La llamada de un vecino a las autoridades dejó en evidencia a un ciudadano estadounidense de 36 años que ingresó al apartahotel Gotham, en el sector El Poblado de Medellín, junto con dos menores de edad de 12 y 13 años. El hecho se presentó el pasado 29 de marzo, sobre las 6:30 p.m. y aunque la Policía de Infancia y Adolescencia ingresó al apartahotel, dejó en libertad al turista, identificado como Timothy Alan Livigston, por no haberlo encontrado en flagrancia cometiendo un delito.
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El alcalde Federico Gutiérrez dio a conocer que el estadounidense salió del país, mientras la Fiscalía determina si cometió un delito sexual. En Colombia, cualquier acto sexual con una persona menor de 14 años, incluso si dice ser consentido, es un delito. La Policía de Medellín selló el apartahotel y suspendió su actividad comercial durante 10 días y el alcalde expidió dos decretos con los que prohíbe los servicios sexuales en zonas como Provenza y el Parque Lleras para luchar contra la explotación sexual de menores.
El apartahotel Gotham es un establecimiento ubicado en la carrera 37 No. 8A-102, a pocas cuadras de Parque Lleras, se trata de un edificio de apartamentos de lujo ofertados a través de la plataforma Airbnb. Pertenece a la empresa Propiedad Raíz Casacol SAS, la cual se promociona en la ciudad como fomentadora del alquiler e inversión en hoteles, propiedades y condominios para extranjeros y colombianos de “alto poder adquisitivo”.
Según los expedientes de la Cámara de Comercio de Medellín, Casacol fue fundada en el 2013 por el canadiense Bradley H. Hinkelman, que figura como único accionista de la empresa y representante legal principal. En la página web de la compañía se lee que Hinkelman trabajó en los sectores de software y alta tecnología e inició su portafolio de inversión de propiedades en Medellín a mediados del año 2008. El Espectador quiso hablar directamente con él, pero la compañía se pronunció a través de otra vocera.
Durante los últimos años, Hinkelman ha dado entrevistas para diversos medios internacionales sobre la oportunidad de inversión en propiedades de lujo en Colombia y, en una entrevista que dio a El Tiempo en 2018, aseguró que el país “tiene la receta perfecta para un extranjero”. Actualmente, la empresa cuenta con 102 establecimientos de comercio como apartamentos amoblados, apartahoteles y hoteles activos, según datos disponibles del Registro Único Empresarial.
Para el caso de la propiedad Gotham, esta se promociona en la plataforma de arrendamientos como apartamentos y un penthouse en Provenza con “muebles opulentos, jacuzzi privado, vistas al horizonte de la ciudad y comodidades de vanguardia”. El ingreso y registro al hospedaje es de manera autónoma mediante un sistema de cerradura inteligente. Asimismo, las reseñas de quienes se han hospedado allí son mayoritariamente de hombres estadounidenses y se leen comentarios como que es una propiedad “sexy y lujosa, sin sentirse pretenciosa”, “cada ventana está completamente insonorizada” y “la ubicación es inmejorable, justo en el corazón de la acción”.
En un comunicado de prensa, el apartahotel fue enfático y dijo que repudia “cualquier forma de explotación sexual”. Indicó que su equipo, conformado por 17 mujeres administradoras, ha trabajado por la protección de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en Colombia; que han participado en la Mesa Interseccional e Interinstitucional de Prostitución de la Alcaldía de Medellín para contribuir a combatir la explotación de menores en los establecimientos de alojamiento y hospedaje y que en las reservas, que se realizan por medio de la plataforma Airbnb, le exigen a los turistas que acepten sus políticas contra el turismo sexual.
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“A pesar de nuestros mejores esfuerzos, un extranjero, que ha sido identificado por las autoridades como Timothy Alan Livingston, burló y violó nuestros esquemas de seguridad (...) Estamos colaborando y continuaremos colaborando activamente con las autoridades con el objetivo de judicializar a los responsables de este aberrante hecho”, se lee en el documento.
El Espectador se puso en contacto con Ana Sandoval, directora de operaciones y representante legal suplente de Casacol, para ampliar las declaraciones contenidas en el comunicado de prensa. Sandoval enfatizó que para los alquileres de Airbnb “le exigimos que los usuarios, cuya identidad es previamente verificada, acepten expresamente nuestras políticas contra el turismo sexual, la explotación infantil y el consumo de drogas antes de reservar”. Sin embargo, aseguró que no daría más declaraciones porque están enfocados en “proporcionarle toda la información a la Fiscalía”.
Dichas políticas se encuentran adjuntas directamente en la plataforma Airbnb y establecen que está prohibido el ingreso de menores de edad a las propiedades sin el acompañamiento de sus padres o representantes legales. Además de que cualquier conducta relacionada con turismo sexual o consumo de drogas resultará en un retiro inmediato de la propiedad.
Pese a las medidas de la propiedad, la no detención del extranjero y el cierre temporal del establecimiento generaron todo tipo de rechazos, incluido el del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó la sanción como “ridícula”, refiriéndose a que esta era muy leve. Según el mandatario, “un solo hecho donde se demuestre que se presenta explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, debería ser causal suficiente para aplicar extinción de dominio a un bien”. Además, dijo que Livigston debería estar tras las rejas, y no de regreso en su país.
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¿Qué es la extinción de dominio?
La extinción de dominio es una herramienta disponible para confiscar los bienes de personas o empresas que fueron usados en actividades ilícitas. Como explica Hernán Miranda, abogado penalista y litigante de extinción de dominio, tiene como fin “castigar el uso que se le da a la propiedad privada. Es contra los bienes, nunca contra las personas”. Es decir, para que haya una extinción de dominio se debe determinar que el apartamento “haya sido medio, instrumento o destinado para la ejecución de actividades ilícitas, en este caso explotación sexual de menores”, agrega Miranda.
Al tratarse de un servicio de alquiler o arrendamiento, el especialista también menciona que los dueños del inmueble o sus administradores tienen unos deberes de vigilancia y control sobre quienes ingresan a la propiedad y abre la pregunta sobre cómo se están implementando las políticas contra la trata de personas o explotación sexual que señalan en la web. No obstante, menciona que, al tratarse de una persona que presuntamente pasó por encima de los controles de vigilancia, el proceso para determinar si existió o no el delito contra las menores sería independiente al caso de extinción de dominio.
Frente a esto, Santiago Trespalacios, abogado penalista, añade que la extinción de dominio en casos por explotación sexual sí es frecuente. “En este caso, para defender su predio, los propietarios deben demostrar que cumplieron con todos los deberes de custodia, aplicaron los protocolos en contra de la explotación sexual de menores y que, pese a ello, fueron vulnerados por el extranjero. Y si aun así, se logra demostrar que el establecimiento fue destinado para estas actividades y no cumplió con sus deberes, se podría dar la extinción”.
Trespalacios agrega que el proceso que enfrentaría el ciudadano estadounidense es una acción independiente y autónoma. Así, a pesar de que haya abandonado el país, se pueden seguir investigando penalmente los hechos y podría recibir una pena por explotación sexual comercial agravada, debido a su condición de turista y porque las víctimas son menores de 14 años.
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“Esta es la cotidianidad de muchas ciudades en Colombia. Aunque pareciera excepcional, está lejos de serla”, indicó en conversación con este diario Ana María González Forero, exsecretaria del Interior de Cartagena. Además, llamó la atención sobre la necesidad de reconocer que este delito puede presentarse en cualquier operador turístico (carro, taxi, restaurante, hotel, apartahotel, Airbnb, bar), y no solo en los hoteles.
Cuando fue secretaria del Interior de Cartagena, González Forero logró la suspensión definitiva de la actividad comercial y extinción de dominio de cinco establecimientos. Su concepto sobre el caso del apartahotel Gotham de Medellín es que no solo debería aplicarse esta medida, sino que sería “aleccionador” para otros lugares que se prestan para el turismo que explota sexualmente a niñas, adolescentes y mujeres.
“Hay que hacerle un llamado a la Fiscalía para que investigue bien, tipifique el delito, le haga pagar al dueño del establecimiento y se ejecuten las sanciones más severas, que sería la extradición del turista extranjero y la extinción de dominio. Tenemos que hacer un acuerdo como sociedad de que este tipo de cosas no se pueden permitir. De lo contario, seguiremos dando el mensaje de que en Colombia no pasa nada, que se puede ejercer la prostitución con menores de edad”, asegura González.
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Katherine Jaramillo, abogada y directora de Valientes Colombia, una organización que busca erradicar la trata y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) en el país, le dijo a El Espectador que los establecimientos y empresas del sector turismo tienen toda la responsabilidad para prevenir y erradicar la explotación sexual. “El reto es que todos los colaboradores sean conscientes de que deben denunciar. En muchos casos, pese a que se cumplen las leyes, los mismos trabajadores las omiten por desconocimiento, complicidad o para no molestar al cliente”.
La abogada señaló que la responsabilidad también recae en instituciones públicas como Policía, Infancia y Adolescencia, Ministerio de Turismo, entre otros, que deberían trabajar articuladamente y fortalecer sus leyes para prevenir estos delitos. “Es decepcionante que la campaña “Ojos en todas partes”, para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no se volvió a ver o que no se haya actualizado el código de conducta, teniendo en cuenta que hay nuevos prestadores que no tienen recepción, como la modalidad de Airbnb. ¿Ahí quién vigila?”.
Sandra Restrepo, directora ejecutiva de La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), sede Antioquia, le explicó a El Espectador que por ser un gremio privado no pueden tomar acciones sobre lo sucedido. Aclaró que al no ser Gotham un hotel tradicional, sino una “vivienda turística que no cuenta con recepción las 24 horas”, facilita que los huéspedes ingresen con sus acompañantes sin ser registrados. “Rechazamos todo lo que tenga que ver con la explotación sexual de niñas, niños o adolescentes, un flagelo que nos perjudica a todos. El llamado es a que los alojamientos, independientemente de su subcategoría, cumplan con las medidas para prevenir este delito”.
Por su parte, la Fiscalía destacó un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) para determinar si Livigston habría “incurrido en conductas delictivas relacionadas con inducción a prácticas sexuales”. El ente indicó que dicha investigación podría determinar una “posible apertura de un proceso de extinción del derecho de dominio sobre el establecimiento comercial donde fueron halladas las menores”.