“Hay un discurso ideológico que está poniendo a las mujeres como enemigas”: Mejía

Hace poco más de un siglo, las mujeres comenzaron a organizarse en campañas y manifestaciones para exigir derechos básicos, como el reconocimiento de la ciudadanía, el sufragio y el acceso al trabajo. Con el tiempo, la lucha fue avanzando; ya no sólo se trataba de pedir igualdad, sino de asegurar que sus cuerpos fueran respetados y sus vidas protegidas de la violencia de género. Solo en América Latina y el Caribe, desde 1984, se han aprobado más de 205 normas para tipificar la violencia contra las mujeres, según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, los marcos legales no siempre se traducen en garantías efectivas. Naciones Unidas reconoce que, pese a los avances, las mujeres en todo el mundo siguen enfrentando vulneraciones sistemáticas de sus derechos, y su protección no siempre es una prioridad en las agendas políticas.

Simone de Beauvoir ya lo advertía, “solo hace falta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados”. Y hoy, aquellas mismas calles que una vez vieron la celebración de leyes que defendían los derechos sexuales y reproductivos, que reconocían la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y que luchaban contra las violencias y desigualdades que sufrían las mujeres y la población LGBTIQ+, se llenan nuevamente de manifestantes. Esta vez, no para celebrar, sino para defender lo que parecía ya asegurado.

Y es que pareciera ser un fenómeno en todo el mundo, casos como los de Estados Unidos, Argentina, España, Italia y otros países con gobiernos de corte conservador reflejan una tendencia que preocupa a activistas y expertas en derechos humanos. Organizaciones internacionales han advertido sobre cómo estas políticas pueden afectar la democracia y los derechos ya ganados de estas poblaciones. En medio de este panorama, surgen algunas preguntas importantes: ¿Es posible retroceder en los derechos ya logrados? ¿Qué impacto tendría esto en los países?

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El caso más reciente es el de Argentina. El presidente Javier Milei, propuso eliminar la figura legal del feminicidio en el Foro Económico de Davos. Diputados de La Libertad Avanza y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldaron su postura, argumentando que esta ley otorga privilegios a las mujeres. Al afirmar que “la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, el gobierno cuestionó si realmente existe la necesidad de tipificar este delito, pese a que, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas por el sólo hecho de ser mujer.

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Para profundizar en este tema, El Espectador entrevistó a Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del mecanismo a cargo del seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) de la OEA y parte de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). En esta conversación, Mejía analiza cómo y por qué se están produciendo estos retrocesos, qué consecuencias tienen para las poblaciones más vulnerables y qué acciones se pueden tomar para contener estos cambios.

¿Qué regiones destacan por mostrar mayores retrocesos en el tema de las violencias basadas en género?

Siempre que me hacen esta pregunta, respondo lo mismo: cualquier mujer que nazca en esta región está en grave riesgo de ser víctima de violencia. Violencia física, sexual, económica, simbólica y estructural. Porque vivimos en la segunda región más violenta del mundo para ser mujer. Y lo más indignante es que, al mismo tiempo, es la región que ha conquistado mayores avances en términos de reconocimiento de derechos a nivel legislativo y convencional. Es decir, tenemos un cuerpo jurídico robusto y de larga data, profundamente protector, pero eso no se traduce en seguridad para nuestras vidas.

Hay países donde la violencia es letal y adquiere dimensiones extremas. En Centroamérica, el Triángulo Norte sigue siendo un epicentro de feminicidios. En México, ciertas regiones viven una crisis de violencia feminicida que lo ubica en una posición alarmante. Venezuela, Argentina y Chile también presentan tasas elevadas de feminicidios, al igual que Uruguay, que, pese a su menor tamaño, registra niveles muy preocupantes. En Brasil, el problema se agrava con una sobrerrepresentación de mujeres afrodescendientes entre las víctimas.

Hemos evidenciado que el feminicidio, la muerte violenta de mujeres por el hecho de ser mujeres, aumenta en contextos de violencia generalizada, crisis políticas y conflictos sociales. En definitiva, América Latina sigue siendo una de las regiones más peligrosas para las mujeres.

¿Cómo impacta a las mujeres estas propuestas de retroceder en sus derechos?

Creo que hay un discurso político-ideológico que está poniendo a las mujeres como enemigas. Se está presentando la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres como una amenaza, y eso implica un retroceso muy peligroso en materia de derechos humanos. Pero no solo eso, también tiene implicaciones graves para la democracia, la construcción de paz y la seguridad.

El problema es que los derechos humanos están siendo cuestionados desde un enfoque ideológico. Si lo analizamos históricamente, los derechos humanos, como construcción filosófica y sociológica, fueron el pilar central de un nuevo acuerdo social tras la Segunda Guerra Mundial. Se convirtieron en la base del sistema de valores sobre el que se construyeron las relaciones internacionales, todas fundamentadas en la dignidad humana.

Si trasladamos esto al contexto regional, vemos que las transiciones a la democracia en América Latina también se sostuvieron sobre ese principio, el reconocimiento de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Pero hoy, ciertos gobiernos y grupos ideológicos, porque no se trata solo de gobiernos, sino de actores con intereses concretos, han convertido los derechos humanos en un blanco de ataque. Masifican un discurso que cuestiona la dignidad del ser humano como eje de las relaciones sociales, y eso nos lleva a una involución.

Lo que estamos viendo ahora, y lo digo a título personal como especialista en derechos humanos, es un retroceso profundo en los principios que sustentaron la democracia en nuestra región.

En casos como el de Estados Unidos, donde se han firmado órdenes ejecutivas para restringir los derechos fundamentales de las personas trans, ¿Cuáles son las principales implicaciones de estas decisiones políticas?

No puedo hablar de Estados Unidos como Secretaría Técnica porque este país no es parte de los protocolos ni tratados internacionales de protección de derechos humanos. Sin embargo, como experta, puedo decir que lo que ocurre en Estados Unidos tiene un impacto innegable en el resto de la región. Sus decisiones en política pública, ya sea para ampliar o restringir derechos, generan un efecto en cadena, influyendo en discursos, políticas públicas y movimientos políticos en otros países.

Si analizamos la historia, hasta mediados del siglo XX, los sistemas jurídicos y políticos estaban diseñados bajo la supremacía del hombre. La lucha de las mujeres por los derechos humanos ha sido precisamente la lucha por el reconocimiento de la igualdad sustantiva y jurídica. Por eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no de los derechos del hombre, marcó un hito, el reconocimiento de que los derechos deben ser para todas las personas.

Cuando se cuestiona el principio de igualdad, lo que realmente se está cuestionando es el reconocimiento de derechos. En el caso de los derechos de las mujeres trans, se les están restringiendo derechos ya conquistados. Si los derechos son universales, ¿por qué alguien debería quedar excluido? El acceso a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad, la protección frente a la violencia, todo esto está siendo puesto en tela de juicio por sectores con poder económico, político y fáctico.

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¿Qué consecuencias tendría la eliminación de la figura jurídica del feminicidio tal como se plantea en Argentina?

No se trata solo de eliminar una norma. Se trata de eliminar lo que esa norma representa simbólicamente en los acuerdos sociales. Cuando se desconocen figuras como el feminicidio, que reconoce que la violencia contra las mujeres tiene características específicas y que no puede ser equiparada con cualquier homicidio, lo que realmente se está haciendo es invisibilizar una realidad concreta: a los hombres los matan otros hombres, pero a las mujeres víctimas de feminicidio las asesinan, en su gran mayoría, hombres de su entorno de confianza.

Eliminar la figura jurídica del feminicidio es un mensaje de indiferencia hacia la vida de las mujeres. Implica que su protección no es una prioridad, no sólo en términos de vida, sino también en el respeto a sus cuerpos, sus derechos sexuales y reproductivos, que están estrechamente vinculados.

Los discursos políticos que niegan la realidad de la violencia basada en género sí tienen consecuencias directas en las democracias. Desde 2018 comenzamos a monitorear a candidatos presidenciales que ponían en debate el tema de género, cuestionando y usándolo en su agenda política. En Colombia influyó en el referéndum de 2016 y en Perú afectó las normativas sobre derechos sexuales y reproductivos.

Como organismo hemos visto cómo los discursos que llaman al odio y que desconocen los avances para erradicar la violencia contra las mujeres ha impactado en el aumento de feminicidios en ciertos países donde este tema ha estado en debate. Este tipo de narrativas desvaloriza la vida de las mujeres, deshumaniza sus cuerpos y fomenta el odio, afectando directamente su seguridad y bienestar. Su impacto se refleja en el aumento del acoso sexual, la violencia en el trabajo, en el hogar y en los espacios públicos.

Si los retrocesos en derechos humanos para las mujeres continúan avanzando, ¿Qué podría pasar?

Los derechos de las mujeres no son un tema secundario ni un anexo a la democracia, la seguridad o la paz. Son ejes centrales. No podemos hablar de democracia si el 50%, y en algunos países el 51%, de la población está siendo excluida de las decisiones fundamentales. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando se restringen o desconocen los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.

No es posible construir economías sostenibles si las mujeres siguen siendo marginadas. No se puede hablar de desarrollo cuando las mujeres, que sostienen gran parte de los sistemas económicos, siguen realizando tareas de cuidado sin remuneración, cubriendo vacíos que los Estados deberían atender. Entonces, cuando se intenta reducir a las mujeres a roles de subordinación o presentarlas como una amenaza para un supuesto “orden social”, lo que realmente está en juego es medio siglo de avances en materia de derechos, democracia y seguridad.

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Estamos en un momento crítico. Si permitimos estos retrocesos, el impacto no se limitará a un solo país. El riesgo es que se genere un efecto dominó en la región. Por eso, es fundamental que los movimientos de mujeres, los gobiernos responsables y la cooperación internacional comprendan la gravedad del escenario y actúen en defensa de los derechos conquistados.

¿Qué estrategias considera efectivas para contrarrestar el discurso de la “ideología de género” que se utiliza para limitar los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+?

Tenemos un gran desafío, porque el sistema patriarcal se sostiene en dos ejes: las normas jurídicas y las normas sociales. En América Latina hemos avanzado en la protección de los derechos de las mujeres a nivel jurídico, pero el cambio social no ha ocurrido al mismo ritmo. Mientras las generaciones más jóvenes empiezan a reconocerse como sujetas de derechos, los estereotipos de género siguen profundamente arraigados en la cultura, en la educación y en los medios de comunicación.

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El movimiento feminista ha logrado avances significativos en países como Argentina, Chile, Colombia y México, pero implementar esa agenda ha sido difícil. Las instituciones públicas son lentas, y sin un compromiso real con la transformación cultural y presupuestaria, estos avances quedan en el papel.

Aún confío en que los sistemas de justicia y los mecanismos de pesos y contrapesos dentro de los Estados puedan frenar estas regresiones. Un gobierno no es el único actor en un país. Hay instituciones, hay sociedad civil, hay compromisos internacionales. La clave estará en que todos estos actores asuman su responsabilidad en este momento.