A Mateo Rodrigo Solares lo llevaron a once psicólogos. Uno tras otro, todos con el mismo encargo: convertirlo en “una mujer normal, hecha y derecha, que algún día se va a casar de blanco y va a ser madre”, recuerda. Pero ninguno lo consiguió, porque la identidad de género no se puede imponer. En ese momento no tenía claro eso, y mucho menos que años después sería uno de los litigantes del primer matrimonio igualitario autorizado en su país, junto a la organización en la que hoy trabaja.
Tiene 39 años, pero dice que apenas lleva 16 viviendo. Los cuenta desde el día en que pudo cambiar el nombre en su documento de identidad boliviano. No fue un proceso sencillo. Nació en 1987 y, por entonces, en Bolivia apenas se hablaba de hombres gais y de mujeres lesbianas. No había referencias de personas trans en la televisión ni en los medios de comunicación, ni tenía a nadie cerca que hubiera experimentado algo parecido. Aun así, sabía que era un hombre.
Muy joven y con poco apoyo, se fue a estudiar psicología a Argentina. Allí, en un país que le pareció más avanzado en materia de derechos, al menos en estos temas, hizo su transición. Y desde allá, a distancia, empezó el trámite de cambio de nombre en sus documentos de identidad. Tardó cinco años en conseguir que su carné dijera “Mateo”, el nombre con el que sí se sentía reconocido.
Lo logró, en parte, por suerte. La jueza que autorizó el cambio tenía en su familia un caso parecido y entendió lo que él estaba exigiendo. Al resto, calcula, le iba distinto: “al 99 % de personas le decían que no”, cuenta a El Espectador. El no querer que otras personas trans quedaran sujetas a la suerte, a que les tocara o no un juez capaz de comprender su caso, llo llevó a estudiar derecho. Una profesión que pronto le serviría para estar detrás de grandes litigios a favor de las personas LGBTIQ+.
(Le puede interesar: “Operación Macondo”: el juez que se adelantó al matrimonio igualitario en Colombia)
La organización a la que llegó buscando asesoría para el cambio de nombre fue la misma que, poco después, se sumó a la lucha por la Ley de Identidad de Género. Esa vez, Mateo participó directamente como uno de los impulsores del proyecto. La norma se aprobó en 2016 y permitió a las personas trans bolivianas cambiar su nombre y género en sus documentos. Hasta 2024, el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) contabilizaba 670 trámites “para registrar el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen”.
“Antes de la ley, alrededor de 20 personas, entre ellas yo, habíamos logrado hacer el cambio de nombre a través de un proceso judicial. No había otra forma de modificar los nombres o el marcador de género. Era un juez decidiendo quién ibas a ser vos el resto de tu vida”. La comprobación, recuerda, pasaba por tratos humillantes. “Había casos de jueces que decidían: ‘Bueno, a ver, se tendría que bajar el pantalón para ver qué es lo que tiene entre las piernas, para ver si le cambio el nombre o no’. O era obligatorio que ya se tuviera alguna cirugía o algún proceso de hormonización”, afirma.
Desde que se aprobó esta ley, la población trans ya no está sometida a este tipo de comprobaciones adicionales, sino solo a la autodeterminación de su género, sin necesidad de acreditar cirugías, tratamientos hormonales o evaluaciones médicas.
(También puede leer: Amores, luchas y derechos: así conquistaron el matrimonio igualitario en Colombia)
Aún así, por su sensibilidad con estos temas, Mateo acaba de protagonizar un nuevo hecho histórico: litigar por el primer matrimonio igualitario en Bolivia. Como coordinador nacional de la ONG Igual, viajó a dar un taller a Santa Cruz —la ciudad más conservadora del país, según la describe— para ayudar en la actualización de normas. Ahí conoció la historia de dos mujeres que llevaban más de cuatro años intentando ser reconocidas como un matrimonio.
El hecho es que desde el año 2020 Bolivia permite la unión libre entre parejas del mismo sexo, pero el matrimonio igualitario sigue sin estar reconocido. Si bien ambas figuras otorgan, en teoría, los mismos derechos, el peso simbólico y jurídico del matrimonio es diferente.
“Las chicas nos contaron toda su historia, que es muy linda. Porque una de ellas es nieta del último dictador que hubo en Bolivia”, cuenta Mateo. Se refiere al dirigente de un gobierno militar de los años 70’s que emprendió una presunta persecución sistemática contra la población LGBTIQ+. “Él estaba completamente en contra y les hacían barbaridades: les detenían y arrestaban sin ninguna causa, les metían presos, les torturaban. Por eso ella dice que de alguna manera quiere reivindicar todo ese daño que su abuelo ha hecho con toda nuestra población. Imagínate qué fuerte que su nieta sea una de las personas con las que él estaba tan incómodo. Y que además va a ser un referente en la historia del país”, añade.
Un proceso que, por cierto, tuvo tropiezos. “Era muy triste leer las respuestas que nos daba el SERECÍ, cosas como que lo normal no es esto, sino hombre y mujer. Que obviamente a nosotros nos ha servido mucho para argumentar y ganar el caso, porque era claramente discriminatorio, pero para ellas era doloroso leer ese tipo de cosas”. Y añade que lo más duro para ellas era leer que su familia no era aceptada. Aún así aguantaron cuatro años, un desgaste que, en su criterio, ninguna pareja debería atravesar.
La última audiencia fue el 13 de marzo y la ganaron. La resolución constitucional 079/2026, de la Sala Constitucional Primera de La Paz, les abrió el camino a estas dos mujeres, que tras dos amparos, largos trámites y una negativa tras otra lograron ser reconocidas como un matrimonio.
La pareja se casó este viernes 7 de agosto, mientras caía el sol sobre La Paz. Un hecho que no cambia la ley boliviana, pero deja un precedente favorable para otras uniones y que, como dice el abogado, espera que en algún momento se vuelva tan común que no quede más que convertirlo en ley.
Esta entrevista se realizó en el marco del 4º Encuentro Regional de la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas, donde Mateo recordó una promesa que realizó hace 10 años. “El día que se aprobó la Ley de Identidad de Género. Lloramos, nos abrazamos, no podíamos creer lo que estábamos viviendo. Y me acuerdo que abracé a un compañero gay, que es activista también, y le dije: bueno, ahora no voy a descansar hasta lograr el matrimonio. Era como decirle: ‘tú nos has ayudado a las personas trans y ahora yo voy a ayudar a que las parejas del mismo sexo también tengan su derecho reconocido’. Y mira, realmente lo hice. Le estoy cumpliendo la promesa”, comenta.
(También lea: La historia de amor del primer matrimonio entre mujeres de América Latina empezó en Colombia)
De hecho, fue justo en esa reunión donde también reflexionó sobre el momento que atraviesa el movimiento por los derechos LGBTIQ+. “No está siendo fácil para muchos, pero nos tenemos a nosotros. Los tiempos son cíclicos. Vendrán nuevas conquistas mucho más grandes también. Así que a seguir adelante”, concluye.
Este hecho histórico llega cuando Bolivia registra niveles bajos de apoyo para esta población. Según la encuesta Global Advisor de Ipsos, realizada en 26 países, apenas el 31 % de los bolivianos respalda leyes que prohíban la discriminación contra las personas LGBTIQ+ en el empleo, la educación o la vivienda, muy por debajo del 52 % del promedio global. El apoyo al matrimonio igualitario es aún menor: solo un 13 % lo respalda.
🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.
✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.
Por Luisa Lara
