Francisco Villalba, quien denunció a Uribe, advirtió que lo iban a matar

Cinco meses antes de que lo asesinaran, se ratificó en sus denuncias en contra del Presidente.

Francisco Enrique Villalba Hernández sentía que la muerte pisaba sus talones. Al menos eso manifestó en su última cita con la justicia, el 12 de noviembre del año pasado. En una declaración hasta ahora inédita, conocida en su totalidad por El Espectador, el ex paramilitar se ratificó en la denuncia que, según él, era la causante del riesgo que corría su vida: la presunta participación del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, en la masacre de El Aro, ocurrida en zona rural del municipio antioqueño de Ituango entre el 22 y el 30 de octubre de 1997.

Cinco meses antes de que fuera asesinado al frente de su casa, situada en el municipio La Estrella (Antioquia), Villalba Hernández se presentó a las 10:00 a.m. en la Secretaría de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para ampliar las acusaciones que esgrimió desde el 15 de febrero de 2008 en contra del Jefe de Estado. El sincelejano de 36 años de edad aseveró, bajo gravedad de juramento: “Escuché la voz (una supuesta conversación entre Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe) cuando dijeron ‘borren el pueblo’  ”.

Según el relato de este ex integrante de las autodefensas, entre septiembre y octubre de 1997, avanzaba la ofensiva del grupo paramilitar El Toledo hacia el corregimiento de El Aro. Poco antes del crimen colectivo, dijo Villalba, los 22 hombres a su cargo  arribaron a una finca en Tarazá (Antioquia), en la cual hubo una reunión con los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño; otros comandantes de este grupo ilegal como Cobra y Júnior; coroneles, tenientes y soldados de la IV Brigada del Ejército y los hermanos Santiago y Álvaro Uribe.

Asimismo, Villalba manifestó que el helicóptero “amarillo de la Gobernación” estuvo sobrevolando la región después del ataque. “Me comuniqué con Carlos Castaño (y él me dijo) que andaban dos señores de la Cruz Roja y el Gobernador”. Villalba, la única persona que ha estado en la cárcel por este crimen, que estaba sentenciado a 33 años y cuatro meses de prisión por el mismo, expresó ese 12 de noviembre: “Yo nunca me voy a retractar (...) Si me van a matar, que me maten”. Y desde el día cuando se conoció su testimonio, éste no ha causado más que polémica.

Durante la diligencia, el investigador de la Comisión de Acusación trajo a colación los testimonios de desmovilizados que han desmentido a Villalba: Libardo Duarte e Isaías Montes, alias Júnior. El primero dirigió una carta al presidente Uribe, en la que le dijo que Villalba lo invitó a tomar parte de su supuesto complot contra el Jefe de Estado, a cambio de la mitad de $500 millones que, supuestamente, iba a recibir de los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba y del periodista Daniel Coronell. Júnior, por su parte, aseguró que Villalba no había participado en el grupo paramilitar que perpetró la masacre de El Aro.


El defensor del presidente Uribe, Jaime Lombana, expuso un informe de 2008 de la directora nacional del CTI, Marilú Méndez: “Incluso H.H. manifestaba que Villalba era un paramilitar raso, no tenía comando de bloque como él lo manifestaba”. Lombana también cuestionó que, al preguntársele por la carta de retractación que recibió el presidente Uribe por parte de Villalba, éste asegurara que fue engañado por Jesús Chucho Charria para firmar una hoja en blanco. Lombana, consultado por El Espectador, prefirió abstenerse de hacer comentarios. Otro litigante cercano a la Casa de Nariño se refirió a Villalba como un “testigo mentiroso, de un entorno peligrosísimo”.

El considerado ‘profesor’ de los descuartizadores de las Auc, quien había obtenido el beneficio de casa por cárcel, fue ultimado el pasado 23 de abril por sicarios. La investigación que se originó a raíz de sus denuncias sigue en pie en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La defensa del presidente Álvaro Uribe está empeñada en demostrar que las inconsistencias de Villalba, enunciadas por el propio Primer Mandatario, son tan evidentes como que no existen récords de registros de vuelo de helicóptero que coincidan con la fecha de la masacre. Serán los parlamentarios encargados de juzgar el caso los que diriman este controvertido proceso.

Masacre de El Aro

El 22 de octubre de 1997, una treintena de paramilitares llegaron a una finca en Puerto Valdivia, un corregimiento situado a unas ocho horas, a mula, de El Aro. Ese día, con la muerte de Ómar Ortiz y Fabio Zuleta, comenzó la masacre de El Aro. El 30 de octubre la barbarie concluyó.

Fueron asesinadas 14  personas, incluidos dos ancianos y un niño. “Los paramilitares salieron del pueblo luego de haberlo incendiado. El Aro quedó acabado. Los civiles enterraron a los muertos”, dice el informe de la Corte Interamericana, que condenó a la Nación en 2006 a pagar $3.400 millones a favor de 123 familiares de las víctimas de El Aro.

 

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