El 'dossier' de los palmeros

De cómo firmas privadas, al parecer con apoyo de las Auc, desplazaron comunidades en el Urabá y luego legalizaron esas tierras.

Poco se dijo de la decisión de la Fiscalía de encarcelar a 24 empresarios entre representantes legales, intermediarios, trabajadores de las empresas de palma africana y desmovilizados paramilitares que durante una década, con créditos otorgados por el Estado, y bajo la fachada de compañías que impulsarían el progreso en el Urabá, se apoderaron de terrenos ancestrales de afrodescendientes de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) apelando a toda suerte de crímenes y horrores para consolidar un proyecto de autodefensa que pretendía a toda costa insertarse en la economía legal de los grandes terratenientes del país.

El Espectador conoció el dossier de la investigación y la decisión tomada por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos el pasado 18 de mayo, y sus conclusiones son aterradoras. En principio, la Fiscalía resaltó que la denominada ‘Operación Génesis’, desarrollada por grupos de autodefensa y la brigada XVII del Ejército en febrero de 1997, fue la punta de lanza para desplazar a miles de campesinos del Bajo Atrato chocoano y sembró el camino para la llegada de empresas privadas que colonizaron ilegalmente sus tierras productivas con el objetivo de implementar proyectos agroindustriales de explotación de palma de aceite. Como fuera expulsaron colonos, asesinaron por donde pasaron, compraron bajo la amenaza de siempre: “O vende la tierra usted o se la compro a la viuda”, y en últimas, acudieron a notarías para “legalizar” la invasión de los terrenos.

Fue así como en el año 2000 arribaron al Chocó empresas privadas como Urapalma S. A., Palmas de Curvaradó S. A., Palmura S. A., entre otras, que se asentaron allí, cuyos empresarios se dieron a la tarea de adquirir predios a precios irrisorios “soportados en documentos falsos” que después les sirvieron para respaldar créditos bancarios que les otorgó el Estado. Es decir, los paramilitares arrasaron con las comunidades, las obligaron a salir de sus tierras a punta de bala y sangre, y entre tanto las compañías, constituidas —según denuncias acreditadas por la Fiscalía— por ese grupo ilegal, se hacían a extensos territorios para desarrollar multimillonarios negocios y, bajo el paraguas de esa aparente legalidad, el Gobierno terminó entregándoles dineros para promover estos nuevos proyectos.

“De este modo, con sus terrenos ocupados y constreñidos a vender con las condiciones impuestas por las empresas instaladas, el retorno de los desarraigados se ha hecho imposible”, señaló la Fiscalía, que en un largo acápite de la providencia describió los estragos ambientales generados por el monocultivo palmero. Pese a que desde 2000 las firmas privadas se asentaron en el Urabá chocoano, las denuncias sobre la voracidad del paramilitarismo para poseer estos terrenos sólo vinieron a formalizarse en diciembre de 2007, cuando la Fiscalía vinculó formalmente al proceso a estas 24 personas. El expediente no avanzó mucho, entre otras cosas, por la complejidad de la investigación y porque había que documentar cómo se simularon actos notariales, registros bancarios, escrituras y otras transacciones para aprovecharse del Estado.

Entre los procesados está Antonio Nel Zúñiga Caballero, representante legal de la empresa Palmura, un barranquillero nacido en 1949, residente en Santa Marta, cuya hija, María Fernanda Zúñiga Cháux, resultó presidenta nada más y nada menos que de Fiduagraria. Cuando estalló el escándalo hace tres años se vio obligada a renunciar, pero otra conexión sembraría más dudas sobre sus negocios: el nombre de Juan José Cháux Mosquera, ex gobernador del Cauca, en prisión por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa y familiar de Zúñiga Cháux. Según la Fiscalía, ninguna otra parte del país fue testigo del surgimiento, apogeo y transformación “de la justicia privada parainstitucional” que implantaron las Auc y, en particular, el bloque Élmer Cárdenas en Chocó.

A través de la Ley 70 de 1993, que le otorgó tierras a las comunidades ancestrales de la cuenca del Pacífico, se dio en el Urabá un proceso de titulación que nunca llegó a feliz término. En noviembre de 2000, el Incora adjudicó muchas de estas tierras a comunidades negras organizadas en el río Curvaradó con un área de 46.084 hectáreas y lo propio ocurrió con las comunidades del río Jiguamiandó, a las que se les dieron 53.973 hectáreas. Ya para entonces la violencia paramilitar estaba desbordada, la ‘Operación Génesis’ de 1997 tenía a la población asustada y los asesinatos selectivos se sucedían. La ley de las armas fue desplazando a los afrodescendientes y esos terrenos baldíos fueron tomados por los empresarios de la palma, en criterio de la Fiscalía.

“La palma africana generó no sólo la apropiación ilegal de las tierras, sino que permitió el repoblamiento de la zona, con habitantes leales a las autodefensas, militantes de ellas o simplemente sometidas a sus intereses”, destacó la Fiscalía y añadió que la implementación del cultivo de palma fue alcanzado “a expensas de los menesterosos habitantes de una región que padeció la devastación inconmensurable de su riqueza ecológica”. No sin razón la Fiscalía dejó constancia de que no es una exageración advertir que junto con el secuestro, el narcotráfico y las extorsiones, “los delitos perpetrados en Jiguamiandó y Curvaradó constituyen una forma soterrada de industrialización del crimen”.

En el proceso se constató, gracias a declaraciones como la del ex jefe paramilitar H.H., que el arquitecto de la arremetida de las autodefensas en el Chocó y el posterior advenimiento de exitosas empresas de palma fue Vicente Castaño Gil, quien sabía que el futuro del Urabá era la palma y que quien la manejaba, manejaba la región. Castaño dijo entonces que esa consigna justificaba el empleo de cualquier medio para tomarse a Urabá, porque “la palma se siembra con sangre”. En uno de los documentos del computador de su hermano Carlos se halló un interesante concepto que reforzó la investigación. En dicho archivo, Carlos Castaño le escribió a Vicente que, de culminar el proyecto de palma, entraría “a nivelarse con cualquier emporio de los del establecimiento” y, además, sería fundamental “para el tratamiento que nos den en una eventual negociación” de paz.

Pero tenían otro inconveniente, pues esos fértiles territorios fueron adjudicados a comunidades negras y “si se expropiaban se iba a tener problemas con la comunidad internacional”, al decir de H.H. Entonces se trazó un proyecto para que una vez recuperados a sangre y fuego esos terrenos o los campesinos malvendieran sus predios por cualquier peso, por el temor de ser asesinados, se diseñaran escrituras falsas o actos notariales ilegales para barnizar de legalidad semejante crimen. En esta estrategia participó activamente Rodrigo Zapata, el señalado cómplice de Vicente Castaño Gil, de quien se reseñó en el proceso que era el encargado de legalizar las tierras en la zona con el Incora y que tenía negocios allí en donde personal del Estado “le hacía los papeles”.

H.H. dijo en una larga declaración que Vicente Castaño se vio obligado a sembrar plátano para los desplazados de Bajirá “para mantener a la gente calmada y seguir con la palma”, y que la idea de Vicente era dinamizar la consecución de “muchos créditos del Banco Agrario”. En su relato, H.H. contó que Vicente llevó a palmicultores de Santa Marta a Chocó y añadió que uno de los líderes de ese proyecto para negociar con las comunidades las tierras que ya se habían sembrado de palma, tratando de legalizarlas, fue el gerente de Urapalma, Javier Daza. Sobre Antonio Nel Zúñiga, H.H. afirmó que en dos oportunidades se vio con Vicente Castaño. Aunque Zúñiga dijo en su defensa que lo hizo porque los paramilitares habían matado a su familiar Julio Zúñiga, la Fiscalía no le cree y advierte que dichos encuentros nada de humanitario tenían.

Otras reuniones de Hernán Íñigo de Jesús Gómez, Javier Daza y Antonio Nel Zúñiga, relacionadas con grupos de autodefensas por distintos testigos, fueron documentadas por la Fiscalía, que los menciona como los pioneros de la incursión empresarial en el Bajo Atrato chocoano en el instante en que los desplazamientos de las comunidades arreciaron. En el expediente aparece la siguiente perla: Zúñiga, gracias a la intermediación de los políticos Miguel de la Espriella, Luis Fernando Velasco y Juan José Cháux, se entrevistó con los hermanos Castaño, una vez en San Pedro de Urabá y la segunda en la finca Las Tangas, de Vicente. Sus explicaciones fueron insuficientes, así como las de sus colegas, a quienes les fueron dictadas medidas de aseguramiento.

La Fiscalía advirtió que en aparente complicidad de funcionarios del Chocó, del Incora y otras instituciones se legalizaron miles de hectáreas que les pertenecían a las comunidades negras; todo bajo la excusa de proyectos empresariales que estuvieron vinculados a desplazamientos, muertes y expropiación de tierras. H.H. lo puso en sus justas dimensiones: “Algunos empresarios son igual o peor que los narcotraficantes, que se alían con quien sea con tal de lograr su único objetivo, el dinero”. Viudas, desplazados y víctimas de crímenes horripilantes declararon sobre la barbarie de los ‘paras’. Algunos, incluso, refirieron que en muchas reuniones, personal del Ejército los acompañó. También resultó salpicada Sor Teresa Castaño, hermana de Carlos y Vicente. ”Bajo la mirada atenta y vigilante de su siniestro socio y promotor”, los palmicultores hicieron y deshicieron, concluyó la Fiscalía.

En últimas, se masacró, desplazó e invadió terrenos ancestrales de los colonos afrodescendientes para concretar un proyecto económico que nació de las entrañas del crimen. La gente no olvida que el 12 de diciembre de 2001 asesinaron de manera vil a Inés Blandón Córdoba, que estaba embarazada; o a los menores Eulalio Blandón y Ermín Garcés. El paramilitarismo recurrió a todo. Ni siquiera con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las comunidades de la cuenca del Pacífico tuvieron sosiego. El estandarte voraz de la palma africana lo ocupó todo. Y apenas una década después empiezan a conocerse las evidencias de cuanto ocurrió en el Chocó. La Fiscalía sigue en sus pesquisas y los colonos siguen reclamando justicia.