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Los perfiles en redes sociales que comparten contenido explicativo de género han tenido que hacer malabares para sortear el algoritmo y evitar las restricciones impuestas sobre ciertas palabras. En un principio, la única forma de evitar el baneo era cambiar las vocales en términos como “aborto”, “violencia sexual” o “diversidad sexual”. Sin embargo, pronto estas prácticas también comenzaron a ser detectadas, lo que evidenció que estas plataformas no han desarrollado políticas que faciliten conversaciones feministas y queer, según el análisis de varias expertas.
Desde octubre de este año, varias organizaciones alrededor del mundo denunciaron que Meta, la empresa tecnológica fundada por Mark Zuckerberg, (que agrupa Facebook, Instagram y WhatsApp), ha eliminado cuentas o impuesto limitaciones a las publicaciones de más de 50 perfiles que difunden información sobre aborto, temas LGBTIQ+ y salud reproductiva. Estas medidas han perjudicado a organizaciones en Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina.
En particular, se trata de cuentas que ofrecen líneas de ayuda para acceder a información segura sobre aborto en países donde la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es legal, así como perfiles que comparten contenidos sobre derechos sexuales y reproductivos, incluidas las relaciones sexuales, desde un enfoque inclusivo y pedagógico.
Para Daniele Paletta, gerente de comunicaciones de ILGA Mundo, “estas plataformas están traicionando su propia promesa de conectar mejor el mundo y, en cambio, están optando por silenciar a las comunidades que desafían las agendas conservadoras y anti-derechos”, señaló en conversación con El Espectador. Además, advierte que, en muchos contextos, la presencia digital de estos movimientos se ha convertido en un salvavidas para las personas y comunidades a las que acompañan, y que su desaparición dejaría a grupos enteros sin canales de apoyo ni información confiable.
Aunque Meta ha justificado que estas decisiones no son “casos de censura” y atribuye las acciones al “incumplimiento de sus políticas”, la realidad es que la eliminación de las publicaciones sobre estos temas ha aumentado, según se ha documentado. De acuerdo con Repro Uncensored, una organización dedicada al rastreo de la censura digital, en 2024 se registraron 81 casos de censura contra cuentas que abordan temas de género, salud y justicia. En lo que va de 2025, la organización ha identificado más de 210 incidentes de este tipo. Es decir, la restricción de contenido y perfiles sobre estos temas aumentó en un 159 %.
¿Se trata de una forma de censura en redes sociales?
Para Catalina Moreno, codirectora de Fundación Karisma, organización colombiana que promueve los derechos humanos en el uso de tecnologías digitales, estas medidas son difíciles de clasificar como un tipo de censura debido a las dinámicas propias de las plataformas. “Yo no podría no llamarlo censura, tampoco por llamarlo censura estrictamente. Porque ese es el problema con estas grandes compañías y es que no sabemos cómo hacerles rendir cuentas. Estas plataformas son las que deciden qué casos se incluyen en sus reportes de derechos humanos”, le comentó Moreno a este diario.
Entre los perfiles más afectados y que, posteriormente fueron restablecidos por Meta, se encuentran las cuentas de Women Help Women, una organización de Países Bajos que ofrece información sobre aborto a mujeres de todo el mundo, y de la Fundación MSI, ubicada en México, dedicada a hablar de salud sexual y reproductiva.
En Colombia, se registraron restricciones contra Jacarandas, una fundación que trabaja temas de aborto, género y diversidad, y que ofrece asesorías a través de una línea de WhatsApp, la cual fue suspendida. A este listado se suma Oriéntame, otra organización colombiana que brinda asesoría en embarazos no deseados y anticoncepción, y cuya cuenta fue etiquetada como “peligrosa” en Instagram.
Las organizaciones aseguraron en comunicados y denuncias que, en ninguno de estos casos, Meta emitió avisos previos ni ofreció información clara sobre las razones de las sanciones. Las decisiones se justificaron bajo distintos argumentos, como: “no sigue nuestras Normas comunitarias sobre medicamentos recetados” o “permitimos publicaciones y anuncios que promuevan servicios de atención médica como el aborto, así como debates y discusiones sobre ellos, siempre que cumplan con nuestras políticas”. En algunos casos, incluso, la asesoría y acompañamiento sobre interrupción voluntaria del embarazo fueron clasificados como “spam”.
Para el representante de ILGA Mundo, lo más preocupante es la falta de transparencia con la que Meta aplica sus decisiones. Señala que estas empresas suelen escudarse en supuestas infracciones a sus políticas para restringir deliberadamente los contenidos sin dar ninguna otra explicación.
“Las plataformas se han otorgado el poder de hacer desaparecer el trabajo realizado por activistas y organizaciones para construir comunidades y compartir informaciones vitales. Los resultados de años de esfuerzo pueden desaparecer de un momento a otro”, comenta Paletta. Añade que, aunque estas plataformas se presentan como promotoras de la conexión en el mundo, terminan controlando la forma en que las personas LGBTIQ+, las mujeres y las niñas pueden expresarse.
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Por esta misma línea, el experto advierte que al menos 63 Estados miembros de la ONU cuentan con leyes que restringen la libertad de expresión sobre asuntos relacionados con la orientación sexual, identidad y expresión de género. Este contexto, sumado a las políticas de las las plataformas digitales, provoca que la información producida por grupos feministas, de derechos sexuales y reproductivos y LGBTIQ+ deje de estar disponible para quienes más la necesitan.
¿Qué intereses podrían estar influyendo en las decisiones de Meta?
La preocupación por la falta de transparencia también es compartida por Moreno, de Fundación Karisma, quien insiste en que esta no es una medida ingenua y que responde a intereses políticos de los altos mandos de Meta.
“Todas las evidencias que tenemos apuntan a que es un tema intencional y que habla de una política que empezó en enero de este año. Que tiene que ver con el desmonte de las protecciones de género y con el rechazo de estas grandes compañías a todas estas políticas de diversidad e inclusión”, relata Moreno.
Con esta afirmación, la experta se refiere a las medidas adoptadas durante las primeras semanas de 2025, cuando Zuckerberg anunció la implementación de políticas más flexibles frente a los discursos de odio en Meta, bajo el argumento de la libertad de expresión. A partir de estos cambios, la plataforma eliminó advertencias y sanciones asociadas a expresiones homófobas, transfóbicas, misóginas y racistas. Este ajuste en el algoritmo coincidió con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Según The New York Times, la decisión se produjo justo después de que la compañía donara un millón de dólares al fondo inaugural de Trump, lo que subrayó el posible interés de Zuckerberg en fortalecer los vínculos con la actual administración.
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Para Moreno, este tipo de decisiones evidencia el poder que hoy concentran las plataformas digitales. “Meta es la dueña de estos espacios del debate público, es donde intercambiamos ideas. Y además es dueña del servicio de mensajería que más usamos en Colombia, que es WhatsApp. Entonces es el momento de hacer esta reflexión mucho más grande del poder que les dimos”, señala.
Para la experta, aunque Meta es una empresa de alcance global y con audiencias diversas, esto no la exime de responsabilidades. Se trata de una compañía que obtiene réditos económicos y datos de millones de personas, lo que implica compromisos concretos, entre ellos, el esfuerzo por implementar políticas contextualizadas según los países en los que opera. “Si operan en Colombia, no pueden pasar por alto los derechos fundamentales de la población”, comenta.
Más allá de Meta: denuncias de posible censura en otras plataformas
Organizaciones también han denunciado que que la red social Tiktok prohibe la publicidad de servicios de aborto y elimina cotenido informativo relacionado, según Amnistia Internacional. Otro caso es el de Google, que según la agencia de noticias AP, es un plataforma que actualmente mantiene a Colombia en la lista de países con restricciones para la publicidad sobre aborto, pese a que este fue despenalizado en 2022.
Medidas que parecen ignorar la actualización del marco legal sobre aborto en Colombia. “Existen garantías claras alrededor de este derecho que las plataformas no necesariamente consideran. Ese desconocimiento reduce los canales para acceder a información y orientación”, concluye Moreno.
Asimismo, la experta asegura que estas restricciones también se extienden a las dinámicas de pauta publicitaria, en las que aún no es posible posicionar a las clínicas que prestan servicios de salud sexual y reproductiva en el país. Es decir, no pueden aparecer en los resultados destacados de Google mediante anuncios patrocinados cuando las personas buscan este tipo de servicios. Explica que, para acceder a la pauta, las instituciones u organizaciones deben pasar por un proceso de certificación que, hasta ahora, solo existe para Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.
Esto implica que clínicas con décadas de experiencia en el país no puedan hacer publicidad, una limitación que, según la experta, afecta el derecho a la información de las personas que buscan orientación sobre estos servicios. “Hemos hablado con Google para explicar que en Colombia el aborto es legal y que se debería habilitar un proceso de certificación para las clínicas del país, pero no ha ocurrido”, explica. Para ella, esta situación refleja una desigualdad en el acceso a la información y una falta de voluntad por parte de la plataforma para ampliar estas garantías a otros contextos nacionales.
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Por Luisa Lara
