violencia contra personas trans en el país, llevada a cabo este miércoles 23 de julio.
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“Esta audiencia se solicitó por parte de las organizaciones sociales porque, desde 2024, hemos sostenido una preocupación constante por el deterioro de la calidad de vida de las personas trans en el país. Se ha registrado un aumento significativo de feminicidios y transfeminicidios. Sumado a que se sigue restringiendo el uso del espacio público a las personas trans, mayoritariamente por culpa de la policía. Y por último, porque se mantiene una alta precariedad en sus proyectos de vida, pues continúan en condiciones de pobreza, en situación de calle, y con barreras de acceso a derechos como la educación y el trabajo”, afirmó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, en entrevista con El Espectador.
De acuerdo con los representantes de las organizaciones, estas exclusiones sistemáticas y cotidianas se traducen en violencias más letales, como los homicidios contra personas LGBTIQ+, que aumentaron un 3 % en 2024 respecto al año anterior. Dentro de estas cifras, las mujeres trans fueron el grupo más afectado.
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Además, denunciaron que incluso la fuerza pública, en lugar de protegerles, perpetúa prácticas de violencia contra esta población, evidenciando un patrón institucional. “La condición de las personas trans frente a la Policía es especialmente grave, debido a la intersección entre la transfobia social y la violencia institucional, lo que las deja expuestas a prácticas permanentes como el hostigamiento, el perfilamiento y el uso desproporcionado de la fuerza”, relató durante la audiencia Sofia Salcedo, representante de Caribe Afirmativo, Esta situación, advirtió, se agrava en contextos donde hay presencia de grupos armados y estructuras delictivas organizadas.
Por otro lado, Darla Cristina González, coordinadora de la Red Nacional de Personas Trans Diana Navarro San Juan, intervino ante la Comisión y señaló que, aunque existen iniciativas por parte de las entidades públicas colombianas, estos esfuerzos no son suficientes. Por ejemplo el programa Salvia Dignidad, que tiene como propósito registrar y monitorear violencias por prejuicio. Según explicó, esta plataforma ni siquiera cuenta con datos desagregados para poder mapear la identidad de género de la víctima, ni información clara sobre cuántos de estos casos han derivado en medidas de protección efectivas.
Las organizaciones también mostraron cómo estos casos de violencia están permeados por la impunidad. Indicaron que, aunque la Fiscalía tiene un grupo especializado en investigar violencias basadas en la orientación sexual o identidad de género, eso no significa que realmente se proteja a las víctimas. “En 2024, de los 155 homicidios y feminicidios de personas LGBTI registrados por la Fiscalía, el 86%, es decir, 134 casos, continúan en etapa de indagación preliminar. Apenas 10 casos han llegado a juicio, y solo 3 han alcanzado la ejecución de penas. Esto evidencia un nivel de impunidad alarmante”, subrayó González.
“Colombia es un país que asume muchos compromisos teóricos, pero pocas acciones”
Después del panorama expuesto por los colectivos sociales, la mesa técnica del Estado colombiano —conformada por delegados del Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo— tuvo un espacio de intervención en la audiencia.
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Durante su participación, manifestaron su disposición al diálogo para fortalecer las prácticas institucionales y se comprometieron a remitir un informe detallado sobre lo abordado. Además, presentaron el trabajo que cada entidad ha adelantado en materia de investigación de estas violencias.
“Tras escuchar al Estado colombiano respecto a nuestras preocupaciones, nos queda como reflexión que es un país que asume muchos compromisos teóricos, pero pocas acciones prácticas que garanticen la vida digna de las personas trans. Demostró que las entidades trabajan cada una por su lado. Pero también dejó constancia de que actúan cuando ocurre la violencia y que, si debe investigar, lo hace. Pero necesitamos un Estado que aparezca para prevenir la violencia, no que intervenga solo cuando ya se ha violado un derecho humano”, señaló Castañeda.
Las organizaciones sociales también le realizaron peticiones a la CIDH. Solicitaron la elaboración de un informe temático que aborde las obligaciones del Estado en materia de prevención, sanción y acceso a la justicia frente a estas violencias. También pidieron la realización de una visita al país para que puedan evidenciar la magnitud de la situación.
Finalmente, instaron que se eleve la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que puedan emitir una opinión consultiva sobre los estándares de derechos humanos.
“Esperamos que la Comisión acoja nuestras solicitudes y pueda darles aplicación. En cuanto al Estado, no contamos con un mecanismo jurídico que obligue el cumplimiento de lo expresado en la audiencia, pero confiamos en que se comprometa con cada uno de los puntos planteados. Esta sesión ha dejado en evidencia, a nivel internacional, que a pesar de la existencia de normas y buenas intenciones, su implementación sigue siendo insuficiente e inadecuada”, afirmó Ale Gómez Restrepo, coordinadore de incidencia de la Fundación GAAT, en conversaciones con El Espectador.
Con base en estos aportes, la CIDH construirá una hoja de ruta para dar seguimiento, dejando como precedente internacional este llamado ciudadano en materia de derechos humanos.
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Por Luisa Lara
