En el inicio fue un temblor
El 24 de mayo de 2008, a las 2:21 p.m., el centro del país pasó un susto que aún hoy está generando consecuencias. Un fuerte sismo, de 5,5 grados en la escala de Richter y profundidad de 3,5 kilómetros, sacudió la zona y causó unos 30 muertos. El Calvario, en el Meta, fue su epicentro. En la capital, la construcción más afectada de todas según lo informaron las autoridades fue la ubicada sobre la calle 26 con carrera 35, donde funcionaba la Contraloría Distrital. Se desprendió la mampostería de la fachada, se despedazaron los vidrios. El contralor Miguel Ángel Moralesrussi anunció meses después que, junto con los 500 empleados que con él trabajaban ahí, debía abandonar el lugar mientras se realizaban las obras de reparación. La mudanza del ente de control se realizó en julio del año pasado a un inmueble en el norte de la ciudad. Un edificio de siete pisos llamado Amalfi, en arriendo por $2.300 millones los 10 primeros meses, cuyo contrato se encuentra ahora en el ojo del huracán por cuenta del concejal Antonio Sanguino. De acuerdo con una denuncia suya, se trata de una transacción “aberrante y escandalosa con sobrecostos evidentes”.
Concejal denuncia
Sanguino, quien junto con los concejales Carlos Vicente de Roux y Carlos Fernando Galán ha venido liderando denuncias en la corporación sobre el supuesto cartel de las contrataciones en Bogotá, le presentó a este diario una serie de documentos que, en su concepto, demuestran que por el alquiler del edificio Amalfi se ha pagado un “valor descomunal que lesiona el patrimonio de los ciudadanos”. El cabildante anunció, además, que entregará todos los papeles a la Fiscalía para que se abra una investigación.
La prueba “reina” sería un cruce de cartas entre una inmobiliaria llamada Implementar Ltda. y la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S. A., dueña del inmueble, en las que se evidenciaría que el canon de arrendamiento mensual (que es de $230 millones) estuvo pactado inicialmente por $120 millones.
Marco Hernando Carrillo Pulido, gerente general de Implementar, aparece firmando la primera misiva, fechada el 12 de febrero de 2009. En ella, la inmobiliaria presenta a la Contraloría Distrital como posible cliente de la Fundación. “Nos permitimos presentar a nuestro cliente CONTRALORÍA DISTRITAL para tomar el edificio de la referencia bajo la figura de arrendamiento, con opción del compra”, reza un aparte inicial. “El valor de la comisión por el manejo del contrato tiene un costo mensual de $7’200.000 (correspondiente al 6% sobre el valor total del contrato ($120’000.000))” (sic), se señala párrafos más abajo.
Al día siguiente, la Fundación Médico Preventiva contesta a la inmobiliaria: “Aceptamos las condiciones allí plasmadas, pero con la condición de que el porcentaje de administración sea del 5% sobre el valor del canon mensual de $120’000.000 millones”. La carta está firmada por Norman Gamboa Gamarra, jefe jurídico nacional de la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S. A.
De nuevo, el 16 de febrero de 2009, Implementar escribe, esta vez para “agradecer la confianza depositada” por la Fundación para el manejo del inmueble e insistir en que su comisión sea del 6%. “El contrato se firmará a partir del 1º de marzo del presente año”, informan.
Finalmente, el 24 de febrero, los dueños del edificio Amalfi responden de manera extensa a la administradora inmobiliaria que la Contraloría los contactó a través de otra firma y que no aceptan sus condiciones. Así las cosas, Implementar sale del negocio y el contrato de arrendamiento se suscribe en abril entre Víctor Manuel Armella Velásquez, contralor auxiliar delegado por Moralesrussi, y Martha Lucía Orozco Gómez, en representación de la Fundación, por un valor total de $2.300 millones incluyendo el IVA. El compromiso establece que el 50% ($1.150 millones) se entregue en calidad de pago anticipado, una vez aprobado el contrato. A los tres meses siguientes deberá cancelarse lo correspondiente a dos mensualidades ($460 millones) y el saldo restante ($690 millones) otros 90 días más tarde.
Antonio Sanguino cree que los hechos “son aberrantes. Especialmente teniendo en cuenta que estamos hablando del organismo de control que debería ser guardián de los recursos de los ciudadanos. Están embolatados, al menos, $1.500 millones”. El concejal, quien fue llamado por la Procuraduría (junto con De Roux y Galán) a ampliar sus denuncias sobre el llamado cartel de la contratación, fue más allá al declarar que “la Fiscalía debería entrar a actuar, pues podríamos estar en presencia de un enriquecimiento ilícito”.
Con la intención de comprobar su tesis, Sanguino muestra también un avalúo catastral del edificio Amalfi (ubicado en la carrera 16 N° 79-34, con 4.200 metros cuadrados) que señala que el inmueble cuesta $2.618’069.000. “La regla de mercado dice que el valor comercial de un bien está entre el 70 y el 80% más del avalúo catastral. La Contraloría ha podido comprarlo”. Y suma unas cotizaciones de oficinas en arriendo, también en el norte y con condiciones similares a las del caso en cuestión, con valores aparentemente menores al que paga la Contraloría. Por ejemplo, un edificio para estrenar en Chapinero, de 1.827 metros cuadrados, por $56 millones mensuales.
Contraloría responde
Por decisión de Miguel Ángel Moralesrussi, mientras él responde por los temas de control fiscal en la Contraloría Distrital, Víctor Manuel Armella se encarga de ordenar el gasto de la entidad. Por eso, el 13 de enero de 2009 asumió la responsabilidad de buscar un sitio al cual trasladar el ente de control, luego de que el administrador del edificio de la 26 les informara que debían mudarse para que pudiesen realizarse las obras de reparación de los daños que causó el sismo.
Lo primero que se ideó, dice, fue pasarse a los cuatro pisos de los que es dueña la entidad en el edificio Avianca. Como ahí funcionan unas oficinas de la Secretaría de Gobierno, la cartera de Hacienda de la ciudad les sugirió mudarse a otro inmueble luego de aprobarles un presupuesto para arriendo de $2.500 millones.
La búsqueda de un sitio acorde con las necesidades (500 empleados, repartidos en dependencias como oficina jurídica, de planeación, de comunicaciones, Grupo Especial de Investigaciones, Dirección Administrativa y Financiera, direcciones sectoriales de gobierno, de hacienda, de control urbano, de servicios públicos, de hábitat y el despacho del Contralor) incluyó un análisis de mercado con base en visitas a varias construcciones. “Miramos de 10 a 12 edificios”, cuenta el contralor auxiliar.
Explica que el primer contacto con el edificio Amalfi lo tuvieron a través de la inmobiliaria Implementar, que les escribió para ofrecerles un contrato de alquiler de $175 millones mensuales. “El edificio estaba en obra gris. De los siete pisos, sólo dos funcionaban. No había pisos ni techos ni cableado ni redes de voz y datos. Tampoco cocinetas. Les dije que no porque nos pedían asumir las adecuaciones. Después, los dueños, la Fundación, directamente nos contactan y lo ofrecen por $170 millones mensuales así como estaba. $200 millones mensuales, colocando los techos respectivos y si se requerían más mejoras de orden tecnológico, mobiliario y obras civiles, el canon mensual sería de $280 millones”.
Esos detalles pueden apreciarse en una carta que la Fundación Médico Preventiva le envió a la Contraloría el 3 de febrero de 2009, y cuya referencia es “Oferta edificio Amalfi”. Lo curioso es que 10 días después (el 13 de febrero) los dueños del bien aparecen (en la carta que tiene Sanguino) aceptando el trato con Implementar y el canon mensual de $120 millones.
La versión de Armella asegura que la Fundación “rebajó a $230 millones mensuales, con la condición del pago anticipado que se acordó”. El edificio se arrendó amueblado, agrega, y con las adecuaciones necesarias. El funcionario también afirma que “el tema del avalúo catastral de un inmueble nada tiene que ver con el alquiler del mismo. Una cosa es el avalúo catastral y otra muy distinta el valor comercial”.
Cuando pase el temblor...
Norman Gamboa, jefe jurídico de la IPS Fundación Médico Preventiva, le dijo a El Espectador que sencillamente no quisieron hacer el negocio con la inmobiliaria Implementar. “Nos dijeron que tenían un cliente, nos hablaron de un canon de $120 millones mensuales, pero no sabíamos que se trataba de una entidad pública. Ya ve usted que con éstas nos retienen buena parte del dinero pagado”. En las cartas, no obstante, el nombre Contraloría Distrital siempre aparece en mayúsculas.
El contrato de la discordia fue renovado por el mismo valor y terminará el próximo octubre. El ente de control deberá volver a la calle 26 con 35, donde lo sorprendió el temblor, en marzo de 2011.
Como siempre en estos casos las autoridades tienen la palabra.