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El pasado 17 de junio, los diputados británicos votaron a favor de modificar la legislación sobre el aborto, con el objetivo de evitar que las mujeres y personas con capacidad de gestar en Inglaterra y Gales sean procesadas por tomas la decisión de interrumpir el embarazo. La enmienda, calificada como histórica, fue aprobada con una mayoría de 379 votos a favor frente a 137 en contra. A partir de ahora, quienes decidan abortar fuera de las normativas establecidas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ya no correrán el riesgo de ser investigadas por las autoridades.
Este avance representa el mayor cambio en la regulación del aborto en Inglaterra y Gales desde 1967. La ley vigente, que data de la época victoriana, permite que cualquier persona con capacidad de gestar pueda acceder legalmente a este servicio, dentro de las primeras 24 semanas. Después de este plazo, el aborto solo está permitido en circunstancias específicas, como cuando está en riesgo la vida de la persona gestante o si existe la posibilidad de que el feto presente un condición de discapacidad grave.
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Sin embargo, incluso con esta norma, seguían existiendo casos de criminalización contra personas que tomaban la decisión de abortar dentro o fuera de los plazos y causales establecidos. Según los movimientos feministas y la diputada laborista Tonia Antoniazzi, como comentó en ruedas de prensa, estas situaciones representaban persecuciones consideradas “anticuadas” por parte de la fuerza policial.
Por ello, el Parlamento decidió eliminar la criminalización penal de quienes interrumpan el embarazo fuera del plazo legal, incluidos los casos posteriores a las 24 semanas de gestación. La medida parte de la defensa de que las personas que deciden sobre sus cuerpos sean protegidas y no penalizadas. Con esta enmienda, ya no se penalizará a quienes aborten fuera del marco permitido por la ley.
El pronunciamiento del Parlamento se dio tras la difusión de varios casos que generaron preocupación en la opinión pública. De acuerdo con información obtenida por la agencia de noticias EFE, uno de los más relevantes fue el de Nicola Packer, una mujer británica de 45 años que fue procesada penalmente durante casi cinco años. En 2020, Packer tomó una píldora abortiva creyendo tener alrededor de seis semanas de gestación y estar dentro del plazo legal. Sin embargo, tenía tenía 26 semanas de gestación, lo que superaba el límite permitido. Tras ser sometida a una cirugía de urgencia, fue denunciada, detenida y procesada.
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La diputada Antoniazzi aclaró que la reforma no modifica el plazo legal para abortar y que quienes colaboren en procedimientos fuera del marco legal, seguirán siendo susceptibles de sanción penal.
Aunque los diputados británicos dieron un paso importante, la enmienda aún debe completar su trámite legislativo en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, la cámara alta, antes de convertirse en ley.
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Por Redacción Género y Diversidad
