La violencia homicida contra la población LGBTIQ+ en la región ha experimentado un preocupante aumento del 5,5 % en 2023. Así lo reveló el último informe anual de la Red Sin Violencia, un grupo de diez organizaciones civiles dedicadas a documentar y velar por los derechos humanos de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas en Latinoamerica y el caribe.
Lea también: Cinco proyectos de ley que podrían afectar a mujeres y a la población LGBTIQ+
A pesar de que algunos países de la región han visto reducciones generales en sus tasas de homicidios y feminicidios, las cifras de agresiones letales contra personas queer siguen siendo alarmantes y han mostrado graves aumentos, detalla el documento de esta red. En 2023, se registraron un total de 364 asesinatos de personas LGBTIQ+ en diez países de la región. Los incrementos más notables se observaron en Ecuador, con un alarmante aumento del 144,4 % en las muertes violentas de personas LGBTIQ+, seguido por Perú con un 63,6 % y Guatemala con un 34,5 % en comparación con 2022.
Pero este aumento no ocurrió en todos los países, según las cifras reportadas en ese informe, lugares como México y República Dominicana presentaron descensos. Sin embargo, ante la poca información que se puede recolectar, está la incertidumbre de si realmente hay una disminución real de la violencia o una mayo invisibilización de estos casos. En el caso puntual de Colombia, el informe señala que hubo una “disminución modesta” en el número de casos, aunque se estima que fueron 159 asesinatos el año pasado.
¿A qué se debe este aumento de violencia en la región?
América Latina ha mantenido altas tasas de violencia generalizada durante la última década, y el crimen organizado se identifica como uno de los principales responsables de estos homicidios. En 2023, la tasa de homicidios se redujo considerablemente en algunos países, como El Salvador, Honduras, Perú y República Dominicana, mientras que en otros, como Colombia, Guatemala y México, la disminución fue mínima. No obstante, la violencia sigue afectando especialmente a las personas LGBTIQ+, quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a su orientación sexual o identidad de género.
El crimen organizado, la proliferación de armas de fuego y la debilidad de los sistemas de justicia en varios países son factores que contribuyen a la violencia generalizada en la región. En el caso de las personas sexo o género diversas, esta situación se ve exacerbada por el prejuicio y la discriminación, que siguen siendo impulsados por discursos de odio y políticas regresivas en algunos países, indica el informe de la Red Sin Violencia.
Las mujeres trans son las principales víctimas
De acuerdo con el informe, las mujeres trans continúan siendo las principales víctimas de la violencia homicida en la región. En países como Ecuador, Perú y México, las mujeres trans representan una proporción significativa de las víctimas. Esta violencia está relacionada, en muchos casos, con la participación forzada de estas mujeres en actividades criminales y con su vulnerabilidad socioeconómica, lo que las convierte en blancos fáciles de extorsiones y asesinatos.
Podría interesarle: Tehuel de la Torre: la primera condena por ‘transhomicidio’ en América Latina
En contraste, los hombres cisgénero gais y bisexuales, es decir, aquellos que se identifican con el sexo masculino que les fue asignado al nacer, son las principales víctimas en países como El Salvador, Guatemala y Colombia. Estos casos suelen estar relacionados con robos y ataques en domicilios, lo que sugiere que los agresores seleccionan a sus víctimas debido a su identidad de género u orientación sexual.
Efectos en la democracia y participación política
La violencia contra personas LGBTIQ+ no solo afecta a nivel individual, sino que también tiene un impacto colectivo, desmantelando vínculos comunitarios y limitando la participación política y social de estas personas. En varios países de la región, los defensores de derechos humanos pertenecientes a esta población enfrentan amenazas y ataques, lo que desincentiva la defensa de derechos y la construcción de la democracia.
En Guatemala, Honduras y El Salvador, la falta de medidas de protección ha expuesto a las personas queer defensoras de derechos humanos a un constante riesgo para su vida y su integridad. Asimismo, el informe de la Red Sin Violencia evidencia que los periodos electorales en la región han intensificado los discursos de odio y discriminación, promoviendo un mensaje social que refuerza la exclusión de estas personas.
Políticas de “mano dura” y militarización
A pesar de la disminución en las tasas generales de homicidios en el país centroamericano, el informe cuestiona la veracidad de las cifras oficiales y advierte sobre las consecuencias de la militarización de la seguridad ciudadana, que podría exacerbar la violencia contra las personas LGBTIQ+ y otras poblaciones vulnerables.
Lea: “La rabia es necesaria para poner límites”: Rebeca Lane, rapera feminista
En el documento se expone que la adopción de políticas de “mano dura” por parte de algunos Gobiernos de la región, como el de Bukele en El Salvador, representa un riesgo para los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Estas políticas, promovidas como soluciones rápidas a la inseguridad, han llevado a un aumento en las detenciones arbitrarias y abusos de poder, generando así un ambiente de temor generalizado y facilitando la impunidad.
El impacto de los fundamentalismos religiosos
En algunos países, los grupos fundamentalistas religiosos han aprovechado la crisis social y política para estigmatizar aún más a las personas LGBTIQ+. En Honduras, estos grupos han instrumentalizado la situación para consolidar su influencia y promover una agenda “antigénero”, mientras que en Perú han incrementado su presencia en el Congreso, formando alianzas con sectores de ultraderecha que se oponen al reconocimiento de los derechos LGBTIQ+, como el denominado movimiento “Con mis hijos no te metas”.
La Red Sin Violencias presenta una serie de recomendaciones para que los Estados de la región implementen y se comprometan con los derechos de esta población. Entre los puntos claves de sus sugerencias, se destaca la necesidad de incorporar enfoques diferenciales por identidad de género y orientación sexual en las estrategias y políticas de seguridad, especialmente para proteger a quienes son defensores de derechos humanos.
En video: “Soy feminista por vocación y machista por cultura”: defensora del Pueblo
Específicamente para Colombia, el informe pide reactivar y fortalecer la Mesa de Casos Urgentes LGBTIQ+, presidida por el Ministerio del Interior, para atender los casos de violencia y riesgo inminente contra la vida de personas LGBTIQ+. También exhorta al Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias por Prejuicio de la Fiscalía a desarrollar informes públicos periódicos, Así como al Gobierno Nacional a desarrollar distintas estrategias que transformen los imaginarios sociales y dignifiquen la memoria de las víctimas LGBTIQ+ de violencia homicida y feminicida en todo el territorio.
*Con información de EFE