El abogado que abrió las puertas a la adopción igualitaria en Colombia

El abogado Sergio Estrada impulsó la demanda que llevó a la Corte Constitucional a reconocer la adopción igualitaria en Colombia en 2015.

Foto: Eder Rodríguez

Un artículo de revista, una clase, un debate, el artículo 44 de la Constitución y un grupo de estudiantes fueron los elementos que necesitó el abogado y profesor Sergio Estrada para iniciar un camino de seis años. Durante ese tiempo, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que culminó en la histórica sentencia que permitió la adopción igualitaria en Colombia en 2015, brindando a cientos de menores la oportunidad de crecer en familias diversas.

Su impulso para actuar surgió a raíz de la conmoción que le produjo un reportaje periodístico sobre la infancia en situación de orfandad en Colombia. Era agosto de 2009 cuando un titular de Semana lo sacudió: “País de huérfanos” La investigación retrataba la cruda realidad de niñas, niños y adolescentes invisibilizados por la sociedad que debía protegerlos. Para alguien que enseñaba sobre derechos fundamentales, especialmente los de la niñez, la indignación tocó su puerta. “Había que actuar”, dice.

El abogado cuenta que la iniciativa de interponer la demanda de inconstitucionalidad surgió en su aula, mientras dictaba una clase de “Teoría General del Derecho” en la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín. Durante años, se reunió todos los sábados con un grupo de estudiantes fuera del horario laboral y académico para consolidar la idea, investigar y elaborar la demanda que llegaría al alto tribunal. Durante los seis años que duró el proceso, incluso su madre llegó a cuestionarlo: “¿Pero cómo se te ocurre?”, le preguntaba. Con el tiempo, entendió su intención y comenzó a apoyarlo.

Ese momento marcó a Estrada, pues comprendió que poner sus conocimientos al servicio de otras personas, como su madre, una mujer antioqueña muy tradicional y creyente, podía contribuir a derribar mitos y creencias, impulsar la igualdad y priorizar el interés superior de la niñez, construyendo una sociedad más democrática. Esos miedos y prejuicios que expresó su madre también se manifestaron en 2015, cuando sectores opositores a los derechos LGBTIQ+ calificaron la decisión como “polémica”. Esta historia tendría un desenlace histórico: la sentencia C-683 de 2015.

El Espectador conversó con el abogado con motivo de los diez años del fallo que transformó la manera de entender la familia y abrió las puertas para que las personas LGBTIQ+ pudieran adoptar, cambiando la vida de cientos de niñas y niños bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para analizar los retos y alcances de la sentencia.

¿Qué fue eso que originalmente lo motivó?

Como profesor, uno debe estar atento al sentir social, al pulso de la sociedad, porque no se puede enseñar desconectado de esa realidad. En esa época leí en una una edición de Semana de agosto de 2009, cuyo titular me conmovió profundamente: “País de huérfanos”. El reportaje señalaba que el drama de los niños abandonados, entre ellos los huérfanos, era una vergüenza para Colombia. Ese fue el detonante: sentí que había algo que hacer.

Simultáneamente éramos testigos de la gran polarización que vivía la sociedad colombiana respecto al tema. Sabemos que es una sociedad profundamente conservadora, lo cual no es malo en sí mismo, pero se convierte en problema cuando ese conservadurismo lleva al desconocimiento de derechos como la igualdad y el pluralismo, que son esenciales para la democracia. No se trataba solo del tema de la igualdad, que es una reivindicación política de la comunidad LGBTIQ+, sino también de pensar en la otra cara de la moneda: los niños huérfanos.

Así, nos dimos a la tarea de entrar en la discusión sin desconocer la importancia de la igualdad, pero poniendo en el centro los derechos de los niños. Al leer el artículo 44, se establece que los derechos fundamentales de los niños incluyen el cuidado y el amor, y al hablar de eso, inmediatamente se activa el derecho a tener una familia. Además, el mismo artículo señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás.

Entonces surge una pregunta: ¿hasta qué punto consideraciones de naturaleza moral pueden ser superiores a la protección de los niños? Creo que nadie podría discutir que los argumentos morales no pueden estar por encima de los mandatos constitucionales que obligan a proteger a los niños. Con esa reflexión iniciamos el proceso. Y fue gracias a un grupo de estudiantes muy comprometidos, a quienes siempre agradeceré, que emprendimos esta tarea casi quijotesca.

¿Cómo describiría ese camino entre la investigación, el debate nacional y la acción jurídica? ¿Hubo obstáculos o momentos de duda que lo hicieran cuestionarse?

Primero, la protección de la igualdad y el reconocimiento del pluralismo como elementos fundamentales para fortalecer la democracia. Una sociedad en la que hay exclusión por género, ideología o raza nunca podrá considerarse verdaderamente democrática. Queríamos reivindicar la igualdad, pero al mismo tiempo advertimos que era posible alcanzar ambos propósitos: la igualdad y la protección de los derechos de los niños. No son excluyentes. El resultado fue más bien una estrategia: si insistíamos únicamente en el pluralismo, el discurso moralista y conservador de nuestra sociedad habría levantado un muro infranqueable.

La investigación enfrentó muchos retos. El primero fue la falta de confianza institucional. Este fue un trabajo ad honorem, fuera de compromisos laborales. Lo hicimos porque estábamos convencidos de la causa. Tampoco tocamos puertas para buscar financiación, por dos razones: primero, porque eso nos restaba tiempo y energía; y segundo, porque cualquier donación implicaba un compromiso con el donante, sin importar su naturaleza. Queríamos mantener nuestra autonomía.

El sueño era activar el interés social para generar políticas públicas que eliminaran la existencia de niños huérfanos. La adopción no debe ser una responsabilidad exclusiva de las familias hetero u homo, sino de toda la sociedad. Esa sentencia, además de reconocer la igualdad, pudo haber sido el punto de partida para políticas públicas que promovieran la adopción. Lamentablemente, se perdió ese “cuarto de hora”, aunque nunca es tarde.

Por eso esta entrevista es tan importante: puede inspirar a alguien, incluso a un legislador, a presentar un proyecto de ley que facilite la adopción. Es sencillo: la obligación de una pareja adoptante es brindar amor; las condiciones económicas no deberían ser determinantes. El Estado debería apoyar a esas familias, aportando los recursos que garanticen el bienestar de los niños. Hoy se exige que las parejas tengan tanto amor como solvencia económica, y muchas que no tienen recursos están dispuestas a ofrecer amor.

¿Tuvo dilemas morales respecto al tema, teniendo en cuenta la agitación política que causó la decisión de la Corte hace hace diez años?

Nunca tuve esos dilemas, absolutamente ninguno. Precisamente, reitero: como profesor, uno tiene que eliminar los sesgos. Cuando uno se para frente a un grupo de estudiantes, no enseña lo que le parece, sino lo que ordena la Constitución. Y la Constitución es muy clara al exigirnos a todos los ciudadanos el respeto por unos fines, por unos principios: el pluralismo y la igualdad. En muchas ocasiones, claro, como personas debemos ceder ante ciertas consideraciones íntimas, pero uno tiene que anteponer el interés superior, que es la protección de la democracia y la búsqueda de una mejor sociedad.

Incluso, a modo anecdótico, te comparto algo personal: mi mamá, como buena matrona antioqueña, era muy conservadora. Cuando le conté sobre la investigación, me preguntó cómo se me ocurría apoyar ese tipo de causas. Ella veía que todos los sábados, durante más de año y medio, yo dedicaba tiempo a esta investigación, y no fue fácil. La construcción de una acción de inconstitucionalidad de esta naturaleza requiere mucha investigación. Nos tomó aproximadamente año y medio, y todo el proceso duró seis años, porque iniciamos en 2009 y terminó con la sentencia de la Corte en 2015.

Mi madre me decía: “¿Cómo se te ocurre?”. Pero cuando le expliqué, comprendió dos cosas. Primero, entendió el problema; y segundo, cambió de postura inmediatamente y me dijo: “No vas a tirar la toalla, nunca”.

¿Cuánto tiempo después lo apoyó su mamá?

Inmediatamente después de explicarle. Se sintió conmovida, sobre todo cuando le conté que en 2013 habíamos tenido una sentencia en contra, que nos puso frente a un dilema: si continuar o no. Mi madre fue el ejemplo del típico ciudadano que, sin conocer de Derecho Constitucional, sobrepone sus convicciones religiosas y morales. Pero al comprender el trasfondo, me dijo: “¿Sabes qué? Hay que continuar”. Fue una muestra pequeña, pero muy significativa para mí: su cambio de perspectiva reflejó lo que buscábamos lograr en la sociedad.

¿Cómo sobrellevó esa presión, tanto social como académica?

Siempre van a existir comentarios y señalamientos. Incluso, en medio de esa polarización, llegaron a decir: “Entonces Sergio es homosexual”. Y yo respondía: “No, por favor. Defender los derechos de los demás es una obligación de todos los ciudadanos”.

Esa presión, de alguna manera, me fortaleció. Cuando el argumento es sólido, uno se blinda ante los ataques y las presiones políticas que, en su momento, sí se presentaron. Recuerdo muy bien que estuvimos en el Congreso debatiendo la propuesta de referendo de Viviane Morales, con ponencia de Carlos Alonso Lucio. Creo que fue en la Comisión Primera. Pero, insisto, la tranquilidad de defender lo que nos debe unir a todos los colombianos me permitió mantener la calma.

No voy a mentir: sí hubo presión, sobre todo en redes sociales. No tanto política, pero sí mediática y emocional.

Quiero aprovechar para decir algo que llevo diez años queriendo expresar, y esta es la primera oportunidad que tengo para hacerlo. Siento que los niños fueron, y lo digo con cuidado, aunque la palabra es fuerte, instrumentalizados para la defensa de una causa política. Sí. Porque, finalmente, después de lograrse el reconocimiento de la adopción igualitaria, los niños fueron olvidados. El olvido actual de la problemática de la orfandad confirma que fueron utilizados como argumento y luego abandonados.

¿Podría profundizar un poco más en eso?

Lo digo de manera contundente porque es necesario poner los puntos sobre las íes. La igualdad era una bandera fundamental de la comunidad LGBTIQ+, y con razón. Pero, una vez se logró esa igualdad, los niños quedaron en el olvido. Si realmente la causa era la orfandad infantil, entonces todos debíamos aceptar que las parejas homosexuales eran un medio para garantizar el derecho a tener familia, no el fin en sí mismo. Por eso utilizo la palabra “instrumentalización”: porque la causa original era eliminar la orfandad.

Usted menciona que los niños fueron “instrumentalizados” para avanzar en la causa de la igualdad. ¿Cree que, del otro lado, los opositores de la población LGBTIQ+, también utilizaron a los niños como argumento, por ejemplo, al usar el discurso de que los niños supuestamente serían “homosexualizados”, que tuvo tanta resonancia en ese momento? ¿Cómo evalúa la responsabilidad de los distintos actores en ese debate que usted plantea?

Claro. Creo que esa crítica también se aplica al otro lado. En esa época se decía que las adopciones por parejas del mismo sexo iban a “homosexualizar” a los niños, y aún seguimos escuchando esas ideas. Pero, del otro lado, tampoco se propusieron mecanismos reales para ayudar a los niños huérfanos. Totalmente de acuerdo y te agradezco ese comentario. Reitero: toda la sociedad fue hipócrita. Los opositores, al no generar soluciones para la orfandad, y también algunos dentro de la comunidad LGBTIQ, al no continuar con la causa después de la sentencia. Esa decisión judicial era el “cuarto de hora” de Colombia para poner en primera línea el problema de la orfandad. Era la oportunidad de avanzar hacia su erradicación.

¿Cuáles cree usted que han sido los efectos positivos más importantes que se pueden destacar de esa sentencia?

Primero, cada niño adoptado por una pareja del mismo sexo. De alguna forma siento que soy el padrino de esos niños, porque verlos felices, creciendo en familia, me hace muy feliz. Y segundo, desde la perspectiva política, la sentencia, una de las más importantes de la Corte Constitucional, permitió algo fundamental: alcanzar acuerdos en medio de la polarización.

Esa polarización que mencionabas al inicio sigue vigente, pero la pedagogía constitucional muestra que no tenemos por qué rivalizar a partir de las diferencias, sino aprender a convivir con respeto y pluralismo. El segundo logro fue jurídico, porque consolidó la igualdad y el pluralismo como principios concretos. Recordemos que la causa tenía dos caras: los derechos de la población LGBTIQ+ y los derechos de los niños. El tercer efecto fue poner en evidencia el drama de la orfandad infantil en Colombia, una tarea aún pendiente.

¿Cuál sería el balance después de estos diez años?

Mi balance personal es un poco agridulce. Por un lado, logramos una sentencia histórica, y los reconocimientos son muchos. Eso da satisfacción, pero no plena. ¿Por qué agridulce? Porque, aunque conseguimos una decisión trascendental a nivel jurídico y político, el gran propósito de eliminar la orfandad en Colombia quedó inconcluso.

Y al ver que nadie continuó con esa bandera, desanima un poco. Humanamente es imposible sostener una causa así por tanto tiempo. Desde el punto de vista académico, esta experiencia deja una invitación a las universidades: promover los ejercicios clínicos del derecho, conectar la academia con la sociedad mediante acciones judiciales.

Y, en lo social, el balance sigue siendo positivo: se avanzó en igualdad, se consolidó el pluralismo y, sobre todo, se demostró que el derecho puede transformar la realidad cuando se usa con responsabilidad.

*Esta entrevista hace parte del especial periodístico “Diez años de hogares diversos: las historias detrás de la adopción igualitaria en Colombia”, para consultarlo puede hacer click aquí.

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