En una decisión que ha sido interpretada como el comienzo de la paraeconomía, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al empresario bananero de la región de Urabá Raúl Emilio Hasbún Mendoza, por el delito de concierto para delinquir agravado, derivado de sus actuaciones de recaudo de dineros para fortalecer las finanzas de las Autodefensas Unidas de Colombia en la región.
La investigación de la Fiscalía logró establecer que a partir de 1997 y luego de la desmovilización del Epl, los grupos de autodefensa constituyeron como principal fuente de financiación de su ejército ilegal en Urabá una comisión en centavos de dólar por cada caja de banano exportada por las empresas asentadas en la región. Para llevar a cabo este propósito se conformó un bloque especifico dedicado al recaudo, administración y canalización de estos recursos. El jefe de la operación fue Raúl Hasbún.
Las pruebas contra el empresario bananero partieron de los propios jefes paramilitares en sus primeras confesiones. Así fue como, por ejemplo, Salvatore Mancuso en mayo de 2007 admitió que con el comandante Carlos Castaño, y a través de la Convivir Papagayo, se acordó el pago de 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Un centavo quedaba para las autodefensas y los otros dos para el pago de corrupción a instituciones del Estado, la financiación de la Convivir y el pago de informantes y comunicaciones de la organización ilegal.
El dinero, según Mancuso, lo recibía Raúl Hasbún. La misma versión que aportó el comandante del Bloque Bananero, Hébert Veloza García, alias H.H., quien expresó ante la justicia que entre 1995 y 1996, el citado Raúl Hasbún, conocido como Pedro Bonito o Pedro Ponte, fue la persona encargada del cobro de impuestos y colaboraciones por parte de las empresas comercializadoras de banano en la región de Urabá. Idéntico testimonio suministró el comandante Freddy Rendón Herrera, conocido como El Alemán.
Pero la Fiscalía no se limitó a los testimonios de los jefes paramilitares´: también aportó dictámenes periciales que sintetizan que fue real la financiación de las empresas exportadoras de banano a los grupos de autodefensa. Un informe contable señala que desde 1997 a 2007 se aportaron $4.690 millones por parte de la mayoría de las exportadoras de banano de la región y que está plenamente acreditado que la persona que coordinaba la recepción de los dineros era precisamente el procesado Raúl Hasbún.
Es más, en desarrollo de la investigación, la Fiscalía ratificó que éste sostuvo reuniones con representantes de empresas bananeras como Chiquita Brands, a través de su filial Banaldex S.A., y que algunos de esos contactos se hicieron por medio del ex jefe de seguridad de la citada empresa, Víctor Julio Buitrago Sandoval. “Sí, me reuní con él, creo que fueron dos ocasiones para tratar el retraso de pagos de la Convivir”, admitió en declaración judicial Buitrago, al responsabilizar a Hasbún.
Hasta el propio empresario admitió en la diligencia de indagatoria su responsabilidad con las autodefensas y manifestó que con los alias de Pedro Ponte o Pedro Bonito lo hizo entre 1996 y 2004. Además, reconoció el sistema de cobro a las empresas productoras y exportadoras de banano, lo cual llevó a la Fiscalía a concluir que su conducta encuadra dentro de la figura del concierto para delinquir agravado, por lo cual debe responder ante los jueces, sin opción de ser admitido en la Ley de Justicia y Paz.
De esta manera, Raúl Emilio Hasbún Mendoza se convierte en el primer empresario en ser procesado por sus nexos con las autodefensas. De cierto modo coincide con el vaticinio formulado por el líder de la Fundación Nuevo Arco Iris, León Valencia, en el sentido de que sin que aún concluyan las pesquisas de la denominada parapolítica, comienza a abrirse paso el escándalo de la paraeconomía.