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La reciente controversia en torno a la financiación de una “ópera trans” en Colombia por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pone en evidencia la tensiones entre la misión de ayuda humanitaria y cooperación internacional de este organismo y la agenda antigénero que el gobierno de Donald Trump está implementando. El endurecimiento de su postura contra las políticas de diversidad y el cuestionamiento del uso de recursos federales para proyectos que promueven la inclusión, suscita preocupaciones sobre la supervivencia de las organizaciones que trabajan por la población LGBTIQ+ en el país.
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El pasado 3 de febrero, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, criticó públicamente la inversión de 47.000 dólares por parte de USAID en la producción de una “ópera trans”. Leavitt afirmó que “como contribuyente estadounidense, no quiero que mis dólares se destinen a esta porquería”, refiriéndose a este y otros proyectos financiados por USAID que, según ella, “representan un derroche de recursos”. La ópera en cuestión, titulada “As One”, se presentó en marzo de 2022 en el Teatro Libre de Chapinero en Bogotá y fue un proyecto artístico que buscaba visibilizar las experiencias de la población trans y generar espacios de diálogo sobre la identidad de género.
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Durante años, USAID ha sido un actor clave de cooperación internacional en el fortalecimiento de la paz, el cuidado del medioambiente y los derechos de poblaciones vulnerables en Colombia, incluyendo las personas LGBTIQ+. A través de diversas iniciativas, fondos, proyectos y financiaciones, la agencia ha trabajado en programas de equidad laboral, justicia territorial, capacitaciones en derechos humanos y fomento cultural que buscan generar espacios seguros con un foco hacia el desarrollo socioeconómico.
Sin embargo, a dos semanas de la posesión presidencial, el gobierno de Trump ordenó una pausa de 90 días en todo lo relacionado a ayudas y financiamiento exterior que realizaba USAID, mientras se evalúa “la eficacia y la coherencia con su política exterior”. La suspensión de ayuda internacional de Estados Unidos genera incertidumbre para las organizaciones humanitarias y de cooperación en Colombia ya que muchas dependen financieramente de estas ayudas para poder garantizar la continuidad de los programas.
Programas de USAID que beneficiaban a Colombia
El Espectador identificó al menos 66 categorías de programas sociales beneficiarios de la cooperación, ayudas y financiamiento de USAID en Colombia. Los principales ejes de trabajo de dichos programas incluyen temas de migración, lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad, equidad de género, atención a la infancia, apoyo a la población LGBTIQ+ y, fundamentalmente, la implementación del Acuerdo de Paz.
De forma general, la agenda de género y diversidad que esta agencia estadounidense tenía en el país hasta hace unos días incluía programas orientados a: la erradicación de la violencia de género; la creación de empleo y oportunidades para mujeres; legalización de tierras; el fomento del emprendimiento para mujeres, comunidades étnicas, campesinas y jóvenes; la protección y acompañamiento a madres migrantes; así como programas de investigación, mapeo y reconocimiento del liderazgo LGBTIQ+ en diversas regiones del país, y su rol dentro de los procesos de paz.
Igualmente, a través de convocatorias para recursos, diversas organizaciones sociales e instituciones se han beneficiado de la ayuda de USAID para el desarrollo de proyectos e investigaciones específicas. Este es precisamente el caso de “As One”, ya que dicha presentación artística surgió a raíz de una financiación otorgada a la Universidad de Los Andes para proyectos que buscaran generar conciencia y visibilizar a la población trans. Dentro de esta categoría de cooperación internacional también se enmarca el trabajo de recolección y monitoreo de violencias basadas en género y contra la población LGBTIQ+, llevado a cabo por organizaciones como Caribe Afirmativo, Colombia Diversa o el funcionamiento de la Linea Salvavidas de prevención del suicidio, de la Fundación Sergio Urrego.
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Datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) revelan que, el año pasado, Estados Unidos proporcionó el 70% de toda la ayuda humanitaria que llegó a Colombia. Esta cifra equivale a más de 330 millones de dólares, y casi la mitad de los recursos fueron otorgados por USAID. De esta manera, la suspensión de ayudas de cooperación amenaza la supervivencia varias organizaciones en el país, muchas de las cuales dependen de estos fondos para sus programas de defensa de derechos humanos y la diversidad.
Agenda antigénero
Desde su posesión como mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump ha tomado decisiones contundentes para desfinanciar y arremeter contra la población LGBTIQ+ y los derechos de las mujeres. Lo que comenzó como una mención durante su discurso de investidura, ya tiene un impacto radical en los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) del gobierno estadounidense, dentro y fuera del país.
Medidas como la firma de varias órdenes ejecutivas inmediatas, que solicitaban a los empleados federales, especialmente a los que hacían parte de programas DEI, su renuncia formal y desalojo de sus puestos de trabajo a cambio de una indemnización equivalente a ocho meses de salario, tenían el objetivo de reestructurar libremente los cargos en las entidades estatales y reducir una tercera parte del presupuesto federal. Se estima que se trataría de cerca de 2.3 millones de empleos y la medida fortalecería instituciones como el ejército, mientras que otras agencias reducirían su fuerza laboral y su presupuesto.
No obstante, los intentos del gobierno Trump por eliminar los programas DEI no solo afectan al sector público. Su clasificación oficial y federal como programas “ilegales” congela la creación, evaluación y promoción de empleos y oportunidades laborales, incluso en organizaciones del sector privado, para personas de poblaciones históricamente excluidas por razones de género, raza u orientación sexual. Esta medida se sustenta en las declaraciones del mandatario estadounidense, quien expuso que el “nuevo pilar de Estados Unidos iba a ser la meritocracia”, anulando una política de inclusión de más de 60 años de antigüedad que impedía que los contratistas del gobierno discriminaran.
Por otro lado, desde que llegó a la Casa Blanca, Trump ha hecho varias declaraciones que apuntan hacia la invisibilización de las personas trans, como, por ejemplo, que para su gobierno solo existen dos géneros (masculino y femenino), lo que se ha reforzado por medidas y restricciones hacia la población trans y no binaria de Estados Unidos.
Entre las medidas más controvertidas se encuentran la exclusión oficial de personas trans del ejército de EE.UU., la aprobación en la Cámara de Representantes (de mayoría Republicana) de un proyecto de ley que restringe la participación de atletas trans en categorías femeninas en competencias deportivas que reciban financiamiento federal, la restricción en el acceso a tratamientos de afirmación de género en menores de 19 años y el congelamiento de solicitudes de pasaportes para personas trans y de identidades de género diversas.
Asimismo, en los últimos días tambien se firmaron varias ordenes ejecutivas para frenar el financiamiento federal a procesos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), dentro de EE.UU. y en el extranjero, lo que podría constituir una barrera adicional para el acceso a servicios de aborto. A la fecha, al menos 23 de los 50 estados que conforman el país tienen prohibido o severamente restringido este servicio de salud reproductiva.
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Como explica Fanny Gómez-Lugo, directora sénior de programas de investigación y promoción del Women’s Equality Center, este nuevo periodo presidencial de Trump no solo abre la posibilidad de una prohibición total del aborto, sino que también marca el inicio de un camino hacia el “Global Gag Rule”, mejor conocida como la Política de Ciudad de México. Esta medida prohíbe que las organizaciones extranjeras que reciben fondos del sistema de asistencia sanitaria global de Estados Unidos, como por ejemplo USAID, puedan brindar información, redireccionar o abogar sobre el acceso a los servicios de aborto en sus comunidades.
Además, el gobierno Trump prohibió la exhibición de las banderas del orgullo LGBTIQ+ y la del movimiento “Black Lives Matter” en misiones nacionales e internacionales oficiales de Estados Unidos. Como advierte Dorian Kantor, experto en política interna y exterior de EE.UU, el discurso y políticas del presidente Trump podrían impulsar movimientos anti-LGBTIQ+ con fuertes influencias religiosas o conservadoras, tanto a nivel local, como global.
¿La puesta en marcha del “Proyecto 2025″?
Las fuentes consultadas por este diario coinciden en que esta postura, cada vez más hostil y directa hacia los programas de diversidad, equidad e inclusión, así como otras acciones encaminadas a proteger los derechos de poblaciones históricamente vulnerables, como las personas trans, son clara muestra de la puesta en marcha del Proyecto 2025, un documento de 922 páginas que establece una agenda ultraconservadora para los Estados Unidos y, por consiguiente, para su política exterior.
Detrás de este proyecto se encuentra la Heritage Foundation, una organización conservadora estadounidense que desde la década de 1970 ha trabajado para y con el Partido Republicano. Se dedica a promover valores sociales conservadores, como la familia tradicional y la oposición total a temas de derechos sexuales y reproductivos o de diversidad sexual. Además, cuestionan la existencia del cambio climático y busccan reformar la política exterior intervencionista estadounidense a nivel global.
Como informó anteriormente El Espectador, los cuatro objetivos principales del plan son: “Restaurar la familia como la pieza central de la vida estadounidense y proteger a nuestros niños; desmantelar el estado administrativo y devolver el autogobierno al pueblo estadounidense; defender la soberanía, las fronteras y la riqueza de nuestra nación contra las amenazas globales;y garantizar nuestros derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente, lo que nuestra Constitución llama ‘las bendiciones de la libertad’”.
El Proyecto 2025, en particular su capítulo de “Mandato para el liderazgo”, describe cambios significativos para USAID. Esta nueva visión sobre el accionar y funciones de esta agencia “refleja un cambio ideológico más amplio en la forma en que EE.UU se involucra en el desarrollo global”, explican desde la Fundación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
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Y aunque el presidente Trump ha afirmado en diversas ocasiones que ni él ni su plan de gobierno están relacionados con la agenda del Proyecto 2025, el congelamiento de los fondos y programas de USAID podría ser un reflejo de que dicho proyecto está, efectivamente, en marcha, según advierten algunos analistas. De hecho, varios integrantes del actual gabinete de Trump incluyendo su jefe de prensa, integraron la Heritage Foundation y este Think-tank ultraconservador.
Hace unos días se hizo público que Leavitt protagonizó varios videos de entrenamiento o socialización del Proyecto 2025 incluyendo el programa de capacitación “Gobierno Conservador 101″ y un video titulado “El arte del profesionalismo”. En este último, ella habla de sus experiencias trabajando en la Casa Blanca de Trump durante su primer mandato y ofrece “orientación” a los posibles futuros miembros de una administración conservadora sobre cómo mantener felices a sus jefes.
Los cambios que en las últimas semanas empezaron a entrar en vigencia, como la suspensión de ayudas económicas, se alinearían con el objetivo de acabar con esta agencia federal y pasar sus funciones y poder directamente al Departamento de Estado, lo cual permitiría reducir su enfoque hacia cuestiones sociales como la diversidad y el género. Un cambio que, según los expertos consultados, podrían convertir la asistencia humanitaria ofrecida por EE.UU en una herramienta puramente geopolítica y no una iniciativa orientada al desarrollo.
Por Redacción Género y Diversidad
