Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A partir del momento de publicación de esta nota, quedan exactamente tres meses para que termine el periodo que conforma el actual Congreso de la República. El próximo 20 de junio cierra la legislatura y, con ella, la puerta para debatir o aprobar los proyectos de ley que llevan meses esperando turno en las plenarias. Todo ocurre en medio de las elecciones presidenciales, cuando el ojo político está puesto en las campañas.
Entre los que corren ese riesgo hay al menos 12 iniciativas dirigidas a proteger los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+. Algunos de estos proyectos serían archivados y tendrían que ser propuestos en el siguiente periodo legislativo, con la nueva composición del Congreso elegida para 2026-2030.
De acuerdo con Alexandra Vásquez, representante a la Cámara, las comisiones han ralentizado sus encuentros para debatir las iniciativas desde que empezaron las campañas electorales, por lo que “desafortunadamente proyectos tan importantes están quedando en la lista de espera”, afirma en entrevista con El Espectador.
Fuentes consultadas señalan que algunos de estos proyectos podrían agendarse en la Plenaria M, un espacio dedicado exclusivamente a debatir y aprobar iniciativas con enfoque de género, que se realizaría el 25 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo. Aquí le contamos cuáles son, de qué tratan y cuánto les falta para convertirse en ley.
La ley que busca erradicar la mutilación genital femenina
Este proyecto busca atender y erradicar la ablación o mutilación genital femenina en todo el territorio nacional. La práctica consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por razones no médicas. Según organismos internacionales, expertas y lideresas indígenas, se trata de una violación a los derechos humanos, violencia sexual y una vulneración a los derechos sexuales y reproductivos, con consecuencias físicas y psicológicas permanentes.
Colombia es el único país de toda América Latina con registros de casos, sumándose a la lista de los 30 países en el mundo en los que se sigue practicando. Según un informe de 2025 de Equality Now, entre 2020 y 2025 se registraron 204 hechos en el país, 177 de ellos en niñas indígenas, concentrados principalmente en Risaralda y Chocó.
En este momento, la iniciativa está a la espera del tercer debate en la Comisión Primera del Senado, es decir, le faltan dos debates para ser aprobada. Si estos no se realizan antes del 20 de junio el proyecto se archivará. Aun así, la representante ponente Carolina Giraldo es optimista: “si lo agendan en Comisión Primera del Senado y logra estar para plenaria, eso sale rápido. Sería una gran noticia para el país, es un vacío jurídico que necesitamos llenar y las mujeres en los resguardos más apartados lo están esperando”, señaló en entrevista con El Espectador.
Ley Olimpia: lo que falta para empezar a combatir la violencia sexual digital
Colombia podría convertirse en el cuarto país del hemisferio en contar con un marco legal contra la violencia sexual digital, junto a México, Argentina y Panamá. Eso es lo que busca la Ley Olimpia Colombia, que propone modificar la Ley 1257 de 2008 para incluir el concepto de violencia sexual digital, incorporar la difusión no consentida de imágenes, videos o conversaciones privadas en entornos digitales y establecer sanciones penales.
Aunque los casos de violencia sexual digital han venido aumentando en los últimos años, las víctimas en Colombia han enfrentado obstáculos para acceder a la justicia, debido a que estas conductas no están tipificadas en la ley. Incluso, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) lanzó una Ley Modelo en relación a este tema e instó a los Estados vinculados, incluyendo Colombia, a tomar medidas urgentes para un tipo de violencia que está creciendo cada vez más. “Con este avance, Colombia se encamina a cerrar una brecha legal que ha dejado hasta cuatro mil casos en la impunidad”, han dicho reiteradamente las impulsoras del proyecto.
El proyecto de ley fue radicado por la congresista Ana Rogelia Monsalve en septiembre de 2024, ya fue aprobado en dos debates en la Cámara de Representantes y está a la espera de dos debates en el Senado.
Trata de personas en Colombia: la ley del 2005 que aún no se ha actualizado
Colombia ya tiene una ley contra la trata de personas desde 2005, pero dos décadas después, el Congreso discute actualizarla. La Ley 600 de 2025 propone modernizar ese marco legal para incluir otras modalidades de trata, como trabajo forzado, explotación sexual y reproductiva, tráfico de órganos y reclutamiento forzado y, sobre todo, regular el uso de plataformas digitales como herramienta de captación y reclutamiento forzado. El proyecto necesita tener su último debate en Cámara; de no lograrse en esta legislatura, se hundiría.
“La mayoría de víctimas de trata somos mujeres”, señala la representante Jennifer Pedraza, una de las impulsoras del proyecto junto a Alexandra Vásquez y Sonia Bernal. Ha advertido que 8 de cada 10 víctimas en Colombia son mujeres y cerca de la mitad tienen entre 12 y 28 años.
“Hay temas polémicos dentro del proyecto, como la maternidad subrogada y los servicios sexuales pagos, pero necesitamos llegar a un consenso en puntos tan cruciales para que pueda avanzar. El año pasado Colombia perdió puntuación en los índices internacionales de lucha contra la trata, y creo que eso es precisamente consecuencia de tener una legislación antigua, no actualizada”, dice Vásquez.
“Quiérele siempre”: el proyecto que busca prohibir las prácticas de conversión
Por tercera vez, el Congreso colombiano discute una ley que pretende prohibir las mal llamadas “prácticas de conversión”: prácticas sin sustento científico que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona bajo la falsa idea de que son “enfermedades” que pueden “curarse”. Organismos internacionales de derechos humanos ya las han catalogado como una forma de tortura y hay testimonios de sobrevivientes que comprueban que se siguen practicando en Colombia.
Pese a su largo paso por la rama legislativa, este proyecto tampoco pinta un panorama favorable: le faltan tres debates y, de no aprobarse antes del 20 de junio, se archivaría. Según Carolina Giraldo, resulta complejo terminar de debatir este proyecto en tres meses.
Ley Sara Millerey: lo que falta para garantizar los derechos básicos de las personas con experiencia de vida trans
En 2025, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo documentó 85 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De estos, las principales víctimas fueron 38 hombres gais y 32 mujeres trans. Según la organización social, esta forma de violencia afecta de manera particular a las personas con identidades y expresiones de género diversas, pues al ser más visibles corren mayores riesgos de homofobia y transfobia.
La exclusión social, la discriminación y la ausencia de garantías de derechos exponen a esta población a mayores niveles de vulnerabilidad en zonas inseguras o de alto riesgo, siendo los únicos espacios donde pueden vivir o transitar frente a la discriminación. Bajo este panorama, las estimaciones indican que la esperanza de vida de las personas con experiencia de vida trans es, en promedio, de 35 años, mientras que la población cisgénero supera los 70 años, es decir, personas que sí se identifican con el sexo asignado al nacer.
Reconociendo ese contexto nació la Ley Integral Trans, una iniciativa que pretende garantizar derechos fundamentales para personas trans y no binarias: acceso a la salud, la educación, el trabajo, la justicia, la identidad y una vida libre de violencias. Y a diferencia de otros proyectos, este no fue construido desde los escritorios del Congreso, pues más de 100 organizaciones de la sociedad civil y 1.355 personas trans y no binarias participaron en su formulación.
Posteriormente, la iniciativa fue nombrada como “Ley Sara Millerey”, en memoria de la mujer y activista trans de 32 años que fue torturada y asesinada en Bello, Antioquia. Los responsables le provocaron graves fracturas en brazos y piernas, la lanzaron a una quebrada y la dejaron luchando por su vida sin recibir ayuda. El hecho quedó registrado en un video que circuló de forma revictimizante en redes sociales y, posteriormente, Sara perdió la vida en un hospital de Medellín debido a la gravedad de las heridas.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta el mismo panorama que “Quiérele siempre”: le faltan tres debates que deben realizarse antes del final del período legislativo o se archivará.
Colombia aún no tiene una ley contra la violencia vicaria
Este tipo de violencia, que implica el uso de los hijos e hijas como herramienta para amenazar, controlar o causar daño a la madre, no tiene reconocimiento legal en Colombia. Según la Fundación Colombiana Contra la Violencia Vicaria, en 2024 se presentaron 3.672 denuncias y para octubre de 2025 ya eran 1.223.
Actualmente se tramita en la Cámara de Representantes una iniciativa para reconocer esta forma de violencia basada en género, con un enfoque en prevención y acceso a la justicia. Incluye capacitación a funcionarios públicos, medidas de protección y un registro específico a cargo del DANE.
La iniciativa, radicada por primera vez en 2023, fue uno de los primeros proyectos a favor de las mujeres impulsado por la representante Alexandra Vásquez. Sin embargo, quedó estancado en su tercer debate en el Senado, lo que, según ella, se debió a la falta de voluntad política para reunirse. “Ninguna de las partes dentro de la discusión tuvo realmente el interés de que se pudiera dar ese consenso, ni los ponentes ni los opositores al proyecto. La Comisión Primera, insisto, ha estado en campaña desde hace mucho tiempo”, añade.
Por esa razón, junto a otros 12 representantes y senadores, volvió a radicar el proyecto por segunda vez el 20 de julio de 2025. Hasta el momento, no se ha dado ni siquiera el primer debate. “Es un proyecto que se tiene que dar al menos un debate o se archiva. Yo creo que ese debate no se va a dar. Insisto, es un proyecto que se cae por la falta de voluntad de los congresistas y la resistencia a entender que la violencia vicaria perjudica principalmente a las mujeres”, menciona Vásquez.
Estatuto de la Igualdad para la Garantía de los derechos de las niñas y las mujeres en toda su diversidad
El Proyecto de Ley 179 de 2024 tiene la ambición de reunir en un solo cuerpo legal todos los derechos de las mujeres que hoy existen dispersos. El Estatuto de la Igualdad, como se le conoce, pretende garantizar esos derechos para mujeres en toda su diversidad, incluyendo niñas, adolescentes, adultas y mayores, reconociendo diferencias étnicas, de discapacidad, orientación sexual, identidad de género y condición socioeconómica, entre otras.
El proyecto avanzó en segundo debate en plenaria de la Cámara, pero ahí se detuvo. No ha sido agendado y corre el riesgo de archivarse. “Hay una resistencia social, porque en el proyecto hay un reconocimiento hacia la diversidad de las mujeres y pues sabemos que en la bancada antiderechos no hay un reconocimiento hacia las mujeres trans”, menciona Vásquez.
Vacunación gratuita contra el VPH: lo que falta para que sea una realidad
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de Salud, cada año se registran entre 4.500 y 5.500 casos de virus del papiloma humano (VPH) y cerca de 2.000 muertes asociadas. El 99 % de los casos de cáncer de cuello uterino está vinculado a este virus, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Por eso, este proyecto multipartidista, cuya autoría es de 21 congresistas y una senadora, propone extender el Programa Ampliado de Inmunizaciones para garantizar la vacunación gratuita y obligatoria contra el VPH a mujeres del país. A diferencia de otros proyectos, este no corre riesgo inmediato de archivarse: ya tiene un debate aprobado y espera el segundo, pero logra pasar al siguiente periodo legislativo.
Por su parte, Alexandra Vasquez advierte que la medida podría generar debates porque la carga preventiva recae, una vez más, en las mujeres. “Si bien los hombres son los portadores, no asumen la responsabilidad de lo que significa ser el portador del virus del papiloma humano, entonces creo que eso también va a ser una discusión compleja dentro del Congreso”, añade.
Una iniciativa para abordar de violencia sexual en entornos clericales
Las investigaciones del periodista Juan Pablo Barrientos evidenciaron abusos sexuales cometidos por figuras religiosas y la ausencia de mecanismos estatales para investigarlos y reparar a sus víctimas.
El Proyecto de Ley 315 de 2025 busca llenar ese vacío. La iniciativa propone crear una Comisión Nacional de Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y la Reparación Integral a las Víctimas de abuso sexual en contextos clericales y religiosos. Su alcance no se limita a la Iglesia católica, aplica a todas las confesiones religiosas con presencia en el país, sin distinción de jerarquía o denominación.
La iniciativa está a la espera de su primer debate. “Este proyecto necesita un debate para no hundirse”, señala la representante Jennifer Pedraza, una de sus impulsoras.
Así va el proyecto de ley que busca garantizar el pago de cuotas alimentarias
Impulsado por la senadora Angélica Lozano, el proyecto ya fue aprobado en segundo debate en plenaria del Senado. Si no supera los dos debates restantes, se hunde.
La iniciativa propone un proceso judicial ágil, inspirado en la lógica de la acción de tutela, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Faculta a los jueces para intervenir de inmediato cuando un deudor acumule tres o más cuotas impagas o eluda por completo su responsabilidad.
Para evitar que los deudores oculten ingresos, el proyecto contempla la creación de un registro interinstitucional que integraría datos de la DIAN, el Ministerio de las TIC, entidades financieras, el RUNT, la Registraduría y diversas superintendencias, con acceso en tiempo real para los jueces. También contempla el reconocimiento del trabajo de cuidado como criterio obligatorio para la fijación de esta cuota.
Licencia de maternidad para mujeres que presten el servicio militar voluntario
En este momento, las mujeres que prestan servicio militar en Colombia no tienen garantizada su licencia de maternidad. Este proyecto de ley, presentado por la senadora Nadia Blel, propone que una mujer que quede embarazada durante su servicio pueda conservar su vinculación, acceder a la licencia de maternidad y contar con cobertura del sistema de salud militar para ella y su hijo o hija menor de dos años.
El proyecto está próximo a cumplir dos legislaturas desde su radicación y le faltan tres debates; de no cumplirse, se hundiría. Actualmente, el proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado.
De acuerdo con el equipo de la senadora, no alcanzará el tiempo para su aprobación, por lo que planean volver a radicarlo en la siguiente legislatura.
El proyecto de ley que busca eliminar la revictimización en los casos de violencia de género
Frente al caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, sobreviviente de violencia física y sexual como represalia por su trabajo investigativo sobre crímenes en la cárcel La Modelo de Bogotá, su caso evidenció el abandono institucional y la falta de respuesta oportuna del sistema judicial frente a las violencias basadas en género.
De esa historia nació el proyecto de ley que lleva su nombre, impulsado por la representante Catherine Juvinao. La iniciativa busca eliminar la revictimización y transformar la respuesta del Estado frente a este tipo de violencias, estableciendo capacitación obligatoria, permanente y evaluable en enfoque de género para servidores públicos, contratistas y particulares que ejerzan funciones públicas, especialmente quienes estén vinculados a la prevención, atención, investigación y sanción de estas violencias.
El proyecto ya fue aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes y continúa su trámite en el Senado. De no avanzar antes de que finalice el periodo legislativo, se archivaría y tendría que ser radicado nuevamente en el próximo Congreso.
Aún así Juvinao tiene esperanza que se debate antes de la fecha límite: “Yo creo que sí vamos a tener el tiempo. Mi expectativa es que demos tercer debate en próximos días, de hecho ya designaron ponente en Comisión Séptima de Senado y luego ir a plenaria de Senado, de manera que yo creo que es posible que de aquí al 20 de junio tengamos aprobada la ley”, dice.
Principales obstáculos para aprobar estos proyectos y preocupaciones que surgen sobre la nueva composición del Congreso
De acuerdo con ONU Mujeres, el actual periodo legislativo aprobó 59 leyes para la garantía de los derechos de las mujeres, un resultado que se explica, en parte, porque es uno de los Congresos con mayor participación femenina y de personas LGBTIQ+ en la historia del país.
Para la Red Nacional de Mujeres, la formulación de estos proyectos se da en un contexto colombiano en el que deben remar contra estereotipos y narrativas machistas presentes en algunos sectores del Congreso, donde incluso se niega o minimiza la violencia basada en género, lo que contribuye a deslegitimar estas iniciativas. A esto se suma que estos temas generan tensiones culturales, pues cuestionan ideas rígidas como lo que se espera que sea un hombre o una mujer, y termina generando prejuicios alrededor de sus derechos.
Estas barreras no se proyectan con un panorama más favorable de cara a la nueva composición del Congreso. “Vamos a tener una menor representación de los sectores diversos en el Congreso, y eso por supuesto que lo vamos a notar. Esos espacios, cuando se pierden, los ocupan voces más hegemónicas. Tengo temor a que este no sea un Congreso tan comprometido con la diversidad”, advierte Viviana Vargas Vives, abogada y activista feminista, quien también alerta por el regreso de discursos antiderechos: “ya hay congresistas electos abiertamente beligerantes con los derechos de las mujeres y las diversidades”.
Un panorama que ya se refleja en la nueva composición del Congreso. La Defensoría del Pueblo alertó que, según datos del preconteo y escrutinio, solo el 29% del Congreso electo son mujeres. El Senado tendrá 32 senadoras, el mismo número que hace cuatro años, lo que representa un estancamiento en la paridad.
La otra cara es la caída en la representación de mujeres con pertenencia étnica, indígenas, afro y raizales, que pasaron de siete en 2022 a solo cuatro en este nuevo periodo.
En cuanto a la representación LGBTIQ+, tampoco es alentadora. Mientras en el periodo anterior se alcanzaron seis curules, según el seguimiento de Caribe Afirmativo, hasta el momento se registra que solo dos llegaron a la Cámara de Representantes y, al parecer, si el Pacto Histórico logra recuperar más votos en el recuento, Tamara Argote, quien se identifica como persona no binaria, podría entrar como senadora.
🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.
✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.
Por Luisa Lara
