Colombia sigue en deuda con la erradicación de la mutilación genital femenina

Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, se llevó a cabo un conversatorio entre lideresas indígenas, organizaciones sociales y congresistas. En la fotografía aparecen: Viviana Vives, del Ministerio del Interior; Laura Daza, articuladora de diálogos interculturales con mujeres indígenas; Claudia Queregama, lideresa indígena emberá; y Juliana Domicó, Consejera indígena de la Gran Nación Emberá.

Foto: Oficina de prensa de Carolina Giraldo

En algunas regiones del país, la mutilación genital femenina (MGF), conocida coloquialmente como ablación, sigue siendo una práctica silenciosa que no puede pasarse por alto. Colombia se ubica como el único país de toda Latinoamérica del que se tienen registros de casos, sumándose a la lista de los 30 países en el mundo en los que sigue vigente. La comunidad indígena Emberá es uno de los ejemplos más visibles de su persistencia. Allí, el “corte de callo” o “curación”, como se conoce en esa comunidad, forma parte de las creencias profundamente arraigadas que algunas lideresas indígenas quieren transformar. Pero, ¿en qué van los esfuerzos por erradicar esta práctica en el territorio nacional? ¿Y cómo está el panorama?

El pasado 27 de agosto, lideresas indígenas, organizaciones y congresistas presentaron ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina”, una iniciativa que busca prohibir esta práctica en el país, especialmente dentro de la comunidad indígena Emberá. En entrevista con El Espectador, la congresista Carolina Giraldo, coautora del proyecto, confirmó que, si bien el proyecto ya sigue su curso en la Comisión Primera y ya tiene ponencia, cinco meses después de ser presentado, aún no ha sido debatido.

“Ha habido un trancón porque hay muchos proyectos de ley, muchos también de iniciativa del gobierno, que se están discutiendo en esa comisión. Entonces, el llamado es a que se le pueda dar prioridad para que lo podamos llevar a debate. Ojalá, para que en la plenaria del Día de la Mujer, ya hayamos avanzado en dos debates”, comenta la congresista.

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Y es que, según las expertas y lideresas, el tema es urgente, pues no se trata únicamente de una práctica arraigada a uno de los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, sino que es un asunto de derechos humanos que afecta la salud y la vida de mujeres y niñas. La MGF, que implica la modificación o extirpación de partes de los genitales femeninos sin justificación médica, trae consigo complicaciones graves, como infecciones, hemorragias, dificultades durante el parto e incluso puede terminar en la muerte, y es practicada principalmente en niñas.

En 2024, el Ministerio de Salud reportó 54 casos de mutilación genital femenina en el país. La mayoría de estos se concentraron en Risaralda, con 41 registros, seguida por Chocó con 7, y menores cifras en departamentos como Quindío, Cartagena, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Bogotá. Sin embargo, aunque la cifra representa una disminución respecto a los 91 casos reportados en 2023, este descenso no necesariamente indica una reducción en la práctica, sino más bien una caída en el número de denuncias recibidas en los centros de salud, explica Leandra Becerra, abogada y asesora legal de incidencia en Colombia de la organización Equality Now, en diálogo con El Espectador.

“El análisis que hemos venido haciendo es que hay un temor que lleva a evitar que las comunidades reporten los casos, por miedo a ser estigmatizadas o a enfrentar repercusiones de tipo legal y social”, afirma Becerra. Para ella, son varias las causas que contribuyen a que en el país no haya un registro certero de los casos de ablación, desde la falta de información y de rigurosidad en los mecanismos del Estado hasta un tema de discriminación estructural, pues no todos los casos terminan en complicaciones y la mayoría de los procedimientos ocurren en zonas muy alejadas.

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Por otro lado, el tema de la ablación en las comunidades indígenas no es sencillo de tratar. En el caso concreto de la comunidad Emberá, de la que se tienen registros, algunas personas defienden la práctica como un componente cultural, mientras que otras, principalmente mujeres, consideran que no se trata de cultura, sino que está afectando a las niñas de la comunidad y es una violación de los derechos de las mujeres.

Este es el caso de Francia Elena Giraldo, una líder indígena emberá que, a lo largo de casi 20 años, ha sido una de las principales defensoras de erradicar esta práctica al interior de su comunidad. Ella cuenta, en anteriores conversaciones con este diario, que su activismo nació tras la muerte de una niña de su comunidad, víctima de las complicaciones que trae consigo la ablación. Movida por su indignación, comenzó a hablar en privado con otras mujeres del Resguardo Indígena Unificado Chamí, ofreciendo un espacio para compartir inquietudes y hablar de sus derechos. Con esta tarea, Giraldo cuenta que logró sembrar la semilla de la duda y el empoderamiento en algunas mujeres.

Durante su participación en la formulación del proyecto de ley, Francia Giraldo y otras lideresas indígenas han enfatizado que la intervención de esta práctica debe ser desde la pedagogía, el acceso a la información y la atención oportuna de servicios en salud para las comunidades. “Siempre he insistido en que la solución no es buscar culpables ni castigar a las personas que realizan esta práctica. No se trata de que una partera esté condenada o en la cárcel por esto, porque ellas lo hacen desde el desconocimiento. Lo que necesitamos son soluciones concretas, que las personas que nos quieran ayudar no vean este problema detrás de un escritorio”, mencionó.

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A su vez, las analistas concuerdan en que, además de no darle un carácter punitivo al proyecto de ley, la ablación debe ser abordada desde un enfoque de género. “La mutilación genital femenina es una práctica nociva, en tanto está muy naturalizada en ciertos contextos culturales. Pero es en sí misma una violación de los derechos humanos y es violencia basada en género”, señala Laura Lozano, asesora de Género, Derechos e Interculturalidad del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en entrevista con El Espectador.

Becerra y Lozano coinciden en que esta práctica alberga en sus orígenes y permanencia ideas patriarcales. Pues, en un intento de controlar los cuerpos de las mujeres y su sexualidad, es un tipo de violencia sexual y una vulneración a sus derechos sexuales y reproductivos, todo en razón de “controlar” la promiscuidad, la fidelidad y “velar” por la idea de la familia tradicional. “Se hace más como para que ella guarde fidelidad”, agrega Francia Elena Giraldo.

¿Qué pasos podría seguir Colombia en la lucha por la erradicación de la MGF?

Leandra Becerra destaca que, con este proyecto de ley, Colombia va por buen camino. Para ella, aunque cada contexto tiene sus particularidades, un ejemplo visible de lucha contra la mutilación genital femenina es el de Kenia, que desde 2011 ha venido emprendiendo un camino de articulación entre las comunidades étnicas, las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales, generando programas y políticas públicas que combaten esta práctica desde la pedagogía y en el interior de las comunidades.

“Hay que tener una combinación de enfoques desde lo legal, lo educativo y lo cultural, para poder abordar las diversas tensiones, pero siempre teniendo en cuenta un enfoque de protección a los derechos humanos y la salud de las mujeres y las niñas”, menciona.

Por su parte, Laura Lozano hace referencia al caso de Burkina Faso, haciendo la similitud con Colombia debido a las tensiones entre las creencias culturales y la ablación como una práctica nociva. “Allá tienen unas mediciones específicas sobre la mutilación genital femenina, una práctica extendida en todo el país, no solo en algunas comunidades. Esto permite que haya políticas públicas mucho más efectivas, y a medida que la sociedad ha ido avanzando, las creencias y normas sociales han ido cambiando”, expresa.

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El reto, entonces, es hallar un equilibrio entre la jurisdicción indígena, sin estigmatizar a las comunidades étnicas, y la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres. Las lideresas indígenas emberá enfatizan la idea de que el cambio no puede venir solo desde afuera. Es dentro de las comunidades donde se debe gestar el proceso de transformación, un proceso que, con tiempo, diálogo y entendimiento, puede llevar a un futuro en el que las mujeres emberá vivan libres de prácticas que comprometan su salud y sus derechos.

Mientras tanto, el comunicado más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que actualmente, en el mundo, más de 230 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital femenina. En el caso de Colombia, expertas y lideresas esperan que el proyecto de ley siga su curso por la Cámara de Representantes y se pueda dar un paso hacia adelante en la lucha por la erradicación de la mutilación genital femenina.