Seguramente, algunas personas no logran comprender del todo o aún se preguntan qué significa ser feminista. Incluso nosotras, desde una mirada autorreflexiva, nos hacemos esta pregunta de manera constante. Hace muchos años comprendimos que no se trata de confrontación ni de lugares opuestos; no es una lucha de hombres contra mujeres, sino una apuesta por una sociedad más justa e igualitaria para todas. Sin duda alguna, nuestro postulado feminista se fundamenta en el derecho a vivir una vida libre de violencias y en la convicción de que una sociedad es mejor en la medida en que es más democrática, promueve los derechos de todas las personas y garantiza ajustes jurídicos razonables para quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
Al final del día, después de acudir a una audiencia judicial, activar una ruta de atención para salvaguardar la vida e integridad de una mujer o promover un debate sobre una política pública, reafirmamos que nuestro trabajo tiene sentido: que vale la pena, una y otra vez, llevar al debate público los derechos de las mujeres, visibilizar los riesgos que enfrentamos, reconocernos libres e iguales y exigir el derecho a vivir en una sociedad que nos reconozca y respete plenamente como mujeres.
Escribir sobre el Día Internacional de las Mujeres, desde la perspectiva de 26 años de trabajo colectivo en Sisma Mujer, es reconocer el compromiso inquebrantable con la construcción de una sociedad más equitativa con las mujeres y las niñas. Durante este tiempo, hemos aportado conocimientos, convicciones, luchas y apuestas feministas que han consolidado una agenda política y psicojurídica para la defensa de los derechos de las mujeres en el país. Mantener esta agenda no solo ha sido una tarea necesaria, sino una acción estratégica para garantizar que la justicia, la igualdad y la dignidad de las mujeres sean una realidad.
La Constitución de 1991 trazó un punto de partida para la garantía de los derechos de las mujeres en Colombia, abriendo el camino para la incorporación del principio de igualdad y no discriminación en el ordenamiento jurídico. A partir de este hito, se consolidó la discusión, entre otros aspectos, sobre el derecho a la participación política y ciudadana de las mujeres, la protección frente a las violencias basadas en género, el acceso a condiciones laborales justas y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, tanto remunerado como no remunerado.
Desde ese momento, se ha avanzado en el reconocimiento de las violencias cotidianas y estructurales que continúan afectando a mujeres y niñas, así como en la visibilización de los impactos diferenciados que ha dejado el conflicto armado en sus vidas y cuerpos, especialmente la violencia sexual. Ha sido un camino largo, de resistencia y transformación, en el que se ha consolidado una agenda feminista que antes era impensable.
Sin embargo, más de tres décadas después, persisten brechas estructurales que siguen limitando el ejercicio pleno de estos derechos, lo que nos exige no solo reflexionar sobre los avances alcanzados, sino también fortalecer nuestras estrategias para que la transformación de la vida de las mujeres sea una realidad. Por ejemplo, con base en el seguimiento que ha hecho Sisma, tenemos que, durante el primer semestre de 2024, se registraron ante el Instituto Nacional de Medicina Legal 9.700 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, lo que equivale al 87,3% del total de casos, dentro de los cuales el 79,4% corresponde a menores de edad. Es decir, en Colombia, cada 27 minutos, al menos una mujer o niña es agredida sexualmente, lo que resulta alarmante y denota la necesidad de una atención especializada e integral por parte del Estado.
Para lograr nuestros derechos, las mujeres hemos tenido que ser visionarias. Nuestra Agenda 2050 sigue vigente; tenemos el mandato de acelerar las medidas para garantizar una vida libre de violencia para mujeres y niñas. Proyectamos que, en las próximas dos décadas, la sociedad colombiana y el mundo avancen hacia la erradicación de fenómenos como la violencia basada en género (VBG), incluida la violencia digital, además de priorizar la justicia climática feminista y la autonomía económica de mujeres y niñas. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2024, se registraron 648 feminicidios, de los cuales el 10% corresponden a menores de edad. Es decir, en Colombia, cada 11,2 horas, al menos una mujer o niña es asesinada por el hecho de serlo. No podemos esperar resultados distintos si, como sociedad, seguimos actuando de la misma manera. El cambio es inaplazable y debe construirse con las mujeres en el centro.
La conmemoración del 8 de marzo es un recordatorio de los avances alcanzados en una agenda por la igualdad, pero también una alerta sobre la necesidad de seguir exigiendo nuestros derechos. En un contexto geopolítico donde persisten riesgos de retroceso respecto a lo alcanzado, resulta imperativo fortalecer la agenda feminista y mantener vigente la defensa de lo logrado.
Por Katerin Jurado Diaz
