Cada tres minutos una mujer es víctima de violencia sexual en América Latina

A pesar de los avances legales, la violencia contra mujeres y niñas en América Latina persiste debido a la falta de prevención, inversión y acceso efectivo a la justicia.

Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

“Del dicho al hecho hay mucho trecho” es una frase popular que bien podría resumir la situación actual en América Latina frente a la lucha contra las violencias de género (VBG). Aunque en la región existen más de 200 leyes que reconocen y sancionan estas violencias, los casos continúan en aumento y el acceso a la justicia sigue siendo limitado para muchas mujeres. Un reciente análisis del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) advierte que este aumento no se debe solo a la falta de aplicación de las leyes, sino que refleja un problema más profundo y estructural, que aún no se ha enfrentado con la seriedad que requiere.

Entre 2018 y 2022, la Convención recopiló datos de 16 países de América Latina, que evidencian múltiples formas de violencia, desde la violencia sexual y física hasta la falta de acceso a mecanismos de justicia y a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Según Luz Patricia Mejía, secretaria general de la MESECVI, en entrevista con El Espectador, pese a que “esta es la región que más reconoce derechos y que más leyes tiene para tipificar la violencia contra las mujeres, los datos muestran la limitación de los Estados al proveer garantías”, las cuales, en su gran mayoría, se enfocan en la atención de las violencias más que en su prevención.

Durante esos cinco años, las agresiones sexuales no se detuvieron ni un solo día, pues se reportaron 800 000 casos en la región; es decir, cada tres minutos una mujer fue víctima, probablemente menos tiempo del que usted tardaría en leer este artículo completo. Se trata de un flagelo que no discrimina por edad: el informe señala que al menos 488.000 niñas y adolescentes también fueron alcanzadas por este tipo de violencia, siendo Colombia, Chile y Perú los países con mayor número de casos registrados.

No obstante, esta no es la única forma de violencia basada en género que recae sobre las niñas y adolescentes latinoamericanas, pues también cargan con el peso de las maternidades forzadas y los matrimonios infantiles. Las cifras reportadas revelan que más de un millón de niñas quedaron embarazadas, lo que equivale a 620 cada día, o a un embarazo cada dos minutos. En promedio, más de 24.000 niñas al año ingresan en uniones tempranas forzadas; es decir, cada día se casan 70 niñas en la región.

Estas uniones aún están permitidas bajo ciertas circunstancias en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. Para las expertas, el hecho de que existan excepciones legales que permiten el matrimonio de niñas “puede facilitar abusos o manipulaciones que resultan en matrimonios forzados, vulnerando los derechos de las niñas” y privándolas de disfrutar su infancia, se lee en el informe. En Colombia, sólo hasta el 2024 se sancionó la ley que prohibía el matrimonio infantil.

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Organizaciones como Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya han alertado sobre estos problemas, que afectan de manera desproporcionada a las niñas y adolescentes, especialmente en contextos de pobreza y baja escolaridad. Esto se traduce en múltiples limitaciones para su desarrollo personal y profesional: muchas se ven obligadas a abandonar la educación, renunciar a su autonomía, enfrentar mayores riesgos para su salud mental y física, y estar más expuestas a la violencia y al control de sus cuerpos.

A esto se suma la falta de acceso a educación sexual integral, anticoncepción, aborto legal y justicia, lo que evidencia un sistema que no garantiza la autonomía ni la protección de las niñas, y que, en muchos casos, las obliga a ser madres en contextos de violencia y desigualdad.

Ahora bien, a este panorama se suman dos millones de mujeres con discapacidad que fueron víctimas de violencia física, psicológica o sexual. De acuerdo con Luz Adriana Mejía, estas violencias son “una de las más invisibilizadas y normalizadas”. Menciona que el abandono de esta población va desde las “líneas telefónicas de atención que mujeres sordas no pueden usar, la esterilización forzada para limitar sus capacidades reproductivas, violencia sexual, pérdida de capacidad jurídica, procedimientos médicos no consentidos y poco acceso a la información”.

En otras palabras, “ellas viven en un mundo en el que el ejercicio de sus derechos es limitadísimo y donde el derecho a una vida libre de violencias es casi inexistente”, dice Mejía. Y esto no solo se debe a la falta de preparación de los Estados para atender a personas con discapacidad, sino también al estigma social, que pesa, discrimina y perpetúa el ciclo de violencia. La experta advierte que muchos de estos abusos ocurren en el entorno más cercano de las mujeres con discapacidad, donde familiares y personas cuidadoras son, con frecuencia, los principales agresores.

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Estos son algunos de los datos recopilados en el informe, el cual también incluye información sobre la situación de las mujeres afrodescendientes, migrantes y LBT+ (lesbianas, bisexuales, trans, etc), cuyos contextos tampoco son alentadores.

De esta manera, el informe retrata la realidad que ha marcado la vida de millones de mujeres, adolescentes y niñas en América Latina. Una realidad que, más allá de contabilizar los casos de violencias de género, pone en evidencia que, a pesar de que esta sea una de las regiones pioneras en la tipificación de estas violencias, es decir, en el plano normativo, todavía está lejos de garantizar el acceso a la justicia, y mucho más aún de lograr su erradicación.

¿Más leyes, menos justicia? El estancamiento en la lucha contra la violencia de género en Latinoamérica

Luz Patricia Mejía explica que, si bien los Estados han demostrado compromiso en la formulación de marcos legales, su aplicación efectiva dista mucho de garantizar la erradicación de las violencias de género. No existen mecanismos suficientes para reportar los casos, no hay financiamiento adecuado para implementar las leyes, ni coordinación efectiva entre las instituciones estatales que abordan esta problemática desde distintas áreas. Tampoco existen estrategias integrales para su prevención.

Sin embargo, el informe también identifica obstáculos en la atención. Una de las cifras más reveladoras es que, para 2021, la región había invertido, en promedio, apenas dos dólares por mujer al año. En los datos desagregados, se observa que en casi la mitad de los Estados se destinó menos de un dólar anual, y algunos llegaron a gastar solo unos centavos. Para ese año, los únicos países que brindaron información presupuestaria fueron Chile y Guatemala.

Además, los altos niveles de impunidad siguen marcando la tendencia en América Latina. Mejía señala que, aunque la mayoría de los países revisados cuenta con protocolos de atención a las violencias basadas en género y feminicidios, el porcentaje de casos resueltos por el sistema judicial no supera el 20 % en la mayoría de los Estados. En contraste, una gran cantidad de denuncias no son judicializadas y permanecen sin avances en las fiscalías.

Latinoamérica se enfrenta a una “ola regresiva y a una batalla cultural” contra los derechos de las mujeres

En los últimos años, los discursos y medidas que atentan contra los derechos de las mujeres han cobrado fuerza. En la región, han surgido iniciativas que ponen en vilo los derechos que se creían ganados. Por ejemplo, en Argentina, al comenzar este año, el presidente Javier Milei propuso eliminar la figura del feminicidio del Código Penal, bajo el argumento de que “legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”. Además, cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, acusándolo de “imponer una agenda ideológica”.

Por otro lado, aunque aún no se han materializado, han surgido propuestas en Perú, Chile y Ecuador que buscan reducir o eliminar las instituciones estatales dedicadas a las políticas de género y al acompañamiento de grupos históricamente vulnerables. En el caso peruano, se ha planteado en el Congreso la posibilidad de modificar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o incluso eliminarlo. En Chile y Ecuador, por su parte, han circulado propuestas para rebajar su categoría ministerial y convertirlo en una dependencia de menor rango.

Casos como estos, junto con narrativas similares en países como República Dominicana, Guatemala y El Salvador, y otras iniciativas más “sutiles” en diferentes naciones de la región, forman parte de una tendencia preocupante. Es lo que Luz Patricia Mejía ha denominado “una ola regresiva de derechos y una batalla cultural e ideológica”, que se manifiesta a través de propuestas legislativas, discursos políticos polarizantes y la radicalización de opiniones en redes sociales.

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“Hay un cúmulo de temas vinculados con el cuerpo, las decisiones y la vida de las mujeres que sigue siendo uno de los campos de batalla más debatidos en este momento en la región” afirma la experta. Según explica, un “campo de batalla” que suma cada vez más adhesiones, refuerza estereotipos de género y violencias estructurales contra las mujeres, y resuena entre personas que, hasta hace pocos años, no se habían posicionado frente a los derechos de las mujeres, ya sea por creencias religiosas, convicciones morales o culturales.

Frente a este escenario, y aunque la situación general no resulta alentadora, Mejía destaca que, durante la recolección de datos de la Convención, se identificaron algunos contextos que abren espacio a la esperanza. A su juicio, es fundamental que los Estados estén a la vanguardia de esta disputa, tanto en el plano discursivo como en la protección y garantía efectiva de derechos. Además, subraya la importancia de que los movimientos sociales promuevan diálogos intergeneracionales, que permitan educar a las nuevas generaciones en una cultura de igualdad, respeto y no discriminación.

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