Fiscalía dice que hay 11 imputados por violencia de género en el paro nacional

Joel Hernández, comisionado de la CIDH y relator para Colombia.

Foto: Jose Vargas

Este viernes 27 de enero de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el primer informe con el que le hace seguimiento a las 41 recomendaciones que le hizo al Estado de Colombia hace casi dos años cuando estallaron las protestas por el descontento social. Las jornadas del paro nacional estuvieron marcadas por denuncias de violaciones de derechos humanos, que atentaron contra la protesta, la libertad de expresión, la integridad sexual, la seguridad, la vida, entre otros. (Se presentaron 113 hechos de violencia de género en el paro de 2021, reitera CIDH)

Por eso, la comisión visitó en junio de 2021 a Colombia y como un organismo externo vino a observar qué estaba pasando durante las marchas. Las conclusiones de esa visita confirmaron que se estaban dando hechos que podrían constituir violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la CIDH constató que en reiteradas ocasiones el Estado respondió con el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo la fuerza letal; expresó su preocupación sobre el hecho de que las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por policías, particularmente del ESMAD, pasaran a manos de la justicia penal militar por creerse “actos del servicio”; y la recibió denuncias de violencia de género cometida presuntamente por agentes de la fuerza pública, particularmente contra mujeres, niñas y personas LGBTI. (El pobre cumplimiento de Colombia de las recomendaciones de la CIDH sobre el paro)

Todas estas observaciones y preocupaciones desembocaron en 41 recomendaciones que la CIDH le hizo al Estado para que atendiera las denuncias y los hechos relacionados con los derechos humanos en el paro nacional. Casi dos años después, este viernes se presentó el primer informe que analiza 28 de estas recomendaciones y concluye que 11 siguen pendientes de cumplimiento, 14 han sido parcialmente cumplidas, y 3 han sido cumplidas de manera parcial sustantiva, es decir que tienen avances relevantes. Es decir, aun no hay ninguna que se haya cumplido en su totalidad.

Según las cifras oficiales, hay 29 fallecidos en el marco de las protestas (28 de abril a junio de 2021), seis policías y siete civiles vinculados a investigación, diez mecanismos de búsqueda urgente activos, un caso de desaparición forzada relacionado con la protesta, 264 casos de civiles lesionados con 327 víctimas y 791 casos de policías lesionados. “Separar Policía de Mindefensa” y otras 40 recomendaciones de la CIDH tras su visita

En diálogo con El Espectador, el comisionado de la CIDH Joel Hernández, relator para Colombia, explica algunos de los hallazgos de este primer informe.

Este viernes sostuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo describiría la actitud del nuevo gobierno de Colombia frente al sistema interamericano? ¿Nota algún cambio respecto a los anteriores gobiernos?

Fue una reunión muy constructiva, de una gran apertura del presidente Petro frente al sistema interamericano, en particular frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como una vocación de colaboración. Sí quiero señalar que la comisión ha mantenido permanentemente una excelente relación de colaboración con el Estado colombiano, a través de los diversos gobiernos. El gobierno pasado dio la anuencia para llevar a cabo la visita que realizamos a cabo en junio de 2021 y luego el año pasado en reuniones que sostuvimos en febrero y en abril empezamos a delinear la elaboración de este informe de seguimiento. (Reconstruimos las dos denuncias por violencia sexual en el paro nacional)

Pero lo que sí creo y siento en esta oportunidad es una voluntad de acciones más cercanas, de colaboración, de mayor diálogo entre comisión y el Estado colombiano.

¿Cuál considera que es la recomendación en las que hay más avances por parte del Estado de Colombia?

Hay un avance muy importante en la elaboración de la normativa que protege y garantiza el derecho a la protesta. Sin embargo, esta todavía tiene que ser consolidada. Existen los elementos establecidos para poder garantizar este derecho, aunque las medidas que se han redactado todavía requieren de una implementación en la práctica. La sociedad civil espera resultados más concretos de estas políticas y normas que rigen la protesta social. (Hablemos de la violencia sexual denunciada en el paro nacional)

¿Y la que menos?

Hay déficit en el tema de justicia. Si bien la Fiscalía ha avanzado en un número de investigaciones, existen casos en etapa de juicio, todavía no hay sentencias firmes y ese es un tema que todavía se encuentra pendiente de cumplimiento.

En el informe se habla de algunos obstáculos por parte del Estado para obtener información. ¿A qué obstáculos se refiere?

Para poder realizar este trabajo se requiere una comunicación muy fluida con las distintas autoridades. La sociedad civil necesita, a su vez, hacer efectivo su derecho a la información pública. Y lo que hemos recibido por parte de las organizaciones es que esta información no es plena y expedita. Es un tema simplemente de poder acelerar los procesos de entrega de información.

La violencia de género fue uno de los puntos abordados en el paro nacional. ¿Qué información tiene la CIDH de esos casos y si hay procesos judiciales?

En el párrafo 214 del informe se proporciona información de registros de la Fiscalía respecto a las afectaciones que ha sufrido la población en el marco de la protesta. En el párrafo 215 se señala cuál es el estado procesal en el que se encuentran las investigaciones. Respecto de violencia basada en género, hay 12 casos activos con 16 víctimas y, de estos, 8 capturadas legalizadas y 11 indiciados imputados. Pero todavía no existen sentencias firmes, que permitan avanzar en la reparación de las víctimas.

En las observaciones tras su primera visita, la CIDH expresó su preocupación por la disparidad en las cifras oficiales y las de la sociedad civil frente a los hechos ocurridos durante el paro nacional. ¿Sigue siendo así?

Efectivamente una de las cosas que observamos cuando vinimos en junio fue la disparidad de las cifras que se había presentado. Sin embargo, para que la comisión pueda avanzar en el seguimiento e ir proponiendo planes de trabajo, es importante que la comisión cuente con la información oficial. Hoy, esa información oficial está reflejada en el informe y es la que sirve de base. En las conversaciones que tuvimos, especialmente con la Fiscalía, la entidad se manifestó siempre abierta a conocer de denuncias sobre hechos de los que ellos no tuviesen conocimiento.

La información de carácter oficial, con la que ahora cuenta la comisión para la elaboración del informe, nos permite tener un universo mucho más cercano a los hechos.

Otro tema del que se ha hablado tras el paro nacional son las desapariciones. ¿La CIDH tiene información sobre desapariciones durante el paro nacional?

Sí, la comisión tuvo información de 10 mecanismos de búsqueda urgente activos. Son mecanismos que están a cargo de la Defensoría del Pueblo y son los casos en donde las autoridades actuaron para poder atender estas denuncias.

¿Pero hay todavía desaparecidos del paro nacional?

No tenemos información de que haya personas que se encuentran desaparecidas actualmente. Sin embargo, la Fiscalía nos reporta un caso de desaparición forzada relacionado con la protesta.