Dos clínicas de Profamilia suspenden servicios tras el sismo: “la salud sexual no da espera”

Damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, descansan en un albergue este miércoles en Quibdó (Colombia). En el Chocó, uno de los departamentos más pobres de Colombia, el terremoto de del pasado lunes agravó una crisis marcada por las deficiencias en salud, servicios públicos y atención estatal, lo que dificulta la respuesta a la emergencia y la atención de miles de damnificados.

Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Marta Royo, presidenta de Profamilia, la organización que promueve el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el país y que cuenta con 46 sedes en el territorio nacional, comenta que tiene parte de su red fuera de servicio. El sismo dejó daños en sus instalaciones de Quibdó, Manizales, Dosquebradas y Cali —en esta última, en las sedes de Tequendama y Profamilia Fertilidad.

“Lo más probable es que en Dosquebradas y en Quibdó no podamos recuperar las clínicas donde estábamos prestando servicios”, dice a El Espectador. En las ciudades con afectaciones menores, donde ya se descartó el riesgo en sus edificaciones, la organización retomó la atención. Lo que lamenta, dice, es que las zonas más golpeadas coinciden con las que ya tenían mayores necesidades en salud sexual y reproductiva.

Frente a ese panorama, Profamilia busca sitios alternos para seguir atendiendo donde sus sedes están cerradas para ofrecer los servicios de forma presencial. Por el momento, prestaría la atención a través de brigadas móviles que les permitirían llegar a las zonas afectadas por el terremoto y la presidenta asegura que el plan es desplegar equipos la próxima semana.

No obstante, la preocupación frente a estas afectaciones radica en que hay servicios que no se pueden detener para retomarlos cuando todo esté estabilizado en la emergencia, advierte Royo. “La salud sexual y reproductiva es una parte esencial de la respuesta humanitaria. Tiene que estar desde el principio. Una niña no deja de menstruar, en una mujer embarazada, su embarazo no se suspende, una mujer que está tomando anticonceptivos necesita continuar teniendo acceso a estos”.

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De hecho, existe un estándar internacional que respalda esta necesidad. Se trata del Paquete de Servicios Iniciales Mínimos para la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis humanitarias, promovido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y en el que participó Colombia. El documento explica por qué estos servicios deben garantizarse durante las crisis humanitarias y parte de la premisa de que hay atenciones que, si se interrumpen, cuestan vidas.

Plantea, por ejemplo, la importancia de que los partos ocurran en condiciones seguras y con atención disponible si hay complicaciones, de modo que la emergencia no derive en muertes maternas y neonatales. También señala la necesidad de que las personas que viven con VIH no interrumpan su tratamiento antirretroviral, porque esto afectaría gravemente su salud. A eso se suma la disponibilidad de preservativos para prevenir los embarazos no deseados o la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS). Y contempla que el aborto siga siendo accesible en los términos que permite la ley, para evitar que las mujeres y personas con capacidad de gestar recurran a prácticas inseguras, entre otras recomendaciones.

“Los servicios de salud sexual y reproductiva tienen este extraordinario componente de prevención. Entonces, cuando eso se deja de prestar, lo que sucede es que vienen muchísimos más problemas. Es mejor seguir previniendo antes de enfrentar un embarazo no deseado, o ya un caso diagnosticado de VIH, o una persona que dejó de tener acceso a antirretrovirales y por lo tanto se agudizó la enfermedad”, comenta Royo. Y añade que el país necesita mecanismos sólidos para que estos servicios no se interrumpan frente a un desastre natural como este.

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Esas realidades se profundizan en ciertas regiones, pues la diversidad geográfica de Colombia, sumado a las desigualdades y el abandono estatal, hace que algunos territorios sean de difícil acceso y que allí los servicios de salud sean escasos, limitados o incluso inexistentes. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2025 identifica que en el país aún persisten desafíos como la pobreza rural, el desconocimiento sobre infecciones de transmisión sexual como el VPH y el VIH y el acceso a salud sexual, una brecha que se amplía entre lo rural y lo urbano.

Según el UNFPA, en 2022, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca se encontraban entre los departamentos con mayor mortalidad por VIH del país. O por su parte, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó más de 4.000 casos de sífilis congénita en 2024 —una cifra en aumento frente al año anterior—, concentrados en departamentos como Chocó y en puertos como Buenaventura, donde el acceso a pruebas rápidas y tratamiento era limitado.

A esto, Royo agrega que no se trata solo de problemas de acceso, una de las brechas más grandes, sino de otros factores que la emergencia agudiza. “Hay dificultades para contar con personal de salud. Los insumos, si antes no llegaban, ahora toda la cadena logística se ha visto interrumpida: métodos anticonceptivos, productos de higiene menstrual, acceso a los medicamentos para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, los antirretrovirales que necesita la población diagnosticada con VIH, pruebas de tamizaje”. A esto añade el tabú que rodea estos temas, que al no ser vistos culturalmente como prioritarios ni urgentes hace que se asuma que si alguien no logra acceder a ellos, “no pasa nada”.

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Se trata de una tendencia generalizada ante cualquier crisis humanitaria. “La salud sexual y reproductiva no puede esperar. No solamente porque las necesidades permanezcan, es que se hacen más profundas”, dice, y advierte que las niñas, las adolescentes y las mujeres quedan además más expuestas a situaciones de violencia. Organismos internacionales, entre ellos ONU Mujeres, han documentado que las crisis y los desastres pueden aumentar los riesgos de violencia basada en género y profundizar las barreras para acceder a servicios de atención y protección.

Para finalizar, Marta Royo dice que el sistema colombiano de salud debería funcionar en red. Cuenta que las clínicas de Profamilia ya están ofreciendo sus instalaciones para que profesionales de otras entidades atiendan allí. También invita a que se aproveche la experiencia de la organización en un tema que considera urgente.

“Profamilia es muy especializada en salud sexual y salud reproductiva, hemos sido un actor con el cual la población colombiana ha interactuado por más de 60 años. Nos reconocen, nos quieren, saben que les cumplimos, saben que los atendemos respetando y entendiendo sus necesidades. Entonces que nos aprovechen, porque aquí estamos, todo un equipo listo para acompañar a estas poblaciones que tristemente son las más desfavorecidas”, resume.

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