La muerte del chico Sergio Adrián Hernández, a balazos, por parte de agentes de la patrulla fronteriza estadounidense, y la del inmigrante Anastasio Hernández, golpeado en San Diego hasta su fallecimiento tras larga agonía, causaron en México más indignación que la aprobación de la ley de Arizona que criminaliza a los indocumentados.
El enojo es general. La televisión difunde una y otra vez las declaraciones de la madre del muchacho en las que denuncia que su hijo “fue asesinado a quemarropa en territorio mexicano”.
La televisión de México retransmite una filmación estremecedora, con sonido en vivo, realizada con un teléfono móvil, de la terrible golpiza que varios agentes propinaron a Anastasio, hasta que éste murió por traumatismo craneal.
En la frontera aumentó la tensión, hasta el punto de que la policía federal mexicana apuntó con sus fusiles a los agentes de la “migra” norteamericana que hicieron ademán de cruzar el río Bravo con la presunta intención de llevarse los casquillos del arma que disparó un agente y alterar así la escena de la muerte del muchacho. El padre del menor aseguró que policías estadounidenses intentaron recoger en territorio mexicano las pruebas del homicidio.
Amnistía Internacional condenó los hechos desde Londres. La directora para América, Susan Lee, aseguró que la muerte del niño “fue una reacción desproporcionada, que vulnera los estándares internacionales que contemplan el uso de armas por la policía sólo como último recurso y en respuesta a una amenaza de muerte inmediata que no puede ser evitada más que con el uso del arma”.
La prensa mexicana y las redes sociales reprueban en fuertes términos las dos muertes que han enturbiado las relaciones entre México y EE. UU., que los presidentes Obama y Calderón tenían mucho interés en mejorar. EL desencuentro fronterizo se produce cuando faltan poco más de 40 días para que el estado norteamericano de Arizona aplique la polémica ley que permite la detención de cualquier inmigrante del que se sospeche que no tiene sus documentos en regla.
El pasado lunes, cuatro adolescentes jugaban bajo el puente fronterizo que comunica Ciudad Juárez con El Paso, en el estado de Texas. Según los agentes norteamericanos, los chicos lanzaron piedras al otro lado de la frontera, por lo que se sintieron amenazados y respondieron con balas. Sergio murió por los disparos que recibió en el cráneo. Un testigo dijo que los jóvenes jugaban a que se acercaban al río y se alejaban; la patrulla fronteriza lo pudo tomar como una provocación.
María Guadalupe Güereca, mamá del muchacho, declaró a la cadena Televisa: “Mi niño no quería cruzar la frontera; jamás se iría sin avisarme. Mataron a mi niño en su propia tierra”.
Jesús Hernández, padre del joven, declaró: “Sergio era un buen estudiante, trabajaba como maletero para ganar unos pesos. Estaba jugando… No quiso cruzar el río Bravo, sus zapatos estaban secos. Su error fue sacar la cabeza para mirar para el otro lado, le dieron en la mera frente, entre los ojos. No agredió ni aventó piedras, no lo haría”.
La Casa Blanca lamentó el suceso, que ya es investigado por el FBI, que asumió el caso, al ser un oficial federal quien disparó y mató al niño. El presidente mexicano, Felipe Calderón, le exigió al gobierno de Estados Unidos adelantar pronto una investigación que lleve al castigo de los responsables de los asesinatos. “Nos preocupa este surgimiento de la violencia contra los mexicanos”, se quejó el mandatario.