El presidente Uribe ha sido denunciado no una, ni dos, ni diez, sino 124 veces ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, único ente que puede investigarlo penal o disciplinariamente. Por disposición legal y constitucional, no existe otro organismo que tenga competencia para revisar sus actos. O los de los magistrados de las Cortes; o los del Fiscal. En términos democráticos, no parece equitativo que este selecto grupo de personajes no tengan juez real, pues esta Comisión no es integrada por juristas sino por políticos. En la práctica, casi lo mismo que no tener ni Dios ni ley.
A los más altos dignatarios del Estado no hay quien los ronde, salvo 15 representantes que ocupan ese puesto. Ellos llegan a la Comisión por acuerdos entre los partidos a los que pertenecen. Sus méritos profesionales no cuentan. Así es: el ordenamiento jurídico fundó una especie de tribunal compuesto por "jueces" que no lo son -los comisionados no deben ser abogados- y cuyo rol en la sociedad es de un estatus inferior al que ejercen sus investigados. Para ventaja de estos últimos, por supuesto.
Amanda Ricardo, la presidenta de la Comisión desde hace seis meses, no tiene recordación pública, excepto por el leve parecido de su nombre con el de una actriz de televisión. Es parlamentaria por primera vez. Antes, fue diputada por Cundinamarca durante un período y funcionaria de la Gobernación. Con todo y su buena fe, Amanda está ahí de carambola, y gracias a que se deslizó del Partido Liberal al de la U, en el momento de la reelección presidencial.
Ella debe presidir los debates por las investigaciones contra su jefe político... si los hubiera. Además, tiene que echar a andar las 714 investigaciones pendientes y para que le dejen presentar una reforma que les dé dientes, aunque sean de leche, a los representantes investigadores encargados de penetrar el "Olimpo". Responde con candor y sin asomo de malicia los interrogantes sobre la imparcialidad de la Comisión.
En la orilla opuesta, descarnadamente y con la sabiduría que da la experiencia, el ex senador Darío Martínez, especialista en derecho constitucional, le quita el velo a la vergonzosa permanencia del que denominó "esperpento" jurídico, ese que desde el principio está impedido para investigar, examinar pruebas y dictar sentencias, por una simple razón: conflictos de interés.
"Con los procesos que tengo, me sobra y me basta"
C.O.- La Comisión de Acusación parece no tener ninguna infraestructura. ¿Cuáles son sus deficiencias?
A.R.- Muchas: no se han fijado los procedimientos que debemos seguir. No tenemos estructura logística. No contamos con herramientas jurídicas, a pesar de que nuestro trabajo se puede equiparar al de un alto tribunal. Tenemos unos pocos asesores abogados que contratamos cada vez que hay una nueva legislatura y con una asignación económica muy precaria.
C.O.- Es decir, ¿la Comisión de Acusación no tiene cómo revisar seriamente una denuncia o darle curso a un proceso?
A.R.- Nosotros enfrentamos seriamente los procesos con las armas que tenemos. Los asesores abogados no tienen la calidad de un magistrado auxiliar, pero se esfuerzan por hacer las cosas bien.
C.O.- Sólo por citar un ejemplo, ¿usted podría sostener que esos abogados tienen la talla profesional para juzgar al Presidente de la República?
A.R.- Lo estamos tratando de corregir. Queremos ponernos a la altura de una corte.
C.O.- ¿Cuál procedimiento usa hoy la Comisión?
A.R.- Procuramos ajustarnos a lo que dice la ley: cuando llega la denuncia, se hace el reparto y se continúa con el trámite normal de cualquier instancia judicial.
C.O.- ¿Cómo se reparten los procesos entre los 15 representantes?
A.R.- Para tener una norma de conducta, dictamos una resolución hace un tiempo: se fija el reparto por orden alfabético y empleamos el principio de la compensación.
C.O.- ¿Cuánto dura cada proceso en manos del representante asignado?
A.R.- No le puedo informar exactamente, pero estamos tratando de ajustar los términos.
C.O.- ¿Cuántos asesores abogados tienen los representantes, si a cada uno le corresponde hacerse cargo de 48 procesos en promedio?
A.R.- Uno por cada representante.
C.O.- ¿Qué nivel profesional se les exige a los asesores?
A.R.- Se les exige que sean abogados especializados, preferiblemente en Derecho Penal. En cuanto a la experiencia, depende del arbitrio del representante que lo propone.
C.O.- ¿Tampoco está reglamentado?
A.R.- No, no está reglamentado. Por eso queremos tener menos asesores, pero contar con tres o cuatro funcionarios que posean la calidad de magistrados auxiliares; que puedan elaborar documentos y sustentarlos en derecho.
C.O.- Mientras ha sido presidente de la Comisión, ¿ha revisado algunos de los procesos más atrasados?
A.R.- Directamente no, porque yo también respondo por mis procesos y con los que tengo, me sobra y me basta. Además debo cumplir con la función adicional de presidente de la Comisión.
C.O.- ¿En qué etapa están los procesos que le correspondieron a usted en suerte?
A.R.- En la etapa instructiva.
C.O.- ¿Los representantes investigadores pueden aplicar lo que les dicta su conciencia sin tener en cuenta los intereses políticos de sus partidos?
A.R.- Mientras he estado aquí no he podido apreciar que ningún partido ejerza presión. No he conocido el primer caso de un representante investigador que diga que se encuentra presionado por su partido para tomar una decisión u otra.
C.O.- Debe ser porque los procesos no están en la etapa de las decisiones, no por independientes. No puede negar que los fallos de la Comisión, cuando los hay, son políticos.
A.R.-En este momento hay ambiente para actuar en derecho. Hay buenos profesionales asesores e incluso hay abogados entre los miembros de la Comisión. Aspiramos a demostrar que podemos ser un alto tribunal, sobre todo con referencia a los últimos procesos que han llegado.
C.O.-¿Cuántos de sus colegas de Comisión están realmente capacitados para adelantar una investigación ajustada a los Códigos?
A.R.- Pienso que todos, porque son profesionales.
C.O.- ¿Cuántos de los investigados la han llamado antes de que se inicie formalmente la investigación?
A.R.- Por lo regular trato de no entrar en esa interrelación y de que las cosas se hagan por escrito. Hay muchas llamadas pero no paso, porque se puede presentar una situación engorrosa.
C.O.- ¿Cuál es su meta en la presidencia de la Comisión?
A.R.- Mi meta primordial es dejar presentado en la Cámara el proyecto de ley para reformar su funcionamiento.
El ridículo judicial de la Comisión
C.O.- ¿Los representantes a la Cámara pueden ser jueces eficientes e imparciales?
D.M.- Nunca podrán serlo. La función judicial en cabeza del Congreso es un esperpento y debe desaparecer.
C.O.- Es decir, la separación real de los poderes...
D.M.- Así es: los jueces administran justicia, los congresistas reforman la Constitución, expiden las leyes y ejercen el control político; y el Ejecutivo ejerce la función administrativa. Esos roles no se pueden mezclar ni confundir.
C.O.- ¿Un representante investigador puede ser independiente?
D.M.- Le devuelvo la pregunta: ¿Qué independencia puede tener un congresista para juzgar imparcialmente a su jefe político, el Presidente? ¿Cómo puede ser independiente frente a los magistrados de las altas cortes, si la Corte Suprema y el Consejo de Estado investigan y juzgan a su vez a los congresistas? Cuando el congresista tiene a un magistrado al frente, conjuga, en ese cruce de competencias antiéticas, los verbos investigar y acusar: yo te investigo, tú me investigas; yo te acuso, tú me acusas.
C.O.- ¿No cree que ante los personajes que tiene que investigar la Comisión de Acusación, los investigadores se pueden intimidar debido al poder que emana de los denunciados?
D.M.- Sí, pero no sólo por el poder que tienen los investigados, sino porque hay una amenaza presente. Esas funciones acarrean un estado latente de miedo: todos los congresistas pueden ser objeto de una investigación. El cruce de competencias me parece funesto. Así no puede haber justicia.
C.O.- ¿Es común que lleguen especialistas del Derecho a la Comisión de Acusación?
D.M.- La escogencia de los miembros de la Comisión se hace en las plenarias del Senado y de la Cámara y ahí juegan factores políticos y no calidades profesionales. Como se trata de una comisión en apariencia importante por los casos que llegan, por ejemplo, contra el Presidente, se elige a amigos del Gobierno para estar frente a las denuncias que formulan contra su jefe político.
C.O.- ¿Usted cree que algún día se podrán evacuar los más de 700 procesos que hay actualmente pendientes?
D.M.- Imposible. Habrá muchas quejas infundadas, inclusive temerarias. Pero habría que examinar si, en ese gran número de denuncias, no existen una, dos, tres o cuatro que ameriten una investigación, especialmente aquellas que tienen origen en la Fiscalía y en la propia Corte Suprema.
C.O.- ¿En Colombia es imposible juzgar a un Jefe de Estado?
D.M.- En la práctica, al Presidente no hay quien lo controle judicialmente. El control del Congreso es una farsa y por eso el Jefe de Estado termina siendo absolutamente irresponsable frente a la Constitución y a la ley. En mi criterio, el Congreso sólo debería preservar el juicio de indignidad por mala conducta, porque ése es un proceso político. Pero no tendría que asumir la investigación penal como está previsto ahora.
C.O.- ¿Y si un Congreso intentará hacerlo algún día?
D.M.- No hay Congreso que investigue y juzgue a un Presidente de forma independiente. El día que quisiera hacerlo, con toda seguridad el Jefe de Estado de turno lo cerrará, como ocurrió en 1948.
C.O.- ¿Cuál es su propuesta entonces?
D.M.- Hay que hacer una reforma constitucional urgente, para que la función judicial del Congreso se le adscriba a un tribunal especial cuyos miembros sean escogidos por méritos. Alguna vez propuse que esa competencia se la dieran a la Corte Suprema, pero debido a los últimos hechos, no es viable insistir en esa idea.
C.O.- Entonces habría que replantear su eliminación...
D.M.- Se puede adelantar una reforma transitoria de carácter legal para hacer ajustes que tengan que ver con el recorte de unos poderes absurdos de la Comisión. Por ejemplo, el del archivo de los procesos. Esa es una facultad que le corresponde exclusivamente a la Plenaria de la Cámara por mandato constitucional.
C.O.- ¿Cree que hay algún presidente que esté dispuesto a apoyar una reforma legal o constitucional para que se cree un tribunal que lo pueda juzgar con seriedad?
D.M.- Yo se lo pregunté a Álvaro Uribe cuando me estaba oponiendo, como senador, a la reelección presidencial. Fui personalmente a hablar con él y le condicioné mi apoyo. Le dije: "Presidente, apoyo su reelección si usted acepta derogar la función judicial del Congreso". Él dijo que estaba de acuerdo, pero no hizo nada para presentar un proyecto en ese sentido.