"¿Soy la madre de dos falsos positivos?"

La pregunta la hace Carmenza Gómez Romero, una de las once madres de Soacha a quienes el año pasado les asesinaron  sus hijos en Ocaña. 

Carmenza Gómez Romero nació y creció en Cabuyaro (Meta) en una familia de 14 hermanos, de padres santandereanos que llegaron a Puerto López huyendo de la violencia. Allí aprendió del azadón y del machete, de la brega en la siembra del maíz o del arroz, de la extenuante madrugada de la vida campesina. A los 16 años llegó a Villavicencio y aprendió de su madre el oficio de guerrera. Desde tinto callejeado hasta el empleo circunstante que le dio para vivir a destiempos muchos años: empleada de restaurantes, en especial asaderos. Cuando llegó a vivir a Bogotá, en 1982, ya era una mujer curtida en el trabajo y madre de cinco hijos. Después vinieron tres más.

Desempacó sus trastos cerca del barrio La Fragua, al sur de Bogotá, en la casa de una hermana que sobrevivía en una pobreza manejable, y después empezó a mudarse de vecindad en vecindad mientras sus hijos crecían entre el azar y el rebusque. Las Delicias, Fontibón, Tunjuelito, Bochica y tiempo después en Soacha, donde el destino labró sus azarosos caminos. Sin ayuda conyugal, siempre sola, Carmenza fue constante en sus oficios varios y sus hijos formando familias que le dieron trece nietos. Todos criados a pulso, en los rigores de la cruda cotidianidad, sin oportunidades laborales. En la rutina del obrero o el labriego, entre la construcción y las faenas del campo.

Tres de sus hijos prestaron servicio militar. William, el mayor, en Leticia; Víctor Fernando en la Escuela de Artillería de Bogotá y Jeison en Tauramena (Casanare). La segunda semana de agosto de 2008 salió el último, con ganas de hacer carrera de suboficial en el Ejército. A Víctor, en cambio, con apenas octavo de bachillerato, le atrajo más la vida social. Trabajaba como un buey, pero aprovechaba cualquier efímera bonanza económica para ejercitar el baile. Le encantaba desde que se ganó un concurso con su hermana Norma. Bailaba hasta las propagandas, con el mismo entusiasmo con que luchaba por su hija Daniela, de cinco años.

“No tengo preferencias entre mis ocho hijos, pero Víctor era un muchacho especial. ‘Mi Cuchita, mi madreselva’, me consentía, y era alegre, bueno, tranquilo”, recuerda Carmenza Gómez. Le jalaba a la construcción, se le medía al reparcheo de carreteras, viajaba hasta Chaparral (Tolima) a echar azadón en las fincas. La noche del 23 de agosto de 2008, después de lavar carros todo el día, llegó desilusionado a la casa diciendo: “Mamita, me fue mal. Sólo completé los $12.000 del gas”. Fue la última vez que lo vio vivo. “Se fue con unos manes para un trabajo en la Costa”, fue la explicación de su hermano John, él último en despedirlo.

El 1º de septiembre entró una llamada a la casa de John en el barrio Los Ducales, que contestó él mismo porque estaba convaleciente de un golpe en la columna. De sopetón oyó la mala nueva: “Al parecer mataron a su hermano cerca del municipio de Ocaña”. Y le pidieron acudir a Medicina Legal para ratificarlo. El problema era cómo decírselo a su madre, que también por esos días se reponía de una delicada cirugía. Lo hicieron entre todos los hijos y Carmenza se les desplomó en el hospital de La Samaritana. Cuando recobró el vigor, cumplieron la dolorosa cita de constatar a través de una imagen por internet que Víctor estaba muerto.

La fotografía mostraba su torso desnudo y la señal de una herida causada por arma de fuego entre sus cejas. Asida a una débil esperanza, Carmenza y sus hijos partieron rumbo a Ocaña. En cada recodo del tortuoso viaje, cada quien rememoraba en silencio a Víctor y su inconfundible sonrisa a flor de labios. Llegaron directamente a la morgue del pueblo y, después de un rápido consenso para impedir que Carmenza entrara a ese lóbrego escenario de los despojos insepultos, su hijo John se aventuró primero y ratificó la desgracia. Luego recibieron oficialmente el escueto argumento del fatal desenlace: supuestamente el Ejército lo había dado de baja en combates con la guerrilla en Norte de Santander.

Carmenza nunca lo creyó, no sólo por la imposibilidad física de que Víctor se hubiese enrolado en la guerrilla, sino porque su corazón de madre le advertía que no tenía alma de rebelde. Destrozada por la tristeza y la confusión, el 5 de septiembre, en el Cementerio de Chapinero en Bogotá, llevó a su sexto hijo hasta su última morada. Sólo una semana después, cuando otras madres de Soacha sufrieron el mismo dolor y escucharon la insólita explicación, entendieron que eran víctimas de una mano negra medrando en sus calles, que después cobró forma en el escándalo que estremeció a la sociedad colombiana: fueron falsos positivos del Ejército.

¿Con qué treta se los llevaron y cómo supuestamente fueron abatidos? Hace ocho meses fueron sepultados y la justicia no responde. En cambio, Carmenza Gómez, junto a otras madres de Soacha, no se calla. “Yo ya he gozado y he sufrido en esta vida, no tengo nada que perder y no pienso descansar hasta que el mundo sepa la verdad. No tengo miedo, lo peor ya pasó. Que sepan quienes quieren callarme que salgo todos los días de mi casa a trabajar faltando 20 para las 5:00 a.m. y que voy a seguir haciéndolo porque por primera vez tengo un empleo estable, como aseadora en el Instituto Nacional de Salud, y es mi deber ayudar a mis nietos”.

Con esa misma genética, mezcla de tesón llanero y brío santandereano, su hijo John Nilson Gómez emprendió su propia gesta. Quería saber quiénes se habían llevado a su hermano y por su cuenta y riesgo decidió averiguarlo en las calles de Soacha. En noviembre resonó la primera amenaza telefónica. “O se calla o le tapamos la boca. Deje de averiguar lo que no le importa”, le dijeron secamente. En enero volvieron a llamarlo para decirle que abandonara el barrio Los Ducales o que afrontara las consecuencias. John Nilson no se rindió, siguió batallando con sus miedos bajo la noble consigna de hacer justicia. De saber algo. De ver algún día los rostros de los asesinos de su hermano en el banquillo de los procesados.

A las 6:15 de la tarde del pasado 4 de febrero, mientras se disponía a depositar una moneda en la ranura de un juego de máquinas en una tienda del barrio, un desconocido que descendió de una moto roja, utilizando una pistola con silenciador, le disparó a quemarropa en el rostro. El proyectil le destrozó la boca y lo dejó inconsciente en medio de un charco de sangre. La primera en saberlo fue Carmenza Gómez y con las piernas temblando pero con su valentía intacta, corrió desesperada a auxiliarlo. Lo llevaron a un centro de salud de San Mateo, en Soacha. A las nueve de la mañana del día siguiente la notificaron de su deceso.

En seis meses enterró a dos hijos y aún nadie le dice quién los asesinó a sangre fría. Como en una película repetida, con el corazón deshecho, volvió a engarzar sus recuerdos evocando a su hijo John Nilson como “un excelente hijo y mejor padre”. Y dejó su cuerpo sin vida en una sencilla tumba del cementerio El Apogeo. Después volvió con premura a casa, porque ahora comparte techo con cuatro nuevos inquilinos: la pequeña Daniela de su hijo Víctor y tres niños más, de ocho y seis años y un bebé de cinco meses, los nietos que le dejó a su cuidado su hijo John Nilson. A sus 53 años está convencida de que tiene arrestos para volver a ser madre.

Al fin y al cabo hoy es la voz representativa de las madres de Soacha que siguen denunciando el atropello de los falsos positivos. “Lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. Ya llamaron a amenazar a una de mis hijas, y le dijeron que sabían la dirección de mi casa. No quiero más muertos en mi familia, pero tampoco voy ceder. Las muchachas me dicen que me vaya de Soacha, pero no veo por qué debo hacerlo. Hay gente valiente como el personero Fernando que me respalda y estoy segura de que lo que hago es lo correcto”, dice mientras aprieta los puños y por sus cachetes descienden lágrimas a cataratas.

Después expresa rabiosamente: “Ni perdón ni olvido”, y vuelve a su mutismo. Dos abogados que la asesoran le comentaron que van a convocarla a una conciliación en las Fuerzas Militares para evitar un largo proceso contra el Estado por lo sucedido con su hijo Víctor. “Él no tiene precio —les dijo—, ¿acaso les vendí un caballo? Yo sólo espero que la justicia haga lo suyo y que algún día el presidente Uribe me dé la cara para aclararme por qué se atrevió a decir, antes de que se comprobaran los falsos positivos, que se trataba de delincuentes que habían ido a delinquir a Ocaña. Después se retractó, lo mismo que el ministro Juan Manuel Santos, pero que nos digan por qué les suceden estas cosas a las familias trabajadoras y pobres”.

Su repertorio de reclamos está en el orden del día y con las demás madres de Soacha ha constituido una red solidaria que exige verdad y justicia. Lo que no sabe aún es qué contestarles a sus nietos cuando ellos preguntan por la suerte de sus padres. “Abuela, ¿por qué el Ejército mató a mi tío Víctor, si él era soldado? ¿Y por qué mataron después a mi papá por estar averiguando?”, indaga en medio de su precoz madurez John Sebastián, el pequeño de ocho años que dejó John Nilson.

Carmenza no contesta, se apresura a bajar la cabeza para que no la vean llorar y lo abraza para evitar que continúe el interrogatorio. Como intuyendo su amargura, el niño replica: “Tranquila, que cuando yo crezca le voy a comprar una casa lote para que quepamos todos, así como quería mi papá”.

Nuevas revelaciones sobre falsos positivos

Con presencia del fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, y el general Freddy Padilla de León, la Comisión Segunda del Senado llevará a cabo el próximo martes un debate sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos del municipio de Soacha.

Documentos nuevos recopilados por el senador liberal Juan Manuel Galán sobre este espinoso tema, y que prometen levantar ampolla, van a ser presentados durante la sesión, que se efectuará en la sede del Concejo de esa localidad. De igual manera, serán escuchadas las versiones de las familias de las víctimas.

La justicia en el limbo

El escándalo de los falsos positivos del Ejército en Soacha fue conocido por el país a mediados del año pasado, cuando once madres de jóvenes de esta localidad denunciaron que sus hijos, inicialmente reportados como bajas en combate pertenecientes a grupos guerrilleros, fueron asesinados, al parecer, por miembros de la Fuerza Pública en zona rural de Ocaña (Norte de Santander). Desde entonces, y aun cuando el Presidente destituyó a 27 militares, incluidos tres generales y otros oficiales de alto rango, las once madres de los falsos positivos de Soacha han venido reclamando justicia sobre estos hechos. Esta semana fueron detenidas dos personas.