En solo tres meses, desde el regreso del presidente republicano al poder, una serie de órdenes ejecutivas y posturas oficiales han puesto en tensión los derechos de grupos poblacionales históricamente excluidos en Estados Unidos. Los discursos de la administración, centrados en la idea de “enemigos extranjeros”, y las acciones tomadas para no reconocer ni incluir a las personas diversas han impactado especialmente a la población migrante LGBTIQ+.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
El país norteamericano, que fue visto como referente en avances de garantías de derechos y escenario de luchas importantes en el reconocimiento de derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ahora muestra señales de retroceso. Personas que antes migraban de sus países en busca del conocido “sueño americano”, hoy se enfrentan a políticas que legitiman la violencia contra las personas LGBTIQ+ y discursos discriminatorios que generan persecución, especialmente entre quienes son migrantes.
Los expertos consultados por este diario señalan que, en los últimos meses, se ha evidenciado un fenómeno de flujo migratorio inverso, en el que personas extranjeras regresan desde Centroamérica y Norteamérica con la intención de volver a sus países de origen. Si bien aún no existen cifras específicas sobre el número de personas disidentes que están retornando, datos de Migración Colombia indican que, en la migración irregular que cruza por el Darién, en la frontera colombo-panameña, se identificó una dinámica migratoria de carácter inverso que se dirige de Panamá hacia Colombia.
También le puede interesar: Tome nota: los duros cambios en política migratoria de EE. UU. desde este viernes
Y es que este dato cobra sentido en el contexto de la actual ola de deportaciones en Estados Unidos. La política migratoria de “tolerancia cero”, implementada por la administración Trump, contempla la expulsión no sólo de personas que ingresaron de forma irregular, sino también de aquellas que llevan años en el país, pero que son objeto de investigación por tener órdenes de deportación previas, algún antecedente delictivo o por haber violado en algún momento la ley migratoria.
En entrevista con El Espectador, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo explicó que estas medidas no solo están dirigidas a personas latinas o extranjeras sin papeles, sino que han perfilado particularmente a personas afrodescendientes y LGBTIQ+. Afirmó que algunas personas, incluso con permisos temporales o estatutos de protección, han optado por esconderse ante el miedo de ser interceptadas por autoridades migratorias, sufrir algún tipo de violencia o ser deportadas.
Por otro lado, Castañeda advierte que esta situación ha empeorado especialmente para quienes viven con VIH o forman parte de la población trans. “Hemos estado en contacto con organizaciones LGBT en Estados Unidos, sobre todo en California y Florida, y lo que nos han reportado es que estas personas están siendo objeto de perfilamientos y detenciones específicas”, agregó.
Estas reclusiones arbitrarias y los perfilamientos aplicados por el gobierno no consideran el riesgo que implican las devoluciones a contextos de peligro para las personas migrantes y diversas. De acuerdo con los expertos consultados por este diario, en estos casos confluyen múltiples factores que las llevan a abandonar sus países de origen. Entre las principales causas están la expulsión del hogar, la búsqueda de un lugar donde puedan construir un proyecto de vida —generalmente en países con mayores garantías en derechos y protecciones—, así como motivos económicos, ya que esta es una vulnerabilidad constante a lo largo de sus vidas.
También huyen de la violencia, especialmente en contextos donde se criminaliza la homosexualidad o donde no tienen acceso a la justicia frente a amenazas del crimen organizado. Y, finalmente, por razones de salud: personas trans o que viven con VIH, que al no contar con acceso a tratamientos o acompañamiento hormonal, y enfrentar altos niveles de estigmatización, migran en busca de atención médica.
También le puede interesar: “Es hora de irse”: el mensaje que reciben migrantes en EE. UU. mediante CBP One
El regreso tampoco es seguro para migrantes LGBTIQ+
Pero la situación tampoco es segura para quienes emprenden rutas migratorias de regreso, huyendo de las políticas implementadas en Estados Unidos. Castañeda advierte que, desde la llegada de Trump, se cerraron todos los programas de asistencia migratoria dirigidos a personas LGBTIQ+ en todo el continente. Las oficinas de la administración, o vinculadas a ella, que ofrecían acompañamiento fueron desmontadas, dejando a muchas personas sin orientación ni apoyo para quedarse, regresar o continuar su camino de forma segura.
En entrevista con El Espectador, Raúl Caporal, presidente del Consejo de Casa Frida —uno de los refugios para las personas migrantes LGBTIQ+ más grandes de México—, explicó que la coyuntura política internacional ha impactado fuertemente a las organizaciones humanitarias en todo el mundo. Resaltó que la nueva administración de Donald Trump suspendió la ayuda internacional, que representaba cerca del 40% del total global, una decisión que afectó varios proyectos, incluidos aquellos relacionados con migración y derechos humanos. Dentro de este panorama, los programas más perseguidos y desfinanciados han sido los vinculados a la diversidad sexual, la identidad de género y protecciones para personas LGBTIQ+.
Según los expertos, agencias estadounidenses como USAID y el Departamento de Estado venían apoyando, en países de tránsito, iniciativas para acompañar de manera segura los procesos migratorios. Si bien el objetivo de estos programas era disuadir la migración hacia Estados Unidos, cuando las personas decidían continuar su camino, se ofrecía asistencia para que lo hicieran de manera regular y segura.
“Antes existían programas humanitarios en países como Colombia, Centroamérica y Brasil que brindaban alimentos, atención en salud y alojamiento. Todo eso desapareció. Hoy, las personas que migran o quieren regresar a sus países de origen están expuestas a una precariedad aún mayor”, resalta Castañeda.
Y es que esta falta de acompañamiento empeora la situación para las personas queer, quienes ya se enfrentan a agresiones motivadas por razones de identidad de género y orientación sexual en todas las etapas de su viaje. Desde Caribe Afirmativo advierten que estas personas viven situaciones específicas de abuso, como extorsiones económicas, con cobros diferenciados y desproporcionados por cruzar fronteras; personas obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de permisos provisionales en pasos fronterizos; y formas de esclavitud, en las que son forzadas a realizar trabajos inhumanos durante caminatas o traslados en tren.
También se han documentado casos de chantaje, donde los agresores amenazan con revelar la orientación sexual o identidad de género de las víctimas a sus familias si no acceden a sus demandas. Y, finalmente, se reportan redes de trata de personas operando en puntos críticos entre Guatemala y México, y en las fronteras de Baja California y Tijuana, donde la falta de protección deja a las personas LGBTIQ+ aún más expuestas.
También le puede interesar: Bukele, Maduro y la instrumentalización de los migrantes
Por último, Caporal afirma que la gran mayoría de las personas diversas que migran califican como sujetas de protección internacional, ya que sus razones de salida están ligadas a situaciones de extrema vulnerabilidad. Explica que este concepto, reconocido por el sistema de Naciones Unidas, se basa en cinco causales humanitarias: persecución, amenazas a la vida, la libertad o la integridad física, los conflictos armados y otras formas de violencia.
Amnistía Internacional señaló en sus declaraciones oficiales que, si bien Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene el derecho de regular la entrada y permanencia de personas no ciudadanas en su territorio, también está obligado, conforme al derecho internacional, a garantizar que sus leyes, políticas y prácticas no expongan a las personas migrantes ni a quienes buscan protección internacional a un mayor riesgo de sufrir violaciones a los derechos humanos.
Por Luisa Lara
