Inesperadamente, al menos para quienes no conocen la intimidad de la Corte Suprema, fue elegido presidente de esa corporación el magistrado Augusto Ibáñez, de la Sala Penal. Pasaron cuatro meses y cerca de cien votaciones, y mínimo 16 de los 23 miembros del pleno de esa alta corporación no habían logrado escoger a su vocero de 2009. No había antecedentes de una dificultad similar para una decisión relativamente cantada por la tradición.
En efecto, la costumbre indica que a las tres salas de la Corte (Penal, Civil y Laboral) les corresponde presidir el organismo sucesivamente y representarlo por el lapso de un año. También se da por hecho que el magistrado más antiguo de la sala que está en turno es el favorito para ocupar el cargo y con mayor razón si ese magistrado fue el vicepresidente del tribunal el año anterior. Pues bien, en esta ocasión la única condición que se cumplió de todas las anteriores, fue la de que el nuevo representante de la Corte perteneciera a la Sala Penal. Los integrantes de esa sección, incluso el vicepresidente de 2008 y el más antiguo de la sala, se desgastaron en la contienda, uno tras otro. Esta vez el seleccionado resultó ser un recién llegado, que en otras circunstancias históricas no hubiera tenido chance ni siquiera de presidir su propia sala.
Y no por falta de conocimientos. Por el contrario: todos le reconocen su preparación académica, que se inició y formó en el rigor de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado; sino porque dadas algunas de sus características de temperamento y otras, las políticas del país actual, parecía muy improbable que la Corte pudiera ponerse de acuerdo sobre su nombre. Pero lo hizo. El magistrado Ibáñez, experto, entre otras materias, en los temas de la Corte Penal Internacional, es conocido por la independencia de sus decisiones jurídicas y porque no concibe que factores externos a los tribunales puedan incidir en los fallos. Al mismo tiempo, este presidente posee buenas maneras y se mueve con facilidad en círculos privilegiados, más allá de los despachos judiciales. Tal vez esa doble condición —autonomía jurídica y habilidad social— le será útil para capotear las tormentas que le esperan en medio del escándalo por el gran operativo de espionaje que se montó desde el DAS contra la Corte. De seguro va a soportar muchas tensiones y presiones de lado y lado. De aquí para adelante, su éxito institucional y el destino del tribunal que lo eligió dependerán de que sepa identificar las tentaciones de vanidad que le pondrán a su paso y de que no permita que lo domine el mareo del efímero poder.
Cecilia Orozco Tascón.- La imagen de la Corte se lesionó por la dificultad para nombrar a su nuevo presidente y quedó la sensación de que los magistrados no podían ponerse de acuerdo porque estaban divididos. ¿Es cierto?
Magistrado Augusto Ibáñez.- Primero, no me parece que la credibilidad en la Corte haya disminuido. Hay que crear mecanismos para nombramientos rápidos, es necesario admitirlo. Pero la opinión pública debe comprender que el nombramiento del vocero de la Corte es sólo un asunto puntual y que lo esencial, es decir, la función jurisdiccional de la corporación, nunca se paralizó. Por el contrario, ha marchado a todo vapor. Segundo, como existe preocupación sobre si hay algunas líneas de pensamiento diversas, quiero resaltar que la única línea de la Corte está en sus decisiones.
C.O.T.- Algunos medios dijeron que su nombramiento había sido un “palo”. ¿Cómo logró obtener los votos suficientes?
A.I.- Se llegó a ese acuerdo por generosidad, pero cualquiera de los otros magistrados habría sido bien recibido. ¿Por qué se llegó a mi nombre? Porque el proceso se fue depurando de acuerdo con la tendencia interna, hasta llegar a un consenso.
C.O.T.- Por las declaraciones que ha dado el fiscal Iguarán, se podría decir que está probado que existía un plan ilegal gigantesco para que el organismo de inteligencia de la Casa de Nariño espiara a la Corte. ¿Qué opina de la dimensión de lo ocurrido?
A.I.- La Sala Plena ha revisado el tema y aspiro a que nuevamente esté en discusión, porque el caso trasciende la rama judicial. Los métodos legales de inteligencia no pueden convertirse en mecanismos para perseguir a las personas de bien. Como hasta el momento no se ha encontrado legitimidad en esas actuaciones, la conclusión es que son criminales. Y eso, teniendo en cuenta que —según parece— lo que se ha publicado es una mínima parte de lo que tiene la Fiscalía.
C.O.T.- Usted ha insistido en que a la Corte le mintieron dos veces. ¿Por qué le da tanto relieve a ese punto?
A.I.- Hay que resaltar que esas negativas del DAS a las preocupaciones de la Corte están en documentos públicos. La Fiscalía va a tener que revisar el punto. El presidente (e), doctor Jaime Arrubla, le mandó a la entidad investigadora la primera nota en la que los altos directivos del DAS le habían certificado a la Corte la inexistencia de los fenómenos aquí preguntados. Y la semana pasada di la orden de entregarle a la Fiscalía la segunda comunicación que estaba en el archivo de la corporación, y en la cual, además de mentir, se ridiculizó la preocupación de la Corte. El 9 de octubre de 2007, la entonces
directora del DAS (María del Pilar Hurtado) le dirigió al presidente de la época, doctor César Julio Valencia Copete, una nota en la cual decía, más o menos, que los magistrados sufríamos de delirio de persecución, que se trataba de imaginaciones o que la Corte veía fantasmas.
C.O.T.- No sólo se ordenaban interceptaciones, que era lo que se pensaba al comienzo. Además, se comprobó el uso ilegal de datos financieros reservados, seguimientos a los familiares de los magistrados e incluso, intromisiones en sus vidas privadas. ¿Cree que el DAS violó casi todo el Código Penal?
A.I.- Es competencia de la Fiscalía investigar y pronunciarse. ¿Cuántos delitos pudieron haber existido allí? No precisemos para no comprometer a los investigadores. Pero quiero resaltar que también se cometieron faltas disciplinarias que deben tener un trámite especial y urgente en la Procuraduría, porque se trata de casos de connotación nacional en los que, además, la prueba está completa.
C.O.T.- Precisamente, el Procurador sentenció la semana pasada —cuando anunció que investigaría al Secretario Jurídico de la Presidencia— que no hubo complot del Gobierno contra la Corte, y que los funcionarios del DAS, si fallaron, lo hicieron por falta de ‘control’ de lo operativos. ¿Esos juicios del Procurador dejaron satisfecha a la Corte?
A.I.- Respetando, como corresponde, la decisión del Procurador General, y teniendo en cuenta que la queja sobre esos temas fue presentada por el entonces presidente de la Corte, doctor Francisco Javier Ricaurte, en la sala de gobierno que tuve a bien presidir se me ordenó interponer recurso de reposición. Ese recurso está en estudio para presentarlo. De allí se deducirá que hay que ampliar la investigación, que hay que profundizar algunos temas y que hay que resolver lo que tiene que ver con el llamado complot. El recurso se va a presentar oportunamente.
C.O.T.- ¿No le parece que se está acabando el Estado de Derecho y que el país va hacia un esquema militar y policivo de gobierno?
A.I.- De verdad aspiro a que el contenido de su pregunta no sea cierto.
C.O.T.- Su casa fue asaltada por desconocidos y otros magistrados figuran en las carpetas ilegales del DAS. ¿Por qué parecen espiar a unos más que a otros?
A.I.- No quisiera entrar en el tema particular mío, porque todos los casos son graves. Le pongo ejemplos: la ruptura de los mecanismos de seguridad del vehículo de la doctora María del Rosario González de Lesmes y otros hechos que le ocurrieron, llevaron a la Comisión Interamericana a otorgarle medidas especiales de protección; los seguimientos al magistrado auxiliar Iván Velásquez también dieron para que a él le concediera protección la Comisión Interamericana; el seguimiento y hostigamiento al magistrado Yesid Ramírez y, al mismo tiempo, las agresiones públicas contra el doctor Valencia Copete, ya son conocidos por la opinión. Adicionalmente, el hostigamiento mental a que ha sido sometido el doctor Valencia, es importante. ¿Cómo puede existir siquiera la idea de perseguir al abogado (Ramiro Bejarano) del ex presidente Valencia, que lo único que hizo, y por lo que está en vilo en un proceso judicial, fue defender las funciones de la Corte? Los casos aislados, preocupan. Pero si uno los mira en conjunto, alarman mucho más.
C.O.T.- ¿Los magistrados de la Corte se encuentran intimidados para ejercer su función de jueces?
A.I.- El país puede tener la plena seguridad de que ninguno de los 23 magistrados va a cambiar su pensamiento por este acoso. La toga vale todo y no nos la quitamos aunque nos toque brindar la vida. Nuestras funciones se respetan y se ejecutan.
C.O.T.- Se ha dicho que la unidad de la Corte se resquebrajó cuando a algunos magistrados les ofrecieron cierto tipo de favores. ¿Es verdad o es falso?
A.I.- Es totalmente falso. Debo decir que la Sala Plena ha protestado, en una sola voz, por los ataques aleves contra la administración de justicia. Lejos de existir siquiera cualquier duda de que haya dos posibilidades de manejo ideológico por algún ofrecimiento. Sería un delito y afirmo que eso no se presenta en esta alta corporación.
C.O.T.- ¿Por qué pareciera que los procesos de la parapolítica han disminuido su ritmo en la Corte?
A.I.- El paramilitarismo tuvo una forma de división territorial. Por eso los procesos han tenido grandes avances en algunas partes del país y ahora se está abriendo el compás de otros. Hay que analizar la división que ese “estado paramilitar” le dio al territorio frente a las decisiones judiciales. Se verá que los procesos coinciden en gran medida con tal división. Observe que la semana pasada se presentaron unas capturas y, sin duda, se están perfilando en otras zonas del territorio patrio. ¿Se ha paralizado la parapolítica? No. Se ha evacuado en unos sectores, y ya vendrán otros.
C.O.T.- Para usted, ¿el espionaje a la Corte y los ataques verbales del Ejecutivo contra la corporación coinciden con el descubrimiento de la parapolítica?
A.I.- Cuando un factor delictivo se produce, cualquiera que sea su manifestación, hay una reacción, unas veces de carácter social y otras, de carácter material y en forma violenta. Obviamente las reacciones vienen de las personas interesadas. La investigación de la parapolítica le ha traído unas desventajas grandes a la Corte, pero unas ventajas enormes a la democracia.
C.O.T.- Quisiera que puntualizara más: ¿La persecución a la Corte tiene que ver con las actividades judiciales sobre parapolítica?
A.I.- Todo tiene su contexto. Por ejemplo, ¿las chuzadas tienen que ver con la parapolítica? Claro que sí. Tienen que ver porque es la forma de buscar una herramienta para, por lo menos, criticar. Y no estoy minimizando el fenómeno. Por el contrario, estoy afirmando que es grave.
C.O.T.- Hace poco la Sala Penal ordenó la captura de un congresista, y éste renunció inmediatamente al fuero para no tener que enfrentarse a la Sala Penal. Ustedes decidieron hace un tiempo que el fuero de congresista era renunciable. ¿No cree que se equivocaron y que es hora de revisar esa decisión?
A.I.- Debo ser respetuoso de la mayoría. La decisión sobre el fuero se tomó en la Sala Penal y ganó por 5 votos contra 4. Hipotéticamente cualquier decisión se puede revisar. Pero, de momento, hay que respetar el criterio mayoritario.
C.O.T.- ¿Cuánta injerencia podrían tener los organismos internacionales de justicia en caso de que las condiciones del trabajo de la Corte se deterioren aún más?
A.I.- La academia sabe que quien hoy es el presidente de la Corte Suprema, es un gran partidario de los controles internacionales. ¿Qué pasa en este tema desde el punto de vista filosófico y práctico? Que como la delincuencia es trasnacional, la justicia también debe serlo. La Sala Penal ha sido seguidora del cumplimiento de los convenios internacionales y ha creado los mecanismos de revisión para que cuando se dé la recomendación de reabrir un proceso por una masacre, o por violación de derechos humanos por parte, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, lo podamos hacer de inmediato. Estamos expuestos a la justicia global y llamo la atención sobre eso. Yo, que fui negociador de la Corte Penal Internacional, quiero decirle que lo mejor que nos puede pasar es que salgamos adelante con nuestros mecanismos.
C.O.T.- ¿Cómo es su relación personal, profesional y social con el Presidente de la República?
A.I.- Lo conocí cuando yo trabajaba con el ex ministro Hernando Gómez Otálora. Posteriormente cuando asesoraba en materias jurídicas al Congreso de la República. Desde el punto de vista personal, los acercamientos han sido muy pocos, en actos oficiales. Aspiro a que la relación institucional sea muy productiva.
C.O.T.- ¿Cómo cree que será su presidencia de la Corte en este período tan agitado?
A.I.- Simplemente le voy a responder con una máxima funcional: Exigir la autonomía y la independencia judicial no es estar por fuera del Estado Social de Derecho. Sobre esa base va a girar mi presidencia.
El presidente Ibáñez viene de la Corte Penal Internacional
Si la Corte Penal Internacional se ha popularizado en Colombia por las continuas menciones que se hacen de sus facultades en la prensa, ahora sus actividades y ámbito de competencia se podrían difundir aún más, por efecto de la elección del magistrado Ibáñez como presidente de la Corte Suprema. En la hoja de vida de este dignatario aparece el cargo de Ministro Plenipotenciario de la Comisión Preparatoria para el establecimiento de la Corte Penal Internacional, que sesionó en Nueva York entre 1999 y 2001. En esa calidad, Ibáñez fue autor de decenas de documentos adoptados por la ONU en la estructura y el marco jurídico de la CPI. Casi como consecuencia lógica de esa labor, el jurista asesoró al gobierno del entonces presidente Pastrana en la adopción, por parte del país, del Estatuto de Roma —base de la CPI— para poner fin a la impunidad de los criminales que “desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la Humanidad”, cuando la justicia interna resulta inoperante. A esa peculiaridad de su currículo, el magistrado Ibáñez le suma otra que hoy es herejía: la de asesor del ex presidente Pastrana y del Comisionado de Paz Camilo Gómez en el acuerdo humanitario suscrito entre el Estado colombiano y las Farc para la liberación de más de 300 militares secuestrados, en época del proceso del Caguán, el número más alto logrado durante una liberación pacífica en Colombia.
Delitos que se habrían cometido en el DAS
El abogado Hugo Quintero, defensor del magistrado Yesid Ramírez, relacionó los delitos que habrían podido cometer quienes ordenaron y quienes ejecutaron los seguimientos ilegales a su cliente y al resto de la Corte desde 2004:
A.H.Q.- El Código Penal define los tipos básicos por violación a la intimidad y a la reserva de las comunicaciones, con penas mínimas que oscilan entre 32 y 48 meses. Si había una organización montada para cometer ilícitos, podría imputarse concierto para delinquir agravado. Las penas mínimas son de 4 años pero pueden ir hasta 12. Si hubo expedición de documentos falsos y destrucción u ocultamiento de documentos, habría delitos contra la fe pública; pero si destruyeron u ocultaron pruebas, el delito es contra los medios de prueba. Las penas mínimas pueden ser de 4, o más de 5 años. También han podido incurrir en prevaricato que tiene penas mínimas de 3 años; en abusos de autoridad por acto arbitrario e injusto, que por lo menos generan multa y la pérdida del empleo. Podría tipificarse fraude procesal con pena mínima de 6 años, y en el que podrían haber incurrido por haber engañado, por ejemplo, al Director de la Unidad Financiera o al del Agustín Codazzi. El DAS es un organismo civil donde no tiene cabida el principio de obediencia debida que, no solo está limitado a las Fuerzas Militares, sino a la naturaleza de la orden, la cual en ningún caso puede tener un contenido antijurídico.