Diez años de la Ley Rosa Elvira Cely: ¿cómo cambió el feminicidio en Colombia?

Foto: Eder Rodríguez

“Cuatro días después del ataque contra Rosa Elvira Cely, falleció en el Hospital Santa Clara a causa de un paro cardiorrespiratorio y una peritonitis. El domingo 3 de junio de 2012, a las diez de la mañana, en el Parque Nacional, nos reunimos cientos de personas de diversos orígenes, procedencias y edades alrededor de un mismo clamor: justicia para Rosa Elvira Cely, y justicia para todas las mujeres”, relató Isabel Agatón Santander, escritora y promotora de la ley, en un conversatorio en la Universidad Nacional.

Aquel clamor de justicia no se perdió en el olvido. Tres años más tarde, luego de surtir los trámites legislativos en el Congreso de la República, el proyecto de ley que lleva el nombre de Rosa Elvira Cely fue sancionado por el Presidente de la República el 6 de julio de 2015, convirtiéndose oficialmente en ley. Hoy, una década después, expertas realizan un balance sobre cómo esta norma marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de las mujeres, quienes han enfrentado agresiones extremas por motivos de género.

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Rosa Elvira Cely, vendedora de dulces y estudiante de bachillerato nocturno, fue víctima de violencia sexual y tortura en el Parque Nacional. Su caso, en aquel momento, quedó archivado e ignorado, como tantos otros que involucran a mujeres mujeres que fueron agredidas y asesinadas sin ninguna respuesta institucional, antes de que se aprobara la Ley 1761 de 2015.

La implementación de esta ley cambió el panorama en Colombia. Antes no existían protocolos diferenciados para prevenir el feminicidio, ni sistemas de alertas tempranas o registros específicos sobre estos delitos, lo que invisibilizaba la magnitud del problema.

Muchas mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio o víctimas de violencias basadas en género desistían de los procesos judiciales ante el trato revictimizante y el maltrato institucional. En los tribunales, era frecuente que se atenuaran las penas de los agresores alegando “ira” o un “intenso dolor emocional”, y con frecuencia se atribuía la culpa a las propias víctimas. El Estado no asumía responsabilidad frente a estos crímenes, y la atención médica y psicosocial para las mujeres sobrevivientes y su familiares resultaba insuficiente.

Hoy, gracias a la Ley Rosa Elvira Cely y a los desarrollos normativos posteriores, se han establecido protocolos de atención en la Fiscalía, Medicina Legal y en las Casas de Justicia. Se ha incorporado el principio de legítima defensa en contextos de agresión, y hay fiscales especializados en investigar estos hechos. Asimismo, la Defensoría del Pueblo actualmente brinda representación legal con enfoque de género.

Sin embargo, el avance normativo no siempre significa la disminución de las violencias basadas en género. Entre julio de 2015 —mes en el que se sancionó la ley— y julio de 2025, se han registrado 2.081 feminicidios en Colombia, según datos de la Fiscalía General de la Nación obtenidos por El Espectador. Esto equivale a un promedio de más de 17 casos al mes durante la última década. Además, de los procesos judiciales iniciados, solo 795 están activos, mientras que 1.055 permanecen inactivos, lo que refleja un alto nivel de impunidad.

Por otro lado, el Observatorio Colombiano de Feminicidios, que comenzó a documentar estos casos en 2017, ha reportado 7.547 feminicidios hasta julio de este año. Estas cifras contrastan con las reportadas por la Fiscalía, que registra un número menor de casos, evidenciando la falta de consenso y las dificultades para unificar datos oficiales de estos crímenes en el país.

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Aunque las cifras han aumentado, esto no implica necesariamente que hoy ocurran más feminicidios que antes. Silvia Cortés Ballén, investigadora de la Universidad Nacional y magistrada auxiliar de la JEP, lo explicó: “Las cifras suben alrededor de dos asuntos: la posibilidad de contar con un registro más claro, que antes no existía, y el acceso a un mecanismo de denuncia más preciso, que eliminó muchos requisitos probatorios que ponían barreras a las mujeres para el acceso a la justicia. Son cifras que aumentan, pero denuncias que aún parecen no avanzar”.

Según la exmagistrada del Consejo de Estado, Stella Conto, la impunidad sigue siendo la regla. Afirma que el funcionamiento político y judicial en Colombia, aunque ha tenido avances, sigue marcado por una lógica masculina, lo que repercute en la manera en que se gestionan las denuncias de feminicidio y otras violencias basadas en género.

Para ella, mientras sigan vigentes las ideas patriarcales que justifican que los hombres controlen o castiguen a las mujeres que “se salen de su control”, y mientras no se transformen esas estructuras de poder en la sociedad, los feminicidios seguirán ocurriendo. En esas condiciones, “solo estamos contando el número de mujeres que mueren y cuál será la próxima”, afirma Conto.

Del “crimen pasional” al feminicidio: cuando se empezó a nombrar sin disfrazar la violencia

Una década después de su entrada en vigencia, no sólo modificó el marco legal, sino también la manera en que la sociedad nombra, comprende y enfrenta este delito. La ley marcó un antes y un después tanto en la justicia como en la conversación pública sobre las violencias basadas en género.

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“Hay una apropiación por parte de la sociedad. Por ejemplo, ya no solo se señala a la víctima, sino también al victimario, casi percibiéndolo como un hombre que no actúa solo, sino que se siente respaldado por un sistema, por una estructura. Visibilizar eso ha sido el cambio más radical de esta ley: poder decir que estamos ante un delito específico, que reconoce un fenómeno que no ocurre solo en casos aislados y que no avergüenza a las víctimas, sino que traslada la vergüenza a los victimarios y al sistema que los respalda. Que los agresores ya no sientan que están institucional o socialmente amparados, que ya no actúen bajo la convicción de su impunidad”, afirmó Ballén en entrevista con El Espectador.

Las expertas coinciden en que antes de la ley, la sociedad no comprendía que muchas mujeres eran asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Al no existir un término que nombrara esta forma de violencia, estos crímenes se presentaban con eufemismos como “crímenes pasionales”, “por celos” o “tragedias de amor”. Según la abogada Sofía Pérez Amado, esto daba el mensaje de que “el cuerpo femenino es un territorio de castigo socialmente tolerado”.

El feminicidio, en la legislación colombiana, se entiende como la muerte violenta de una mujer motivada por razones de género; es decir, por el hecho de ser mujer o por su identidad de género. Constituye la manifestación más extrema de una sociedad que pretende ejercer control y dominación sobre las vidas de las mujeres, por tal motivo, en el país se considera como un delito autónomo con penas agravadas.

Nombrar el feminicidio abrió la posibilidad de identificar y visibilizar una forma de violencia que hasta entonces permanecía en la sombra. El término ha brindado herramientas que han permitido a muchas mujeres reconocer experiencias de abuso y crear un lenguaje propio para denunciar la indiferencia, la impunidad y la normalización de estas muertes.

“La ley de feminicidio permite que la sociedad reconozca que los hombres, en ejercicio del poder, del control y de la dominación, no pueden disponer de la vida de las mujeres como si ellas fueran un objeto de su propiedad. Eso significa que el Estado está obligado a adoptar todas las medidas para proteger, prevenir, investigar y remediar las violencias que anteceden el feminicidio”, subrayó Santander, en entrevista con este diario. Por su parte, esta normativa permitió que las mujeres pasaran de la cosificación e instrumentalización a hacer parte de un Estado que reconoce sus vidas como un bien jurídico que debe ser protegido y tutelado.

A pesar de que actualmente persisten discursos que desconocen o minimizan este reconocimiento , las promotoras de la ley destacan la resistencia y la fuerza del trabajo colectivo de las mujeres para seguir avanzando. En palabras de Ballén: “Esa fortaleza ha construido más allá del castigo, más allá de la pena, y ha formado una sociedad que incluso reprocha ética y moralmente a los autores de feminicidios, castigándolos desde lo social, no solo desde lo penal. Yo creo que eso ha sido muy poderoso y algo que ya no nos pueden quitar”.

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