En los últimos meses, varios países han endurecido su postura contra los derechos LGBTIQ+, en lo que expertos señalan como parte de una “creciente ola de conservadurismo” que ya empieza a influir en la política global. Argumentados bajo discursos sobre la “protección de la infancia y la familia” o “seguridad nacional”, los gobiernos de Argentina, Georgia, Bulgaria, Estados Unidos y, más recientemente, Hungría, han implementado medidas que restringen abiertamente los derechos de esta población.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Entre las restricciones más recientes se encuentran la prohibición o limitación del acceso a tratamientos de reafirmación de género, la censura de contenidos sobre diversidad en las escuelas y medios de comunicación, la prohibición de manifestaciones públicas del Orgullo LGBTIQ+, el desconocimiento legal de la identidad de las personas trans y no binarias, entre otras. “Estas medidas no solo atentan contra los derechos fundamentales, también refuerzan narrativas que estigmatizan a la población, habilitando desde la institucionalidad espacios que aumenten el riesgo de discriminación, violencia y exclusión social” menciona Marco Castillo, abogado y activista por los derechos LGBTIQ, en entrevista con El Espectador.
Según los expertos en políticas internacionales y derechos LGBTIQ+, el avance de estas políticas en distintas regiones del mundo refleja una preocupante ola de retrocesos en materia de derechos humanos. Aunque cada país tiene particularidades en su legislación, el patrón común es la restricción de libertades bajo discursos conservadores que apelan a la protección de valores tradicionales.
Lea también:“Fue un crimen de odio, un transfeminicidio”, activistas sobre caso Sara Millerey
Frente a esto, Castillo comenta: “Los derechos de la población LGBTIQ+ se han convertido en un eje de disputa política. Muchos gobiernos conservadores no solo están revirtiendo políticas de inclusión y protección por razones ideológicas, sino que también lo hacen como una estrategia para desafiar a la izquierda y las agendas progresistas. Al restringir derechos y promover discursos excluyentes, convierten a esta población en chivo expiatorio dentro de una lucha ideológica”.
Bulgaria: prohibición de la “propaganda LGBTIQ+” en escuelas
El gobierno de Bulgaria aprobó en agosto de 2024 una enmienda a la “Ley de Educación” que prohíbe la enseñanza de “propaganda de orientación sexual no tradicional” en escuelas de primaria y secundaria. La iniciativa, presentada por el partido ultranacionalista y prorruso Resurrección, impide la promoción, difusión o discusión de ideas relacionadas con “orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad” o “identidades de género que no coincidan con el sexo biológico”, esta última haciendo referencia a las personas trans y no binarias.
Los legisladores que apoyaron la medida argumentaron que esta “refleja el espíritu de la Constitución de Bulgaria”, en la que se define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y afirmaron que la ley se alinea con los valores del cristianismo ortodoxo, la religión predominante en este país. Esta restricción refuerza el patrón de censura y exclusión de la población LGBTIQ+, amenazando a la libertad de cátedra, limitando el acceso a la educación y el conocimiento y fomentando la discriminación y estigmatización en ambientes escolares, explican analistas.
Lea también: Proyecto contra “terapias de conversión” fue aprobado en primer debate en Cámara
Georgia: ley “anti-LGBT”
En Georgia, el partido Sueño Georgiano lideró la ley “anti-LGBT”, un conjunto de normativas altamente restrictivas que atacan desde diferentes aristas a la población diversa del país. La legislación limita el reconocimiento legal de parejas del mismo sexo y de personas con identidades de género diversas, además de plantear restricciones a la representación de personas LGBTIQ+ en medios de comunicación, limitando la visibilidad de personajes y narrativas diversas.
Concretamente, quedan prohibidos el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el acceso a tratamientos de reafirmación de género, la modificación marcadores de género en documentos de identidad y la enseñanza en escuelas de temas relacionados con diversidad sexual e identitaria.
El proyecto de ley generó gran controversia. Aunque fue aprobado por el parlamento, la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, se negó a firmarlo. Ante esto, el presidente del parlamento asumió la facultad de sancionarlo, convirtiéndolo en ley.
Carlos Quesada, director de Race and Equality, en entrevista con este diario, explica: “El caso de Georgia es particular porque su presidenta apoya la integración con Europa y sabía que aprobar esta ley tendría un costo político. La Unión Europea tiene una política de protección de los derechos LGBTIQ+ como parte de sus criterios de adhesión, por lo que esta legislación podría afectar el ingreso de Georgia al bloque”.
Argentina: restricción a los tratamientos de reafirmación de género y hormonización en menores de edad
Históricamente, Argentina ha sido considerado un país pionero en los derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, gracias a la Ley de Identidad de Género (la primera en el mundo en reconocer el cambio de nombre, el marcador de género basado en la autoidentificación y garantizar el acceso a la salud integral para las personas LGBTIQ+). Sin embargo, en marzo de este año, el gobierno de Javier Milei anunció modificaciones a la normativa para restringir el acceso de menores de edad a tratamientos hormonales y cirugías de reafirmación de género.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, en el país hay cerca de 196,956 personas que no se identifican con el género adjudicado al nacer. El 29% de esta población es menor de 17 años y se vería directamente afectada por las nuevas directrices ya que, según el decreto publicado en el Boletín Oficial, las intervenciones de reafirmación de género ya no serán posibles a partir de los 16 años con autorización de los padres -como se anunciaba antes de la modificación- y solo estarán permitidas para mayores de edad.
Aunque el gobierno aseguró que los procedimientos aprobados antes de la modificación de la normativa no se verán afectados, surgen dudas sobre qué pasará con los menores de edad que quieran acceder al acompañamiento médico integral en el futuro y en qué condiciones las personas podrán acceder a estos servicios.
Lea también: Infancias trans: el rol de los médicos en su salud, identidad y bienestar
Darío Arias, secretario de ILGA LAC, en entrevista con El Espectador, manifiesta que las modificaciones a la Ley de Identidad Nacional mediante los decretos ejecutivos 61 y 62 de 2025 “son de una altísima gravedad institucional y lesionan derechos adquiridos, poniendo en riesgo a una de las poblaciones más vulneradas: la de les adolescentes y niñeses travestis y trans. De esta manera, coartan su derecho a la salud integral y el libre desarrollo de la personalidad. La medida viola tratados internacionales a los que Argentina está suscrita, y pone en peligro a estas poblaciones frente a una sociedad que discrimina y violenta”.
Los nuevos decretos también establecen que las personas privadas de la libertad deberán ser ubicadas según el sexo registrado al momento de la captura, disposición que podría exponer a las personas trans y no binarias a situaciones de violencia y discriminación dentro de las cárceles, asegura el experto.
Estados Unidos: la ofensiva de Trump contra los derechos trans
Tras el anuncio en su primer discurso como presidente de Estados Unidos de que “para el gobierno de Estados Unidos solo hay dos sexos: masculino y femenino”, el gobierno de Donald Trump ha impulsado una serie de medidas que restringen la protección legal de los derechos de las personas trans y no binarias en ámbitos como la identificación en documentos oficiales, el acceso a atención médica, la participación en competencias deportivas.
Las nuevas disposiciones impulsadas por la administración de Trump refuerzan el desconocimiento de la identidad de las personas trans y no binarias, limitando sus derechos en distintos ámbitos. Entre estas medidas, se establece que la identificación en pasaportes y documentos oficiales debe basarse en el sexo asignado al nacer, eliminando el marcador de género “X” y negando a personas no binarias y trans la posibilidad de contar con documentos que reflejen su identidad de género.
Además, en el sistema penitenciario, se ordena que la clasificación y ubicación de las personas privadas de libertad se haga según su sexo asignado al nacer, nuevamente, ignorando su identidad de género y exponiéndolas a un mayor riesgo de violencia en prisión, señalan los analistas. Por otro lado, anunció la prohibición del uso de fondos federales para tratamientos médicos de reafirmación de género, restringiendo el acceso a terapias hormonales y cirugías de reasignación para las personas encarceladas.
Paralelamente, Trump ha firmado órdenes para eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés) en agencias federales como USAID y ha revocado el derecho de las personas trans a servir en el Ejército. Por otra parte también ha implementado restricciones que excluyen la participación de mujeres trans en categorías deportivas femeninas.
Lea también: Derechos migratorios que las personas trans deben conocer antes de viajar a EE.UU.
Frente a esto, Amaral Arévalo, investigador asociado del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos, en entrevista con este diario, explica que las políticas excluyentes de Estados Unidos, pueden tener una gran influencia a nivel regional y global. “La influencia de países cómo Estados Unidos puede generar un efecto de arrastre, que lleve a países que ya se estaban manifestando ligeramente en contra de las políticas de inclusión, a tener restricciones más abiertas que afecten el desenvolvimiento de políticas en pro de la población LGBTIQ+”, señala.
Hungría: prohibición de las marchas del Orgullo
Dentro de los casos más recientes, el Parlamento húngaro aprobó el pasado 18 de marzo, una ley que prohíbe las celebraciones del Orgullo en espacios públicos y endurece las restricciones contra la visibilidad de la población LGBTIQ+. La medida, impulsada por el partido gobernante Fidesz, refuerza la línea conservadora del gobierno, que en los últimos años ha implementado normativas dirigidas a limitar los derechos de esta población.
La ley amplía las restricciones impuestas en 2021 con la llamada “ley de propaganda”, que ya prohibía la representación de la diversidad sexual en contenidos dirigidos a menores. Ahora, además de impedir la realización de marchas del Orgullo en espacios públicos, se establecen mayores controles sobre eventos y actividades relacionadas con la diversidad sexual.
La Comisión Europea ha cuestionado la nueva legislación húngara en múltiples ocasiones y advierte que tomará acciones contra este país por atentar contra los valores fundamentales de la Unión Europea.
¿Qué se puede esperar para el futuro de los derechos LGBTIQ+?
A pesar del desalentador panorama que pueden dejar estas medidas a nivel mundial, los expertos consultados coinciden en que la veeduría y presión por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos es fundamental, y se deben acompañar las iniciativas de resistencia locales y regionales.
“En los países donde hay retrocesos y amenazas es fundamental fortalecer lo local y lo subnacional para crear un dique de contención, un escudo ante los efectos negativos de estas políticas. De la mano de esto, el rol de las organizaciones internacionales es acompañar, fortalecer y visibilizar los esfuerzos locales para que nuestras voces sean escuchadas y las vidas sean respetadas”, concluye Darío Arias.
Por Valentina Guerrero Rojas
