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“Nuestros cuerpos son como lienzos que llevan grabada nuestra historia, un testimonio de la vida que hemos vivido”, escribió la antropóloga forense Sue Black en su libro “Escrito en los huesos”. Los cuerpos guardan historias. Una cicatriz que recuerda una caída en la infancia. Cada marca, la forma de caminar, de vestir, los cambios que una persona hizo sobre su cuerpo, los afectos que tuvo y hasta los lugares que frecuentó hablan de quién fue en vida. Hablan de sus sueños, de sus dolores, de sus relaciones y de su identidad. Pero no todas las personas tienen garantizado que esa historia sea escuchada y respetada después de su muerte.
Para muchas personas con experiencia de vida trans, la lucha por el reconocimiento de su identidad no termina cuando mueren, porque históricamente han enfrentado una forma particular de borramiento. Algunas fueron expulsadas de sus hogares, rechazadas por sus familias o invisibilizadas por las instituciones mientras estaban vivas. Pero además, tras su muerte, su identidad vuelve a ser negada. Sus nombres no aparecen en los registros, incluso durante las ceremonias fúnebres. Sus trayectorias quedan reducidas a una clasificación biológica que no alcanza a explicar quiénes fueron.
“Hay una deshumanización y una violencia muy fuerte contra el derecho a la identidad de género”, detalla Matilda González Gil, líder de la estrategia Búsqueda Igualitaria de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), a El Espectador. La abogada recuerda casos recientes de mujeres trans a quienes sus familias ordenaron cortarles el cabello antes de la inhumación. Otros en los que se retiraron implantes para modificar la apariencia del cuerpo. “Toda una vida peleamos por ser quienes somos y que en el momento de la muerte se desdibuje todo eso que peleamos en vida, pues es muy triste y nos quita la dignidad humana”, dice.
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Por ello, la búsqueda de una persona desaparecida también consiste en impedir que su historia y memoria sean borradas. Con esa preocupación de fondo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) presentó esta semana el “Lineamiento de Identificación Biocultural de Personas Trans y Género Diversas”. Una herramienta pionera en Colombia y a nivel internacional, al reconocer que la identidad de las personas con experiencia de vida trans desaparecidas debe ser respetada en vida y después de su muerte. Su propuesta cuestiona una de las bases sobre las que históricamente se han construido las investigaciones forenses: la idea de que un cuerpo puede explicarse únicamente desde la biología.
“Las personas trans no somos únicamente la violencia que nos ocurrió al momento de morir, porque esa es otra tendencia: vernos solo como víctimas. Hay una humanización de ese proceso forense cuando nos reconocen más allá de la violencia y reconocen qué vida nos gustaba vivir, qué sueños teníamos, cuáles eran nuestros placeres, qué nos gustaba, cuáles eran nuestros hobbies, qué profesión queríamos tener”, aclara González.
En conversación con este diario, Paola Becerra Castro, líder del lineamiento y coordinadora de la estrategia Búsqueda Igualitaria de la UBPD, explica que buena parte de las ciencias forenses partieron de preguntas binarias, relacionadas con la genitalidad, la anatomía o las características óseas de una persona para poder identificarla. Con esta propuesta, se plantea ampliar esa perspectiva, preguntarse por la historia detrás y triangular esa información. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo se identificaba? ¿Qué relaciones construyó? ¿Quiénes la amaban? ¿Qué huellas dejaron en ella el conflicto armado, la discriminación o la violencia?
“Es hacer como una autopsia biográfica y psicológica de la persona, no solamente para entender las condiciones de su desaparición, sino también para entender quién era la persona, para honrarla y para hacer un reconocimiento de su memoria de quién era la persona en vida”, afirma. Para ella, es la primera vez que se está incorporando un método científico para visibilizar estas experiencias diversas desde lo humanitario y lo institucional.
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Además, respondería a una deuda sobre el reconocimiento de las víctimas LGBTIQ+ en el conflicto armado y las violencias que las han afectado de manera desproporcionada, que hasta 2024 llegaba a la cifra de más de 6.000 personas, según la Unidad para las Víctimas. “Con el lineamiento podemos empezar a visibilizar el problema, no desde una solicitud de búsqueda, sino a partir de cuerpos no identificados que nos empiecen a dar pistas y nos empiecen a contar la historia de la violencia contra personas LGBTIQ+, que por lo general no están identificadas en la solicitud de búsqueda”, sostiene González.
Y es que el Informe Final de la Comisión de la Verdad reportó que las violencias que enfrentaron las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas incluyen desplazamientos forzados, exilios, violencia sexual y asesinatos. Muchos de ellos motivados por prejuicios relacionados con su identidad y cometidos con altos niveles de sevicia. No obstante, organizaciones de derechos humanos alertan que aún existe un subregistro a nivel institucional sobre este tema y que tampoco hay datos específicos sobre los crímenes que padecieron.
“Los patrones de violencia ayudan a comprender el riesgo que corría la persona, el ocultamiento, las condiciones de desaparición. La disposición del cuerpo nos va a dar muchas veces un mensaje porque estos actores, cuando actúan por prejuicio, quieren aleccionar a la población, a la comunidad, y dejan mensajes en el cuerpo”, dice Becerra. Por su parte, González agrega que además del cuerpo, el seguimiento a sus historias permite dimensionar otras formas de violencia por prejuicio: “hay un montón de pruebas que hablan de quemar cuerpos o quemar casas de personas LGBTIQ+. Ese exceso de violencia sobre los cuerpos necesita ser leído”.
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Más allá de las violencias, esta forma de búsqueda “biocultural” también reivindica y reconoce el rol de las “familias sociales”, otra de las complejidades en la historia de la población diversa que las instituciones han ignorado y que genera vacíos en el rastreo de quiénes eran, en la reclamación de sus cuerpos y en el duelo de sus seres queridos. “La pregunta también era cómo se buscan las personas LGBTIQ+, porque la historia hegemónica nos dice: pones la solicitud y empieza la investigación. Pero también nos ha enseñado que en Colombia hay unas vidas que valen más que otras. Hay una jerarquía, hay unas vidas que merecen más duelo que otras. Entonces, no necesariamente esas personas van a ser tan buscadas ni se les permite el duelo a las familias sociales”, agrega González.
Por ejemplo, una mujer trans puede haber sido reportada por su familia social con el nombre que la identificaba, mientras una familia consanguínea la sigue buscando bajo el nombre asignado al nacer. En estos casos, el lineamiento reconoce este tipo de familias: parejas, amistades, madres trans, redes comunitarias y personas cercanas que son quienes conservan información esencial sobre la identidad, los hábitos, los afectos y las circunstancias de su desaparición.
Su inclusión tomó como referencia una decisión reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Leonela Zelaya, una mujer trans asesinada en Honduras. En enero de este año, el tribunal amplió el concepto de familia para reconocer también los vínculos construidos por fuera de los lazos consanguíneos o legales. Entre ellos, la relación de Leonela con su pareja, Thalía Rodríguez. La decisión partió de una realidad compartida por muchas personas LGBTIQ+: la expulsión, el rechazo y las violencias que suelen atravesar los entornos familiares de origen.
“En vista de las condiciones de vida de las personas LGBTI, donde solemos ser expulsadas, violentadas de nuestras propias familias, de nuestros propios hogares, la Corte reconoce que construimos otras formas de familia. En este caso, lo hizo reconociendo no solo a Leonela Celaya como víctima, sino también a Thalía Rodríguez”, explicó en su momento Doris González, abogada litigante del caso de la Red Lésbica Cattrachas, en entrevista con este medio.
Así, con este nuevo lineamiento, la apuesta es muy grande. En un país que aún intenta reconstruir la historia de sus desaparecidos y el flagelo del conflicto armado, también queda pendiente reconstruir las historias que durante años no fueron registradas, escuchadas o siquiera consideradas posibles.
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