¿Usted puede decidir quién puede tocar su cuerpo? ¿Le piden permiso antes de hacerlo? Para la mayoría de adultos, estas preguntas parecen obvias. Sin embargo, para muchas personas con discapacidad —particularmente aquellas con movilidad reducida— son cuestionamientos cotidianos y profundamente relevantes.
Esta situación, en la que se limitan sus posibilidades de decidir sobre su propio cuerpo, genera que las personas con discapacidad terminen expuestas a múltiples formas de violencia, especialmente las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres con discapacidad tienen hasta tres veces más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual.
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Tanto en la familia como en los servicios de salud, a muchas personas con discapacidad no se les pregunta ni se tiene en cuenta su consentimiento. Esto ocurre porque, al necesitar apoyo físico o emocional en su vida diaria, sus cuidadores o cuidadoras suelen tocar su cuerpo o tomar decisiones sin consultarles. Esta situación dificulta que puedan expresar lo que sienten, hablar sobre su cuerpo o establecer límites. Por eso, expertas destacan la importancia de incluir a las personas con discapacidad en la educación sexual integral.
Laura León, coordinadora de Incidencia de Profamilia, explicó en entrevista con El Espectador que, aunque se han logrado avances, la educación integral para la sexualidad sigue siendo un tabú en Colombia. Señaló que muchas familias e instituciones educativas evitan tratar este asunto porque aún continua el mito de que “fomenta las relaciones sexuales en niños, niñas y adolescentes”.
Pero cuando se trata de personas con discapacidad, la situación es todavía más crítica, pues persisten ideas como que “no entienden, no viven su sexualidad o que son eternamente niños Entonces a ellos no se les habla sobre cuáles son las formas de interactuar con su cuerpo, sobre la privacidad, el trato con otras personas o el consentimiento. Y los cuidadores tampoco reciben información sobre cómo acompañar la sexualidad de sus familiares con discapacidad”, agrega León.
Colombia, actualmente cuenta con la Ley General de Educación y el Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESC), que obliga a enseñar estos temas en los colegios y escuelas. Sin embargo, debido a la exclusión estructural de las personas con discapacidad dentro del sistema educativo, estas quedan por fuera de entornos donde podrían aprender sobre sexualidad y autonomía. Según datos de la Contraloría para 2024, ocho de cada diez estudiantes con discapacidad no estaban registrados en el sistema educativo colombiano.
“Es un ciclo muy perverso, porque si yo no tengo educación sexual integral, significa que no sé nombrar las violencias. A muchísimas mujeres sin discapacidad les toma tiempo poder identificar una situación de violencia sexual como violación —aun teniendo lenguaje, imágenes e información al respecto—, a las personas con discapacidad que enfrentan situaciones de abuso sexual, aún más. La educación sexual integral es una herramienta clarísima para poder tener límites sanos”, afirmó Andrea Parra, abogada y directora de Talleristas por la Justicia, en conversación con este diario.
La experta explicó que, incluso en los casos en los que una persona con discapacidad tiene asistentes personales que deben tener contacto físico para su cuidado, existen formas consentidas, claras y respetuosas de hacerlo. No obstante, advirtió que esto no siempre sucede, ni en el entorno familiar ni en el institucional, lo que representa un riesgo constante para esta población.
Adicionalmente, las fuentes consultadas coincidieron en que, cuando se habla de sexualidad en esta población, casi siempre se hace desde el miedo o la violencia, y no desde el placer, la alegría o la libertad para decidir sobre su vida sexual. “La mayoría de veces se piensa que son asexuales o, por el contrario, que son hipersexuales, y por eso hay que ‘controlarlas’ —por ejemplo, los casos de esterilización forzada —”, resaltó Parra.
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El acceso a la justicia tampoco es sencillo para las personas con discapacidad
Recientemente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses incorporó la categoría de discapacidad en sus registros, un avance importante para dimensionar y visibilizar los casos de violencia sexual que afecta a este grupo poblacional. Pero, según las expertas, todavía hay muchas barreras que dificultan su acceso real a la justicia.
De acuerdo con Bubulina Moreno, experta en derechos sexuales y reproductivos, y persona con discapacidad, en entrevista con El Espectador, la violencia sexual está atravesada por múltiples factores. Explicó que aunque se tiene la idea de que los espacios privados o familiares son “más seguros” para las personas con discapacidad, la mayoría de casos de violencia sexual atendidos por ella ocurren dentro de la misma familia.
Moreno también explicó que las personas con discapacidad enfrentan muchas barreras de comunicación cuando buscan justicia, porque el sistema no reconoce ni adapta la diversidad de formas que existen para comunicarse. Aunque hay ayudas como tablets con voz digital o intérpretes de lengua de señas, estos apoyos no siempre están disponibles o no llegan a quienes los necesitan.
“Por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual hay muy poca información disponible en lectura fácil, y quienes son ‘no verbales’ suelen encontrar grandes obstáculos para expresarse o ser escuchadas. Además, el sistema penal exige descripciones precisas de los agresores, algo especialmente difícil para personas ciegas o con barreras comunicacionales.
Estas dificultades afectan la credibilidad de los relatos y limitan el derecho a ejercer su defensa y a recibir protección. Las expertas advierten que aún hay desconfianza hacia sus testimonios, lo que restringe su posibilidad de denunciar y ser escuchadas. A esto se suma el desconocimiento sobre los canales de denuncia, lo que reduce su capacidad de actuar frente a situaciones de riesgo.
Moreno explicó que es clave que las estas personas conozcan sus derechos. Por un lado, el acceso a la información y servicios de salud sexual y reproductiva con el apoyo que necesiten. “Si una persona necesita apoyos para acceder a información sobre salud sexual y reproductiva, la EPS debe proporcionarlos, como lo indica la Resolución 1904”, puntualizó. Por otro lado, recordó que la Ley de Capacidad Jurídica reconoce que quienes tienen una discapacidad intelectual, psicosocial o múltiple pueden tomar decisiones por sí mismas, “ya no se les declara interdictas, no se les despoja de su capacidad jurídica”.
Acciones para fortalecer la autonomía corporal de las personas con discapacidad
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Una reciente guía publicada en España, titulada “Recursos educativos para la prevención, detección precoz y abordaje de las violencias sexuales en mujeres y niñas con parálisis cerebral”, propone una serie de orientaciones que pueden adaptarse para fortalecer la autonomía, el autocuidado y la capacidad de identificar situaciones de violencia sexual:
- Brindar autonomía corporal para que mujeres y niñas puedan tomar decisiones libres, conscientes e informadas sobre su cuerpo, incluyendo su cuidado, movilidad, relaciones y sexualidad.
- Evitar el contacto físico innecesario o invasivo, y respetar el espacio personal para no normalizar la idea de que las personas con discapacidad no tienen derecho a establecer límites.
- No infantilizar ni ridiculizar. Dirigirse a ellas con un lenguaje acorde a su edad y respetar su capacidad de comprensión, evitando tonos condescendientes o simplistas.
- Validar sus opiniones y deseos sobre aspectos como la apariencia o el estilo de vida, reconociendo sus preferencias personales.
- No imponer dietas, rutinas de ejercicio o procedimientos estéticos sin consentimiento, ya que esto refuerza la idea de que su cuerpo no les pertenece.
- Garantizar el derecho a la autonomía personal en sus comunicaciones (mensajes, llamadas, redes sociales o visitas médicas), evitando el control excesivo bajo la excusa de protección.
- Fomentar la capacidad de expresar deseos, establecer relaciones sanas y rechazar dinámicas de dependencia emocional basadas en el miedo al rechazo o la búsqueda constante de aprobación.
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Por Luisa Lara
