En el mismo auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco donde, hace tres años, siete excomandantes de las antiguas FARC-EP reconocieron crímenes atroces ante el país y miles de víctimas, este 1 de agosto se llevará a cabo la continuación de la Audiencia Pública de Verificación del Caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga los secuestros y otras privaciones de la libertad cometidas por esa guerrilla. Sin embargo, en medio del protocolo de la audiencia, se vivirá otro momento histórico: por primera vez, una persona LGBTIQ+ víctima del conflicto armado tendrá vocería directa ante el antiguo secretariado del grupo armado, ocupando un lugar que históricamente les ha sido negado a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Este momento, tan esperado por el país, marcará un antes y un después para las personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto. Porque, si bien este flagelo dejó durante décadas miles de muertes, desapariciones, secuestros y desplazamientos, hubo quienes, además de todo eso, soportaron el peso del prejuicio. Fueron perseguidas por existir y por no encajar en una sociedad que niega sistemáticamente la diversidad. Ese fue el caso de Andrés*, una de las 4.052 víctimas de secuestro acreditadas por la JEP en este macrocaso, y quien, durante el segundo día de audiencia, representará las voces de las personas LGBTIQ+ y mayores.
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Wilson Castañeda, presidente del Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y director de Caribe Afirmativo —la organización que presentó el caso de Andrés ante la JEP—, califica este momento como histórico. “El flagelo del secuestro, que se usó en Colombia para privar de la libertad a ciertas personas —bien fuera con la motivación de extorsión, de sacarle dinero a las personas— también tuvo otra motivación: silenciar políticamente a algunos actores. Y también se aplicó esta práctica delictiva hacia personas LGBTIQ+, para silenciarlas y reducir su impacto político en los territorios”, afirma en entrevista con El Espectador.
Andrés hablará ante los siete excomandantes de las FARC-EP —Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Jorge Torres Victoria, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda—, junto a representantes del Estado, la justicia transicional y la sociedad civil, planteando la necesidad de nombrar lo que antes no había sido visibilizado: los castigos “ejemplarizantes”, las humillaciones, los insultos correctivos, los silencios forzados y las identidades borradas por una guerra que nunca quiso ver a quienes vivían desde la diferencia.
Este fenómeno, documentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas, la Comisión de la Verdad y organizaciones sociales como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, da cuenta de que la violencia contra la población sexualmente diversa también estuvo motivada por los prejuicios y la discriminación. El objetivo específico fue “corregir” o “castigar” su orientación sexual o identidad de género, imponer normas de género hegemónicas y disciplinar los cuerpos y las expresiones de género diversas.
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Hasta marzo de 2024, la Unidad para las Víctimas reportaba más de 6.000 personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, estas violencias incluyeron desplazamientos forzados, exilios, violencia sexual y asesinatos. Aun así, hasta el momento no existen datos precisos sobre cuántas víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas hubo, ni qué crímenes específicos padecieron.
Frente a esto, Laura Valderrama Ladeutt, abogada especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, destaca en entrevista con El Espectador que la intervención de Andrés marca un punto de inflexión: será la primera vez que se expone públicamente, ante todos los actores del sistema de justicia transicional, la realidad de las personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. “Es un acto de dignificación, de visibilidad de una realidad que durante décadas fue silenciada: los crímenes de odio y prejuicio, la necesidad de borrar la existencia misma de esas personas y su rol dentro de la sociedad. Es reconocer que hay discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género”, apunta.
“Por primera vez, vamos a poder dar cuenta de cómo el secuestro, aplicando el enfoque de género, también activó el delito de persecución. Que es como llamamos al delito hacia personas LGBTIQ+ desde la justicia transicional”, agrega Castañeda.
Valderrama enfatiza que, en el marco de la justicia transicional y especialmente en los macrocasos, el objetivo no es abordar hechos individuales, sino identificar patrones de violencia generalizada y proponer medidas restaurativas. Por eso, la intervención de Andrés no es solo un gesto simbólico: al exponer su caso y visibilizar las violencias sufridas por personas LGBTIQ+ en el conflicto, plantea un punto de partida. Desde ahora, la JEP, el Estado, y la sociedad colombiana tienen el desafío de seguir reconociendo y reparando los daños diferenciados que esta población ha padecido históricamente.
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Ahora bien, la intervención de la víctima ante el antiguo secretariado de las FARC-EP, no solo abre una puerta jurídica; también plantea preguntas urgentes sobre el alcance de la justicia restaurativa para esta población. “¿Qué significan los TOAR para personas LGBTIQ+ adultas mayores, cuyo proyecto de vida es más limitado, cuya urgencia de reparación tiene mayor celeridad?”, se pregunta Castañeda, dejando sobre la mesa una discusión que hasta ahora había permanecido en la sombra. “Las víctimas le están pidiendo a la JEP que reparar no es hacer obras gigantes, sino cosas concretas: trabajo en centros comunitarios, atención en salud, dignidad y memoria”, concluye.
*El nombre de la víctima fue cambiado por motivos de seguridad.
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Por Alejandra Ortiz Molano
