Impacto Mujer

1 Sep 2022 - 2:00 a. m.

Después del 28S, seguimos esperando la regulación para acceder al aborto

Aunque se celebran siete meses del fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia, todavía está pendiente la política pública que implemente del todo la sentencia y elimine las barreras que persisten para acceder a un aborto seguro e informado.
Laura Alejandra Moreno Urriaga

Laura Alejandra Moreno Urriaga

Redactora - Impacto Mujer
Las movilizaciones del 28S, en Bogotá, se desarrollaron desde el Ministerio de Salud hasta la Plaza de Bolívar. / María Camila Morales
Las movilizaciones del 28S, en Bogotá, se desarrollaron desde el Ministerio de Salud hasta la Plaza de Bolívar. / María Camila Morales

Este miércoles, miles de colombianas salieron a las calles en medio del 28S, Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora desde 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. A diferencia de otros años, en esta ocasión el ambiente era festivo, porque por primera vez la movilización se llevó a cabo en una Colombia que despenalizó el aborto hasta la semana 24.

El pasado 21 de febrero el país se convirtió en un referente a nivel mundial sobre la protección del derecho a un aborto libre y seguro con la regulación más amplia de Latinoamérica, por encima de Argentina, en donde el límite es la semana 14 de gestación, y Uruguay y Cuba, que permiten la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta las 12 semanas.

Con la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional se garantiza el derecho a la IVE hasta la semana 24. Después de este periodo de gestación, el derecho se mantiene solo bajo las tres causales aprobadas en el 2006 con la sentencia C-355: en caso de violación, cuando la salud de la madre esté en riesgo o si hay una malformación del feto.

Si bien durante las marchas de este miércoles se celebraba el avance que ha tenido Colombia en la garantía de derechos para las gestantes que trajo el fallo de la Corte, también fue un espacio para exigir el cumplimiento e implementación de la sentencia. Pues, aunque la decisión es garantía de derechos, en la práctica todavía persisten barreras para que las personas gestantes accedan a la IVE en condiciones seguras e informadas.

Juan Carlos Vargas, ginecólogo y asesor científico de Profamilia, explica que eliminar las causales para acceder a la IVE dentro de las primeras 24 semanas de gestación permite una atención mucho más ágil y efectiva en los procesos de consulta del embarazo no deseado.

En el caso de esta organización, desde el fallo de la Corte ha habido un incremento en el volumen de consultas en un 18 %. Vargas cuenta que el 94 % de los casos atendidos se han realizado en embarazos en edades tempranas, en el primer trimestre. “Esto es una ventaja para las personas con capacidad de gestación, porque la atención en esta etapa temprana es más sencilla desde el punto de vista médico, no requiere tanta tecnología y la eficacia de los tratamientos es alta y más segura para las personas gestantes”.

¿La sentencia C-055 es suficiente para garantizar el acceso a la IVE?

Si bien el fallo de la Corte es de inmediato cumplimiento, las barreras para acceder a un aborto seguro siguen siendo altas. Una política pública integral, propuesta por el Gobierno o por el Congreso, podría ser una respuesta para eliminar estas dificultades y así lo dispuso la Corte.

En la sentencia se exhorta a estas instituciones del Estado a crear una política con unos mínimos que garanticen la dignidad y los derechos de las gestantes.

Los puntos esenciales propuestos por la Corte deben contener “la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia, la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas, medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras, y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar”.

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El proyecto todavía no ve la luz en el Congreso y tampoco por parte del Ministerio de Salud. Mientras tanto, como lo explica el balance de implementación de la sentencia presentado por Causa Justa Social, la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres y la Fundación Oriéntame, las mujeres y personas gestantes siguen enfrentando barreras para acceder a la IVE, asociadas principalmente al desconocimiento de la Sentencia C-055 de 2022 y su obligatoriedad. Los obstáculos a los que se enfrentan también están relacionados con la desatención al derecho a la información veraz e imparcial, solicitud de requisitos innecesarios para acceder a la IVE, falta de respuesta o respuesta tardía a la solicitud de la IVE o el uso inconstitucional de la objeción de conciencia, falta de adecuación en los protocolos internos de atención de las prestadoras de salud y violencia y tratos discriminatorios en los servicios de salud.

Por su parte, las mujeres adolescentes, aquellas que viven en pobreza extrema, las mujeres de minorías étnicas, las mujeres desplazadas, con discapacidad, víctimas de la violencia de género y migrantes en condición irregular, son más propensas a acceder a un aborto inseguro, de acuerdo con un documento del Ministerio de Salud.

Además del desconocimiento de la normatividad, el informe explica que “se asume que todas las mujeres desean ser madres; o se les insiste y presiona para que cambien de opinión; y en otros casos se les juzga y sanciona duramente por la decisión tomada. Las mujeres sienten temor por la reacción familiar y social que genera un embarazo no deseado”.

Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del movimiento Causa Justa, explica que después del informe presentado a los 100 días del fallo estas barreras siguen presentes y que una regulación permitiría hacer más vigilancia y seguimiento a la prestación del servicio.

“Esta regulación debería incorporar todos los estándares jurisprudenciales que la Corte ha determinado en más de 15 años de despenalización parcial del aborto. Por ejemplo, que la IVE sea atendida en un plazo de máximo cinco días calendario, pero es un máximo porque lo ideal es que puedan ser atendidas tan pronto como médicamente sea posible”, dice Castro.

Desde la organización Oriéntame, que acompaña el proceso de mujeres que buscan acceder a la IVE, evidenciaron un aumento de 15 % en la cantidad de mujeres que pudieron tener un aborto desde su EPS. Profamilia, por su parte, registra un aumento de 18 % en las consultas de aborto no deseado.

“Este ejercicio constante es importante porque nos ha permitido monitorear cuáles son las barreras de acceso y asimismo poner en la agenda pública acciones de recomendaciones y de incidencia para derribar estos obstáculos”, explica Castro.

Por su parte, el Ministerio de Salud explica que no tienen un control claro de los casos reportados y procedimientos que se han llevado a cabo. “No es posible identificar cuántas de las atenciones en salud relacionadas con aborto corresponden a IVE, generalmente, y en el caso de abortos médicos, las variables de reporte pueden estar soportadas en la descripción de complicaciones derivadas del embarazo, la ocurrencia de un aborto espontáneo o de un aborto incompleto”, argumenta la entidad.

Sin embargo, en medio de su labor para dar cumplimiento al requerimiento de la Corte Constitucional, este jueves el Ministerio de Salud dio a conocer la circular 044 de 2022 sobre acceso a la IVE, en la que insta a todas las organizaciones prestadoras de servicios de salud a garantizar el acceso a la información y a servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, incluyendo un aborto informado y seguro.

“El objetivo principal de esta circular es prevenir y reducir al máximo complicaciones y muertes en mujeres por acudir a sitios clandestinos en los que se practican abortos sin garantizar las condiciones de seguridad, de habilitación y de calidad vigentes en nuestro país”, dijo Johanna Barbosa, directora de Promoción y Prevención del Ministerio.

El documento está dirigido a todas las entidades, públicas y privadas, prestadoras de salud, quedando pendiente el llamado a otras instituciones involucradas en la garantía de este derecho. A las que sí menciona les hace un llamado a fortalecer protocolos que permitan el acceso a información sobre los derechos sexuales y reproductivos; a identificar, prevenir y actuar frente a la violencia física y sexual para reducir los embarazos no deseados y el aborto inseguro, y a garantizar los servicios en salud materna, anticoncepción y acceso a la IVE.

Educación y capacitación: fundamentales para lograr un aborto seguro

Si bien la circular del Ministerio representa un avance hacia los lineamientos que garanticen el acceso al aborto, todavía hay un camino largo por recorrer y que involucra a entidades como el Ministerio de Educación y el ICBF, entre otras.

“Para garantizar que se cumpla a cabalidad la sentencia en todo el territorio, todavía tenemos retos: la educación, información y consejería es uno de ellos. Como país necesitamos actualizar la política de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, para que el componente de educación a la población en general sea fortalecido”, reconoce Vargas, y añade que la educación sexual integral debe establecerse durante todo el ciclo escolar, de primaria a bachillerato, con un enfoque evolutivo que esté acorde con el desarrollo de los estudiantes.

Por otra parte, la capacitación en derechos sexuales y reproductivos y la atención de la IVE, según los profesionales de la salud son indispensables para que toda la población tenga acceso a información sobre el aborto y pueda practicarlo de así requerirlo, sin que la falta de “personal idóneo” sea una barrera.

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Laura Castro explica la importancia de definir quiénes componen el personal médico capacitado. “Muchas veces, y de manera errónea, se ha comprendido que el único personal apto para brindar servicios de IVE son los médicos ginecobstetras, y esto no es así. Los médicos y médicas, incluso los enfermeros y enfermeras, también tienen capacidad para brindar, al menos en el nivel de enfermería, información sobre la administración de los medicamentos para proceder a una IVE”.

En este punto, Vargas hace un llamado a que la capacitación se haga desde ya en las universidades y demás instituciones que formen al personal de salud. “Tenemos como ejemplo la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes como la primera en Colombia en iniciar un proceso de formación dentro del currículo de pregrado en IVE y derechos sexuales y reproductivos aplicados a la IVE. Esa es una forma de entregar el conocimiento a todas las comunidades sin importar ningún tipo de diferenciación”.

Laura Alejandra Moreno Urriaga

Por Laura Alejandra Moreno Urriaga

Comunicadora y periodista de la U. Javeriana. Hago parte del equipo editorial de Impacto Mujer en El Espectador. He trabajado como periodista en temas de género, verdad y conflicto. También en coordinación de proyectos de innovación social y estrategias de contenidos multimedia.@lamorenourlamoreno@elespectador.com
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