El informe “Y a nosotras, ¿quién nos va a reparar el alma?”, publicado el pasado 15 de abril, revela que la fuerza pública también habría sido perpetradora de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado colombiano. Lejos de tratarse de casos aislados o de “manzanas podridas”, como se dice popularmente, la investigación sugiere que estas violencias operan de manera sistemática y responden a estructuras patriarcales dentro de la institución. En ese contexto, las víctimas siguen enfrentándose a la minimización de sus testimonios, lo que diluye las responsabilidades que el Estado debería asumir, según las investigadoras.
El análisis fue desarrollado por la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal) y la Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia (Acooc), que durante año y medio reunieron testimonios de 180 mujeres de cuatro departamentos golpeados por el conflicto armado: Bolívar, Meta, Guaviare y Cauca. Se trata de una investigación que aporta evidencia técnica y testimonial para el avance del Macrocaso 11 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además señala que esta institución presentada como garante de seguridad, también ha ejercido violencias basadas en género, violencia sexual y crímenes por prejuicio.
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Por medio de un ejercicio de georreferenciación que reúne la presencia de actores armados y hechos victimizantes, el informe identificó 30 actores armados legales, correspondientes a unidades del Ejército Nacional, la Infantería de Marina y la Policía Nacional, y 20 grupos ilegales, entre estructuras paramilitares y frentes de las antiguas FARC. Dicho mapeo, aunque no recoge la totalidad de sucesos, sitúa más de 100 hechos victimizantes cometidos entre los años noventa e inicios de los 2000, entre ellos tomas armadas, masacres, reclutamientos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y secuestros, con un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres.
La razón por la que estos delitos se agravan contra las mujeres en contextos de conflicto armado tiene raíz en un orden patriarcal que “obedece a la visión de las mujeres como utilizables, instrumentalizadas para tareas domésticas o logísticas (servidumbre) y sometidas a violencia sexual”, se lee en el documento.
A esto se suma la violencia sexual que, según el análisis, se usa como castigo ejemplarizante en el 15.7 % de los casos y como forma de instrumentalización en el 68.4 %. Estas violencias, al igual que otras basadas en género, con frecuencia involucran a varios agresores contra una misma víctima.
¿Qué implica que la fuerza pública sea autora de estas violencias?
Comparado con otras investigaciones, este informe se pregunta si hay alguna diferencia cuando las agresiones contra las mujeres provienen de este grupo armado. La respuesta conlleva a un sí. Pues la fuerza pública es un “aparato institucional armado” cuya presencia en los territorios está legitimada por representar al Estado, “lo que configura relaciones de autoridad y asimetrías de poder frente a la población civil”, se lee.
“Cuando llegan al barrio me da rabia, impotencia, me siento vulnerable. Antes de sentirme segura con ellos, me siento insegura (...) Si quienes tienen que cuidarnos no nos cuidan, si son aliados de quienes nos hacen daño... no nos sentimos seguras”, relata una de las mujeres que brindó su testimonio en el departamento de Bolívar.
Para Diana Salcedo López, directora de Limpal, que estas agresiones provengan de la fuerza pública problematiza la manera en que las mujeres interpretan los hechos, al punto de dudar si realmente vivieron una violencia. Que el agresor sea quien debía protegerlas genera zonas grises y confusas, que no deberían ser culpa de la víctimas.
“De hecho, creemos que todavía va a ser muy complicado que como sociedad reconozcamos que miembros de la fuerza pública ejercieron violencia basada en género en el marco de sus funciones de protección y de funcionariado público”, explica en entrevista con El Espectador.
La investigación también describe que en varios territorios la institución militar se erigió como la única representación estatal. En ese vacío, la militarización consolidó lo que las investigadoras llaman un orden “milipatriarcal”: uno en el que ser soldado y ser hombre se refuerzan mutuamente, produciendo jerarquías sobre qué cuerpos serían más violentados como parte de una política de control social y territorial.
“Había en ese proceso muchas niñas, muchas jovencitas, que desafortunadamente eran vistas como una conquista más”, menciona uno de los testimonios en Granada, Meta.
En ese entrecruce entre patriarcado y poder armado, las mujeres han experimentado distintas formas de control sobre su cuerpo y relaciones marcadas más por la subordinación. Por un lado, como botín de guerra, donde el abuso sexual funciona como práctica de dominación. Y por otro, a través de relaciones afectivas que, en contextos de control territorial, están atravesados por asimetrías de poder que desdibujan el consentimiento, señalan las investigadoras.
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Otra mujer narra las situaciones que solían ver en el Bolívar: “Llegar un militar y decir: ‘¡Ay, no, es que ellas nos llegan allá! Es que ellas son las que nos buscan. (...) ¿Si ellas son las que los buscan?, ustedes como autoridades y figuras deben decirles que no. Y ellos no lo hacen. Por eso se presentan embarazos. Y eso para ellos es feliz. Me comí la niña, me comí la más bonita”.
Situaciones que se agravan según el nivel de vulnerabilidad de cada mujer. Tal como explica Salcedo, “las víctimas de violencias por miembros de la fuerza pública son mujeres, generalmente, de entornos más rurales, que en cierta manera están desprotegidas por el Estado, pero en donde sí están las fuerzas militares para garantizar esa supuesta protección”, concluye.
Por ejemplo, identificaron que donde hay batallones también hay mayor riesgo de violencias basadas en género. Además, encontraron patrones que sugieren que la presencia de las fuerzas armadas está relacionada con una afectación diferenciada en territorios donde habitan mujeres indígenas y afrodescendientes. Esto se explica, en parte, porque la racialización produce un imaginario en el que estas poblaciones no son reconocidas como merecedoras de la misma protección que otras, lo que termina por legitimar más vulneraciones por la intersección entre raza y género.
“[Las niñas indígenas] son más indefensas, más vulnerables, porque ellas se encuentran en sitios más apartados, pueden ser en los resguardos, en el campo, donde si van por un camino las cogen y abusan de ellas, donde si ellos salen de las matas y llegan al caserío, se toman, las cogen a las malas, se las llevan, abusan de ellas, las embarazan, o las enamoraban también con engaños y las dejaban embarazadas”, relata un víctima del Guaviare.
Y es que hablar de violencia ejercida por esta institución implica examinar una narrativa nacional profundamente arraigada sobre la seguridad. Colombia ha construido una de las fuerzas militares más grandes de América Latina y sostenido durante décadas una de las inversiones más altas en defensa de la región. Por ejemplo, en 2025, el gasto militar representaba una proporción significativa del presupuesto nacional, cercano al 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo el tercer país del continente, precedido por Brasil y México, con uno de los porcentajes más altos de inversión. Esto refleja una noción de seguridad fuertemente asociada a la militarización.
El camino pendiente para la reparación de las víctimas
¿Cómo vamos a confiar, si voy a denunciar con alguien que viste el mismo uniforme de quien me ha agredido?”, fue la pregunta que lanzó una de las víctimas durante la presentación del informe. Espacio en el que se señaló que el poder, la legitimidad y el control que implica pertenecer a la fuerza pública han operado, en muchos casos, como un blindaje frente a la justicia.
En ese contexto, los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública tienden a ser relativizados o justificados e incluso, trasladados a la justicia penal militar. Allí son investigados dentro de la misma estructura institucional, lo que históricamente ha contribuido a mantener altos niveles de impunidad y a debilitar la confianza de las víctimas en los procesos judiciales, se describe en la investigación.
“Que esa justicia penal militar sea diferente y que no tenga favoritismo, ni mucho menos que porque el hecho de que se estuvo baleando con la guerrilla, o estuvo defendiendo la patria, tenga más derechos que una persona que haya cometido algún delito. Las leyes para todos y que se pague igual, independientemente del rol que haya hecho. Porque si no se hace eso, nunca va a haber una solución de nada”, comenta una mujer víctima en Granada.
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Para Diana Salcedo, ahora que el proceso está en la fase de la JEP, los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) deben ir más allá de las acciones comúnmente establecidas para la reparación: “Toca cambiar la manera en la que la fuerza pública se aproxima a las comunidades y tramita internamente las denuncias de violencias contra las mujeres”.
Es decir, que estas formas de reparación, más allá de fortalecer los mecanismos de justicia y lucha contra la impunidad, vayan acompañadas de una transición hacia otras comprensiones de seguridad que no dependan únicamente de la militarización. Además de revisar la doctrina militar desde su conformación: los modelos de entrenamiento, las pedagogías de obediencia y los valores institucionales que han contribuido a normalizar la violencia como forma de control.
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Por Luisa Lara
