El derecho al trabajo digno: una deuda con las mujeres migrantes

Las mujeres migrantes venezolanas que trabajaban en la informalidad en el 2021, ganaban menos de $ 427.000 al mes.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Como se ha evidenciado desde el inicio de la pandemia, el desempleo, la informalidad y la sobrecarga en el trabajo de cuidado no remunerado han impactado negativamente más a las mujeres que a los hombres. Reducir la tasa de desempleo a las cifras del 2019 es parte del proceso de reactivación económica que atraviesa el país, pero las cifras no apuntan a que sea pronto.

Antes de la pandemia, entre octubre y diciembre del 2019, el desempleo era del 12,6 % para las mujeres y del 7,2 % para los hombres de acuerdo con el DANE. Sin embargo, el último informe de esta entidad muestra que la brecha de género sigue aumentando, pues a enero del 2022, el porcentaje fue del 11,2 % para los hombres, y del 19,4 % para las mujeres, 8,2 puntos porcentuales por encima de los hombres.

Estas condiciones de desigualdad y las dificultades para acceder a un empleo se incrementan si hablamos de las mujeres migrantes venezolanas que están en Colombia. La organización Cuso Internacional, que trabaja para reducir la pobreza y la inequidad en poblaciones vulnerables, presentó el estudio “Dinámicas laborales de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia: contrastes, avances y retos en 2021″, en alianza con el Gobierno de Canadá, donde se evidencia la precariedad a la que se ven sometidas las mujeres migrantes.

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Para el primer semestre del 2021, aproximadamente tres de cada diez migrantes venezolanas se encontraban desempleadas. “A su vez, cerca de 92 % de estas mujeres eran informales, de acuerdo con la no afiliación al sistema pensional contributivo”, explica el informe.

“No es un mito, las mujeres y especialmente las migrantes han sido dejadas atrás en esta etapa de recuperación del mercado laboral. Por esta razón el Mes de la Mujer es la ocasión para reiterar como el derecho al trabajo decente para las mujeres es una deuda histórica que hoy cobra más relevancia”, dijo Natalia Zúñiga, gerente de Género e Inclusión Social de Cuso International.

Y es que, si lo ponemos en términos de dinero, podemos percibir de forma más clara la situación. Las mujeres migrantes que trabajan de forma independiente reciben, en promedio, menos de la mitad del salario mínimo, es decir, menos de $ 427.000 para 2021. En el caso de las asalariadas, percibieron ingresos menores a los $ 800.000 en el mismo año, en ambos casos, aspirar a un salario mínimo en Colombia se torna casi imposible para las mujeres migrantes venezolanas.

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Estas cifras dan cuenta de una caída del 11 % en los ingresos de las mujeres migrantes durante los primeros meses del 2021 en comparación con el periodo septiembre 2019-febrero 2020, casi el doble de la pérdida que sufrieron las mujeres nacionales que fue del 6 %. Este estudio muestra cómo la condición migrante se suma al género para perpetuar e incrementar la inequidad de género que sigue afectando a las mujeres en múltiples aspectos de su vida.

Las consecuencias de la inequidad de género en la población migrante

Los obstáculos para acceder a un trabajo digno, con una remuneración justa y con las garantías necesarias afecta las condiciones económicas en la que están viviendo las mujeres migrantes y sus familias, en particular, en los casos en los que tienen menores de edad, personas mayores o con alguna discapacidad a cargo.

De acuerdo con el estudio mencionado, en el primer semestre del 2021 se registró un total de 1.974.042 venezolanos/as residentes en Colombia en edad de trabajar, de los cuales 965.546 eran hombres y 1.008.496, mujeres. Sin embargo, el 91,8 % de estas mujeres se encontraban en la informalidad, fuera de un sistema de pensiones. En cuanto al acceso a servicios de salud, el 75 % de ellas podían recurrir a la red pública de hospitales que atienden a personas sin ninguna afiliación, en contraste con el 5 % de las trabajadoras colombianas que tuvieron que acceder por este medio al sistema de salud.

Pese a que el 66 % de las mujeres migrantes ocupadas se desempeñaban en ocupaciones que en otros casos podrían permitirles ser parte del sistema de salud y pensiones, esto no fue así. Los principales oficios en los que se concentró la empleabilidad de esta población fueron como vendedoras (21,8 %), cocineras, meseras u ocupaciones similares (20,3%). También formaron parte de la fuerza laboral como personal de servidumbre (11,8%), peluqueras (6,5%) y como guardias de seguridad (5,5%).

La alta rotación en estos oficios y la variabilidad en los horarios dieron como resultado que las mujeres migrantes trabajaran 40,4 horas a la semana, mientras que los hombres venezolanos, trabajaron 49,7 horas. Esta situación hizo que el 94 % de las mujeres venezolanas ocupadas, además, tuvieran que desempeñar en el hogar actividades domésticas o de cuidado de menores de manera no remunerada; en contraste el 63% de los hombres venezolanos ocupados realizaban estas actividades. Es decir, mientras los hombres recibían una remuneración mayor, por trabajar más horas, las mujeres en promedio dedicaron 27 horas adicionales a los trabajos no remunerados.

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“Las brechas de género han incidido de manera directa en la participación de las mujeres migrantes en el mercado laboral. Junto con el cierre y posteriores restricciones en la operación de los centros de cuidado y educación, estas brechas son las causantes de que las migrantes no hayan podido tener las mismas oportunidades para trabajar de tiempo completo y con una remuneración justa durante la pandemia”, explicó Zúñiga.

Además de la recarga en las labores de cuidado, otros factores han incidido en que las migrantes venezolanas no tengan oportunidades para acceder a un trabajo digno. Cuso explica que los principales obstáculos son las barreras para homologar sus estudios y certificar su experiencia, la falta de conocimiento sobre el mercado de trabajo, el poco acceso a programas de formación y las limitaciones del Permiso Especial de Permanencia (PEP) que en muchos casos no es tenido en cuenta por las bolsas de empleo.

“Este grupo social (las mujeres migrantes) expresa que la documentación es la primera barrera, seguida por la discriminación y que la incidencia de este último obstáculo durante la postulación a un trabajo es similar para hombres y mujeres venezolanas”, se especifica en el informe.

Zúñiga explica que es evidente la insuficiencia de los recursos percibidos por las mujeres migrantes venezolanas para cubrir sus necesidades básicas, pues un gran número de ellas ni siquiera puede contar con un salario mínimo.