Los muertos que aún guarda el río Cauca

Aunque ‘HH’ dijo cosas importantes la semana pasada, las víctimas del bloque Calima siguen esperando que este ex jefe paramilitar revele datos sobre la posible fosa común más grande del suroccidente del país, de la cual no ha querido hablar.

En el norte del Cauca y el sur del Valle, los pobladores se negaban a comer los bocachicos y bagres que se pescaban en el río Cauca. Los veían “sospechosamente grandes”. La dieta comenzó en 2001, cuando la incursión del bloque Calima se hizo evidente, y terminó hacia 2005, meses después de su desmovilización. Las personas que los ‘paras’ arrojaron al río Cauca eran la razón por la cual, según los pobladores, los  pescados tenían tal tamaño. Y la causa para rehusarse a probarlos.

 El bloque Calima hizo sentir su llegada a la zona entre el 10 y el 12 de diciembre de 2001, cuando unos 250 hombres armados —según cálculos de los propios pobladores— llegaron al alto del río Naya, un territorio selvático localizado al noroccidente del Cauca. Arribaron hasta Riomina, una vereda del municipio caucano de Buenos Aires que se encuentra a 12 horas de la carretera pavimentada, a la cual sólo se puede llegar a pie, a caballo o en mula. Aunque las cifras oficiales hablan de 26 muertos, los lugareños aseguran que fueron más de un centenar.

Este episodio, conocido como la masacre del Alto del Naya, obligó a los cerca de 4.000 habitantes de la zona a huir despavoridos. “Esto antes estaba lleno de niños. Ahora ya no hay tantos, y los que quedaron es como si hubieran perdido el sentido de la vida. Ya no somos los mismos”, cuenta un indígena de la comunidad. Los asesinos, que pasaron vereda por vereda vestidos con camuflados y con sus rostros descubiertos, eran hombres bajo el mando de Éver Veloza García, alias HH. Y muchos de ellos provenían de la finca de don Samuel.

Un campo de ejecuciones

Samuel Otero* es un campesino que vive en la zona rural de Santander de Quilichao. En cuatro años, los ‘paras’ forzaron a su familia a dispersarse, los enviaron a él y a 21 parientes al exilio, dejaron a su hijo enfermo de epilepsia y a su madre con trombosis, y aunque no les quitaron la tierra, las 69 hectáreas de las que vivían unas 60 personas ya no son más que un terruño desolado de ocho casas destruidas, aquellas en las que él, sus hermanos, esposas e hijos vivieron alguna vez.

En 1998, hombres ajenos a la región llegaron a Santander de Quilichao, municipio ubicado a 30 minutos de Cali y a una hora y media de Popayán. Su ropa era común y corriente, aparentaban ser trabajadores de fincas o comerciantes. “Con el tiempo se fueron multiplicando”, recuerda don Samuel. En 2001, un par de meses antes de la masacre del Naya, se empezaron a


presentar como miembros de las Auc. Eran del bloque Calima, liderado por HH. Comenzaron los asesinatos selectivos. Y un día invadieron la parcela de los Otero.

“Mis hermanos y yo estimamos que, aunque se rotaban, en total estuvieron unos 570 hombres acá. Se establecieron en nuestra finca y en las vecinas”, relata el campesino de 60 años. “Recogían a las personas y las trasladaban desde lugares próximos como Santander, Popayán, Buenos Aires, Jamundí y Puerto Tejada, para matarlos. Así nos convertimos en testigos de excepción de más de... ¿500 muertos? ¿Más? Nuestra familia quedó destruida. No pudimos soportar más”.

Don Samuel y sus hermanos enviaron a sus familias a localidades cercanas: al casco urbano de Santander, a Puerto Tejada y a Cali. O mucho más lejos, como sus 17 parientes que se fueron a Manaos, Brasil. Quedaron los ocho hermanos y su madre para pelear por una tierra que siempre les perteneció, para tener cómo sobrevivir y cómo mantener a sus familias. En la finca había cerdos, peces, aves de corral, cultivos. La tierra les daba todo lo necesario para vivir y querían defender su medio de sustento.

Los Otero se dieron cuenta de que los ‘paras’ se habían apropiado de una parte de su terreno un día que escucharon impactos de bala mientras trabajaban. “Eso no era común. Entonces nos asomamos y vimos que estaban asesinando personas y arrojándolas al río Cauca. Nos hicimos a una distancia prudente, para que no corriéramos riesgos. Vimos que a los que mataban eran personas conocidas, gente de la zona”.

Un domingo a las 9 a.m., don Samuel y sus hermanos vieron que los ‘paras’ llevaron a una pareja. La mujer era la tía de un ex alcalde de Santander de Quilichao. “Escuchamos sus lamentos, cómo pedían auxilio. Siempre escuchamos a la gente rogar por su vida, para que no los mataran”. Según cuenta el labriego, los ‘paras’ utilizaban armas de fuego para segar la vida de sus víctimas. Pero cuando éstas se defendían de las acusaciones que les hacían, los apuñalaban.

A veces, los hombres del bloque Calima esperaban que la persona exhalara su último aliento, hasta que la última gota de sangre hubiera abandonado su cuerpo, para arrojarla al cauce. ”Había un grupo en particular que dejaban desangrar a una persona, pasaban por encima de su cuerpo antes de deshacerse de él. Otra vez vimos los cuerpos de tres adolescentes y un niño indígenas, y como el río no estaba muy caudaloso, los cuerpos se trancaron. Se les veía la palidez de la muerte, el dolor de la agonía. Esas son imágenes que lo destrozan y lo marcan a uno”.

Don Samuel cuenta cómo él y sus hermanos oían a los ‘paras’ vociferarles a aquellos que en pocos minutos iban a morir en sus manos: “¡¿Para quién trabajan?!” “¡Ustedes son unos guerrilleros!”, “¡Ustedes son delincuentes!”, “¡Ustedes son unos secuestradores!”. De igual forma, los ‘paras’ se acercaban a los pobladores a decirles que estaban ahí para ayudarlos. Que si los robaban o si tenían alguna diferencia con alguien, les contaran. Pero, sobre todo, que si veían o sabían de algún subversivo, les avisaran.

Agotados, en 2005 don Samuel y sus hermanos fueron a la Personería Municipal y a la Defensoría del Pueblo a denunciar lo que sucedía en su tierra. En menos de cinco días, debajo de las puertas de sus casas había unos panfletos amenazantes. Los campesinos, llenos de pánico, tuvieron que irse. Veintidós miembros de la familia Otero llegaron a Brasil como refugiados. Pero unos meses después, la mayoría de los armados salieron de la región y los Otero regresaron al país. Aunque a la finca, sólo tres.


El temor de hablar

Cuentan los pobladores de Santander de Quilichao que, en esa época, poner un denuncio ante cualquier organismo del Estado era la última opción. “¿Cómo acusar a los hombres que veíamos con los del Ejército?”, dicen con el miedo aún a flor de piel. De hecho, una de las labores más complicadas para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) fue conseguir que las víctimas dejaran el temor y hablaran con sus funcionarios.

Los primeros acercamientos con los habitantes del norte del Cauca, a comienzos de 2008, no fueron fáciles. Al primer encuentro organizado en Timba, corregimiento de Buenos Aires, sólo se presentaron 18 personas, de las 22.000 que habitan en el municipio. Sin embargo, para el segundo, ya la asistencia fue de 260. Y en los demás, el promedio ha sido de 200. El récord se marcó el 23 de abril, en los actos conmemorativos de la masacre del Naya, a los que fueron 1.200 personas.

En Santander de Quilichao la suerte no fue distinta. A la primera reunión llegaron cinco personas. Pero, a mediados de mayo, con apoyo de la Comisión, cerca de 700 personas conformaron el Comité de Víctimas de la Violencia de Santander de Quilichao. Hasta el momento, en Valle y Cauca han surgido 11 organizaciones de este tipo. “La gente estaba miedosa. Pero es gratificante ver cómo, poco a poco, las víctimas van saliendo a la luz publica y se van empoderando”, expresa Élmer Montaña, coordinador de la CNRR para el Valle y Cauca.

En el norte del Cauca, los paramilitares sembraron el terror a sus anchas. Allí, según el Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía (CIC), en 2001 se superó la tasa de homicidios nacional, y en Santander de Quilichao se duplicó, cifra que sólo disminuyó en 2005. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, entre 2000 y 2002 fueron asesinados 129 indígenas en la zona: “Estos años coinciden con la época de mayor asedio por parte de las autodefensas sobre estas comunidades”.

Los García*, una pareja de campesinos sexagenarios, son conocidos como los ‘locos’ de Santander. Fueron vecinos de los Otero y, de igual forma, su finca fue utilizada como campo de ejecuciones. Son el reflejo de los problemas siquiátricos que hoy sufren muchos de los pobladores. “Las personerías y algunas alcaldías están muy comprometidas con las víctimas —asegura Montaña—, pero que ninguna universidad de la región tenga programas de posconflicto es preocupante. Eso nos recuerda que aún falta mucho por hacer”.

*Nombres modificados.

Las afirmaciones de ‘HH’

Éver Veloza se ha presentado en 22 ocasiones ante una fiscal de Justicia y Paz, pero apenas el pasado mes de mayo empezó a referirse al tema de Santander de Quilichao. Según el ex jefe del bloque Calima, el comandante de la Policía del municipio, durante la época de los hechos, recibía 5 millones de pesos mensuales para que las autodefensas pudieran patrullar sin sobresaltos. Un oficial del B-2 del Ejército les facilitaba material de intendencia. ‘Patepalo’, un sicario ‘para’, transitaba por el pueblo y, a pesar de que todos sabían quién era, nunca tuvo problemas con las autoridades. Sin embargo, las víctimas siguen pendientes de que se revelen los nombres de las personas que fueron arrojadas al río Cauca, pues hasta el momento, ‘HH’ permanece en un hermetismo absoluto sobre el tema.