Alexi Amaya demostró que un profesor de la U. Nacional la acosó sexualmente

Alexi Amaya Cubillos y sus abogadas, de la Corporación Sisma Mujer, lograron demostrar que el profesor José Guillermo Castro Ayala, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional (Unal), la acosó sexualmente en Bogotá entre 2015 y 2016. La semana pasada, después de casi diez años de persistir en el proceso, la Veeduría Disciplinaria de la institución académica le dio la razón a la denunciante y, en primera instancia, destituyó e inhabilitó al hombre para ejercer funciones públicas durante 12 años.

Lea aquí: Alexi Amaya, otra mujer que denuncia acoso sexual en la Universidad Nacional

Alexi asegura que el acoso sexual comenzó cuando Castro se convirtió en director del proyecto de relaciones internacionales y su jefe inmediato. “Lo primero fueron tocamientos. Él acostumbraba a hacerme cosquillas y agarrarme, pese a que le manifesté que no me sentía cómoda y que se abstuviera de hacerlo, que mantuviéramos una relación jefe-asistente. Por el contrario, él siguió tocándome y haciendo comentarios sexuales”, le contó la denunciante a este diario. Entre las pruebas figuran conversaciones en las que Castro se insinuaba sexualmente y testigos que presenciaron, por ejemplo, comentarios sexuales o tocamientos no pedidos.

Lea aquí: “Si nos callamos habrá más víctimas”, denunciante de acoso sexual en la U Nacional

Como ella no accedió a las pretensiones sexuales, según el testimonio de la mujer, él comenzó a obstruirle su trabajo y le asignaba tareas que para nada tenían que ver con su labor como asesora. Así, por ejemplo, le pidió comprarle los uniformes del colegio a su hijo y pagarle el dinero de la pensión escolar.

José Guillermo Castro Ayala es abogado de la Universidad Nacional, Magister Llegum (Ll.M) y Doktor Iuris (Dr. Jrs) de la Universidad de Konstanz de Alemania. Fue auxiliar de magistrado en la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, abogado sustanciador de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y es conferencista internacional en temas de derecho de obligaciones, constitucionalización del derecho privado, derecho del consumo y derecho civil. Ha sido profesor de la Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario y de la Universidad Santo Tomás.

La veeduría constató que Castro tenía toda la formación para saber que sus comportamientos eran acoso y que, pese a eso, hostigó y asedió a Amaya, su subordinada. En la audiencia en la que se leyó el fallo, la instancia disciplinaria aseguró que se probó que el profesor le terminó la orden de servicios a la mujer de forma anticipada, porque ella no accedió a sus pretensiones. Quedó claro, además, que él ejercía poder en esa relación y se lo hacía saber a ella; abusó de su posición y la confianza; y que normalizó sus actos abusivos, incluso frente a terceras personas.

Los comportamientos de Castro, de acuerdo con el fallo de la Veeduría, fueron manifestaciones vulgares y desmedidas, no consentidas, que se hicieron constantes, repetitivas y sistemáticas, como lo dieron a conocer la víctima y los testigos, incluso los que presentó la defensa. Por esa razón, el docente fue destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 12 años. Esta decisión de primera instancia será apelada.

En diálogo con El Espectador, Alexi Amaya expresó su alegría por este primer fallo, fue un momento reparador y sanador, pero dijo también tener sentimientos encontrados, porque los años que ha durado el proceso han sido difíciles. Está agotada, ha sido revictimizada, fue aislada en su espacio laboral por aquellos que no le creyeron, y ha tenido que volver a abrir las puertas que le han cerrado. La decisión de la Veeduría es precisamente producto de su persistencia, porque esa instancia había cerrado su caso y solo fue reabierto porque la Corte Constitucional lo ordenó, cuando constató que estaba violando los derechos de Alexi y le faltaba perspectiva de género.

“Durante estos años, identifiqué las dificultades y barreras en el acceso a la justicia que tenemos las víctimas. Es difícil encontrar funcionarios empáticos con lo que nos ha ocurrido y que tengan formación en enfoque de género. En cambio, somos víctimas de la revictimización, de procesos largos, burocráticos y desesperanzadores que nos ponen a pensar si seguir o parar. Es difícil enfrentar un proceso con una comunidad académica como la de la Universidad Nacional, que siempre busca proteger su buen nombre y reputación. Son sistemas que invisibilizan lo que está sucediendo, amparan a los perpetradores y minimizan a las víctimas”, afirma Amaya.

Pese a estas barreras que son bien conocidas entre las defensoras de los derechos de las mujeres, Alexi Amaya logró mantenerse firme en su proceso. Lo hizo gracias a que tuvo acompañamiento jurídico y psicológico, y una red de familiares y amigos que no dudaron de su verdad.

Laura Barreto, abogada de la Corporación Sisma Mujer, que representa a Alexi en este proceso, aseguró a este diario que la decisión de la Unal fue ejemplar y celebra que la universidad tome cartas en el asunto y que hoy tenga un protocolo de género. “Sin embargo, nada de lo que hacemos sería posible sin la valentía de las mujeres en decir: ‘Esto me pasó’. Es un secreto a voces que estudiantes, funcionarias, docentes y contratistas sufren violencias en espacios académicos por parte de hombres académicos, que a veces están blindados de mucho poder, reconocimiento y contactos. Y eso hace difícil la denuncia, investigación y sanción de estos hechos”, agregó la abogada Barreto.

En el caso de Alexi, Sisma expuso la relación desigual de poder, subordinación y asimetría que existía entre la víctima y el victimario, ya que él supervisaba el trabajo de ella. La corporación sostuvo que el profesor se valió de su superioridad y autoridad con fines sexuales no consentidos. Y este fue unos de los argumentos centrales que acogió la Veeduría para decidir sancionar al profesor.

Lo que sigue en este caso es que se resuelva la segunda instancia del proceso disciplinario contra José Guillermo Castro Ayala y que se decida en la vía penal si él cometió el delito de acoso sexual. La denuncia penal se radicó el 31 de marzo de 2017 y aun el proceso está en curso. El acusado siempre ha dicho que es inocente y ha emprendido acciones legales contra su denunciante y los medios de comunicación que han reportado su caso.

Alexi Amaya Cubillos y sus abogadas, de la Corporación Sisma Mujer, lograron demostrar que el profesor José Guillermo Castro Ayala, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional (Unal), la acosó sexualmente en Bogotá entre 2015 y 2016. La semana pasada, después de casi diez años de persistir en el proceso, la Veeduría Disciplinaria de la institución académica le dio la razón a la denunciante y, en primera instancia, destituyó e inhabilitó al hombre para ejercer funciones públicas durante 12 años.

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Alexi asegura que el acoso sexual comenzó cuando Castro se convirtió en director del proyecto de relaciones internacionales y su jefe inmediato. “Lo primero fueron tocamientos. Él acostumbraba a hacerme cosquillas y agarrarme, pese a que le manifesté que no me sentía cómoda y que se abstuviera de hacerlo, que mantuviéramos una relación jefe-asistente. Por el contrario, él siguió tocándome y haciendo comentarios sexuales”, le contó la denunciante a este diario. Entre las pruebas figuran conversaciones en las que Castro se insinuaba sexualmente y testigos que presenciaron, por ejemplo, comentarios sexuales o tocamientos no pedidos.

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Como ella no accedió a las pretensiones sexuales, según el testimonio de la mujer, él comenzó a obstruirle su trabajo y le asignaba tareas que para nada tenían que ver con su labor como asesora. Así, por ejemplo, le pidió comprarle los uniformes del colegio a su hijo y pagarle el dinero de la pensión escolar.

José Guillermo Castro Ayala es abogado de la Universidad Nacional, Magister Llegum (Ll.M) y Doktor Iuris (Dr. Jrs) de la Universidad de Konstanz de Alemania. Fue auxiliar de magistrado en la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, abogado sustanciador de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y es conferencista internacional en temas de derecho de obligaciones, constitucionalización del derecho privado, derecho del consumo y derecho civil. Ha sido profesor de la Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario y de la Universidad Santo Tomás.

La veeduría constató que Castro tenía toda la formación para saber que sus comportamientos eran acoso y que, pese a eso, hostigó y asedió a Amaya, su subordinada. En la audiencia en la que se leyó el fallo, la instancia disciplinaria aseguró que se probó que el profesor le terminó la orden de servicios a la mujer de forma anticipada, porque ella no accedió a sus pretensiones. Quedó claro, además, que él ejercía poder en esa relación y se lo hacía saber a ella; abusó de su posición y la confianza; y que normalizó sus actos abusivos, incluso frente a terceras personas.

Los comportamientos de Castro, de acuerdo con el fallo de la Veeduría, fueron manifestaciones vulgares y desmedidas, no consentidas, que se hicieron constantes, repetitivas y sistemáticas, como lo dieron a conocer la víctima y los testigos, incluso los que presentó la defensa. Por esa razón, el docente fue destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 12 años. Esta decisión de primera instancia será apelada.

En diálogo con El Espectador, Alexi Amaya expresó su alegría por este primer fallo, fue un momento reparador y sanador, pero dijo también tener sentimientos encontrados, porque los años que ha durado el proceso han sido difíciles. Está agotada, ha sido revictimizada, fue aislada en su espacio laboral por aquellos que no le creyeron, y ha tenido que volver a abrir las puertas que le han cerrado. La decisión de la Veeduría es precisamente producto de su persistencia, porque esa instancia había cerrado su caso y solo fue reabierto porque la Corte Constitucional lo ordenó, cuando constató que estaba violando los derechos de Alexi y le faltaba perspectiva de género.

“Durante estos años, identifiqué las dificultades y barreras en el acceso a la justicia que tenemos las víctimas. Es difícil encontrar funcionarios empáticos con lo que nos ha ocurrido y que tengan formación en enfoque de género. En cambio, somos víctimas de la revictimización, de procesos largos, burocráticos y desesperanzadores que nos ponen a pensar si seguir o parar. Es difícil enfrentar un proceso con una comunidad académica como la de la Universidad Nacional, que siempre busca proteger su buen nombre y reputación. Son sistemas que invisibilizan lo que está sucediendo, amparan a los perpetradores y minimizan a las víctimas”, afirma Amaya.

Pese a estas barreras que son bien conocidas entre las defensoras de los derechos de las mujeres, Alexi Amaya logró mantenerse firme en su proceso. Lo hizo gracias a que tuvo acompañamiento jurídico y psicológico, y una red de familiares y amigos que no dudaron de su verdad.

Laura Barreto, abogada de la Corporación Sisma Mujer, que representa a Alexi en este proceso, aseguró a este diario que la decisión de la Unal fue ejemplar y celebra que la universidad tome cartas en el asunto y que hoy tenga un protocolo de género. “Sin embargo, nada de lo que hacemos sería posible sin la valentía de las mujeres en decir: ‘Esto me pasó’. Es un secreto a voces que estudiantes, funcionarias, docentes y contratistas sufren violencias en espacios académicos por parte de hombres académicos, que a veces están blindados de mucho poder, reconocimiento y contactos. Y eso hace difícil la denuncia, investigación y sanción de estos hechos”, agregó la abogada Barreto.

En el caso de Alexi, Sisma expuso la relación desigual de poder, subordinación y asimetría que existía entre la víctima y el victimario, ya que él supervisaba el trabajo de ella. La corporación sostuvo que el profesor se valió de su superioridad y autoridad con fines sexuales no consentidos. Y este fue unos de los argumentos centrales que acogió la Veeduría para decidir sancionar al profesor.

Lo que sigue en este caso es que se resuelva la segunda instancia del proceso disciplinario contra José Guillermo Castro Ayala y que se decida en la vía penal si él cometió el delito de acoso sexual. La denuncia penal se radicó el 31 de marzo de 2017 y aun el proceso está en curso. El acusado siempre ha dicho que es inocente y ha emprendido acciones legales contra su denunciante y los medios de comunicación que han reportado su caso.