María Fernanda Cabal y Piedad Córdoba, políticas más atacadas con violencia digital

“Esto ha sido salvaje. He tenido que padecer esta violencia a costa de lágrimas, dolor, angustia, hostigamiento, difamación y calumnia. Se han metido con mi familia, me han suplantado e inventado delitos. Me han dicho gorda, marrana y cerda. Me lo repiten todos los días y me ha hecho mucho daño”. Así describe la senadora Angélica Lozano la violencia que ha tenido que padecer luego de decidirse a hacer política en Colombia. La violencia que deben enfrentar en soledad otras mujeres que también están siendo silenciadas.

Aunque, al igual que ellas, los hombres son víctimas de la violencia digital, el estudio de la Fundación Karisma “Acoso, soledad y desprestigio”, publicado este viernes y realizado con el apoyo de ONU Mujeres, la Universidad del Rosario y la embajada de Suecia, explica que en gran medida este tipo de violencia simbólica y psicológica está basada en el género y afecta mucho más a las mujeres.

En él, las investigadoras tipifican las clases de violencia digital y determinan que, aunque no es homogénea, suele venir en presentaciones similares. Mensajes que refuerzan estereotipos y ponen en duda la capacidad de las mujeres para hacer política, información falsa que busca deslegitimarlas, acoso, insultos, menosprecio, amenazas, extorsiones, suplantaciones, ataques a su intimidad, aspecto físico y orientación sexual.

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La fundación recogió más de 330 mil publicaciones de X (antes Twitter) durante 30 días de la campaña al Congreso de la República de 2022. Luego, estableció la correlación entre los nombres de las candidatas y las palabras relacionadas con violencia que se publicaron hacia ellas. María Fernanda Cabal, Piedad Córdoba, Angélica Lozano y Katherine Miranda fueron las mujeres con mayor cantidad de menciones en mensajes violentos, entre otras cosas porque eran las candidatas más visibles.

“Bruja”, “chuchenta”, “burra”, “arpía”, y “errática” son apenas un puñado de todas las palabras que se recogieron en el proceso. “Dedíquese al hogar y recupere a su esposo”, “quiero un hijo tuyo, mamacita” o “para esta negrita, lesbiana y pobretona (cito palabras de Juanpis sobre comunidad afro) todo es persecución política”, son algunas de las frases violentas que lanzaron contra las mujeres que buscaban llegar a los escenarios de poder.

Tal como lo explica a este diario Catalina Moreno Arocha, coordinadora de Inclusión Social de la Fundación Karisma: “La violencia digital es una manifestación de la misma violencia que está en la calle”. Sin embargo, tiene una particularidad: la creencia de que en el espacio físico las personas son unas y en el terreno digital pueden ser otras. Para Moreno, eso hace que esta forma de violencia se desestime fácilmente, se normalice como algo inherente al ejercicio político y se crea que “erradicarla es tan fácil como bloquear las cuentas de los agresores”.

Lo cierto es que las redes sociales son una extensión del espacio público; allí también hay conversaciones y debates con la ciudadanía. Por eso, el informe explica que la violencia digital contra mujeres en política es un ataque directo a su visibilidad y participación en la vida pública, lo que termina siendo también un atentado contra la democracia. Además, busca preservar desigualdades estructurales y estereotipos de género.

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“Quieren destruir a las mujeres que van al frente, alzan la voz y fijan posturas que implican costos. Pasa si son de derecha, centro o izquierda; pobres o ricas. ¿Cuál es el común denominador? No toleran a las mujeres con poder”, asegura Angélica Lozano a El Espectador. Según cuenta, recibir este tipo de mensajes ha afectado su reputación y salud mental. Por eso, en un primer momento, decidió no reelegirse y no inscribió su candidatura al Senado para las elecciones de 2022.

“Tenía muchas dudas. Estaba molida por el hostigamiento y no sabía si valía la pena el costo emocional que hay que pagar”. Sin embargo, cuenta que su esposa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la convenció de inscribirse durante la semana de cambios que admite el proceso de inscripción. Esa decisión la llevó a ser elegida senadora por segundo período consecutivo en marzo de 2022.

En la investigación, Karisma organizó grupos focales en los que todas las candidatas que participaron admitieron haber tenido que afrontar la violencia digital. Esto ha hecho que las mujeres, que utilizan las redes porque parecen ser una regla de la política contemporánea, se vuelvan resilientes a una violencia que no deberían tolerar. Además de las afectaciones emocionales que sufren a nivel individual, el fenómeno tiene un efecto negativo en otras mujeres que sueñan con hacer política y llegar a tener cargos de elección popular.

Para Moreno, evidenciar esta problemática es el primer paso para resolverla. “La caracterización de las violencias nos sirven para empezar a nombrarlas, para que las mujeres que están haciendo política puedan encajar su situación en algún lugar y sepan que lo que les está pasando es una forma de violencia”, afirma a este diario.

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Sin embargo, incluso cuando se hace visible, sigue existiendo un enorme vacío institucional que se traduce en que las mujeres deban enfrentar esta violencia solas, de allí el título del reporte. Si bien el informe indica que Colombia cuenta con una ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres; un proyecto de ley aprobado por el Congreso, y a la espera de revisión de la Corte para convertirse en ley, sobre violencia política contras ellas; y un protocolo a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), concluye que no hay realmente dolientes para ayudar a las mujeres en esta situación. No hay obligaciones específicas, medidas de protección, rutas claras para denunciar, ni un conteo de los casos denunciados.

En conversación con El Espectador, Moreno advierte que hasta la ley sobre violencia política que se está revisando en la Corte Constitucional sobre el tema se está quedando corta. “No sé sabe qué institucionalidad le va a dar respuesta a la mujer, ni cómo se va a reparar. Además, hay definiciones de violencia tan amplias que podrían terminar afectando la libertad de expresión. La ley es un proceso con triunfos, pero también tiene vacíos”.

La ley sobre violencia contra las mujeres en política, aprobada en el Congreso el 13 de junio de 2023, establece medidas para la prevención, atención, seguimiento y sanción de la violencia contra ellas en todos los niveles de la estructura del Estado (nacional, departamental, distrital, municipal, local y comunitario). A su vez, determina que tanto el Ministerio del Interior, en coordinación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y los partidos políticos, deberán incluir estrategias de formación ciudadana que ayuden a prevenir, identificar y reaccionar a este tipo de violencia.

No obstante, tal como lo indica Moreno, para la interpretación y aplicación de la ley sólo se establece que “se tendrán en cuenta los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres y género, ratificados por el Estado Colombiano”.

El informe de Karisma, que busca llevar a la práctica tanta teoría, tiene un apartado final con recomendaciones que pueden ayudar a cambiar el panorama. Hay unas dirigidas a las autoridades electorales, como la de crear una ruta de atención clara y realizar diagnósticos sobre la violencia digital contra mujeres políticas ahora y durante procesos electorales. Otras para el Congreso, como la de expedir una ley que responda de manera integral al problema. Y unas cuantas más para los partidos, movimientos políticos y plataformas digitales, fundamentalmente en términos de pedagogía y apoyo para las mujeres.

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La violencia digital contra mujeres políticas es un problema profundo y con muchas aristas. Es por eso que debe abordarse desde todas sus falencias, según las investigadoras: la falta de aplicabilidad en las normas, la desinformación y la poca conciencia sobre sus consecuencias en la vida de las personas que la padecen. También es necesario que se adopten medidas pedagógicas que permitan dejar de normalizarla, sin importar cómo se manifieste. Tal como indica Molano: “Reducir la brecha digital no es sólo garantizar la conexión y regalar tabletas, también es entender qué es lo que pasa en internet y cómo allí podemos proteger a las mujeres”.

“Esto ha sido salvaje. He tenido que padecer esta violencia a costa de lágrimas, dolor, angustia, hostigamiento, difamación y calumnia. Se han metido con mi familia, me han suplantado e inventado delitos. Me han dicho gorda, marrana y cerda. Me lo repiten todos los días y me ha hecho mucho daño”. Así describe la senadora Angélica Lozano la violencia que ha tenido que padecer luego de decidirse a hacer política en Colombia. La violencia que deben enfrentar en soledad otras mujeres que también están siendo silenciadas.

Aunque, al igual que ellas, los hombres son víctimas de la violencia digital, el estudio de la Fundación Karisma “Acoso, soledad y desprestigio”, publicado este viernes y realizado con el apoyo de ONU Mujeres, la Universidad del Rosario y la embajada de Suecia, explica que en gran medida este tipo de violencia simbólica y psicológica está basada en el género y afecta mucho más a las mujeres.

En él, las investigadoras tipifican las clases de violencia digital y determinan que, aunque no es homogénea, suele venir en presentaciones similares. Mensajes que refuerzan estereotipos y ponen en duda la capacidad de las mujeres para hacer política, información falsa que busca deslegitimarlas, acoso, insultos, menosprecio, amenazas, extorsiones, suplantaciones, ataques a su intimidad, aspecto físico y orientación sexual.

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La fundación recogió más de 330 mil publicaciones de X (antes Twitter) durante 30 días de la campaña al Congreso de la República de 2022. Luego, estableció la correlación entre los nombres de las candidatas y las palabras relacionadas con violencia que se publicaron hacia ellas. María Fernanda Cabal, Piedad Córdoba, Angélica Lozano y Katherine Miranda fueron las mujeres con mayor cantidad de menciones en mensajes violentos, entre otras cosas porque eran las candidatas más visibles.

“Bruja”, “chuchenta”, “burra”, “arpía”, y “errática” son apenas un puñado de todas las palabras que se recogieron en el proceso. “Dedíquese al hogar y recupere a su esposo”, “quiero un hijo tuyo, mamacita” o “para esta negrita, lesbiana y pobretona (cito palabras de Juanpis sobre comunidad afro) todo es persecución política”, son algunas de las frases violentas que lanzaron contra las mujeres que buscaban llegar a los escenarios de poder.

Tal como lo explica a este diario Catalina Moreno Arocha, coordinadora de Inclusión Social de la Fundación Karisma: “La violencia digital es una manifestación de la misma violencia que está en la calle”. Sin embargo, tiene una particularidad: la creencia de que en el espacio físico las personas son unas y en el terreno digital pueden ser otras. Para Moreno, eso hace que esta forma de violencia se desestime fácilmente, se normalice como algo inherente al ejercicio político y se crea que “erradicarla es tan fácil como bloquear las cuentas de los agresores”.

Lo cierto es que las redes sociales son una extensión del espacio público; allí también hay conversaciones y debates con la ciudadanía. Por eso, el informe explica que la violencia digital contra mujeres en política es un ataque directo a su visibilidad y participación en la vida pública, lo que termina siendo también un atentado contra la democracia. Además, busca preservar desigualdades estructurales y estereotipos de género.

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“Tenía muchas dudas. Estaba molida por el hostigamiento y no sabía si valía la pena el costo emocional que hay que pagar”. Sin embargo, cuenta que su esposa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la convenció de inscribirse durante la semana de cambios que admite el proceso de inscripción. Esa decisión la llevó a ser elegida senadora por segundo período consecutivo en marzo de 2022.

En la investigación, Karisma organizó grupos focales en los que todas las candidatas que participaron admitieron haber tenido que afrontar la violencia digital. Esto ha hecho que las mujeres, que utilizan las redes porque parecen ser una regla de la política contemporánea, se vuelvan resilientes a una violencia que no deberían tolerar. Además de las afectaciones emocionales que sufren a nivel individual, el fenómeno tiene un efecto negativo en otras mujeres que sueñan con hacer política y llegar a tener cargos de elección popular.

Para Moreno, evidenciar esta problemática es el primer paso para resolverla. “La caracterización de las violencias nos sirven para empezar a nombrarlas, para que las mujeres que están haciendo política puedan encajar su situación en algún lugar y sepan que lo que les está pasando es una forma de violencia”, afirma a este diario.

Lea: ¿Por qué la historia del feminismo se cuenta en olas?

Sin embargo, incluso cuando se hace visible, sigue existiendo un enorme vacío institucional que se traduce en que las mujeres deban enfrentar esta violencia solas, de allí el título del reporte. Si bien el informe indica que Colombia cuenta con una ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres; un proyecto de ley aprobado por el Congreso, y a la espera de revisión de la Corte para convertirse en ley, sobre violencia política contras ellas; y un protocolo a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), concluye que no hay realmente dolientes para ayudar a las mujeres en esta situación. No hay obligaciones específicas, medidas de protección, rutas claras para denunciar, ni un conteo de los casos denunciados.

En conversación con El Espectador, Moreno advierte que hasta la ley sobre violencia política que se está revisando en la Corte Constitucional sobre el tema se está quedando corta. “No sé sabe qué institucionalidad le va a dar respuesta a la mujer, ni cómo se va a reparar. Además, hay definiciones de violencia tan amplias que podrían terminar afectando la libertad de expresión. La ley es un proceso con triunfos, pero también tiene vacíos”.

La ley sobre violencia contra las mujeres en política, aprobada en el Congreso el 13 de junio de 2023, establece medidas para la prevención, atención, seguimiento y sanción de la violencia contra ellas en todos los niveles de la estructura del Estado (nacional, departamental, distrital, municipal, local y comunitario). A su vez, determina que tanto el Ministerio del Interior, en coordinación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y los partidos políticos, deberán incluir estrategias de formación ciudadana que ayuden a prevenir, identificar y reaccionar a este tipo de violencia.

No obstante, tal como lo indica Moreno, para la interpretación y aplicación de la ley sólo se establece que “se tendrán en cuenta los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres y género, ratificados por el Estado Colombiano”.

El informe de Karisma, que busca llevar a la práctica tanta teoría, tiene un apartado final con recomendaciones que pueden ayudar a cambiar el panorama. Hay unas dirigidas a las autoridades electorales, como la de crear una ruta de atención clara y realizar diagnósticos sobre la violencia digital contra mujeres políticas ahora y durante procesos electorales. Otras para el Congreso, como la de expedir una ley que responda de manera integral al problema. Y unas cuantas más para los partidos, movimientos políticos y plataformas digitales, fundamentalmente en términos de pedagogía y apoyo para las mujeres.

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La violencia digital contra mujeres políticas es un problema profundo y con muchas aristas. Es por eso que debe abordarse desde todas sus falencias, según las investigadoras: la falta de aplicabilidad en las normas, la desinformación y la poca conciencia sobre sus consecuencias en la vida de las personas que la padecen. También es necesario que se adopten medidas pedagógicas que permitan dejar de normalizarla, sin importar cómo se manifieste. Tal como indica Molano: “Reducir la brecha digital no es sólo garantizar la conexión y regalar tabletas, también es entender qué es lo que pasa en internet y cómo allí podemos proteger a las mujeres”.