Esta es la nueva Ley Modelo para frenar la violencia digital contra mujeres: ¿cómo funciona?

La Ley Modelo Interamericana de la OEA propone medidas para prevenir, sancionar y reparar la violencia digital contra mujeres en América Latina.

Foto: Getty Images/fStop - Malte Mueller

En un contexto mundial en el que la vida digital parece correr más rápido que las leyes y políticas de los países, y donde miles de mujeres, adolescentes y niñas han visto cómo estos espacios virtuales se convierten en un ámbito que amplifica las violencias basadas en género, varios países de América Latina y el Caribe han dado un paso importante. Tras un trabajo de casi dos años, en el que se convocó a especialistas, activistas y expertas en género y derechos humanos de la región, este miércoles el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA presentó la Ley Modelo Interamericana para enfrentar la violencia digital contra las mujeres en Fortaleza, Brasil.

Esta ley es fundamental para abordar una de las formas de violencia más inmediatas y en expansión, que afecta de manera desproporcionada a mujeres, adolescentes y niñas en espacios digitales, comenta Yildalina Tatem Brache, vicepresidenta del Comité de Expertas del MESECVI, en entrevista con El Espectador. “Un fenómeno que está teniendo como consecuencia el silenciamiento y la retirada de mujeres con voz pública, limitando el necesario debate de opiniones que demanda la democracia y metiéndose con la autonomía y la voluntad. La libertad de expresión es parte de los derechos humanos fundamentales”, resalta.

Y es que la era digital prometía nuevas oportunidades de comunicación, participación y empoderamiento. Sin embargo, esa promesa se ha debilitado por la realidad creciente y constante en las redes sociales: amenazas, hostigamiento, suplantación de identidad, los llamados “deepfakes”, difusión sin consentimiento de imágenes íntimas, acoso, discursos de odio y campañas de desinformación que reproducen estereotipos de género.

Solo la semana pasada, se dio a conocer una nueva denuncia en México, donde el colectivo Marea Verde México alertó sobre la existencia de un grupo en Facebook llamado “La princesa de papá”, dedicado a difundir pornografía infantil. La organización difundió capturas de conversaciones y publicaciones en las que los miembros solicitaban imágenes de menores e incluso admitían haber cometido abusos, junto con perfiles de algunos usuarios. A lo largo de este año, en septiembre, también se realizaron manifestaciones en la Plaza Bicentenario, en Zacatecas, para denunciar la existencia de grupos en Telegram y WhatsApp en los que se intercambia y trafica contenido íntimo de mujeres, niñas y niños. Denuncias similares se han registrado en los últimos años en China, Alemania y otros países. Por lo que la violencia digital es un tema que ya está cobrando factura.

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Según el último informe global de ONU Mujeres, la llegada de la inteligencia artificial ha transformado las formas de violencia contra las mujeres, “de manera más rápida, específica y difícil de detectar”. Por ejemplo, de los contenidos generados por inteligencia artificial o tecnología digital, como los “deepfakes” pornográficos, se estima que casi el 95 % de estas imágenes, videos o audios falsos de personas, simulando acciones o declaraciones que nunca ocurrieron y que se utilizan para acosar, desinformar o difamar, están dirigidos contra mujeres.

Asimismo, el organismo reporta que el 38 % de las mujeres ha sido víctima de violencia digital directa y el 85 % ha presenciado agresiones en línea contra otras personas. Violencias que se intensifican cuando se trata de mujeres con mayor protagonismo en la opinión pública, pues siete de cada diez defensoras de derechos humanos, activistas o periodistas han sufrido violencia digital, con consecuencias reales: el 41 % de ellas reporta daños físicos, psicológicos, hostigamiento y amenazas que trascienden las pantallas.

Sin embargo, frente a la avanzada de estas formas de violencia en el entorno digital, los Estados parecen dar pasos lentos. De acuerdo con el organismo, solo el 40 % de los países incorpora en sus marcos normativos leyes que aborden el acoso cibernético, lo que crea un escenario propicio para que los agresores continúen con las violencias y que las víctimas carezcan de acceso a mecanismos de justicia. que las víctimas no tengan acceso a ninguna forma de justicia.

“Como no hay, en la mayoría de nuestros Estados, marcos legales que puedan proteger a las mujeres de este tipo de violencia, la tendencia, por lo regular, es minimizar estas violencias, pese a las graves consecuencias físicas y psicológicas que dejan”, asegura Tatem Brache.

El caso colombiano es uno de ellos. Actualmente, en el Congreso de la República avanza el proyecto de Ley Olimpia, una iniciativa que busca modificar la Ley 1257 de 2008, orientada a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, para incluir dentro de sus alcances la violencia sexual digital y establecer sanciones penales para quienes difundan, compartan o produzcan contenidos íntimos de carácter sexual sin consentimiento. No obstante, a la iniciativa le faltan dos debates en el Senado, por lo que, por ahora, hay una zona gris frente a este tipo de violencia en el país. De ser aprobada, Colombia se convertiría en el cuarto país de América Latina en contar con una ley específica sobre este tipo de violencia, siguiendo a México, Argentina y Panamá.

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Bajo este panorama, la Ley Modelo Interamericana llega como una respuesta pensada para abordar esas zonas grises, llenar los vacíos normativos y responder a la urgencia de proteger los derechos de las mujeres en todos los contextos en los 33 países que han ratificado la Convención de Belém do Pará. Dentro del documento, construido a partir de consultas a organizaciones, sociedad civil, gobiernos, agencias internacionales y más entidades, se establecen orientaciones para prevenir, sancionar y reparar todas las formas de violencia que han surgido en los entornos digitales.

Además de instar a los países a asumir su responsabilidad mediante la creación de normativas y políticas claras que contribuyan a la erradicación de esta problemática, la ley también establece obligaciones concretas para las plataformas digitales. Entre los aspectos más innovadores y contundentes, según Tatem Brache, se encuentran medidas como la transparencia, la preservación de evidencia, la cooperación con las autoridades y la remoción oportuna de contenidos violentos o no consentidos.

Esto pone sobre la balanza las responsabilidades de las plataformas digitales y la dinámica económica con la que actualmente se rige la creación de contenidos. La experta explica que lo que busca esta ley es dejar claro que la dignidad de las mujeres debe estar por encima de los intereses políticos y económicos. “Señalamos que los modelos de monetización que se basan en el aumento de tráfico y la difusión de contenidos (incluso sin consentimiento) en las plataformas han facilitado prácticas que permiten que el lucro se genere mediante la creación, difusión y comercialización de contenido digital donde se evidencia la animadversión y el odio hacia las mujeres”, dice.

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Es así como la propuesta de la Ley Modelo llega a América Latina en un momento simbólico, pues coincide con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, subrayando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, incluso en los espacios digitales. “Esto no se trata de la soberanía de cada país, sino de adoptar estándares compatibles que propicien y permitan procesos más rápidos y coordinados ante las agresiones que cruzan fronteras”, concluye Tatem Brache.

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