Una mujer denuncia violencia y le piden contar la historia una vez más. Y otra. Y otra. Otra escucha que quizá entendió mal lo que pasó. Otra recibe preguntas que parecen dirigidas a examinar su comportamiento y no la agresión denunciada. Para miles de mujeres y niñas, la violencia no termina cuando deciden acudir a las instituciones. A veces, continúa en el recorrido que deben hacer para buscar protección, justicia o atención.
Eso es lo que se conoce como revictimización y violencia institucional en casos de violencias basadas en género. Con la lupa puesta sobre ese problema, el Senado aprobó en último debate la Ley Jineth Bedoya con 52 votos a favor y uno en contra, una iniciativa que busca capacitar a quienes, desde el Estado, intervienen en procesos de denuncia, protección, justicia y acompañamiento de mujeres y niñas víctimas. Tras superar sus cuatro debates en el Congreso, el proyecto quedó a la espera de la sanción presidencial.
“Gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, que han creído en este proyecto de ley y que hoy lo convierten en ley, porque es para salvar la vida de las mujeres y las niñas. Esta ley salva vidas. Seguiré luchando para que lo que Jineth Bedoya tuvo que enfrentar no lo tenga que enfrentar ninguna otra mujer en este país. Mi dolor y sacrificio han sido muy grandes, pero hoy, a cada uno de los hombres y mujeres que han dado su voto positivo, les digo que ha valido la pena y que no es hora de callar”, dijo la periodista Jineth Bedoya Lima durante la plenaria.
La propuesta busca responder a prácticas de revictimización que siguen presentes en distintos espacios institucionales. Situaciones en las que funcionarios, operadores judiciales o personal encargado de la atención reproducen prejuicios, minimizan los hechos denunciados, exigen repetir los relatos innecesariamente o trasladan a las víctimas cargas que no les corresponden frente a las violencias que las afectan de manera desproporcionada. Por ejemplo, solo en 2025, la Fiscalía reportó 121 feminicidios, 30 transfeminicidios, 15.785 casos de violencia intrafamiliar y 16.947 casos de violencia sexual.
Para enfrentar esas barreras, la ley establece procesos de formación obligatorios, periódicos y evaluables para servidores públicos, contratistas y particulares que ejerzan funciones públicas relacionadas con la atención de casos de violencias basadas en género. También contempla mecanismos de seguimiento para verificar que esos conocimientos se reflejen en la actuación institucional.
No obstante, durante la plenaria, el proyecto de ley encontró oposición en la senadora del Partido Liberal Karina Espinosa, quien presentó ocho proposiciones para modificar la iniciativa al considerar que estaba relacionada con la supuesta “ideología de género”. Para ella, la ley pretende obligar “a realizar capacitaciones no solo sobre violencia contra las mujeres, sino también sobre violencia con enfoque de género. Aquí volvemos al tema de la “ideología de género”. Para nadie es un secreto que ONU Mujeres y la Corte IDH nos quieren imponer la Agenda 2030 y la agenda de género. Esto va más allá, porque al funcionario público que no se capacite, pese a que esto es obligatorio, lo van a sancionar”, expuso durante la plenaria.
A este planteamiento se opusieron las congresistas Norma Hurtado, Aída Avella, Martha Peralta, Isabel Cristina Zuleta y Aida Quilcué, quienes argumentaron que Colombia ha ratificado compromisos internacionales para erradicar las violencias basadas en género; que la denominada “ideología de género” no existe; que imponer más barreras para aprobar la iniciativa constituye otra forma de revictimización y que, además, esta medida fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima.
Incluso, la periodista se pronunció al respecto: “Llevo 26 años sufriendo una constante revictimización. Hoy no fue la excepción y recibo con respeto las palabras de la senadora Karina Espinosa. Pero ella no se imagina lo que es pararse aquí, delante de ustedes, después de haber sufrido todo lo que yo he sufrido. Soy una mujer sobreviviente y hoy todavía estoy amenazada. Y así sigo ejerciendo el periodismo, porque creo en el país y porque no me importan los partidos políticos, ni el color, ni el género; me importan los seres humanos. Me importan los derechos, y me pararé donde me tenga que parar una y mil veces, así me humillen y me revictimicen, por los derechos de las mujeres”.
La iniciativa legislativa fue construida con más de 30 congresistas, 13 entidades del Estado y diferentes organizaciones sociales, y hace parte de las medidas de reparación impuestas al Estado colombiano tras la sentencia de 2021, en la que el tribunal internacional declaró al Estado responsable por los actos de tortura, secuestro y violencia sexual cometidos contra la periodista en el año 2000.
La propia Bedoya ha contado que tuvo que relatar los hechos de los que fue víctima en múltiples ocasiones a lo largo del proceso judicial. Esa experiencia se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de revictimización institucional en el país y terminó dando nombre a una ley que busca evitar que otras mujeres atraviesen situaciones similares.
Más de dos décadas después de los hechos que dieron origen al caso Jineth Bedoya y cinco años después de la sentencia de la Corte IDH, el Congreso dio luz verde a una de las medidas de reparación ordenadas al Estado colombiano. Ahora la decisión queda en manos del presidente, quien deberá sancionar la ley.
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Por Alejandra Ortiz Molano
