El Catatumbo es un territorio donde el conflicto armado no ha cedido paso a la paz. La violencia que viven sus habitantes ya no se limita a los enfrentamientos cruzados, el confinamiento y la intimidación. Desde hace un tiempo, también se expresa en mensajes de WhatsApp, publicaciones de Facebook, cámaras encendidas bajo falsas promesas de trabajo y en el estigma que se viraliza a través de perfiles en redes sociales. El conflicto se ha transformado y ha redibujado sus fronteras. En las plataformas digitales se reproducen el control, la explotación y el miedo.
Para las mujeres y las niñas de la región, este último año ha significado un asedio combinado, en el que la violencia sexual y las tecnologías operan como formas complementarias de violencia y control. Así lo determinó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), tras su visita a la zona, donde calificó la situación como una “total ausencia de derechos en Norte de Santander”.
Desde el 16 de enero de 2025, la crisis humanitaria en el Catatumbo se intensificó. Más de 105.000 personas fueron registradas como víctimas del conflicto tras el ciclo de combates que rompió la frágil tregua entre grupos armados ilegales, según cifras de la Defensoría del Pueblo, entidad que documentó asesinatos, confinamientos y el abandono de comunidades completas. Una realidad que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas.
“Hay una manifestación estructural y sistemática de violencia basada en género, intensificada por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el control territorial”, explica Mónica Maureira, vicepresidenta del Comité del MESECVI, en entrevista con El Espectador. Durante cinco días, las expertas se reunieron con cerca de 40 mujeres del territorio, entre lideresas, defensoras de derechos humanos, madres y sobrevivientes. A partir de la recopilación de sus testimonios, el diagnóstico de la situación es grave.
“Por un lado, hay un uso transversal de la violencia sexual como un instrumento de control social y territorial, que incluso es transgeneracional. Y por otro, el uso de tecnologías asociadas. Vimos, por ejemplo, la presencia de las llamadas webcams, que está vinculada a la explotación sexual de mujeres, adolescentes y niñas para la trata con fines de explotación sexual”, dice Mauriera. A este último punto se suman las intimidaciones mediante redes sociales.
Uno de los casos más recientes es el de Carmen García, presidenta de Madres del Catatumbo por la Paz. Hace apenas unos días, la iniciativa colectiva “Las Mujeres Abrazamos el Catatumbo” denunció la existencia de una campaña de intimidación y estigmatización en redes sociales dirigida contra mujeres defensoras de derechos humanos. Su liderazgo ha sido blanco de la “publicación de comentarios, fotografías, señalamientos y demás cuestionamientos que estigmatizan el liderazgo de mujeres como Carmen y su labor en defensa de los derechos humanos al vincularlas, señalarlas o insinuar que tienen relación o influencia de grupos armados al margen de la ley”, se lee en el comunicado.
Pero la violencia contra las mujeres no termina ahí. Las expertas identificaron diez patrones que “han proliferado exponencialmente desde los hechos de enero de 2025 frente a la debilitada respuesta estatal para atender de manera específica estas violencias”. Entre ellos la instrumentalización de mujeres en labores forzadas al servicio de estructuras armadas, el aumento de la trata y la explotación sexual durante el desplazamiento y la migración, vigilancia, perfilamiento, amenazas y desinformación en plataformas digitales, junto con la revictimización y estigmatización estatal tras la denuncia.
Violencia sexual y control territorial
En el contexto del conflicto armado, la violencia sexual ha sido utilizada históricamente como una forma de control que reproduce y amplifica las desigualdades. Cuando una mujer es agredida, se instala un mensaje colectivo de control y disponibilidad forzada, se afecta la autonomía, la salud y los proyectos de vida, y se traslada la carga del conflicto hacia quienes ya enfrentan mayores barreras para acceder a protección y justicia, explica Maureira.
“Es transgeneracional. Lo han vivido las abuelas, las madres y ahora lo están viviendo las hijas”, dice la experta. Un flagelo que, lejos de ser nuevo en la historia del Catatumbo, se intensificó con la crisis humanitaria desatada hace un año. “Es una forma de ejercer control social y territorial a través de los cuerpos de las mujeres”, mediante abusos justificados por acusaciones de que supuestamente mantienen relaciones afectivas con integrantes del grupo armado contrario o como mensaje “aleccionador” contra quienes se atreven a alzar la voz.
Un tipo de violencia que se traduce en imponer poder sobre los cuerpos de las mujeres, de romper sus redes de apoyo y de marcar quién manda en el territorio. Según datos de la Defensoría, entre enero y noviembre del año pasado, se documentaron 634 casos de violencia sexual y trata de personas en el departamento.
Además, la entidad registró que, a finales del año pasado, las sobrevivientes del conflicto reportaron embarazos forzados como resultado de la violencia sexual, “la prohibición del uso de métodos anticonceptivos y cualquier acompañamiento en planificación familiar, secuelas físicas graves y altos niveles de estrés postraumático”.
La violencia sexual se expande al terreno digital
Las expertas documentaron la proliferación de estudios webcam vinculados a redes de trata y explotación sexual, especialmente en contextos de desplazamiento y migración, principalmente a través de ofertas de trabajo falsas difundidas por internet.
“Las mujeres jóvenes postulan a esos trabajos, las citan a un lugar, se les hace una entrevista, después las van citando a otro lugar y ahí son capturadas, o en otros casos se les hace alguna prueba escénica hasta que ese contenido va adquiriendo un tono más sexual y las graban y ponen a disposición de las plataformas digitales ese contenido”, sostiene Maureira.
En otras situaciones, los testimonios evidencian que niñas y adolescentes son invitadas a eventos sociales o fiestas, “pierden una suerte de noción de lo que les pasa, son grabadas y ese contenido se sube a la web o se les pierde el rastro”, añade. Posteriormente, descubren que sus imágenes fueron difundidas sin consentimiento.
Mujeres forzadas a servir a la guerra
Bajo un mismo modus operandi, basado en ofertas laborales falsas, coerción y reclutamiento, las mujeres también relataron prácticas de instrumentalización, explotación y trabajos forzados. Algunas son obligadas a cuidar personas heridas, enterrar cuerpos, limpiar espacios controlados por grupos armados ilegales o cumplir labores de servidumbre. “Estas estrategias de control territorial se traducen también en una suerte de servidumbre y trabajo forzado”, señaló Maureira a partir de los relatos.
Así lo documentó El Espectador un mes después de que inició la crisis humanitaria. Mediante falsas ofertas laborales y promesas de pagos generosos, relacionadas con el trabajo doméstico, las mujeres son citadas a supuestas casas de familia, pero al llegar se encuentran con campamentos rodeados de hombres armados. De acuerdo con los testimonios recopilados por este diario, son obligadas a cocinar y limpiar bajo amenazas constantes y sometidas a violencia sexual por parte de esos hombres.
“Son encerradas en cuartos donde solo les dan una comida, que son las sobras de los guerrilleros y, desnudas, tienen que comer directamente del suelo sin poder usar sus manos. Eso es tortura y se agrava con los contagios de enfermedades de transmisión sexual, abortos y embarazos forzados”, mencionó Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete (MDyM), para la publicación de ese reportaje.
Una realidad que organizaciones han denunciado de manera reiterada durante el último año, en la que el trabajo forzado y la violencia sexual están directamente relacionados con redes de trata con fines de explotación sexual. “Estamos hablando de un negocio altamente rentable, del cual ni siquiera existen cifras oficiales sobre sus ganancias, y que se lucra directamente de los cuerpos y la salud mental de cientos de niñas y mujeres, en su mayoría mujeres venezolanas”, expuso Vera.
Huir de sus hogares como estrategia de protección
Ante este escenario, muchas mujeres optan por desplazarse. Salen de sus comunidades con sus hijas e hijos para reducir el riesgo inmediato. “Ellas se desplazan, sienten mucho temor y lo que tratan de hacer es sacar a sus hijas y a sus hijos de sus comunidades”, dice Maureira. Un desplazamiento implica nuevas vulnerabilidades. Las mujeres enfrentan barreras para acceder a servicios de salud, justicia y protección. “Pero yo me atrevería a decir que no logran silenciarlas; ellas resisten”, agrega.
En este punto, las expertas recalcan que las violencias contra las mujeres se proyectan sobre las comunidades y funcionan como mecanismos de control y silenciamiento. Estas violencias envían un mensaje de miedo a toda la comunidad, inhiben la participación social y política de las mujeres en el territorio.
El Estado frente a una crisis de violencia de género compleja
Las instituciones estatales han reconocido la crisis, pero la respuesta sigue siendo fragmentada y débil. La Defensoría del Pueblo señaló la magnitud del desplazamiento forzado y las afectaciones derivadas de los combates entre grupos armados. Sin embargo, según el MESECVI, las rutas de atención y protección no están diseñadas para responder a una crisis de estas características.
Maureira señala que uno de los mayores problemas frente a la atención de mujeres víctimas en este contexto, es la “ausencia de rutas de atención adaptadas a contextos de conflicto y crisis humanitaria”. Para las expertas, los protocolos de atención de violencias basadas en género se basan en “tiempos de paz”, sin considerar las condiciones actuales.
Esto genera demoras, revictimización y desconfianza a la hora de denunciar o incluso de intentar hacerlo. “Lo que el Estado debe garantizar es el derecho de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia. Eso no está pasando”, afirma Maureira. La falta de recursos, la ausencia de un enfoque de género e interseccional y la persistencia de la violencia institucional profundizan el impacto de la crisis sobre las mujeres del Catatumbo.
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Por Alejandra Ortiz Molano
