El debate sobre la maternidad subrogada nuevamente cobró fuerza tras la declaración de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, reconocida por su trabajo en torno a los derechos de las mujeres. La novelista nigeriana dio a conocer que, en abril de 2024, se convirtió en madre de gemelos mediante gestación subrogada, información compartida durante una entrevista con The Irish Times.
Desde entonces, su testimonio ha generado diversas reacciones, especialmente dentro del movimiento feminista, donde persisten posturas encontradas entre quienes lo consideran una opción basda en la autonomia del cuerpo y quienes lo cuestionan por las múltiples condiciones sociales que se entrelazan y profundizan la vulnerabilidad de muchas mujeres que participan en estas técnicas de reproducción asistida en distintas partes del mundo.
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Esta práctica, también conocida como “vientres de alquiler”, es un proceso en el que una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja, generalmente mediado por un acuerdo económico. Existen dos formas reconocidas de gestación subrogada. En la primera, que es la más común, la mujer gestante no tiene ningún vínculo genético con el bebé, pues el embarazo se realiza con óvulos y esperma de la pareja solicitante o de donantes. En la segunda, menos frecuente, la mujer que lleva el embarazo aporta su propio óvulo, por lo que hay una conexión genética.
Maternidad deseada y decisiones sobre la autonomía del cuerpo
Por un lado están las opiniones a favor de la regulación de esta práctica, que sugieren reconocerla dentro del marco de las técnicas de reproducción asistida, considerándola una solución médica y psicológica para personas que enfrentan condiciones reproductivas que les impiden concebir de forma natural o para quienes no desean gestar.
Dentro del movimiento feminista también hay posiciones que la respaldan, destacando el reconocimiento de la autonomía del cuerpo. Este argumento sostiene que las personas en plena capacidad legal pueden decidir participar voluntariamente en un contrato de subrogación, de manera similar a como se reconoció la autonomía en debates anteriores sobre el acceso a anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo.
“Los beneficios son mutuos, son beneficios para tu familia y para la nueva familia que estás ayudando a crear. Esto no es una explotación, tú tienes la capacidad de elegir, es una decisión que se toma a conciencia”, señaló Jhoana Delgado, ex Viceministra de Promoción de la Justicia en conversaciones anteriores con El Espectador.
Asimismo, algunos argumentos señalan que la maternidad subrogada puede responder a un “acto altruista”. En este caso, una mujer decide, de forma libre y consciente, prestar su vientre para ayudar a otra persona o pareja a tener un hijo. Lejos de ser una práctica reciente, las personas expertas consultadas por este diario destacan que este tipo de acuerdos se han implementado en varios países desde hace más de 30 años, enmarcados dentro de los avances en técnicas de reproducción asistida.
Además, estas posturas plantean que esta práctica no desaparecerá, por lo que consideran necesario establecer una regulación. El argumento principal es que ante su existencia, es preferible contar con un marco legal que permita prevenir abusos, proteger a las mujeres involucradas y asegurar que los acuerdos se realicen de manera voluntaria, sin que estén condicionados por situaciones de vulnerabilidad económica.
“Lo que buscamos con la regulación es hacer frente a un fenómeno que ya existe. Hoy estas relaciones llevan generalmente a que personas de escasos recursos sean las que se presten para, entre comillas, ayudar a parejas que no pueden concebir y llevar la criatura en su vientre para luego entregarla a las familias sin ninguna regulación. En esos casos, los acuerdos incluyen cláusulas en los que la mujer termina siendo cosificada”, afirmó Delgado.
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Lo que también se cuestiona de esta práctica: explotación reproductiva
En contraste, las posturas críticas hacia la gestación subrogada sostienen que esta práctica representa una forma de explotación y mercantilización del cuerpo de las mujeres, considerándola como una manifestación más de violencia. Uno de los principales cuestionamientos apunta a las desigualdades estructurales, como la clase social, el género y la localización geográfica de las personas gestantes que acceden a estos tratos, lo que dificulta que el consentimiento sea realmente libre.
Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expuso que “la mujer que actúa como madre subrogada, apremiada por la dificultad de su situación económica y la de su familia, no establece una relación contractual entre iguales”. El organismo señala que por el contrario, se trata de una relación en la que la participación de la mujer es prácticamente anulada, su consentimiento libre e informado es ignorado, y se la reduce únicamente a su capacidad de gestar, procrear y dar a luz. Señalando esto como “una clara explotación de la mujer, como ser humano y como madre”.
La gestación subrogada está regulada en países como Rusia, Ucrania, Israel, Georgia, Kazajistán, Bielorrusia, México (Tabasco y Sinaloa) y en varios estados de Estados Unidos. En otros países, su legalidad está condicionada a que se realice de forma altruista, como ocurre en Canadá, Reino Unido, Grecia, Australia, Brasil, Uruguay, India y Sudáfrica.
Aunque esta regulación no significa que las prácticas se lleven a cabo principalmente en esos lugares. De hecho, basta una búsqueda en internet para encontrar que los destinos más comunes para acceder a vientres de alquiler coinciden con países donde los costos son considerablemente más bajos.
Países como México, Colombia, Ucrania y Georgia se destacan como los principales destinos debido a su accesibilidad económica. Una condición que puede estar directamente relacionada con el hecho de que los precios más bajos son un reflejo de contextos de mayor vulnerabilidad económica para las mujeres. Argumento que utilizan las personas que están en contra de esta práctica señalando que en estos casos el consentimiento es viciado por las condiciones socioeconómicas precarias.
Por ejemplo en Colombia, noticias de medios nacionales e internacionales han señalado al país como el paraíso de “alquiler de vientres”, principalmente por sus bajos costos. Aunque no existen cifras oficiales debido a la falta de regulación, se estima que el valor de un vientre de alquiler en Colombia oscila entre 4.000 y 10.000 dólares. En contraste con Estados Unidos y Europa Occidental donde los costos pueden ascender a entre 100.000 y 150.000 dólares.
A su vez, Helena Hernández, abogada penalista explicó en conversaciones pasadas con El Espectador que “la mercantilización del cuerpo femenino y la cosificación de bebés no debe solaparse en supuestos de altruismo, ya está la adopción”. Así mismo, señaló que en estos casos no se puede hablar de altruismo debido a que las intermediaciones económicas entre las familias, las clínicas y otras figuras que participan en este tipo de prácticas.
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Finalmente, las expertas consultadas por este diario advierten que esta práctica se ha convertido en una industria que alcanza cifras millonarias a nivel global. Señalan la proliferación de agencias que, en muchos casos, se aprovechan de mujeres en situaciones vulnerables y del deseo de algunas parejas de convertirse en padres y madres. También alertan sobre la mercantilización del proceso, y sostienen que detrás de esta práctica pueden ocultarse dinámicas de trata de personas y vulneración de derechos fundamentales de las mujeres.
Aunque hasta el momento la escritora Chimamanda no se ha pronunciado sobre el tema, la polémica sigue abierta. No solo por los argumentos ya mencionados, sino también por el peso simbólico que tiene dentro del feminismo. Desde que se conoció la noticia, distintos medios de comunicación, influencers y voces en redes sociales han criticado que una autora reconocida por obras como “Todos deberíamos ser feministas” haya tomado una decisión que, según sus argumentos, no se considera desde un enfoque interseccional. Al mismo tiempo, otras personas dentro de los movimientos sociales de mujeres han salido a respaldarla y defender el derecho a decidir de la gestante subrogada.
Por Redacción Género y Diversidad
