Hizo contratos con su esposa, quien era la depositaria, para seguir manteniendo el control de los predios.
No paran las sorpresas ni los nombres conocidos que han salido a relucir en el escándalo de la presunta entrega y administración irregular de los bienes incautados a la mafia por la Dirección Nacional del Estupefacientes (DNE). Al ya conocido capítulo que investiga la justicia sobre un aparente carrusel de testaferros de congresistas que habrían terminado beneficiándose con el manejo de estos predios, se suma el pleito que hoy mantiene el hijo del general (r) Miguel Maza Márquez con la DNE.
Un total de 69 bienes le fueron entregados en los últimos cuatro años a la sociedad Agrolimco Ltda., una empresa creada en mayo de 2005 cuya gerente es Liliam del Rosario Pinto Cuello, esposa de Miguel Segundo Maza Álvarez, hijo del oficial en retiro. Un reciente rastreo de la DNE estableció que se le entregaron a esa sociedad haciendas, fincas, oficinas, garajes, lotes, sociedades anónimas y establecimientos de comercio en ciudades como Medellín, Puerto Berrío, Fuente de Oro, San Martín, Acacías, Villavicencio, Tolú, Yondó, Puerto Salgar y Santa Catalina.
No obstante, fuentes consultadas por El Espectador en la DNE advirtieron una serie de anomalías en la administración y tenencia de algunos de los predios entregados a Agrolimco en calidad de depositario. Pero, además, descubrieron contratos de arrendamiento que no fueron debidamente informados a la DNE, con una particularidad: el beneficiario de estos contratos de arrendamiento era nada más ni nada menos que Miguel Segundo Maza, el esposo de la gerente de Agrolimco. Una curiosa figura jurídica que un funcionario de Estupefacientes resumió así: “Un contrato de yo con yo”.
El 11 de junio de 2010, la DNE revoca el contrato de administración a la sociedad Agrolimco respecto de los predios Villa Catalina y la hacienda Verdum, ubicados en San Martín (Meta). En su lugar ordena la entrega de estos inmuebles a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, representada por el director de esa entidad, general Óscar Naranjo Trujillo. En la resolución mediante la cual se adopta esta decisión, se obliga a la Policía a presentar un informe mensual sobre el uso, estado, ingresos y gastos de explotación de los predios, estableciéndose como remuneración por la gestión como depositario el 8% de las utilidades netas.
Tres meses después, en similar resolución, la DNE de nuevo le retira la administración de la hacienda El Vergel, ubicada en Puerto Salgar (Cundinamarca), a la sociedad Agrolimco de Liliam del Rosario Pinto. Esta vez el bien le fue entregado a la Fundación Educativa para la Equidad y el Desarrollo Rural, representada por el empresario Carlos Alberto Gutiérrez. La entidad justificó estas decisiones en su poder discrecional para dar el mejor manejo de los bienes en custodia. Además, al revisar los estados del depositario Agrolimco, al parecer, se hallaron algunas inconsistencias. No obstante, cuando los nuevos depositarios, es decir, la Dirección de Carabineros de la Policía y la Fundación Educativa para la Equidad y el Desarrollo Rural, fueron a tomar posesión de predios, se encontraron con un inconveniente. Éstos habían sido entregados en arriendo a la firma Ganados Gordos S.A., cuyo representante legal resultó ser el esposo de la arrendataria, Miguel Segundo Maza. La explicación que entregó Liliam del Rosario Pinto es que no podía entregar esos bienes por cuanto ya los había arrendado y tenía que cumplir lo estipulado en los contratos.
Este diario conoció esos contratos. El primero de agosto de 2009 Pinto Cuello, en representación de Agrolimco, le arrendó la hacienda El Vergel de 840 hectáreas a su esposo Miguel Segundo Maza, representante de Ganados Gordos. El contrato estipulaba un canon de arrendamiento mensual de $2 millones y tenía vigencia hasta el 30 junio de 2015, es decir seis años. Ese mismo primero de agosto de 2009, en idéntica operación, la sociedad Miliagro, de propiedad también de Pinto Cuello, le arrendó a Ganados Gordos la hacienda El Verdum. En un instante, los bienes que ella administraba como depositaria de la DNE quedaron bajo el manejo de su cónyuge.
Lo curioso es que, según registros de Cámara y Comercio de Bogotá, la firma Ganados Gordos se constituyó el 25 de junio de 2009, esto es, un mes antes de las firmas de los polémicos contratos con las empresas de su esposo. Estas y otras perlas fueron conocidas por la cúpula de la DNE. Se dispuso entonces revisar todos los bienes de esta sociedad, y una a una fueron revocándose las resoluciones que los acreditaban como depositarios. La última de estas decisiones fue tomada el 14 de diciembre pasado, en relación con la hacienda La Vitrina, ubicada en Santa Catalina, que tenía casi dos años de haber sido entregada en administración a Agrolimco.
En el documento se lee que según registros del expediente administrativo del bien “se pudo evidenciar el incumplimiento en sus obligaciones”, ya que “no se registra informe de su gestión administrativa donde se pueda establecer claramente las condiciones de uso, estado y explotación agrícola dado al bien”. Con estos argumentos, la DNE revocó el poder de Agrolimco.
La defensa
El 25 de noviembre pasado, Miguel Segundo Maza y Liliam Pinto le enviaron derechos de petición a la DNE en donde expusieron que las decisiones de la entidad al removerlos como depositarios lesionaban sus intereses y, por tanto, pidieron la nulidad de esos actos administrativos, pues señalaron que se les violó el debido proceso. Alegaron que en mayo de 2010, por disposición del Gobierno, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó el control de los bienes que hoy son objeto de polémica y los ratificó como depositarios y que por eso no entienden que ahora se les retire la administración. Maza afirmó que nunca fueron notificados, que le otorgaron El Vergel a la Fundación Educativa para la Equidad “a través de una resolución plagada de nulidades y que los nuevos depositarios invadieron la hacienda de forma ilegal”.
En el caso del predio El Verdum, Pinto Cuello argumentó que al bien le hicieron inversiones por un monto de $130 millones, reiteró las presuntas arbitrariedades por parte de la DNE y señaló que el coronel Germán Bulla, subdirector de Carabineros de la Policía, gestionó la entrega de dicho inmueble porque su padre, el general (r) Bulla Quintana “tiene un finca de gran extensión que colinda con la hacienda El Verdum”. En últimas, la pareja Maza-Pinto sostiene que se ha visto perjudicada por la DNE y están dispuestos a dar la batalla jurídica para probarlo. En su defensa advierten que de los contratos entre ellos siempre fue enterada la SAE y además consultaron abogados que les dieron la bendición a los contratos de arrendamiento. El Espectador se comunicó con Maza Álvarez, quien reconoció que “nosotros a través de Agrolimco realizamos unas inversiones cuantiosas para mejorar los predios que estaban en malas condiciones”, pero que en vista de las onerosas inversiones a los predios, y después de consultar varios juristas, encontraron viables los acuerdos contractuales entre los esposos para garantizar que la plata que aportaron en el mantenimiento de los bienes no se perdiera. Además, dijo que siempre presentaron informes periódicos de sus gestiones o pago de impuestos y que quien actuó mal fue la DNE. Recalcó que tuvieron muchos problemas con el predio El Verdum porque mafiosos les impidieron tomar posesión completa de la hacienda.
“A través de convocatorias públicas accedimos a los predios de la DNE. Se trata de unos ocho predios rurales que tienen varias matrículas inmobiliarias, pues una sola finca puede tener unas 10 u 11. En la SAE nos dijeron que no había ningún problema en que nosotros hiciéramos esos contratos. Fue la inmobiliaria que dispuso la SAE la que fijó el canon de arrendamiento, nosotros mantuvimos en buena forma los predios que nos entregaron y hay diversas formas de comprobar eso. Pero los problemas con Venezuela, por el cierre de la frontera, hicieron que el negocio del ganado se fuera a pique y hemos tenido millonarias pérdidas por eso”, dijo enfáticamente Maza, un abogado que hasta 2008 fue procurador judicial.
Al ser cuestionado sobre el polémico contrato que firmó con su esposa para administrar un predio de 840 hectáreas, por seis años, pagando tan sólo $2 millones mensuales, Maza contestó: “Cuando la SAE tomó el control de los de los bienes, nos dijo que podíamos seguir administrándolos, pero no con la firma Agrolimco. Como ya teníamos inversiones en ganado e infraestructura, para mantener la unidad económica, hicimos el acuerdo con la empresa Ganados Gordos, que yo represento. Esto se hizo con el aval de la SAE. Ninguna irregularidad se ha cometido y tenemos pruebas. Lo único que hemos hecho ha sido administrar unos bienes y cumplir”.
En la otra orilla, fuentes consultadas en la DNE señalan que Agrolimco ni presentó reportes ni entregó dineros a esta entidad, con motivo de su administración. Más aún, criticaron que esos contratos entre los esposos Maza-Pinto jamás fueron reportados y la norma claramente advierte que sin la autorización debida no pueden los depositarios, así como así, arrendar los bienes a su antojo. En la larga lista de irregularidades en la DNE se han documentado abusos de los depositarios inventándose gastos y pasando de agache con sus obligaciones. Por eso, el caso de esta pareja ha causado malestar en la cuestionada entidad estatal. El pleito va para largo y ambas partes creen tener la razón.