Alerta roja por la regasificadora del Pacífico

La regasificadora del Pacífico es un proyecto espejo a la regasificadora de Cartagena, en la foto, para la importación de gas licuado. Sobre ambas han recaído críticas. / Sociedad Portuaria El Cayao

Mientras Buenaventura sigue a la espera eterna de una respuesta eficaz a su dolorosa violencia, en las entrañas del puerto se desarrolla otra disputa calculada en miles de millones, que compromete el futuro inmediato del sector energético: la construcción de la regasificadora del Pacífico y el gasoducto Buenaventura-Yumbo. El Gobierno argumenta que su construcción es urgente, pues solo hay reservas de gas para ocho años, pero desde la academia y la política se diagnostica que será un golpe incalculable a las finanzas del país, además de un mal negocio que, en principio, costará más de US$1.000 millones, que terminarán pagando los colombianos en sus facturas de gas. Algunos ya lo comparan con Reficar y Bioenergy.

Desde hace una década, cuando se estructuró la regasificadora de Cartagena, la idea de reproducir este modelo en el Pacífico siempre se mantuvo. Los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos no se atrevieron a darle vía libre. Sin embargo, en 2018, ya en la era Duque, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) retomó la idea de la regasificadora del Pacífico, que se consolidó en plena pandemia, en octubre de 2020, cuando se conoció la convocatoria pública para seleccionar al inversionista que presente la oferta más barata para construirla, junto al gasoducto y una planta de almacenamiento y transferencia. Desde ese momento, la controversia gasífera está al rojo vivo. El último debate se dio el pasado martes en el Congreso.