A mediados de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó a Colombia en medio del estallido social que derivó en un paro nacional, para verificar las situaciones de derechos humanos en medio de las protestas. Tras la visita, que se llevó a cabo entre el 8 y el 10 de junio de 2021, la delegación entregó al gobierno colombiano sus observaciones, formuló 41 recomendaciones y anunció la creación de un mecanismo de seguimiento para verificar si el Estado las cumplía o no. Este viernes, el organismo entregó el primer reporte de esa supervisión y la violencia de género tiene un capítulo específico. (El pobre cumplimiento de Colombia de las recomendaciones de la CIDH sobre el paro)
Durante el paro nacional, la CIDH recibió denuncias de violencia de género cometida principalmente por agentes de la fuerza pública, particularmente contra mujeres, niñas y personas LGBTI. Se mencionaron algunos casos como el de la adolescente que habría sido agredida sexualmente en Popayán y posteriormente se habría suicidado; el de una mujer indígena en Cali que denunció haber sido abusada sexualmente por dos policías; el de una mujer que recibió un disparo a quemarropa contra sus genitales; la denuncia por violencia sexual de un hombre gay en Barranquilla; y las denuncias de agresiones físicas y sexuales contra mujeres trans en Tunja y Pasto. “Separar Policía de Mindefensa” y otras 40 recomendaciones de la CIDH tras su visita
Por eso, la CIDH recomendó adoptar las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales y reforzar los mecanismos tradicionales de respuesta. También pidió que se incluya una perspectiva de género, un enfoque interseccional y que se tenga en cuenta todos los factores de discriminación que estuvieron involucrados. Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes e indígenas están expuestas a riesgos específicos debido a la discriminación. (Especial de traumas oculares: “Perdí un ojo, pero no los sueños”)
En respuestas a estas críticas y preocupaciones, el gobierno respondió a la CIDH que existe una política pública de prevención de estigmatización y que la Fuerza Pública aplica un enfoque diferencial en sus procedimientos. Para demostrarlo, informó sobre el observatorio “Colombia es de Todos”, creado por el Ministerio del Interior en marzo de 2021; sobre la política pública LGBTIQ+ (aunque aún no tiene regulación y se espera que sea implementada por el Ministerio de la Igualdad, a cargo de la vicepresidenta, Francia Márquez); y aseguró que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer ha adaptado líneas de contacto para atender los casos de violencia de género en cualquier contexto. (Reconstruimos las dos denuncias por violencia sexual en el paro nacional)
En la información oficial entregada a la CIDH se reiteró una cifra que había reportado la Defensoría del Pueblo desde hace varios meses. Entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021, la entidad identificó 113 hechos de violencia por razón del género contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas durante las manifestaciones. De acuerdo con la Defensoría, uno de estos casos corresponde a violencia por parte de manifestantes a una patrullera de la Policía y 112 a presuntas violencias por parte de los miembros de la Policía y ESMAD contra manifestantes. (Hablemos de la violencia sexual denunciada en el paro nacional)
No obstante, la Comisión recibió información según la cual el Estado no ha adoptado ninguna medida para fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI y que las medidas de acceso a la justicia han sido desarrolladas principalmente por organizaciones de derechos humanos y sociales, mediante el acompañamiento y atención legal. Además, se reportaron obstáculos para acceder a información sobre casos de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género durante el paro nacional.
Aunque el gobierno de Colombia habla de avances frente al tema de violencia de género en el paro nacional, lo cierto es que falta aterriza y concretar las acciones. Por eso, la CIDH concluyó que su recomendación respecto a la violencia de género durante el paro nacional fue parcialmente cumplida. “Considerando que la CIDH ha accedido a alguna información sobre acciones dirigidas al cumplimiento de esta recomendación (…) todavía es necesaria información sobre su implementación y sobre la adopción de otras medidas de fortalecimiento institucional”, se lee en el informe.
Para cumplir con la recomendación, el Estado deberá adoptar medidas en las que las personas beneficiarias sean mujeres, niñas y personas LGBTI que hayan sido víctimas de violencia de género en el contexto de protestas sociales. Además, las medidas deberán incluir mecanismos de denuncia, atención, investigación y reparación.
Por Redacción género y diversidad
