
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Lo que hace más de una década se presentó como una herramienta para que mujeres y personas con capacidad de menstruar comprendieran sus ciclos menstruales, identificaran irregularidades y dispusieran de un recurso tecnológico para planificar su vida sexual y reproductiva, se ha convertido hoy en una fuente de información que podría vulnerar sus derechos reproductivos a nivel global, especialmente en países donde estos derechos aún enfrentan restricciones. Este es el principal riesgo señalado en un reciente informe del Centro Minderoo para la Tecnología y la Democracia de la Universidad de Cambridge.
El uso de esta tecnología ha crecido exponencialmente en los últimos años. Según el informe, en 2024, tres de las aplicaciones más populares acumularon cerca de 250 millones de descargas en todo el mundo, lo que equivale a que al menos una de cada 32 personas haya descargado una aplicación de este tipo. Esto se explica porque, en un inicio, estas herramientas brindan múltiples beneficios en términos de autonomía, al permitir que mujeres y personas menstruantes conozcan mejor su cuerpo, comprendan su ciclo y tomen decisiones informadas y libres sobre su salud y vida reproductiva. Además, contribuyen a desmitificar la menstruación, eliminando estigmas y prejuicios, y facilitan la identificación de cambios físicos o emocionales. También resultan especialmente valiosas en contextos donde el acceso a educación sexual o servicios médicos es limitado.
No obstante, junto con estos beneficios, se suele olvidar que estas aplicaciones forman parte del mercado denominado “femtech”, que en 2025 alcanzó un valor estimado de 1.690 millones de dólares y se proyecta que llegará a 5.070 millones para 2030, según la consultora Grand View Research.
¿Por qué es importante recordarlo? Porque en medio de las lógicas del mercado se encuentran los términos y condiciones de la mayoría de las aplicaciones de uso cotidiano, acompañados de un botón tentador que, con un solo clic, permite aceptar sin más lo que allí se establece. En ese conjunto de cláusulas, muchas veces redactadas en lenguaje técnico o poco claro, se incluyen las políticas de privacidad y el tratamiento de los datos personales. Es precisamente en este punto donde la investigadora de Cambridge identificó un riesgo significativo.
“Las personas no somos conscientes, no le damos un verdadero valor a nuestros datos, y no somos conscientes de los términos y condiciones que estamos aceptando. Pero eso no exime de responsabilidad a las compañías que los utilizan de ciertas maneras: criminalización por un lado, y por el otro, con fines de marketing”, señaló Catalina Moreno, abogada especializada en derechos humanos y género, y codirectora de la Fundación Karisma, organización dedicada a promover que los entornos digitales fortalezcan la justicia social, en entrevista con El Espectador.
La investigación alerta sobre dos riesgos principales: por un lado, el uso de datos personales para inducir decisiones de consumo o influir en los proyectos de vida de mujeres y personas que menstrúan, especialmente en lo relacionado con sus decisiones reproductivas; y por otro, el uso de esta información como herramienta para criminalizar decisiones como el aborto, intervenir en procesos judiciales relacionados con violencias basadas en género, ejercer persecución en entornos laborales o discriminar a personas con experiencia de vida trans.
De acuerdo con Catalina Moreno, esto no solo refleja la falta de conciencia que existe alrededor del uso de nuestros datos personales, sino que también deja en evidencia la falsa creencia “de que la tecnología es un espacio neutral e imparcial, y de que no está manejada por ciertos intereses políticos y económicos”, especialmente en contextos políticos y sociales donde los derechos sexuales y reproductivos están más limitados.
El uso comercial de los datos de las apps de gestión menstrual
En el vasto universo de los datos personales, no toda la información vale lo mismo. Y cuando se trata de los cuerpos, los ciclos y las decisiones que deberían ser autónomas e informadas, el mercado digital se vuelve especialmente voraz.
La investigadora Stefanie Felsberger, socióloga especializada en tecnología y género, y candidata a doctorado en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Cambridge, encontró lo que sería una mina de oro para la publicidad. El informe detalla que, mientras los datos básicos como género, edad o ubicación apenas alcanzan los 0.0005 dólares por persona, saber que alguien está en el tercer trimestre de gestación puede elevar el valor de su registro hasta 0.11 dólares. Es decir, 220 veces más.
Y no es una cifra al azar. El embarazo es, junto con el matrimonio, uno de los eventos que modifican radicalmente los hábitos de consumo, según esta industria. Desde vitaminas prenatales hasta venta de automóviles, pasando por seguros, muebles, ropa o alimentación, las decisiones de compra cambian y, con ello, la urgencia de las marcas por llegar primero a la persona gestante.
Sin embargo, el uso de los datos no sólo se limita a las personas que decidieron gestar. Según el informe, la publicidad basada en el ciclo menstrual adapta anuncios según las fases hormonales del ciclo. Durante la llamada “fase de apareamiento”, dominada por el estrógeno, se publicitan cosméticos y ropa “reveladora”. En la “fase de anidación”, con progesterona, se priorizan productos del hogar.
Una personalización de anuncios que tiene un costo oculto: puede reforzar estereotipos de género, explotar momentos de vulnerabilidad y poner en riesgo los derechos sexuales y reproductivos. En situaciones de embarazos no planificados, recibir anuncios sobre bebés o mensajes con carga ideológica “provida” puede resultar invasivo y perjudicial. Una de las conclusiones del estudio es que, lejos de ser un gesto inocente, este tipo de publicidad apunta directamente a momentos de alta vulnerabilidad.
“El asunto de género en los datos es algo que no se puede dejar de lado. Finalmente, la tecnología —en este caso, los datos— también puede ser utilizada como un arma, por ejemplo, para conducir u orientar comportamientos”, advierte Moreno en entrevista con este diario.
Un caso documentado por The New York Times ocurrió en 2012, cuando un padre en Estados Unidos reclamó a la cadena Target por haber enviado a su hija adolescente un catálogo con productos para recién nacidos. Lo que parecía un error fue, en realidad, el resultado de un algoritmo que analizaba patrones de compra. La empresa había detectado el embarazo no planeado antes que el entorno cercano de la joven, basándose en los artículos que había adquirido.
Estos mecanismos no solo vulneran la privacidad. También ponen en riesgo el derecho a decidir sin presiones externas, en un ámbito que debería estar libre de vigilancia comercial. Por ejemplo, Flo —una de las aplicaciones de gestión menstrual más descargadas del mundo— fue señalada en 2019 por compartir información personal con Facebook sin advertirlo de forma transparente. Según una investigación del Wall Street Journal, cada vez que una persona registraba el inicio de su menstruación o indicaba que quería quedar embarazada, la app enviaba esos datos a la red social. Aunque la empresa aseguró que la información estaba anonimizada, se descubrió que se compartía junto con identificadores individuales. Esto permitía a las plataformas publicitarias mostrar anuncios dirigidos relacionados con salud, fertilidad o maternidad.
Pero el caso de Flo no fue el único. Entre 2018 y 2019, la organización Privacy International analizó decenas de aplicaciones vinculadas a la salud reproductiva y encontró que, de las 36 aplicaciones estudiadas, el 61 % enviaba datos a Facebook de forma automática al momento de abrir la app. Esto ocurría sin importar si la persona tenía cuenta en la red social o si había iniciado sesión. “Una aplicación compartió con Facebook la intención de las usuarias de quedar embarazadas, la duración del ciclo menstrual y la fecha de su último período”, se lee en el informe.
¿Un arma contra los derechos sexuales y reproductivos y otros derechos?
El estudio de la Universidad de Cambridge alertó sobre los múltiples riesgos que implica el uso de datos recolectados por aplicaciones de seguimiento menstrual. Entre los más graves se encuentran el acoso digital, la vigilancia y discriminación en el entorno laboral, el uso de esta información por parte de aseguradoras para negar coberturas, e incluso su utilización en procesos judiciales para revictimizar a personas en casos de violencia de género. También advierte sobre el control del acceso al aborto, la persecución a personas con identidades de género diversas y el riesgo de filtraciones o robos de datos.
Para llegar a esas conclusiones, Stefanie Felsberger realizó cuatro estudios de caso en los que estos riesgos quedaron evidenciados. Uno de ellos es el uso de datos como prueba judicial. En 2015, Jeannine Risley denunció una agresión sexual en la casa de su jefe, donde la policía encontró una botella de vodka, muebles volcados y un cuchillo: señales físicas que respaldaban su testimonio. Risley explicó que, durante el forcejeo, había perdido su pulsera Fitbit, un dispositivo que monitorea el ritmo cardíaco y la actividad física. Pero al recuperar el dispositivo, los datos extraídos fueron utilizados en su contra. Según las autoridades, Risley caminaba durante un periodo en el que había declarado estar dormida, lo que llevó a acusarla de presentar una “denuncia falsa”.
El problema central fue la interpretación de esos datos: los registros de movimiento no demuestran con certeza que una persona estuviera caminando, ni indican el contexto de esa actividad. Este caso revela cómo los datos recolectados por dispositivos personales de salud pueden ser empleados en procedimientos judiciales sin garantías suficientes de precisión o contexto, generando consecuencias graves para las personas involucradas.
Otros casos documentados están relacionados con el acceso al aborto. En Estados Unidos, se evidenciaron situaciones en las que datos sobre ciclos menstruales fueron utilizados para restringir ese acceso. En Misuri, autoridades sanitarias registraron los ciclos de pacientes junto con información médica confidencial para investigar abortos fallidos, lo que derivó en una audiencia contra Planned Parenthood. Y durante el primer gobierno de Donald Trump, se documentó que el Estado monitoreó los ciclos de menores migrantes no acompañadas para impedirles abortar, incluso en casos de violación.
Frente a este panorama, Catalina Moreno explica que, tras la anulación del fallo Roe vs. Wade en Estados Unidos en 2022, creció la preocupación por el uso de datos digitales en investigaciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque hasta ahora no se han utilizado datos de aplicaciones de seguimiento menstrual como prueba directa en este tipo de causas, sí se han empleado historiales de búsqueda o mensajes privados.
“Cuando esto ocurre, Meta empieza a entregar —ni siquiera estamos hablando de contenido específico de redes sociales, como posteos—, sino mensajes de Messenger entre una mamá y una hija que están buscando cómo ella puede acceder a un aborto”, asegura.
Si bien los casos mencionados no están directamente relacionados con el uso de datos provenientes de aplicaciones de gestión menstrual, sí demuestran cómo la tecnología y los rastros digitales están siendo utilizados para criminalizar el aborto en países donde los derechos sexuales y reproductivos enfrentan mayores restricciones, convirtiendo a estas aplicaciones en una mina de oro de información personal.
“Los datos de seguimiento menstrual no están necesariamente protegidos como información médica, pero pueden revelar aspectos muy íntimos sobre las usuarias: sus opciones reproductivas, problemas de salud mental, dificultades de salud y una gran cantidad de información sobre consumo y política”, señala el estudio.
Esta discusión ya se está trasladando a la vida real. En el Reino Unido, donde el aborto aún se rige por una ley penal de 1861 y solo está permitido con el consentimiento de dos médicos y dentro de un plazo de 24 semanas de gestación, la policía ha solicitado datos a proveedores de servicios de aborto e incautado dispositivos electrónicos en investigaciones sobre abortos ilegales, incluso en casos de pérdida gestacional. En mayo de este año se publicó un documento en el que el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) indica que, en algunos casos, las autoridades deberían recopilar pruebas digitales para determinar si una mujer sabía que estaba embarazada y cuáles eran sus intenciones. Para ello, se propone revisar búsquedas en internet, mensajes de texto y datos de aplicaciones. También se contempla la búsqueda de píldoras abortivas y el acceso al historial médico, incluso sin una orden judicial.
“Como siempre, hay una lucha constante por el ejercicio de nuestros derechos y de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que nunca estamos completamente a salvo las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Aquí tenemos, por ejemplo, en Colombia, una protección que ha ido avanzando en términos de la criminalización del aborto. Pero sabemos que nunca se deja de luchar, porque cualquier cosa puede, una vez más, mover la aguja y llevarnos a un retroceso”, concluye Moreno.
En un mundo donde los derechos reproductivos están nuevamente en disputa, las aplicaciones de seguimiento menstrual se convierten en algo más que simples herramientas digitales: son espacios donde se reflejan y profundizan desigualdades. Quienes desarrollan y controlan estas apps tienen acceso a información altamente sensible, mientras que muchas personas desconocen el verdadero alcance de esa recopilación, especialmente en contextos donde el aborto es restringido o criminalizado. Esto pone en riesgo su privacidad y abre la puerta a la vigilancia y al control sobre decisiones reproductivas que deberían ser autónomas.
🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.
✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.
