No es la primera vez que la justicia en Antioquia soporta la arremetida de los violentos y los corruptos. Pero nunca como ahora habían llegado tan lejos los tentáculos ilegales. Lo que hoy vive el poder judicial en esta región del país, estupefacto ante la detención del ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, corresponde a la crónica de un escándalo anunciado. Una crisis que se veía venir desde el mismo momento en que al proceso de paz con los grupos paramilitares se le dejaron grietas que terminaron evidenciando los nexos con el narcotráfico.
Desde 2003, cuando se firmó el Pacto de Santa Fe de Ralito entre el Gobierno y las autodefensas, y comenzaron las desmovilizaciones de los frentes del paramilitarismo, la mayoría de los jefes que entregaron sus armas intentó a la sombra apostar a un doble juego: concertar la paz para eludir la extradición a Estados Unidos y el estrado de la Corte Penal Internacional, incluso dejando colar entre sus filas a poderosos narcotraficantes y dejar en la clandestinidad a sus socios menos visibles en el negocio del narcotráfico. En otras palabras, una paz a medias.
El caso más representativo ocurrió en Antioquia. El jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, se desmovilizó con el Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003, pero dejó intacta su tenebrosa organización criminal denominada la Oficina de Envigado. Sólo que sus socios libres gestaron su propia guerra. Daniel Alberto Mejía, alias Danielito, en julio de 2006 maquinó el asesinato del empresario deportivo Gustavo Upegui, jefe de la siniestra Oficina. A principios de 2007, la misma suerte le llegó a Danielito.
Ya era claro que la Oficina de Envigado se había convertido en una cadena de venganzas y que, por los dilemas del narcotráfico, libraba una guerra a muerte con otro grupo de desmovilizados de las autodefensas denominado Los Paisas, ex integrantes del Bloque Élmer Cárdenas, que otrora operaba en Urabá, pero que decidió reciclar su negocio del narcotráfico. La cabeza visible de este grupo es hoy Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano del jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, conocido como El Alemán.
Una guerra a muerte entre antiguos socios que necesariamente requería complicidades. Por eso desde hace más de un año abundaban los rumores. Se decía que Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, un ex miembro de los organismos de seguridad, era el nuevo jefe de la Oficina de Envigado y que muchos jueces y fiscales lo apoyaban a través de otro siniestro personaje, conocido con el alias de Bananín. Pero su principal enemigo, alias Don Mario, tampoco renunciaba a sus redes de corrupción y también se movía a sus anchas porque había permeado a las autoridades judiciales.
Lo que hasta hace un mes salió a la luz pública era que Don Mario les había salido adelante a sus enemigos y que sus tentáculos llegaban hasta la propia Fiscalía. Al menos el escándalo que hoy involucra al ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, así parece probarlo. Y más allá de las consecuencias políticas que su detención crea a la investidura de su hermano, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, lo cierto es que una vez más la justicia antioqueña prueba su resistencia, porque no es la primera vez que soporta el incesante acoso de los violentos.
La primera guerra
Cuando estalló la guerra contra el narcotráfico a mediados de los años 80, entre sus múltiples blancos, el capo Pablo Escobar Gaviria la emprendió contra la justicia de Antioquia. Al magistrado que se atrevió a encausarlo por primera vez en calidad de juez, al abnegado Gustavo Zuluaga Serna, lo asesinó en estado de indefensión el 30 de octubre de 1986. A la jueza sin rostro que fue capaz de demostrar sus nexos con la guerra sucia, María Elena Díaz Pérez, la mandó a asesinar el 28 de julio de 1989. Al magistrado Héctor Jiménez le aplicó el mismo Talión el 17 de octubre de 1989.
A la fiscal que cumplió con la ley al confirmar las acusaciones en su contra por el asesinato del director de El Espectador Guillermo Cano, la abogada Myriam Rocío Vélez, la asesinó el 18 de septiembre de 1992. La lista es larga y abarca a muchos personeros, agentes del DAS y de la Policía, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares o simples funcionarios judiciales de muchos pueblos de Antioquia, quienes pagaron con su vida la osadía de enfrentarse a los colosos del narcotráfico. Y mientras los honestos caían, muchos corruptos se dejaron tentar por el narcotráfico.
Cuando pasaron los tiempos de Pablo Escobar y los carteles de la droga se desdoblaron en grupos paramilitares o facciones de la guerrilla, una vez más el pueblo antioqueño pagó un duro precio por preservar la justicia. Hacia 1995, llegó a la dirección de Fiscalías de Medellín el abogado Iván Velásquez, y de su mano empezó una desigual batalla por esclarecer la verdad después de tanta muerte. Y su primera decisión fue aclarar las redes de paramilitarismo y narcotráfico que había permeado al Estado y había dejado centenares de muertos en el departamento.
Uno de sus mejores investigadores del CTI, Sergio Humberto Parra Ossa, secundó su tarea, y gracias a sus pesquisas se logró el más importante avance en la lucha contra el paramilitarismo: el desmantelamiento del centro de operaciones financieras de las autodefensas, oculto en el denominado parqueadero de Padilla. Esa acción dio lugar al llamado proceso de Funpazcor, que develó cómo a través de 43 empresas de fachada en Antioquia y 17 en Córdoba, el paramilitarismo había consolidado todo un gigantesco imperio económico de fachada legal y nexos públicos.
El precio de la verdad
El abogado Iván Velásquez dejó la Fiscalía en 1999, y sus valientes hombres pagaron el precio de desafiar la impunidad. A Sergio Humberto Parra, el primer investigador que avanzó hacia la verdad con el caso Funpazcor, lo asesinaron el 10 de julio de 1998. A Diego Arcila Gómez, el hombre que le aclaró al país quién era el siniestro Don Berna, lo asesinaron en Medellín en febrero de 1999. Según las investigaciones posteriores, al investigador Arcila lo entregó un compañero suyo del CTI que trabajaba para las autodefensas de Carlos Castaño y el propio Don Berna.
Otros nombres se suman a esta olvidada lista: Andrés Holguín Alzate, acribillado en diciembre de 1998; Luis Fernando González, muerto en abril del mismo año; Augusto de Jesús Botero, encargado de la investigación por el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado en mayo de 1998; Jaime Augusto Piedrahíta, acribillado en julio de 1997; John Jairo Ruiz, el 14 de marzo de 1997; Manuel Guillermo López, el 9 de septiembre de 1997; y Tomás Eduardo Santacruz, en junio de 1998; así como a otros héroes de la justicia de Antioquia que entregaron sus vidas pero hoy nadie recuerda.
Junto con ellos, en Antioquia sigue vigente la memoria del presidente del Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien nunca se cansó de denunciar los crímenes del paramilitarismo, hasta que fue asesinado el 27 de febrero de 1998, por dos sujetos que ingresaron a su despacho en pleno centro de Medellín y lo acribillaron a balazos. Antes de dejar la Fiscalía, el abogado Iván Velásquez logró acusar a diez personas por este homicidio agravado, pero con el curso de los años el expediente se fue debilitando hasta quedar sometido a otro frente de impunidad.
La justicia de Antioquia no esclareció a suficiencia los crímenes de sus integrantes y, en cambio, fue pasando la página de otro momento de dolor, multiplicado por muchos otros nombres de personeros, fiscales o jueces de múltiples municipios que fueron testigos de cómo los violentos siguieron imponiendo la ley del silencio. “Esa estela de muertos dejó una sombra absurda. A la justicia la desterraron los criminales. Antioquia vio repetir la violencia de Pablo Escobar Gaviria y sus secuaces sin que muchos supieran quiénes eran los victimarios”, comentó un fiscal que sobrevivió a esa racha.
Se recicla la guerra
Después llegó el confuso proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, y las guerras pendientes volvieron a salir a flote en Antioquia. Siempre se dijo que el narcotráfico era el telón de fondo de la crisis de esta inusual negociación. Pero sólo empezó a comprobarse cuando se vieron los muertos. Se decía que Don Berna seguía mandando en los bajos fondos de Medellín y que su Oficina de Envigado obraba en la clandestinidad en su mismo oficio de controlar los expendios de droga, las empresas de chance y toda la economía derivada de actividades ilícitas.
Sin embargo, el tema pasaba de agache porque lo esencial era la paz y las retaliaciones en las calles era “un asunto del posconflicto”. Pero empezó a cobrar forma la amenaza de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, empecinado en recobrar el ideario del jefe paramilitar Carlos Castaño, y poco a poco fue dando muestras de que no ostentaba un poder mínimo y que tarde o temprano se iba a convertir en el blanco de todos. En principio, era una guerra de facciones disidentes, pero con el paso del tiempo se transformó en un problema de Estado. El propio presidente Álvaro Uribe Vélez urgió su captura inmediata.
No ha sido posible. Se dice que trata de reactivar al antiguo Bloque Mineros de las autodefensas y que está decidido a convertirse en capo, pero las indecisiones del Estado terminaron por revertir en su favor y hoy, por cuenta de este peligroso individuo, de quien hasta ahora se sabe que tenía tanto poder como su hermano Freddy y que además de Urabá también sembró el terror en el departamento de Meta, el país afronta un nuevo dilema de orden público con escándalo político de por medio. Ahora, ya no sólo se persigue a Don Mario, sino a sus presuntos protectores, entre ellos el ex director de Fiscalías en Medellín, Guillermo Valencia.
Y el asunto empezó por donde menos se esperaba. Un oficial de enlace de la Embajada de Alemania envió un reporte a Colombia en el que manifestaba que el 22 de abril de 2006 en Karlsruhe, en una operación conjunta con las autoridades holandesas, habían caído 64 kilos de cocaína y 275 mil euros procedentes de Colombia. Seis días después en Colonia, con 35 kilos más del alcaloide, cayeron cuatro colombianos. Y a través de ellos se supo que sus conexiones estaban en la región de Urabá. Se activaron las pesquisas y rápidamente surgió el hombre clave: Don Mario.
Hoy, después de muchas indecisiones, parte de su red está tras las rejas. Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, a quien se acusa de ser la persona encargada de los envíos de droga a través del golfo de Urabá, a Panamá, Nicaragua, Honduras, México y Estados Unidos. John Freddy Manco Torres, alias El Indio, comprometido en el tráfico de estupefacientes y el homicidio de testigos. Y Juan Felipe Sierra Fernández, un hombre de la alta sociedad de Medellín, quien resultó ser un empresario al servicio de la red criminal de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.
Y junto con ellos, el inesperado, el mismísimo director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, detenido el pasado jueves por los cargos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, violación de asuntos sometidos a la reserva, falsedad por destrucción y utilización de información indebida. Cinco cargos contrastados con una controvertida decisión: la detención domiciliaria. A Guillermo León Valencia le demostraron inexplicables conversaciones para favorecer a delincuentes, pero la jueza 17 penal María Cristina Zapata estimó que merece la casa por cárcel.
Guillermo Valencia Cossio está en el ojo del huracán y tendrá que probar que sus palabras no intentaban favorecer al delito. Los indicios apuntan a que no sólo se prestó para sacar del organigrama de la organización de Don Mario, a John Freddy Manco Torres, alias El Indio, sino que recibió una cuatrimoto como compensación de su favor. Esta semana trascendió que en otra conversación a un integrante de su familia le pide que queme documentos. También tendrá que demostrarles a las autoridades que jugó limpio con la justicia, que ahora representa su hermano, el ministro de la Justicia, Fabio Valencia Cossio.
El asunto apenas comienza y Valencia arrastra las culpas de una sociedad permisiva. Pero tendrá que demostrar que su voz no quiso decir lo que a todas luces develan sus palabras: una extraña complacencia con sujetos al margen de la ley y en contra de la justicia. La tragedia de una sociedad que en el último cuarto de siglo ha visto crecer a muchos enemigos de la verdad y a pocos adalides de este derecho. El Ministro del Interior está hoy contra las cuerdas, pero aún más comprometido está su hermano, el ex director de Fiscalías de Medellín, quien al parecer se permitió licencias para negociar la justicia. Y esa justicia, hoy tiene la palabra.
El expediente Valencia
El pasado 12 de agosto la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Camilo Torres Martínez y John Freddy Manco Torres, como presuntos coautores de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con los delitos de tráfico de estupefacientes y homicidios. En la misma providencia se ordenó la detención preventiva de Juan Felipe Sierra Fernández como presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado en calidad de cómplice. A esta investigación se sumó el pasado jueves la orden de detención de Guillermo León Valencia Cossio. Según algunos abogados, su sobrino Juan Diego Valencia tendría que ser investigado por ocultamiento y destrucción de una prueba importante para la justicia.